Planificación Territorial y Agenda Urbana

El presente Decreto tiene por objeto garantizar en el Sistema Sanitario de Euskadi un plazo máximo de respuesta para la realización de las primeras consultas de cardiología y oncología, así como para la realización de determinadas pruebas diagnósticas complementarias no urgentes relacionadas con estos tipos de patologías.

Son beneficiarias de lo dispuesto en el presente Decreto las personas usuarias residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi que tienen derecho a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Sistema Sanitario de Euskadi.

1. Los plazos máximos que se garantizan en el presente Decreto se refieren a los siguientes procedimientos:

   1. Para primeras consultas de:

      Oncología.

      Cardiología.

   2. Para pruebas complementarias diagnósticas relacionadas con procesos cardiológicos y oncológicos:

      Pruebas de esfuerzo diagnósticas.

      Pruebas diagnósticas de hemodinámica.

      Mamografías diagnósticas.

      Colonoscopias diagnósticas.

2. Quedan excluidas de la garantía del plazo de respuesta regulado en este Decreto los casos calificados como urgentes, las pruebas complementarias programas diagnósticas no comprendidas en el apartado 1 de este artículo y las consultas o pruebas complementarias de revisión y/o control de un proceso cardiológico u oncológico ya diagnosticado.

1. El plazo máximo para la realización de las consultas y de los procedimientos referidos en el artículo anterior será de 30 días naturales a contar desde el día en que se realice su prescripción por el personal facultativo de Osakidetza-Servicio vasco de salud, responsable de su proceso.

2. El cómputo del plazo se podrá suspender a criterio del personal facultativo responsable del proceso y durante el tiempo que proceda cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

   1. Circunstancias vinculadas a la salud del paciente, como pueden ser, entre otras, la presencia de enfermedades intercurrentes, la conveniencia de una segunda opinión médica, que así lo aconsejen.

   2. Cuando alegue de manera justificada causas personales como el nacimiento o adopción de un hijo o hija, el fallecimiento o enfermedad grave de familiares o el cumplimiento de un deber inexcusable.

      El cómputo del plazo se reanudará una vez desaparezcan las causas que hubiesen motivado la interrupción del plazo.

3. La decisión que, en su caso, adopte la persona responsable del proceso, tanto para la suspensión como para la reanudación, deberá reflejarse de manera motivada.

1. El Departamento de Sanidad y Consumo y el ente público Osakidetza-Servicio vasco de salud establecerán los mecanismos de coordinación de las actuaciones precisas para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos en este Decreto.

2. En los protocolos de actuación que se elaboren para el cumplimiento de las garantías no se podrá exigir la realización de actuación o trámite alguno a los pacientes afectados.

3. Los protocolos deberán diseñarse de modo que en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la fecha de la prescripción médica de la consulta o prueba diagnóstica el o la paciente sea citado para un día comprendido dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de prescripción.

   Dicha consulta o prueba diagnóstica deberá desarrollarse en una Organización de Servicio Sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud o, en su caso, en un centro concertado de la propia Área Sanitaria.

4. En el caso de que la Organización de Servicios sanitarios responsable de las gestiones a las que se refiere el punto anterior no consiga la cita en las condiciones previstas en el apartado anterior, trasladará la solicitud de consulta o prueba diagnóstica a la Inspección Médica de la Dirección Territorial correspondiente para que gestione la cita en otros centros concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, fuera del Área Sanitaria de referencia.

5. Si con la aplicación del procedimiento descrito, la Inspección Médica responsable de la gestión de la cita no la consiguiera dentro del plazo de los 30 días naturales, tramitará una autorización de asistencia sanitaria en un centro privado no concertado, de dentro o de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo, entre otras razones, a la disponibilidad de la oferta, al coste económico y las preferencias del paciente.

En los supuestos previstos en el apartado 5 del artículo anterior, en los que el o la paciente deba ser derivado a un centro privado no concertado, el departamento competente en materia de sanidad asumirá los gastos derivados de la asistencia, una vez que la Dirección Territorial correspondiente haya autorizado esa asistencia concreta previamente a su realización.

Quedará sin efecto la garantía de recibir asistencia sanitaria en el plazo establecido en el presente Decreto en los supuestos siguientes:

1. La negativa a acudir a la cita programada o realizar la prueba diagnóstica.

2. La inasistencia del paciente a la consulta o prueba programada.

3. La preferencia, manifestada por el o la paciente, de ser atendido por un o una profesional distinto.

4. La no aceptación por parte del o de la paciente a ser derivada a otro centro sanitario, salvo causas justificadas.

5. Cuando la notificación de la cita resulte imposible por las vías ordinarias.

6. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8.

Para que pueda ser efectiva la garantía de atención sanitaria que se regula en este Decreto las personas beneficiarias están obligadas a:

1. Mantener actualizados los datos sobre su teléfono, domicilio o correo electrónico a efectos de llamamiento, notificación o localización por los servicios responsables de programar la cita.

2. Aportar, cuando proceda, las justificaciones a las que se refiere el artículo 4.2.b) de este Decreto.

3. Comunicar con la antelación suficiente, siempre que ello sea posible, la decisión de no presentarse a una cita.

4. Facilitar a la inspección médica la información que le sea requerida a efecto de poder asignarles la alternativa más adecuada a sus circunstancias.

5. Poner en conocimiento de las instituciones sanitarias las irregularidades que observe en el ejercicio del derecho a la garantía regulada en este Decreto.