Planificación Territorial y Agenda Urbana

La construcción de nuevos puertos e instalaciones portuarias, así como la ampliación y reforma de los existentes, se realizará conforme a lo que establezcan los instrumentos de planificación de rango superior en materia de política portuaria que se aprueben por la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y deberán contar con los informes favorables de las otras administraciones establecidos en la legislación portuaria estatal.

1. Para articular la necesaria coordinación entre las administraciones con competencias sobre el espacio portuario, el planeamiento urbanístico general calificará todo el ámbito del dominio público portuario de los puertos como Sistema General Portuario.

2. Los ayuntamientos y otras administraciones con competencias urbanísticas, al redactar los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a la zona portuaria del País Vasco, requerirán a la Administración portuaria para que se pronuncie sobre las cuestiones de su competencia, mediante informe que deberá emitirse en los términos y plazos previstos en el artículo 5.2.i).

1. La ordenación urbanística de las zonas portuarias se realizará a través de los planes especiales de ordenación portuaria, en los términos establecidos en la legislación urbanística.

2. En desarrollo de las determinaciones estructurales del planeamiento general municipal, el plan especial de ordenación portuaria contendrá entre sus determinaciones parámetros de ordenación urbanística y regulará el uso urbanístico del recinto portuario.

3. El plan especial de ordenación portuaria deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario y su desarrollo.

1. La ordenación de usos e instalaciones en la zona de servicio de los puertos se llevará a cabo mediante la aprobación de la delimitación de los espacios y usos portuarios.

2. La delimitación de los espacios y usos portuarios incluirá los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, de acuerdo con las actividades previstas en la zona de servicio y según los siguientes usos portuarios:

   1. Usos comerciales portuarios: son aquellos destinados, exclusiva o preferentemente, a la actividad profesional de carga, descarga, manipulación y transformación de mercancías desde los buques o embarcaciones utilizados para su transporte, y a servir de base a dichos buques o embarcaciones, proporcionando algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento y mantenimiento.

   2. Usos pesqueros: son aquellos destinados, exclusiva o preferentemente, a la actividad profesional relacionada con la pesca desde los buques o embarcaciones utilizados para su captura, y a servir de base a dichos buques o embarcaciones proporcionando algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento y mantenimiento, así como los destinados, exclusiva o preferentemente, a la recepción de pesca para su manipulación o venta.

   3. Usos náutico-recreativos: son los destinados a ser utilizados, exclusiva o preferentemente, por embarcaciones deportivas o de recreo, o por actividades o embarcaciones relacionadas o auxiliares de éstas.

   4. Usos comunitarios públicos: son aquellas actividades de prestación de servicios públicos que sean titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

   5. Usos industriales y comerciales: son todas aquellas actividades de carácter mercantil, industrial o comercial que, sin constituir servicios portuarios, se pueden realizar en zona de servicio, y que no sean constitutivas de ninguna de las actividades mencionadas en los apartados anteriores.

   6. Usos mixtos: son aquellos que contengan una pluralidad de los usos propios de las zonas portuarias referidos en los apartados anteriores, sin que se manifieste ninguno de ellos con carácter preferente.

1. La tramitación de la delimitación de los espacios y usos portuarios se realizará de conformidad con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, en el que estará garantizada la participación de las administraciones locales y de aquellas otras administraciones sectoriales que pueden verse afectadas. Se garantizará asimismo la realización de un trámite de información pública y la publicación en el BOPV del texto definitivo aprobado.

2. La aprobación de la delimitación de los espacios y usos portuarios llevará implícita la declaración de utilidad pública a efectos de rescate de las concesiones que requiera la actuación portuaria en el ámbito de dicha delimitación, así como la afectación al uso portuario de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales incluidos en la zona de servicio que sean de interés para el puerto.

1. La Administración portuaria construirá, ampliará, reformará y mantendrá los puertos de conformidad con lo previsto en la presente ley, con sujeción a las disposiciones de la legislación sobre contratación pública y a los informes preceptivos previstos en la legislación portuaria estatal.

2. La realización de obras que tengan como objeto la construcción de puertos o la ampliación o reforma de la configuración actual del dominio público portuario, tanto en tierra como en mar, así como las que tengan por objeto el mantenimiento de los puertos, deberán adaptarse al plan especial de ordenación portuaria y precisarán el correspondiente proyecto aprobado por la Administración portuaria.

3. No obstante, en casos de urgencia acreditada o de interés público excepcional, podrán autorizarse obras no previstas en el plan especial de ordenación portuaria. Oído el ayuntamiento correspondiente, la existencia de estas circunstancias deberá ser apreciada por el Consejo de Gobierno con carácter previo al inicio de las obras.

   Una vez aprobada la ejecución de las obras, deberá iniciarse el procedimiento de revisión o modificación del plan vigente.

1. En los procedimientos de aprobación de los proyectos referidos en la presente sección se garantizará la participación de las administraciones públicas con competencias concurrentes en la materia.

2. Las obras y actividades portuarias que, en ejercicio de sus competencias, realice la Administración portuaria en zona de servicio de los puertos no estarán sujetas a licencias urbanísticas por razón de su interés general, siempre que se refieran a usos comerciales portuarios, usos pesqueros, usos náutico-recreativos o usos comunitarios públicos. No obstante, dichas obras deberán ser comunicadas a la Administración municipal, para su conocimiento.

1. La aprobación de los proyectos referidos en la presente sección llevará implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos, a los fines de expropiación forzosa, así como del rescate de concesiones, si ello fuese necesario.

   En cada proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, no incluidos en el dominio público portuario, con su descripción material.

2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que pudiera aprobar posteriormente la Administración portuaria, con los mismos requisitos señalados en el párrafo anterior.

Los proyectos referidos en la presente sección se someterán al procedimiento de impacto ambiental en los supuestos previstos por la legislación.

1. La Administración portuaria adoptará las medidas adecuadas para la preservación y protección ambiental del dominio público portuario.

2. Para ello, los planes de recogida de residuos que apruebe la Administración portuaria, además de recoger las instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, conforme al Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, establecerán las medidas precisas para instaurar sistemas de minimización de residuos y de recogida selectiva de éstos, evitando siempre que sea posible su eliminación y fomentando su compostaje, reciclaje y reutilización.

1. Se prohíben los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, procedentes de buques, de embarcaciones o de medios flotantes de cualquier tipo, en el dominio público portuario.

2. Los desechos y residuos procedentes de los buques o embarcaciones deberán descargarse en la forma establecida en el plan de recogida de residuos en vigor aprobado por la Administración portuaria.

3. Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la administración competente, sin perjuicio de la autorización o concesión de ocupación de dominio público que, en su caso, otorgará la Administración portuaria. En todo caso, no tienen la consideración de vertidos las obras de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo para la modificación o ampliación de puertos.

4. En caso de vertido de materiales no autorizados, la Administración portuaria ordenará a los responsables su recogida y limpieza inmediata. En caso de incumplimiento, la Administración procederá a la ejecución subsidiaria a cargo de los responsables, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderles.

1. La Administración portuaria dispondrá los medios precisos para el cumplimiento de las obligaciones de autoprotección establecidas en la normativa vigente.

2. La Administración portuaria controlará en el ámbito portuario el cumplimiento de las obligaciones de autoprotección exigibles a las actividades que se desarrollan en dominio público portuario, y controlará en dicho ámbito el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas.

Las obras de dragado en el dominio público portuario requerirán la autorización de la Administración portuaria, ello sin perjuicio de la posible intervención concurrente de otras administraciones públicas en función de otros títulos competenciales.

En todas las actuaciones contempladas en este capítulo la Administración portuaria, en colaboración con los organismos públicos competentes en la materia, tendrá en cuenta los posibles efectos del cambio climático sobre el dominio público portuario, y adoptará las medidas de adaptación que fueran necesarias para evitar daños al patrimonio y al medio ambiente.

1. Son servicios portuarios las prestaciones dirigidas a satisfacer las operaciones y necesidades portuarias y marítimas y el adecuado funcionamiento de los puertos, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo.

2. La Administración portuaria concretará los servicios portuarios a establecer en cada puerto, aprobando para ello los reglamentos de servicios de los puertos.

1. Son servicios portuarios:

   1. La ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

   2. La gestión de amarres.

   3. La prestación de los servicios de marinería y administración o recepción.

   4. La vigilancia, seguridad y policía de las instalaciones en zona de servicio, sin perjuicio de las competencias que en dichas materias correspondan a otros departamentos de la Administración General del País Vasco o, en su caso, a otras administraciones públicas.

   5. El balizamiento y otras ayudas a la navegación, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones.

   6. La varada, izado, arriado y estancia en seco de buques o embarcaciones.

   7. El practicaje.

   8. El remolque portuario.

   9. La recepción de pescado para su manipulación a efectos de clasificación, primera venta y comercialización.

   10. El servicio de pesaje en báscula.

   11. El alumbrado y la limpieza de la zona de servicio.

   12. El aparcamiento de vehículos en zona de servicio.

   13. El abastecimiento y saneamiento de agua en la zona de servicio y la prestación de los servicios de recepción de residuos.

   14. El suministro de energía eléctrica y la prestación de servicios de telecomunicaciones.

   15. El suministro de combustible y otros suministros.

   16. Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil, en colaboración con las administraciones competentes.

   17. Los servicios de recepción de residuos generados por embarcaciones, en cumplimiento del Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los buques (MARPOL 73/78).

   18. La carga y descarga de equipajes y vehículos.

   19. El embarque y desembarque de pasaje.

   20. La carga, descarga, estiba y desestiba y el trasbordo de mercancías.

   21. El transporte en tierra.

2. Reglamentariamente podrá modificarse la relación establecida en el párrafo anterior.

1. Los servicios portuarios serán prestados por la Administración portuaria, bien directamente o bien mediante cualquier mecanismo de gestión indirecta legalmente previsto, o en régimen de competencia por particulares con autorización al efecto. No se prestarán estos servicios mediante gestión indirecta cuando conlleven el ejercicio de autoridad o cuando se pueda poner en riesgo la seguridad.

2. Si para la prestación de los servicios portuarios se requiere el otorgamiento de concesión o de autorización de ocupación del dominio público portuario, ambas serán objeto de un expediente único y su eficacia quedará vinculada de manera recíproca.

3. En el régimen de prestación de servicios deberá regularse expresamente la responsabilidad del prestador frente a las personas trabajadoras, en especial en relación con relaciones laborales, salario, prevención de riesgos o seguridad social.

1. La zona de servicio de los puertos deberá disponer de espacios suficientes para el desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para la prestación de los servicios portuarios.

2. Los puertos podrán albergar una o más actividades portuarias diferenciadas, especialmente las de tráfico comercial, industriales, pesqueras, náutico-recreativas, comunitarias públicas o mixtas, según los usos para los que se hayan proyectado o que se desarrollen en cada uno de dichos espacios.

3. En todo caso, en zona de servicio solo se permitirán aquellas actividades y construcciones compatibles con los usos portuarios, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en la correspondiente delimitación de los espacios y usos portuarios. Según lo anterior, la Administración portuaria, a la hora de prohibir o autorizar una determinada actividad, deberá justificar su compatibilidad o no con los usos estrictamente portuarios.

4. Quedan prohibidas todas aquellas actividades que, de manera directa o indirecta, puedan ser contrarias o perjudiciales para los usos y actividades portuarias. No obstante lo anterior, la correspondiente delimitación de los espacios y usos portuarios podrá delimitar espacios en los que se permitan actividades no estrictamente portuarias, siempre que resulten compatibles con éstas.

5. La Administración portuaria podrá autorizar la utilización del dominio público portuario a otros órganos de la Administración General del País Vasco, así como a otras administraciones públicas, siempre que dicha utilización sea compatible con la normal explotación del puerto y se solicite para finalidades de interés general.

1. La utilización del dominio público portuario se regirá por lo que establecen esta ley, las normas reglamentarias que la desarrollen, los planes especiales de ordenación portuaria o, en su caso, las delimitaciones de espacios y usos portuarios.

2. La utilización del dominio público portuario del País Vasco para usos que tengan especiales circunstancias de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad, o que requieran la ejecución de obras e instalaciones, exigirá, en todo caso, el otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión, de acuerdo con la presente ley. En lo no previsto en ella, serán de aplicación las disposiciones contenidas en la legislación sobre patrimonio de Euskadi así como los principios de la legislación sobre contratos del sector público.

3. Las personas titulares de autorizaciones o concesiones para la utilización del dominio público portuario quedan obligadas a informar a la Administración portuaria de las incidencias que produzca tal utilización y a cumplir con las instrucciones que dicha administración les dicte.

1. Se exigirá la obtención de autorización para aquellos usos u ocupación de dominio público portuario, con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin ellas, por plazo no superior a tres años, incluidas las prórrogas.

2. La ocupación de bienes de dominio público portuario con obras o instalaciones no desmontables o usos por plazo superior a tres años estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración portuaria. El plazo de las concesiones será el que se establezca en el título correspondiente, y no podrá ser superior, contando tanto el plazo inicialmente otorgado como las prórrogas, a cincuenta años.

3. La ocupación de dominio público portuario para el uso de plazas de amarre estará sujeta a lo previsto reglamentariamente en la normativa que regule el procedimiento de su otorgamiento y su régimen de uso. En todo caso, la duración de la ocupación no podrá ser superior a quince años.

Corresponde a la Administración portuaria el otorgamiento, modificación, revisión y extinción de los títulos habilitantes para la utilización del dominio público portuario, así como las funciones de vigilancia, inspección y control en relación con dicha utilización.

1. El procedimiento de otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público portuario se iniciará de oficio o a solicitud de persona interesada.

2. El plazo máximo para resolver el expediente será de ocho meses. Transcurrido este sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la correspondiente solicitud se entenderá desestimada.

En el supuesto de que el procedimiento de otorgamiento se inicie a instancia de persona interesada, la solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

1. Acreditación de la personalidad del solicitante y de su capacidad de obrar.

2. Acreditación de los requisitos de solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente a las obligaciones derivadas de la concesión.

3. Acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones de carácter tributario, laboral y de la Seguridad Social exigidas por la legislación vigente.

4. Proyecto básico y de explotación suscrito por facultativo competente y adaptado a las exigencias derivadas de la planificación portuaria.

5. Estudio económico-financiero de la actividad a desarrollar.

6. Acreditación del cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio de la actividad objeto de la concesión.

7. Acreditación de haber constituido garantía provisional.

1. Admitida a trámite la solicitud, podrá denegarse antes del trámite de información pública mediante resolución motivada cuando de su estudio preliminar resulte, a criterio de la Administración portuaria, que su otorgamiento no sea procedente.

2. No se admitirán a trámite las solicitudes que se opongan a lo dispuesto en la planificación portuaria o la legislación vigente, y se archivarán mediante resolución que deberá notificarse al interesado.

3. Si las solicitudes no reúnen los requisitos exigidos y éstos fueran susceptibles de subsanación, se procederá a ello en la forma prevista en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

1. Admitida la solicitud presentada, la Administración portuaria procederá a la confrontación del proyecto sobre el terreno y los espacios de agua correspondientes con el fin de determinar su viabilidad y adecuación técnica.

2. Asimismo, se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de un mes, publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, y, al mismo tiempo, se solicitará informe a las administraciones y organismos que legal o reglamentariamente se determinen, que deberá evacuarse en el plazo de un mes, transcurrido el cual sin que se haya emitido se entenderá favorable.

3. El trámite de información pública no será preceptivo en los supuestos en que la concesión se refiera a la utilización total o parcial de edificaciones existentes, sin modificación de su arquitectura exterior y para los usos autorizados en la planificación portuaria.

4. Si como resultado de la información pública se desprendiera la ausencia de concurrencia, se continuará la tramitación de la solicitud.

5. En el supuesto de que existieran varios solicitantes, la adjudicación se efectuará mediante procedimiento de pública concurrencia por los trámites señalados en el artículo siguiente, debiéndose aprobar previamente por la Administración portuaria el correspondiente pliego de condiciones de la concesión en el que se expliciten los criterios que habrán de regir la adjudicación.

6. Una vez cumplimentados los anteriores trámites, se fijarán las condiciones en que podría otorgarse la concesión y se notificarán al solicitante, que deberá aceptarlas expresamente.

   Si éste no hiciera manifestación alguna al respecto en el plazo concedido, se procederá al archivo de las actuaciones, con pérdida de la garantía provisional constituida. La resolución correspondiente deberá serle notificada.

7. En el caso de que fueran aceptadas las condiciones en el plazo establecido, se resolverá discrecionalmente sobre el otorgamiento de la concesión ponderando la idoneidad de la solicitud.

8. Si tras el trámite de aceptación de condiciones previsto en el apartado anterior la Administración acordara la modificación de alguna de las condiciones ofertadas, se someterá a nueva aceptación en los términos previstos en el apartado anterior.

9. La resolución de otorgamiento deberá serle notificada al interesado, y en un plazo no superior a treinta días, a contar a partir del siguiente al de notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión, deberá remitirse al Boletín Oficial del País Vasco, para su publicación, un anuncio en el que se dé cuenta de dicho otorgamiento, el cual contendrá, como mínimo, la información relativa al objeto, plazo, inversión a realizar, tasas, superficie concedida y titular de la concesión.

10. Si el concesionario impugnara las cláusulas que fueron aceptadas por él, la Administración estará facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquellas hubiesen sido declaradas ilegales.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la Administración portuaria podrá convocar procedimientos de pública concurrencia para el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario.

2. La convocatoria del procedimiento de pública concurrencia supondrá la suspensión de los expedientes de otorgamiento de concesión en tramitación que resultaran afectados.

3. El pliego de bases que ha de regir el procedimiento fijará el objeto y los requisitos para participar en él, los criterios para su adjudicación y la ponderación de éstos, y la garantía provisional, así como el pliego de condiciones de otorgamiento de la concesión.

4. La convocatoria del procedimiento de pública concurrencia se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y podrán presentarse ofertas en el plazo establecido, que no podrá ser inferior a un mes. Dichas ofertas serán abiertas en acto público.

5. En el supuesto de que el licitador cuya oferta resultó seleccionada renuncie a la adjudicación de la concesión perderá las garantías prestadas, y la Administración portuaria podrá optar discrecionalmente entre declarar desierto el procedimiento de pública concurrencia o adjudicar la concesión al licitador siguiente en la valoración.

6. El procedimiento de pública concurrencia podrá declararse desierto si ninguna de las ofertas presentadas reúne las condiciones adecuadas, pudiendo en este caso levantar la suspensión prevista en el apartado 2.

7. Cuando se convoque concurso para la adjudicación de una autorización o concesión, la tasa será la que resulte de la licitación al alza sobre un tipo de partida que se fijará en los pliegos, para cuyo cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en este capítulo y la estimación del valor de los activos de la concesión.

8. Si el concurso quedara desierto, se podrá convocar nueva licitación, con un tipo reducido hasta el 50% del anterior, y si tampoco llegara a adjudicarse con esas condiciones el tipo será libre y se determinará según las ofertas de los licitadores.

9. Los pliegos de bases podrán incluir en los criterios de adjudicación la posibilidad de que los licitadores oferten importes adicionales a los correspondientes a las tasas previstas en esta ley.

10. La solicitud seleccionada deberá someterse a la tramitación prevista en el apartado anterior.

1. Entre las condiciones de otorgamiento de la concesión deberán figurar, al menos, las siguientes:

   1. Objeto de la concesión.

   2. Plazo de vigencia.

   3. Zona de dominio público cuya ocupación se concede, incluyendo, en caso de ocupación de espacios de agua, el balizamiento que deba establecerse.

   4. Condiciones de protección del medio ambiente que en su caso procedan, incluyendo las necesarias medidas correctoras.

   5. Condiciones especiales que deban establecerse en las concesiones que se otorguen en los espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales deberán figurar, al menos, las que garanticen la eficacia del servicio, independencia de accesos y medidas de seguridad.

   6. Tasa que legalmente corresponda.

   7. Garantía definitiva o de construcción y garantía de explotación.

   8. Causas de caducidad.

   9. Actividad o tráfico mínimo.

   10. Otras condiciones que la Administración portuaria considere necesarias.

2. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe por la Administración portuaria, que completará el proyecto básico.

3. Asimismo, durante la vigencia de la concesión su titular vendrá obligado a facilitar la información técnica o económica que le solicite la Administración portuaria en el ejercicio de sus competencias, así como a mantener en perfecto estado de utilización, limpieza, higiene y ornato la superficie otorgada en concesión, obras e instalaciones, debiendo realizar a su cargo las reparaciones ordinarias y extraordinarias que sean precisas.

4. La Administración portuaria podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación de la superficie concedida y de los bienes objeto de la concesión, y señalar las reparaciones que deban llevarse a cabo cuando éstas afecten a la conservación de los bienes propios del título concesional, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le señale.

1. Para la fijación de plazo de la concesión se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

   1. Vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria.

   2. Disponibilidad de espacio de dominio público portuario.

   3. Volumen de inversión, y estudio económico-financiero.

   4. Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto.

   5. Adecuación a la planificación y gestión portuarias.

   6. Incremento de actividad que genere en el puerto.

   7. Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario.

2. Estos criterios podrán desarrollarse y concretarse, en el caso de determinados tipos de usos, mediante normas reglamentarias.

1. Las concesiones podrán transmitirse por actos inter vivos, previa autorización de la Administración portuaria, sin que la transmisión suponga alteración de las condiciones de la concesión, subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones derivados de la concesión. La Administración portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2. Asimismo, exigirá autorización la transmisión del capital de sociedades titulares de concesiones cuando la persona adquirente ostente, a consecuencia de esa cesión o por cualquier otro título, directa o indirectamente más del 50% de dicho capital.

   Para que la Administración portuaria autorice la transmisión de una concesión se deberán cumplirse, al menos, las siguientes condiciones:

   1. Que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesión.

   2. Que el nuevo titular reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad o prestación del servicio objeto de la concesión.

   3. Que haya transcurrido un plazo de al menos dos años, contados desde la fecha de otorgamiento de la concesión, siempre que se hayan ejecutado al menos un 50% de las obras que en su caso hayan sido aprobadas, salvo que el pliego establezca unas condiciones más exigentes.

3. La transmisión mortis causa exigirá comunicación, en el plazo de un año, del fallecimiento de la persona titular y del interés de sus causahabientes, a título de herencia o legado, en subrogarse en los derechos y obligaciones de aquélla. La transmisión mortis causa exigirá resolución expresa, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales exigibles por las personas que resulten nuevas titulares.

4. La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser previamente autorizada por la Administración portuaria.

5. En los supuestos de adjudicación de la concesión mediante remate judicial, extrajudicial o administrativo o impago de créditos hipotecarios, la Administración portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres meses, a contar desde el momento en que tenga conocimiento de la adjudicación.

6. La persona adjudicataria de una concesión mediante remate judicial, extrajudicial o administrativo o impago de créditos hipotecarios deberá subrogarse en las obligaciones derivadas de la concesión de la antigua titular, y si no reúne los requisitos para el ejercicio de la actividad o usos que constituya el objeto de la concesión deberá transferirla, en el plazo de doce meses, a una nueva persona concesionaria que, a estos efectos, no presente limitación alguna.

7. Las concesiones podrán ser objeto de cesión de uso total o parcial, previa autorización de la Administración portuaria, en las condiciones establecidas en el título concesional.

1. La Administración portuaria revisará las condiciones de la concesión, modificándolas de oficio o a instancia de parte, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

   1. Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes para su otorgamiento.

   2. En caso de fuerza mayor.

   3. Cuando lo exija la adecuación a los planes o a cualquier regulación aplicable al ámbito portuario, así como por razones de interés general portuario. Solo en estos supuestos procederá la indemnización a la persona concesionaria.

2. Cuando la revisión de la concesión determine la reducción de la superficie otorgada se tramitará como un rescate parcial de la concesión. Asimismo, cuando la revisión de la concesión determine que la continuidad de su explotación resulta antieconómica, el titular podrá solicitar el rescate total de la concesión.

1. La Administración portuaria podrá autorizar, a solicitud del interesado, modificaciones de las condiciones de una concesión. Cuando una modificación sea sustancial, la solicitud deberá tramitarse de acuerdo con el procedimiento de otorgamiento de concesiones. Si la modificación no es sustancial, requerirá únicamente informe previo de la dirección del departamento competente en materia de puertos.

2. Tendrán el carácter de modificaciones sustanciales, las siguientes:

   1. Modificación del objeto de la concesión.

   2. Ampliación de la superficie de la concesión en más de un 10% de la fijada en el acta de reconocimiento. A estos efectos, únicamente será admisible la ampliación de la superficie con bienes de dominio público colindantes a los concedidos.

   3. Ampliación del volumen o superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10%.

   4. Modificación de la ubicación de la concesión.

3. En el cómputo de los límites establecidos, se tendrán en cuenta los valores acumulados de modificaciones anteriores.

1. En el caso de que el dominio público otorgado en concesión fuera necesario para la Administración portuaria para el ejercicio de sus competencias, esta podrá proceder, previa indemnización a la persona concesionaria, al rescate de la concesión.

2. En particular, se producirá el rescate cuando la concesión sea incompatible con obras de ampliación del puerto o con modificaciones de la delimitación de espacios y usos portuarios debidamente aprobada. Asimismo, se podrá proceder al rescate de una concesión cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el concesionario en un procedimiento de revisión de concesión.

3. El rescate exigirá la previa declaración del interés portuario de las obras o actividades y el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por aquellas. Cuando el rescate implique la necesidad de ocupación de solo una parte de la concesión, de modo que la explotación de la parte no rescatada resulte antieconómica para la persona concesionaria, su titular podrá solicitar de la Administración portuaria el rescate de toda la concesión.

4. El rescate se tramitará mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se regularán asimismo los criterios para fijar la valoración de las indemnizaciones a recibir por el concesionario. Estos criterios deberán tener en cuenta los costes de las obras rescatadas y la pérdida de beneficios imputables al rescate.

5. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, mediante el otorgamiento de otra concesión o, en caso de rescate parcial, con la modificación de las condiciones de la concesión. En estos dos últimos supuestos se requerirá la conformidad del concesionario.

1. El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones se podrá iniciar a solicitud de la persona interesada o a iniciativa de la Administración portuaria.

2. Independientemente de la forma de inicio del procedimiento, en los supuestos en que el número de autorizaciones a otorgar en un puerto se halle limitado por cualquier circunstancia, el otorgamiento deberá realizarse por concurso. Si no hubiera que valorar condiciones especiales en las personas solicitantes, podrá acudirse al sorteo.

3. El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa en este procedimiento será de seis meses. El vencimiento del plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá la desestimación por silencio administrativo de las solicitudes presentadas por las personas interesadas.

4. En todo caso la persona que resulte nueva titular deberá cumplir lo establecido en la correspondiente delimitación de los espacios y usos portuarios y demás normas reguladoras de los usos portuarios, en los términos y condiciones en los que hubiera sido otorgada la autorización.

5. Las autorizaciones no son transmisibles inter vivos y su uso no podrá ser cedido a terceras personas, salvo lo dispuesto en este artículo. Así, podrán transmitirse inter vivos únicamente en virtud de sentencia judicial de separación o divorcio, o en caso de disolución de condominio, en caso de que se pueda acreditar mediante escritura pública la copropiedad con fecha anterior a la de la autorización. Asimismo, podrán transmitirse mortis causa, exigiéndose para ello la comunicación del fallecimiento y la transmisión operada en los seis meses siguientes al fallecimiento del causante. La falta de comunicación en los términos señalados dará lugar a la caducidad de la autorización.

   Se permitirá el cambio de titularidad del título habilitante para el uso de plazas de amarre en caso de que la embarcación sea donada o transmitida mortis causa a familiares hasta segundo grado de consanguinidad.

6. Las autorizaciones de ocupación del dominio público portuario podrán modificarse en los siguientes supuestos:

   1. Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.

   2. En casos de fuerza mayor a petición del titular.

   3. Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes.

      Las modificaciones no dan derecho a indemnización.

7. Las autorizaciones serán revocables sin derecho a indemnización en los términos establecidos en el artículo 52.

La autorización deberá contener, al menos, las siguientes condiciones:

1. Objeto de la autorización.

2. Obras e instalaciones autorizadas.

3. Plazo de la autorización.

4. Superficie de dominio público cuya ocupación se autoriza.

5. Condiciones de protección del medio ambiente que en su caso procedan.

6. Condiciones especiales que deban establecerse en las autorizaciones que se otorguen en los espacios afectos a las ayudas a la navegación, entre las cuales deberán figurar, al menos, aquellas que garanticen la eficacia del servicio, accesos y medidas de seguridad.

7. En el caso de ocupación de espacio de agua, el balizamiento que deba establecerse.

8. Tasa que corresponda.

9. Garantías a constituir.

10. Causas de caducidad conforme a lo previsto en la presente ley.

11. Otras condiciones que sean pertinentes.

1. El derecho a la ocupación del dominio público portuario se extinguirá por:

   1. Vencimiento del plazo de otorgamiento.

   2. Renuncia de la persona titular aceptada por la Administración portuaria.

   3. Extinción de la personalidad jurídica de la persona titular de la concesión o autorización.

   4. Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular de la concesión o autorización, en el caso de que no se acuerde la continuidad a favor de sus causahabientes, previa comunicación de dicha circunstancia a la Administración portuaria.

   5. Mutuo acuerdo entre la persona titular y la Administración portuaria.

   6. Caducidad.

   7. Revocación.

   8. Rescate, previa indemnización, en el caso de las concesiones.

   9. Extinción del título habilitante para la prestación de servicios portuarios, cuando la concesión o autorización sea medio o requisito para ello.

2. Una vez que se produzca la extinción de la autorización o de la concesión, los edificios o instalaciones existentes revertirán libres de cargas de todo tipo a la Administración portuaria, que podrá acordar, en el plazo de tres meses desde la extinción, su derribo o retirada por la persona titular de la autorización o concesión extinguida y a sus expensas, y la Administración podrá ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular en el plazo fijado.

3. En todo caso la Administración portuaria no asumirá ningún tipo de obligación laboral o económica de la persona titular de la autorización o concesión.

1. La Administración portuaria, previa audiencia al titular, podrá revocar las autorizaciones en cualquier momento y sin derecho a indemnización en los siguientes casos:

   1. Cuando su mantenimiento resulte incompatible con otros usos o actividades portuarias consideradas de mayor interés.

   2. Cuando resulten incompatibles con obras o planes aprobados con posterioridad al otorgamiento.

   3. Cuando entorpezcan o sean un obstáculo para la explotación portuaria.

2. La Administración portuaria podrá asimismo revocar las concesiones, sin derecho a indemnización, por alteración de los supuestos físicos o jurídicos determinantes de su otorgamiento que impliquen la imposibilidad de continuación en el disfrute de la concesión y en casos de fuerza mayor, cuando, en ambos supuestos, no sea posible la revisión del título de otorgamiento.

1. La Administración portuaria, mediante el procedimiento que se determine reglamentariamente y previa audiencia de la persona titular, y previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi cuando se trate de concesiones y se formule oposición, podrá declarar la caducidad de la concesión o autorización en los siguientes supuestos:

   1. No inicio, paralización o no terminación de las obras injustificadamente durante el plazo que se fije en las condiciones del título.

   2. Abandono o falta de actividad durante un periodo de seis meses, en el caso de autorizaciones, y de doce meses en el caso de concesiones, salvo causa justificada.

   3. Impago de tasas en periodo voluntario conforme a las reglas siguientes:

      En el caso de autorizaciones, impago de la liquidación de la tasa que corresponda a seis meses de ocupación o uso.

      En el caso de concesiones, impago de la liquidación de la tasa que corresponda a doce meses de ocupación o uso.

      En ambos supuestos, para el cómputo de los plazos citados se tendrá en cuenta la suma de los plazos correspondientes a liquidaciones giradas y no abonadas.

   4. Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título.

   5. Incumplimiento de las condiciones que se hubieran establecido como consecuencia de la previa evaluación de sus efectos sobre el dominio público.

   6. Ocupación de zona de servicio fuera de los límites de la superficie concesionada o autorizada.

   7. Aumento de la superficie construida, volumen o altura máxima en más del 10% sobre el proyecto autorizado.

   8. Cesión a una tercera persona del uso total o parcial de la concesión, sin autorización de la Administración portuaria.

   9. Transmisión del título de otorgamiento sin comunicación a la Administración portuaria en el caso de las autorizaciones, o sin autorización de aquella en el caso de las concesiones.

   10. Constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sin autorización de la Administración portuaria.

   11. No reposición o complemento de las garantías exigibles, previo requerimiento de la Administración portuaria.

   12. Falta de autorización previa en caso de fusión, absorción o escisión de la personalidad jurídica de la persona titular de la concesión.

   13. Falta de comunicación del fallecimiento de la persona titular de la concesión o del interés de sus causahabientes en sucederle.

   14. En general, el incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente prevista como causa de caducidad en el título de otorgamiento.

2. La declaración de caducidad comportará la pérdida de las garantías constituidas por la persona titular de la concesión o autorización, así como, en el caso de las concesiones, la reversión anticipada a la Administración portuaria de las instalaciones construidas por la persona concesionaria.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que declare la caducidad es de doce meses contados desde la adopción del acuerdo de incoación del expediente.

Los solicitantes y adjudicatarios de las autorizaciones y concesiones previstas en la presente ley están obligados a la constitución de garantía en la cuantía que se determine en la propia resolución de otorgamiento.

1. Los solicitantes de una concesión tendrán que acreditar, en el momento de la presentación de la solicitud, la constitución de una garantía provisional en cuantía de al menos el 2% de su valoración.

2. La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la legislación en materia de tesorería de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. La garantía provisional podrá ser objeto de ejecución por acuerdo del órgano competente en los supuestos que legalmente proceda.

1. En el plazo que establezca la Administración portuaria, el concesionario tendrá que constituir una garantía definitiva por el importe de al menos el 4% del valor de las obras que en su caso se autoricen. Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la legislación en materia de tesorería de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. Si el concesionario no constituyera la garantía en el plazo previsto en el título de otorgamiento, se entenderá que renuncia a la concesión. En este caso, el concesionario perderá la garantía provisional constituida, que será incautada por la Administración portuaria.

3. La extinción de la concesión por caducidad comportará la pérdida de la garantía constituida.

4. La garantía responde de las obras a realizar y queda afecta a las responsabilidades derivadas de indemnizaciones y de penalidades.

5. En caso de que se proceda a la ejecución total o parcial de la garantía constituida, el concesionario estará obligado a completarla o restituirla en el plazo de un mes.

6. La garantía se devolverá al concesionario en el plazo de un mes desde la aprobación del acta de reconocimiento de las obras o instalaciones, con deducción, si procede, de las cuantías que deban hacerse efectivas en concepto de penalizaciones y responsabilidades.

7. Previamente a la devolución de la garantía tendrá que haberse constituido la garantía de explotación a que se refiere el artículo siguiente.

1. La garantía de explotación responde de todas las obligaciones derivadas de la autorización o concesión, de las sanciones y penalidades que puedan imponerse a su titular por incumplimiento de las condiciones de otorgamiento, y de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda causar a la Administración portuaria.

2. Esta garantía se determinará en función del importe anual de la tasa que ha de abonar el concesionario y las restantes circunstancias de la concesión, incluyendo el desmontaje y reposición de las cosas al estado anterior, y se revisará cada cinco años.

3. La extinción de la concesión por caducidad comportará la pérdida de la garantía de explotación.

4. En caso de que se proceda a la ejecución total o parcial de la garantía constituida, el concesionario estará obligado a completarla o restituirla en el plazo de un mes.

5. La garantía de explotación será devuelta al concesionario cuando se extinga la concesión, previa deducción en su caso de las cantidades que deban hacerse efectivas en concepto de penalización o de responsabilidad.

6. La falta de constitución de esta garantía implica un incumplimiento de las obligaciones concesionales y habilita a la Administración portuaria para acordar la extinción anticipada de la concesión.

1. El ejercicio de las potestades de vigilancia, inspección y control en materia de puertos y asuntos marítimos y en relación con los servicios y las operaciones que se desarrollen en los puertos, cualquiera que sea el régimen de utilización del dominio público portuario o la forma de prestación de los servicios, se llevará a cabo en la forma que determine el reglamento de policía.

2. Las potestades de inspección y control se ejercerán mediante personal adscrito a la Administración portuaria debidamente cualificado. A estos efectos, el citado personal tendrá la condición de agente de la autoridad.

1. En el supuesto de que por cualquier medio se impidiera o dificultara la actividad portuaria en los puertos o se ponga en peligro grave y notorio a las personas, los bienes o el medio ambiente, la Administración portuaria, por razones de urgencia y excepcionalidad, podrá exigir, previa audiencia a las personas interesadas si ello fuera posible, la adopción de las medidas que resulten precisas, de conformidad con el ordenamiento jurídico y con la duración que estime necesaria, encaminadas a restablecer la normal actividad en el puerto. La exigencia de adopción de estas medidas se realizará sin perjuicio de lo establecido en el régimen sancionador. En el caso de incumplimiento, la Administración portuaria procederá a la ejecución subsidiaria con cargo de las personas responsables.

2. Lo establecido en el punto anterior será aplicable, entre otros, a los supuestos de buques y embarcaciones que presenten peligro de hundimiento, se hayan hundido en puerto, hayan sido abandonados o constituyan riesgo grave, ya sea por el propio buque o por la carga transportada. Mediante los procedimientos que reglamentariamente se establezcan, la Administración portuaria estará habilitada para autorizar el desguace cuando, por su estado, así lo aconsejen razones de seguridad marítima, o la enajenación del buque o embarcación hundido o abandonado.

3. De igual modo se actuará cuando por cualquier modo se impidiera el acceso a los puertos o el libre tránsito terrestre dentro de ellos.

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la propiedad de los buques abandonados en la zona de servicio de los puertos de su titularidad.

5. Se consideran abandonados aquellos buques que permanezcan durante más de tres meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar dentro del puerto, sin actividad apreciable exteriormente y sin haber abonado las correspondientes tasas, y así lo declare la dirección competente en materia de puertos.

6. La declaración de abandono exigirá la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, en el que se acreditarán las circunstancias expresadas y en el que se dará audiencia al propietario, al naviero, al patrón o capitán o, en su caso, al consignatario del buque.

1. La Administración portuaria podrá recuperar por sí misma, y en cualquier momento, la posesión indebidamente perdida sobre los bienes de dominio público portuario, cuando la posesión por una tercera persona se haya producido sin título alguno que la permitiera.

2. La Administración portuaria podrá ejercer la potestad de desahucio y recuperar en vía administrativa la posesión de los bienes de dominio público portuario cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceras personas.

3. En cuanto al procedimiento para el ejercicio las potestades previstas en los párrafos anteriores, se estará a lo previsto en la legislación sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tienen la consideración de infracción a los efectos de la presente ley las acciones u omisiones que se tipifican en los artículos siguientes. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Son infracciones leves las que, no teniendo la consideración de graves o muy graves, se señalan a continuación:

1. El incumplimiento de la normativa portuaria vigente, siempre que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.

2. El incumplimiento de los reglamentos de servicios y policía de los puertos, así como el incumplimiento de las instrucciones y las órdenes de la Administración portuaria en ejecución de dichos reglamentos y en el ejercicio de sus competencias.

3. La realización de operaciones marítimas que pongan en peligro obras, instalaciones, equipos portuarios, buques, embarcaciones o personas, o en las cuales no se tomen las medidas de seguridad necesarias.

4. Cualquier acción u omisión que cause daños o perjuicios en los bienes del dominio público portuario o en su uso o explotación, siempre que no impida su normal funcionamiento.

5. Cualquier acción u omisión que cause, por culpa o negligencia, daños en obras, instalaciones, equipos, medios de transporte marítimos o terrestres, mercancías, contenedores o cualesquiera otros elementos situados en el recinto portuario, y también su utilización indebida o sin permiso cuando este sea necesario.

6. La ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones sin el título correspondiente, siempre que no se impida la actividad normal del puerto ni se haya desatendido un requerimiento expreso de los órganos de la Administración portuaria competentes para el cese de dicha conducta.

7. La realización de actividades en el dominio público portuario sin la autorización correspondiente, siempre que esta resulte exigible.

8. La realización de obras, instalaciones o actividades en el dominio público portuario con incumplimiento de las condiciones del título otorgado, sin perjuicio de su revocación, si procede.

9. El vertido no autorizado de sustancias, materiales o residuos no contaminantes en dominio público portuario.

10. El acceso al recinto portuario en contra de la normativa establecida al efecto o contraviniendo las instrucciones del personal portuario en el ejercicio de su cargo.

11. La manipulación de pescado y el depósito de mercancías u otros objetos sin previa autorización o en lugares expresamente prohibidos o distintos de los señalados.

12. La realización de reparaciones, carenas y recogidas susceptibles de causar contaminación contraviniendo la normativa aplicable, así como el incumplimiento de la normativa en relación con las obligaciones de gestión de residuos no peligrosos generados por las embarcaciones y residuos de carga.

13. La alteración de horarios y el incumplimiento del régimen de utilización de terminales portuarias que figure inscrito en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

14. El retraso en la aportación de los datos que hayan de comunicarse a la Administración.

Son infracciones graves:

1. Las infracciones tipificadas como leves cuando causen daños y perjuicios que impidan parcialmente el funcionamiento o la utilización de los bienes o las instalaciones.

2. La ocupación del dominio público portuario con obras o instalaciones sin el título correspondiente, cuando se perturbe la actividad normal del puerto o se haya desatendido un requerimiento expreso de los órganos de la Administración portuaria competentes para el cese de dicha conducta.

3. El falseamiento de cualquier información aportada a la Administración portuaria en cumplimiento de una obligación legal.

4. La obstrucción a las funciones de vigilancia, inspección y control.

5. El vertido no autorizado de sustancias, materiales o residuos no contaminantes en dominio público portuario, cuando, atendida su entidad, características, volumen y efectos, se causen daños a dicho dominio.

6. La prestación de servicios de transporte marítimo regulados en esta ley en condiciones distintas a las inscritas en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

7. La difusión pública de precios u otras condiciones del servicio de transporte distintas de las que figuran inscritas en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

8. Las infracciones tipificadas como leves cuando concurra la circunstancia de reincidencia en su comisión. A estos efectos, se considerará reincidencia la comisión en el plazo de un año de dos o más infracciones leves, si así se ha declarado por resolución firme en vía administrativa. La segunda y posteriores infracciones, que serán en principio tipificadas como leves, serán consideradas graves cuando concurra la circunstancia de reincidencia.

Son infracciones muy graves:

1. Las infracciones tipificadas como leves y como graves cuando causen daños y perjuicios que impidan totalmente el funcionamiento o la utilización del bien o la instalación.

2. El vertido no autorizado de sustancias, materiales o residuos contaminantes en el dominio público portuario.

3. La prestación de servicios de transporte marítimo regulado en esta ley sin estar inscrito en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marítimo.

4. La prestación de los servicios a que se refiere la presente ley incumpliendo las limitaciones o condicionantes que reglamentariamente se impongan en relación con el transporte a espacios naturales protegidos.

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de un año para las leves, dos años para las graves y cuatro años para las muy graves.

2. En el caso de que los hechos, actos u omisiones constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, el plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que éstos se manifiesten o la Administración portuaria tenga conocimiento de ellos.

3. No obstante lo anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción, nunca se extinguirá la obligación de restitución de las cosas y de su reposición a su estado anterior, con indemnización de los daños irreparables y de los perjuicios causados.

1. Las infracciones reguladas por la presente ley son sancionables con las multas siguientes:

   1. Las infracciones leves, hasta 12.000 euros.

   2. Las infracciones graves, de 12.001 euros hasta 500.000 euros.

   3. Las infracciones muy graves, de 500.001 euros hasta 1.000.000 euros.

2. Calificadas las infracciones, las sanciones económicas se graduarán atendiendo a las circunstancias que, en su caso, pudieran atenuar o agravar las infracciones cometidas. En este sentido, las sanciones se graduarán en atención a:

   1. La gravedad del hecho, considerando los daños y perjuicios producidos y el riesgo objetivo causado a los bienes y a las personas.

   2. La existencia de intencionalidad o reiteración.

   3. La reincidencia por comisión en el término de un año, a contar desde la comisión de la infracción calificada, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. Esta circunstancia no se aplicará en la graduación de la infracción cuando se haya tenido en cuenta para agravar el tipo de la infracción.

   4. El beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción.

   5. La relevancia externa de la conducta infractora.

   6. La enmienda o reparación voluntaria, durante la tramitación del procedimiento, de las irregularidades que originaron la actuación sancionadora.

3. La imposición de sanciones será compatible con la exigencia a la persona infractora de restitución de bienes y reposición de la situación alterada en el dominio público portuario al estado anterior a la comisión de la infracción, así como con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.

1. En caso de infracciones graves o muy graves, la sanción de multa puede ir acompañada de alguna de las siguientes sanciones:

   1. Suspensión del ejercicio de las actividades empresariales o profesionales en el sistema portuario vasco por un plazo no superior a dos años.

   2. Revocación de los títulos que habilitan para la ocupación, el uso o el aprovechamiento del dominio público portuario.

   3. Inhabilitación del sujeto infractor para ser titular de autorizaciones y concesiones administrativas, o de contratos para la ejecución de obras o la gestión de servicios, o el atraque, por un plazo no superior a tres años en el caso de infracciones graves, o no superior a cinco años en caso de infracciones muy graves.

   4. Suspensión del derecho a la obtención de subvenciones o ayudas públicas de la Administración vasca en materias relacionadas con el objeto de la presente ley, por un plazo no superior a dos años en el caso de infracciones graves, o no superior a tres años en el caso de infracciones muy graves.

2. Se podrá imponer también, junto con las sanciones que procedan de conformidad con los artículos anteriores, el comiso del beneficio obtenido con la infracción. Este beneficio se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos, e incluirá el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya supuesto directa o indirectamente la infracción, sin descontar las multas ni los gastos o daños dimanantes de ésta.

El plazo de prescripción de las sanciones impuestas será de un año para las leves, dos años para las graves y cuatro años para las muy graves.

Corresponde determinar la sanción a quien sea titular de la dirección competente en materia de puertos para las infracciones leves y graves, y a quien sea titular del departamento a cuya estructura orgánica pertenezca aquélla para las muy graves.

1. Son personas responsables de las infracciones administrativas previstas en la presente ley sus autoras.

2. Son autoras las personas físicas o jurídicas que realicen las actuaciones tipificadas como infracciones por sí solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.

3. A los efectos previstos serán consideradas autoras:

   1. La persona que realice el hecho tipificado, así como la empresa con la que tenga relación de dependencia si la infracción hubiera sido cometida como consecuencia de dicha relación.

   2. En los casos de infracciones relacionadas con buques o embarcaciones, la empresa naviera o consignataria o, en su defecto, el capitán o capitana del buque o embarcación, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder a la persona titular del contrato de prestación del servicio de practicaje y al práctico en el ejercicio de su función, de acuerdo con su regulación específica.

   3. En el caso de infracciones atribuidas a la manipulación de mercancías, el personal que las manipule y la empresa estibadora responsable de la ejecución de dichas operaciones, así como la empresa consignataria de las mercancías.

   4. En los supuestos de existencia de deberes de información a la Administración portuaria, las entidades obligadas a facilitar dicha información.

   5. En el caso de la realización de obras sin título administrativo suficiente, quien promueva la actividad, la empresa que la ejecute y el personal técnico director de la misma.

4. Cuando la responsable de una infracción sea una persona jurídica, el juicio de culpabilidad se hará respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquélla, salvo aquellas que hayan disentido expresamente de los acuerdos adoptados. En estos casos no se podrá sancionar, por la misma infracción, a dichas personas físicas.

5. Las sanciones impuestas a diferentes personas a consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

6. En los supuestos de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado, serán responsables solidarias las personas copartícipes o cotitulares, en proporción a sus respectivas participaciones.

El órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora podrá adoptar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante acuerdo motivado y para preservar los intereses generales o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, entre otras las siguientes medidas cautelares:

1. Ordenar la paralización inmediata de las obras o instalaciones ilegales en curso de ejecución y la suspensión de los usos y las actividades que no dispongan del título administrativo correspondiente o que no se ajusten a las condiciones del título otorgado.

2. Acordar el precinto de las obras o las instalaciones y la retirada de materiales, maquinaria o equipos que se utilicen en las obras o actividades, a cargo de la persona interesada, para asegurar la efectividad de la resolución sancionadora. A estos efectos, podrá requerir, si lo considera conveniente, la colaboración de la fuerza pública.

3. Ordenar la adopción inmediata de las medidas necesarias para evitar los daños que pueda provocar un buque o embarcación en peligro de hundimiento o en situación de causar daños a bienes o elementos portuarios o a otros buques o embarcaciones.

4. Ordenar la inmediata retención, por causa justificada, de los buques y las embarcaciones, para garantizar las posibles responsabilidades administrativas o económicas de sus propietarios o propietarias, representantes con autorización, capitanes, capitanas, patrones o patronas, sin perjuicio de que esta medida cautelar pueda ser sustituida por la constitución de un aval suficiente.

1. Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, los infractores o infractoras estarán obligados a reparar los daños causados, con objeto de restaurar y reponer los bienes alterados a su estado anterior.

2. Cuando quien cometa la infracción no cumpla la obligación impuesta en el apartado anterior o lo haga de una forma incompleta, podrán serle impuestas un máximo de cinco multas coercitivas de forma sucesiva, cada una de ellas con un importe máximo del 20% del coste estimado del conjunto de las medidas a adoptar para la reparación de los daños causados, y la ejecución subsidiaria por cuenta de la obligada y a su costa.

3. Con anterioridad a la imposición de las multas contempladas en el apartado anterior, se requerirá a la persona infractora la ejecución voluntaria de lo ordenado, fijando un plazo cuya duración será determinada atendiendo a las circunstancias y que será suficiente para efectuar dicho cumplimiento voluntario.

4. Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las multas que se hubieran impuesto o puedan imponerse como sanción por la infracción cometida.