Las personas físicas y jurídicas pueden actuar ante la Administración por medio de representante. Esta representación debe de acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna. Para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación. La representación permite formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.