Planificación Territorial y Agenda Urbana

La presente ley tiene por objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los instrumentos de carácter social y las prestaciones económicas que resulten necesarios para prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como para contribuir a la inserción de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una vida independiente.

La presente ley tiene igualmente por objeto establecer la organización institucional y el plan y programas que resulten necesarios para sustentar los esfuerzos de prevención de la exclusión y de inserción de las personas afectadas.

Los instrumentos destinados a la inserción y a la prevención de la exclusión son los siguientes:

1. Los convenios de inserción, documentos-programa en los que se recogen las acciones específicas de carácter social necesarias para la inserción personal, social y laboral.

2. El ingreso mínimo de inserción, prestación económica dirigida a la cobertura de los gastos básicos para la supervivencia.

3. Las ayudas de emergencia social, prestaciones económicas dirigidas a la cobertura de gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de marginación social.

1. – A los efectos de la presente ley tendrán la consideración de unidad económica de convivencia independiente las siguientes personas o grupos de personas residentes en una vivienda o alojamiento:

   1. Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento.

   2. Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, consanguinidad o afinidad hasta el 4.º y 2.º grado, respectivamente.

      A los efectos de esta ley, la existencia de relaciones permanentes análogas a la conyugal deberá ser acreditada fehacientemente.

   3. Dos o más personas que, no estando unidas entre sí por alguno de los vínculos previstos en el apartado anterior, viven juntas en una misma vivienda o alojamiento debido a situaciones constatables de extrema necesidad.

2. – Podrán excepcionalmente tener la consideración de unidad económica de convivencia independiente las personas que vivan en una misma vivienda o alojamiento junto con unidades de las señaladas en el número anterior.

3. – A los efectos de la presente ley, se entenderá por vivienda o alojamiento todo marco físico utilizado de forma habitual como residencia por una o más personas que pretenden convivir de forma independiente, no sometidas a una autoridad o régimen común.

   Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos de marco físico de residencia colectiva que puedan ser considerados vivienda o alojamiento independiente a los efectos de esta ley.

1. – Los convenios de inserción son documentos-programa en los que las partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de carácter social necesarias para conseguir la inserción personal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusión de los miembros de la unidad económica de convivencia independiente.

2. – Las acciones susceptibles de incluirse en los mencionados convenios de inserción podrán ser de la siguiente naturaleza:

   1. Acciones encaminadas al desarrollo de los elementos necesarios para promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la inserción y participación social, en especial en su entorno de vida cotidiana.

   2. Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, en especial en casos en los que se requiera un tratamiento médico especializado o se requieran acciones específicas de desintoxicación y deshabituación.

   3. Acciones que permitan el desarrollo de las actitudes y de los hábitos necesarios para la adquisición de nuevos conocimientos educativos y formativos.

   4. Actividades específicas de formación, reglada o no, que permitan adecuar el nivel de formación de partida o las competencias profesionales adquiridas a las necesidades del sistema productivo.

   5. Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, sea por cuenta ajena o por las vías de acceso existentes para la creación de una empresa propia.

   6. Otras acciones que pudieran considerarse necesarias para garantizar la inserción social.

3. – No podrán incluirse en los convenios de inserción actuaciones que pudieran ser consideradas de naturaleza laboral, salvo que las mismas se sustenten en un contrato de esa naturaleza.

1. – Las partes intervinientes en los convenios de inserción serán, por un lado, los Ayuntamientos, y, por otro, las personas que, por encontrarse en situación o riesgo de exclusión, sean susceptibles de ser destinatarias de los convenios de inserción.

2. – En todo caso se suscribirán convenios de inserción con quienes sean titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción.

3. – El Ayuntamiento podrá:

   1. Incluir como destinatario o destinataria del convenio de inserción a otros miembros de la unidad económica de convivencia independiente cuando en los mismos concurran causas de exclusión distintas a las de naturaleza estrictamente económicas.

   2. Eximir como destinatarios o destinatarias del convenio de inserción a quienes sean titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción cuando en los mismos no concurran otras causas de exclusión que las de naturaleza estrictamente económica.

   3. Suscribir un convenio de inserción con cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervención o actuación específica para la inserción enfocada en el medio y largo plazo.

1. – Los Ayuntamientos desarrollarán, de forma individualizada, el diagnóstico relativo a las necesidades de inserción personal, social y laboral de las personas que sean destinatarias de los convenios de inserción.

   De acuerdo con el mencionado diagnóstico, los Ayuntamientos diseñarán, para cada persona, la correspondiente propuesta de convenio de inserción. Éste incluirá la relación de compromisos a asumir por las partes intervinientes, y, en concreto, los relativos a las medidas a desarrollar por las partes para la más eficaz integración económica, social y laboral de las personas a las que van destinados, estableciendo además la periodicidad con la que será evaluada la idoneidad de las acciones específicas aplicadas.

   Una vez negociado el contenido de la propuesta de convenio de inserción por las partes intervinientes, los Ayuntamientos procederán a la elaboración definitiva del convenio de inserción, procediéndose a la suscripción del mismo por ambas partes.

2. – En el proceso de elaboración de los convenios de inserción los Ayuntamientos actuarán a través de los servicios sociales de base, teniendo en cuenta el conjunto de acciones para la inserción susceptibles de ser utilizadas, inclusive aquellas cuya titularidad corresponda al resto de las entidades públicas o privadas competentes.

3. – A los efectos señalados, las demás Administraciones públicas vascas así como las entidades privadas inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales vendrán obligadas a actuar en relación a los Ayuntamientos de acuerdo con los principios de coordinación, cooperación y servicio a los ciudadanos.

1. – Son obligaciones de las partes intervinientes en los convenios de inserción:

   1. Desarrollar las acciones a las que se hubieran comprometido en el convenio de inserción.

   2. Comunicar los cambios sobrevenidos que incidieran en la posibilidad de desarrollar las actuaciones comprometidas.

   3. Realizar todas aquellas actuaciones que se deriven del objeto y finalidad del convenio de inserción suscrito.

2. – En todo caso, y con independencia de los compromisos que pudieran haberse suscrito mediante la firma del convenio de inserción, el desarrollo de los mismos en ningún caso constituirá un obstáculo para el acceso de las personas destinatarias de dicho convenio a un empleo o a un proceso de formación no previsto en el mismo, sin perjuicio de la revisión del convenio que ello pudiera suponer.

3. – Las actuaciones e intervenciones incluidas en los convenios de inserción se realizarán, de acuerdo con los principios previstos en el artículo 6.3, por los Ayuntamientos o por las demás Administraciones y entidades competentes en el área de actuación de que se trate en ejecución de sus respectivos programas en los términos que se establezcan en los mismos.

1. – El convenio de inserción deberá determinar la periodicidad con la que se efectuará la evaluación del mismo. En función de dicha evaluación o por acuerdo de las partes intervinientes, previa solicitud de cualquiera de las mismas o por circunstancias de fuerza mayor, podrá revisarse y modificarse el contenido del convenio de inserción o suspenderse su aplicación.

2. – En situaciones de excepcional gravedad en las que sea imposible el cumplimiento por parte de la persona titular, se podrá suspender de forma temporal la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos derivados del mismo, hasta tanto desaparezca o se modifique la situación justificada.

Son causas de resolución del convenio de inserción:

1. Haberse alcanzado los objetivos de inserción previstos en el mismo.

2. No haberse realizado por el beneficiario o beneficiaria, por causa imputable al mismo o a la misma, las actuaciones a las que se hubiera comprometido.

3. Alcanzarse un acuerdo en tal sentido por las partes intervinientes.

4. Cumplirse el plazo para el que fue establecido, salvo que se hubiera acordado la prórroga del mismo.

5. Las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico.

La organización institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la inserción social se integra por:

1. La Comisión Permanente para la Inserción.

2. La Comisión Interinstitucional para la Inserción.

3. La Comisión Interdepartamental para la Inserción.

1. – En el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social se constituirá una Comisión Permanente para la Inserción como foro específico de participación de los sectores sociales implicados en la lucha contra la exclusión y de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley, disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en los aspectos a los que se refiere la presente ley.

2. – La Comisión Permanente para la Inserción estará integrada por los siguientes miembros:

   1. Dieciocho representantes de las Administraciones públicas vascas, distribuidos de la siguiente manera:

      –Seis representantes designados por el Gobierno Vasco, uno de los cuales la presidirá y otro actuará como secretario, con voz y con voto.

      –Dos representantes designados por cada una de las Diputaciones Forales.

      –Seis representantes designados por la asociación de municipios vascos más representativa, procurando reflejar los distintos tipos de municipios que existen en la Comunidad Autónoma.

   2. Ocho representantes designados por aquellas entidades privadas, inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales, cuyo objeto prioritario sea la lucha contra la exclusión. En caso de no existir unanimidad sobre la designación de todos o parte de estos representantes, éstos serán designados por el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales.

   3. Cuatro representantes designados por las asociaciones empresariales de la Comunidad Autónoma vasca que ostenten la representación institucional de los empresarios según la normativa general de aplicación.

   4. Cuatro representantes designados por las organizaciones y confederaciones sindicales que ostenten la condición de más representativas y las representativas que hayan obtenido el 10% o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   5. Un representante designado por el Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

   6. Un representante de la Confederación de Cooperativas de Euskadi.

3. – La representación prevista en los apartados b) y d) del párrafo anterior tendrá una duración de cuatro años.

4. – Serán funciones de la Comisión Permanente para la Inserción:

   1. Detectar y analizar las necesidades básicas de las personas en situación de exclusión a fin de proponer a la Comisión Interinstitucional para la Inserción las líneas de actuación que deberían desarrollarse para hacerles frente.

   2. Informar preceptivamente la propuesta de Plan Vasco de Inserción.

   3. Elaborar anualmente un informe de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Vasco de Inserción. A los efectos previstos en el artículo 40.2 de esta ley, los citados informes deberán ser remitidos al Gobierno antes del último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción.

   4. Informar sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en lo referente a los recursos económicos consignados para la financiación de las cuantías de las prestaciones económicas a que se refiere esta ley.

   5. Realizar, al resto de órganos o entidades públicos y a las entidades privadas competentes, propuestas relativas a las actuaciones que deberían desarrollarse para la inserción de las personas en situación de exclusión.

   6. Informar preceptivamente las disposiciones normativas en materia de exclusión social así como los programas generales o sectoriales cuyo ámbito territorial sea la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   7. Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento.

1. – A fin de asegurar la coordinación interinstitucional en las diversas actuaciones derivadas de la aplicación de la presente ley por parte de las Administraciones públicas vascas competentes, se crea la Comisión Interinstitucional para la Inserción como máximo organismo de colaboración.

2. – La Comisión Interinstitucional para la Inserción estará integrada por:

   1. Tres representantes del Gobierno Vasco, designados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales, de los cuales al menos uno, que actuará como presidente, pertenecerá a dicho Departamento.

   2. Un representante designado por cada una de las Diputaciones Forales.

   3. Tres representantes designados por la asociación de municipios vascos más representativa.

Corresponde a la Comisión Interinstitucional para la Inserción el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Proponer los criterios para la elaboración de las normas de desarrollo, aplicación y, en su caso, revisión de la presente ley.

2. Elaborar la propuesta del Plan Vasco de Inserción.

3. Proponer a las distintas Administraciones públicas vascas la adopción de las medidas necesarias para la coordinación de sus actuaciones en las materias previstas en esta ley, con particular referencia al análisis de los recursos humanos y materiales para su desarrollo.

4. Realizar trienalmente un informe de control de calidad de la gestión dirigido a detectar las ineficiencias que pudiera generar la intervención de los tres niveles institucionales en la aplicación y ejecución de lo dispuesto en la presente ley, proponiendo, en su caso, las acciones precisas para su eficaz cumplimiento y desarrollo. A los efectos previstos en el artículo 40.2 de esta ley, el citado informe deberá ser remitido al Gobierno antes del último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción.

5. Analizar los criterios para la distribución del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales y de éstas a los Ayuntamientos de los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas de emergencia social, y proponer, en su caso, la revisión de los mismos.

6. Las demás funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurídico.

1. – Adscrita al Departamento competente en materia de servicios sociales, se crea la Comisión Interdepartamental para la Inserción como órgano de coordinación de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de inserción.

2. – Dicha Comisión estará presidida por el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales y compuesta por doce representantes, con rango mínimo de Director, designados por los Consejeros competentes en las materias de:

   • Hacienda.

   • Empleo.

   • Formación para el empleo.

   • Servicios sociales.

   • Justicia.

   • Drogodependencias.

   • Educación.

   • Sanidad.

   • Juventud.

   • Vivienda.

   • Seguridad ciudadana.

   • Igualdad entre hombres y mujeres.

3. – Serán funciones de la Comisión Interdepartamental para la Inserción:

   1. Identificar y censar las intervenciones y actuaciones específicas de lucha contra la exclusión así como las intervenciones y actuaciones de carácter general susceptibles de ser aplicadas para promover la inserción personal, social y laboral de las personas en situación de exclusión en el ámbito de competencia de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   2. Proponer los principios generales para garantizar el acceso de las personas en situación de exclusión a las mencionadas intervenciones y actuaciones, estableciendo en su caso propuestas respecto a la proporción mínima de las ayudas o acciones previstas en cada intervención o actuación general que deberán destinarse a las personas en situación de exclusión.

   3. Establecer propuestas para la coordinación de las intervenciones y actuaciones interdepartamentales en materia de inserción así como, en su caso, respecto a los criterios para la distribución interdepartamental de las cargas financieras relativas a actuaciones que afecten a varios Departamentos.

   4. Analizar la aplicación de las distintas intervenciones o actuaciones de lucha contra la exclusión, estudiando en su caso nuevas propuestas para el tratamiento de los problemas planteados por las realidades de exclusión.

   5. Proponer las líneas básicas para la ejecución del Plan Vasco de Inserción por los Departamentos a través de los programas departamentales de inserción.

   6. Elaborar anualmente un informe de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Vasco de Inserción, en el que necesariamente se incluirá la evaluación de los objetivos de inserción alcanzados. A los efectos previstos en el artículo 40.2 de esta ley, los informes deberán ser remitidos al Gobierno antes del último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción.

   7. Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento.

   8. Las demás que le pueda atribuir el resto del ordenamiento jurídico.

1. – El Plan Vasco de Inserción, que tendrá carácter trienal, recogerá de forma coordinada y global las líneas y directrices de intervención y actuación que deben orientar la actividad de las Administraciones competentes para la consecución de la inserción de las personas en situación de exclusión.

2. – El Plan Vasco de Inserción será elaborado por la Comisión Interinstitucional para la Inserción, y aprobado por el Gobierno Vasco previo informe preceptivo de la Comisión Permanente para la Inserción. El Gobierno lo elevará como comunicación al Parlamento Vasco.

El Plan Vasco de Inserción se ejecutará mediante los diferentes programas que elaboren y desarrollen las distintas Administraciones en el ámbito de sus competencias.

1. – El ingreso mínimo de inserción es una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia.

2. – Esta prestación:

   1. Tendrá carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstas en la legislación vigente que pudierancorresponder al titular o a cualquiera de los miembros de su unidad económica de convivencia independiente.

   2. Se otorgará con carácter alimenticio en beneficio de todos los miembros de la unidad económica de convivenciaindependiente.

   3. Será intransferible, y por tanto no podrá:

      –ofrecerse en garantía de obligaciones.

      –ser objeto de cesión total o parcial.

      –ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

      –ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación.

1. – Podrán ser titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción, en las condiciones previstas en la presente ley, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

   1. Constituir una unidad económica de convivencia independiente, como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Quedan exceptuados de cumplir este plazo:

      –quienes tuviesen económicamente a su cargo a menores o a personas con minusvalía o estuviesen unidos a otra persona por matrimonio o por otra forma de relación permanente análoga a la conyugal.

      –quienes constituyeran una nueva unidad económica de convivencia independiente por separación, tanto matrimonial como de parejas de hecho, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que la nueva unidad esté exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad económica de convivencia independiente anterior.

      –quienes constituyeran una nueva unidad económica de convivencia independiente por fallecimiento de los padres, tutores o representantes legales.

   2. Figurar en el Padrón de cualquier municipio de los integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

      Para los ciudadanos que no lo sean de la Unión Europea, será necesario cumplir las condiciones previstas en el párrafo anterior o acreditar tres años de residencia legal en la Comunidad Autónoma, de los cuales doce meses han de ser inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo que, según lo establecido en los tratados internacionales o, en su defecto, según el principio de reciprocidad, deban considerarse plazos inferiores.

   3. No disponer de recursos suficientes. Se considerará que no se dispone de tales recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

      –Disponer de unos rendimientos mensuales, determinados conforme se establece en el Capítulo VI de esta ley, que sean inferiores a la cuantía mensual del ingreso mínimo de inserción correspondiente.

      –En el supuesto de personas que, siendo susceptibles de ser consideradas unidad económica de convivencia independiente en virtud de lo previsto en el artículo 3.2 de esta ley y reglamentos de desarrollo, convivan en la misma vivienda o alojamiento con otras personas con las que mantengan alguno de los vínculos previstos en su artículo 3.1.b), disponer en conjunto todas ellas, para el periodo de tiempo que corresponda, de rendimientos propios cuyo valor sea inferior a cinco veces la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos.

      –Disponer de un patrimonio, determinado conforme se establece en el Capítulo VI de esta ley, cuyo valor sea inferior a cuatro veces la cuantía anual del ingreso mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos.

   4. Ser mayor de 25 años y menor de la edad mínima exigida por la legislación correspondiente para tener derecho a una pensión pública por vejez.

      Quedan exceptuados los menores de 25 años que, reuniendo el resto de los requisitos, tengan económicamente a su cargo a menores o a personas con minusvalía, así como los huérfanos de padre y de madre. Igualmente se considerarán exceptuados los menores de 25 años que, reuniendo el resto de los requisitos, estuviesen unidos a otra persona por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal con al menos seis meses de antelación.

2. – En el supuesto de que en una misma unidad económica de convivencia independiente existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular, sólo podrá otorgarse el ingreso mínimo de inserción a una de ellas.

Son obligaciones de los titulares del derecho al ingreso mínimo de inserción:

1. Aplicar la prestación a la finalidad para la que se ha otorgado.

2. Comunicar los hechos sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación.

3. Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del titular, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el convenio de inserción.

4. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.

5. Negociar, suscribir y cumplir un convenio de inserción con la Administración, en los supuestos y términos previstos en el Capítulo II de la presente ley.

6. Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerido, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el convenio de inserción.

7. Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad del ingreso mínimo de inserción y que se determinen reglamentariamente.

1. – La cuantía mensual del ingreso mínimo de inserción aplicable a cada unidad económica de convivencia independiente será el resultado de añadir a la cuantía mensual establecida para una unidad constituida por una sola persona los complementos que se establezcan reglamentariamente por cada miembro de más que conviva con el titular, si los hubiese.

2. – La cuantía mensual para una unidad económica de convivencia independiente constituida por una sola persona, así como los complementos por cada miembro de más que conviva con el titular, serán fijados anualmente en la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. – La cuantía mensual del ingreso mínimo de inserción aplicable a cada unidad económica de convivencia independiente se otorgará en su integridad en el supuesto de que ésta carezca absolutamente de todo tipo de recursos. En caso contrario, se restarán de dicha cuantía los recursos mensuales de que disponga, procediéndose al abono del ingreso mínimo de inserción en la cantidad resultante de la diferencia, en los términos establecidos en el artículo 38 de esta ley.

4. – La cuantía mensual del ingreso mínimo de inserción deberá revisarse con arreglo a los incrementos del índice de precios al consumo y del salario mínimo interprofesional, no pudiendo resultar inferior al que más crezca de estos indicadores.

1. – La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

2. – El pago del ingreso mínimo de inserción se efectuará por mensualidades vencidas.

1. – El reconocimiento del derecho al ingreso mínimo de inserción se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión y se cumplan las obligaciones previstas para los titulares en el artículo 19 de la presente ley.

2. – El órgano competente realizará de oficio revisiones periódicas para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesión del ingreso mínimo de inserción. A tal efecto, podrá requerirse a los titulares del derecho a la prestación para que comparezcan ante la Administración y colaboren con la misma. En todo caso, se procederá al menos a una revisión anual del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.

Será causa de modificación de la cuantía del ingreso mínimo de inserción la modificación sobrevenida del número de miembros de la unidad económica de convivencia independiente o de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación. Se determinará el procedimiento para la modificación de la cuantía.

1. – El derecho al ingreso mínimo de inserción se suspenderá por las siguientes causas:

   1. Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

   2. Negativa a negociar o suscribir un convenio de inserción, en los supuestos y términos previstos en el Capítulo II de la presente ley.

2. – Así mismo, el derecho al ingreso mínimo de inserción podrá suspenderse como consecuencia del incumplimiento por parte del titular o de algún miembro de su unidad económica de convivencia independiente de las actuaciones a las que se hubiesen comprometido en el convenio de inserción.

3. – La suspensión del derecho al ingreso mínimo de inserción implicará la suspensión del pago de la prestación y se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma, aunque en ningún caso por un periodo continuado superior a 18 meses, transcurrido el cual el derecho a la prestación se extinguirá.

4. – Decaídas las causas que motivaron la suspensión del derecho al ingreso mínimo de inserción, de oficio o a instancia de parte, se procederá a comprobar si en ese momento concurren los requisitos para el devengo de la prestación y, en su caso, a establecer su cuantía. La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

El órgano competente podrá proceder a la suspensión cautelar del pago de la prestación cuando se hubieran detectado en la unidad económica de convivencia independiente indicios de una situación que implique la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento o mantenimiento de la prestación, y resolverá acerca del mantenimiento, suspensión o extinción del derecho a la prestación en el plazo de tres meses.

1. – El derecho al ingreso mínimo de inserción se extinguirá por las siguientes causas:

   1. Fallecimiento del titular.

   2. Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

   3. Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a 18 meses.

   4. Renuncia del titular.

   5. Resolución en tal sentido de un procedimiento sancionador.

   6. Incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 47.2 de esta ley, siempre que el derecho al ingreso mínimo de inserción se hubiera reconocido.

2. – Se tramitará con carácter de urgencia y prioritariamente el acceso a la prestación en los supuestos en que la extinción del derecho al ingreso mínimo de inserción correspondiente al hasta entonces titular implique perjuicios manifiestos a los demás miembros de la unidad económica de convivencia independiente.

1. – En la forma y en los supuestos que se establezcan reglamentariamente, y en cualquier caso en los supuestos de declaración legal de incapacidad del titular y en los que se haya producido el incumplimiento del titular de la obligación de aplicar la prestación a la finalidad para la que se otorgó, el órgano competente podrá acordar el pago de la prestación a persona distinta del titular.

2. – El pago de la prestación previsto en el párrafo anterior no implicará en ningún caso el cambio de la titularidad del derecho a la prestación.

1. – Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social.

2. – Tendrán tal consideración, en todo caso, los siguientes gastos:

   1. Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, incluyendo:

      –Gastos de alquiler.

      –Gastos derivados de intereses y de amortización de créditos contraídos con anterioridad a la situación de emergencia social como consecuencia de la adquisición de una vivienda o alojamiento.

      –Gastos de energía, agua, alcantarillado, basuras, así como los correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica.

   2. Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la vivienda o alojamiento habitual.

   3. Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la unidad económica de convivencia independiente, tales como vestido, educación y formación y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.

   4. Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos de gasto señalados con anterioridad o por la realización de gastos necesarios para atender necesidades básicas de la vida.

3. – Estas prestaciones:

   1. Tendrán carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.

   2. Tendrán carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder al beneficiario o a cualquiera de los miembros de su unidad económica de convivencia independiente así como, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 de esta ley, a otras personas residentes en la misma vivienda o alojamiento.

   3. Serán intransferibles, y por tanto no podrán:

      –ofrecerse en garantía de obligaciones.

      –ser objeto de cesión total o parcial.

      –ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

      –ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación.

4. – En el caso de gastos derivados de la adquisición de una vivienda o alojamiento habitual en propiedad, y en la forma que se establezca reglamentariamente, estas prestaciones podrán concederse en forma de préstamo, estableciendo, en su caso, un periodo de carencia adaptado a la situación económica y social de quien recibe la prestación y a la de quienes, conviviendo en la misma vivienda o alojamiento, pudieran igualmente recibirla.

1. – Podrán obtener las ayudas de emergencia social, en las condiciones previstas en la presente ley, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

   1. Figurar en el Padrón de cualquier municipio integrado en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco como mínimo con seis meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

   2. Tener cumplidos 18 años.

      Quedan exceptuados quienes, no alcanzando dicha edad y reuniendo el resto de los requisitos, tengan económicamente a su cargo a personas dependientes, así como los huérfanos de padre y de madre.

   3. No disponer de recursos suficientes con los que afrontar los gastos específicos contemplados en el artículo 28.2 de esta ley que afecten a los miembros de su unidad económica de convivencia independiente. Se considerará que no se dispone de recursos suficiente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

      –Disponer, en el último año o en el periodo de tiempo al que se asocian o vayan a asociarse los gastos para los que se solicitan las prestaciones, de unos rendimientos, determinados conforme se establece en el Capítulo VI de esta ley, inferiores al 150% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que le hubiera podido corresponder según el número de miembros de la unidad económica de convivencia independiente.

      Sin perjuicio de lo anterior, y en los supuestos que se determinen reglamentariamente, podrán considerarse además los rendimientos de las demás personas que, conviviendo en la misma vivienda o alojamiento que el solicitante, pudieran beneficiarse de las prestaciones.

      –En el supuesto de personas que, siendo susceptibles de ser consideradas unidad económica de convivencia independiente en virtud de lo previsto en el artículo 3.2 de esta ley y reglamentos de desarrollo, convivan en la misma vivienda o alojamiento con otras personas con las que mantengan alguno de los vínculos previstos en su artículo 3.1.b), disponer en conjunto todas ellas, para el periodo de tiempo que corresponda, de rendimientos propios cuyo valor sea inferior a cinco veces la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos.

      –Disponer de un patrimonio, determinado conforme se establece en el Capítulo VI, cuyo valor sea inferior a cuatro veces la cuantía anual del ingreso mínimo de inserción que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos.

2. – En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de beneficiario y hubieran solicitado las prestaciones para hacer frente al mismo gasto, sólo podrán otorgarse las ayudas de emergencia social a una de ellas.

1. – Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas de emergencia social:

   1. Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubieran otorgado.

   2. Comunicar los hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento de los requisitos que pudieran dar lugar al acceso a las prestaciones.

   3. Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del beneficiario.

   4. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.

   5. En su caso, y en la forma que se establezca reglamentariamente, suscribir un documento de reconocimiento de deuda.

   6. Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerido.

   7. Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad de las ayudas de emergencia social y que se determinen reglamentariamente.

2. – En el supuesto de incumplimiento del beneficiario de la obligación de aplicar las prestaciones a la finalidad para la que se hubieran otorgado, el órgano competente podrá acordar el pago de las prestaciones a persona distinta del beneficiario. El pago de la prestación no implicará en ningún caso el cambio de la titularidad de la prestación.

1. – Con carácter general se establecerán reglamentariamente para cada uno de los gastos específicos previstos en el artículo 28.2 de esta ley unas cuantías máximas en concepto de ayudas de emergencia social. En ningún caso podrán sobrepasarse las mencionadas cuantías.

2. – Para la fijación de la cuantía aplicable a cada solicitante por cada uno de los gastos específicos previstos en el artículo 28.2 de esta ley se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

   1. La cuantía máxima aplicable a cada solicitante por cada uno de los gastos específicos previstos quedará determinada por:

      –Los recursos del solicitante y de los demás miembros de su unidad económica de convivencia independiente así como, en su caso, de las demás personas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de esta ley, pudieran beneficiarse de las prestaciones.

      –La cuantía de los gastos específicos realizados o por realizar.

      –Las cuantías máximas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

   2. La cuantía máxima aplicable podrá ser minorada en función de:

      –Las disponibilidades presupuestarias existentes.

      –La valoración que realicen los servicios sociales de base respecto a la efectiva necesidad del gasto, su importancia para contribuir a la inserción de las personas en situación de exclusión o su carácter prioritario.

1. – Las ayudas de emergencia social se concederán, en todo caso, previa comprobación de la existencia de una situación real de necesidad por parte de los servicios sociales de base y de la existencia de crédito consignado para esa finalidad en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco

2. – Las ayudas de emergencia social se harán efectivas en los términos previstos en la correspondiente resolución de concesión, correspondiendo el pago de las mismas al órgano que la hubiera dictado.

3. – De acuerdo con lo que determinen los servicios sociales de base, el pago de las prestaciones podrá realizarse de forma fraccionada o de una sola vez. En la correspondiente resolución de concesión el órgano competente concretará la forma específica de pago y establecerá un plazo para la presentación de las facturas o justificantes correspondientes a los gastos realizados. En el supuesto de que dichas facturas o justificantes no se presentaran en el mencionado plazo se iniciaría, en su caso, el correspondiente procedimiento de reintegro de las prestaciones.

A efectos de las prestaciones contempladas en esta ley, para la determinación de los recursos del solicitante y de los demás miembros de su unidad económica de convivencia independiente así como, en su caso, de los correspondientes a las demás personas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2, pudieran beneficiarse de las prestaciones, se computará el conjunto de recursos de los mismos.

1. – El cómputo de los rendimientos incluirá los procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena, del patrimonio, de pensiones o de cualquier otro título.

2. – Podrán quedar excluidos del cómputo de rendimientos determinados ingresos y prestaciones sociales de carácter finalista, así como determinados porcentajes de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena correspondiente al solicitante, a los demás miembros de su unidad económica de convivencia independiente o, en su caso, a las demás personas previstas en el artículo 3.2.

3. – Cuando la determinación de los rendimientos sea mensual, se referirá al mes de la solicitud. Cuando sea superior a un mes o anual, se referirá a los meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

1. – El patrimonio de la unidad económica de convivencia independiente incluirá el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión o usufructo.

2. – Queda exceptuada de la valoración del patrimonio de la unidad económica de convivencia independiente la vivienda o alojamiento que constituya su residencia habitual, salvo en el caso de una vivienda en propiedad de valor excepcional y de fácil realización.

   Las normas de desarrollo de esta ley concretarán los requisitos previstos en el párrafo anterior. En todo caso dichas normas, a efectos de determinar si el bien es de extraordinario valor, deberán tener en cuenta el valor catastral medio de las viviendas del municipio en que radique.

3. – Asimismo, queda exceptuado de la valoración el ajuar familiar, salvo que en el mismo existan bienes de valor excepcional y de fácil realización.

1. – Las Administraciones que hayan concedido cualquiera de las prestaciones previstas en esta norma deberán proceder al cobro de las indebidamente percibidas.

2. – Las cuantías que, en su caso, obtengan por la devolución de prestaciones indebidas deberán destinarse a la misma finalidad a la que fueron inicialmente aplicadas conforme al procedimiento que se establezca.

1. – La obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas prescribirá de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco.

2. – El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión.

3. – Cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento.

1. – En el caso de personas que hubieran sido titulares del ingreso mínimo de inserción en el año en curso, el importe anual de las ayudas económicas que podrán obtener en concepto de ingreso mínimo de inserción y de ayudas de emergencia social no podrá en ningún supuesto exceder del 175% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera haber correspondido con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del titular.

2. – Para los beneficiarios de las ayudas de emergencia social que no hubieran sido titulares del ingreso mínimo de inserción en el año en curso, el porcentaje señalado en el párrafo anterior será del 125%.

Para el desarrollo y aplicación de esta ley y de sus disposiciones de desarrollo serán competentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.

1. – Corresponde al Gobierno Vasco, a través de los Departamentos competentes en la materia, el ejercicio de las siguientes funciones:

   1. Elaboración y aprobación de las normas de desarrollo de la presente ley.

   2. Puesta en marcha de la Comisión Interdepartamental para la Inserción y de la Comisión Permanente para la Inserción e impulso al desarrollo de sus trabajos, así como promover la constitución de la Comisión Interinstitucional para la Inserción.

   3. Aprobación del Plan Vasco de Inserción y elevación del mismo al Parlamento Vasco como comunicación.

   4. Instrumentación con carácter general de los recursos y medios suficientes para la ejecución del Plan Vasco de Inserción, mediante los programas departamentales a incluir anualmente en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

   5. Planificación, coordinación y diseño de las estadísticas relativas a las prestaciones económicas y demás instrumentos de carácter social previstos en la ley, así como elaboración y mantenimiento de las mismas, de acuerdo con la normativa estadística.

   6. Las demás funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurídico.

2. – El Gobierno Vasco, a través del Departamento competente en materia de servicios sociales, elaborará trienalmente una memoria en base a los informes elaborados por la Comisión Permanente para la Inserción, previsto en el artículo 11.4 c), la Comisión Interinstitucional para la Inserción, previsto en el artículo 13 d), y por la Comisión Interdepartamental, previsto en el artículo 14.3 f), para su elevación al Parlamento Vasco en el último trimestre de aplicación del Plan Vasco de Inserción.

Corresponde a la Diputación Foral de cada territorio histórico:

1. Elaboración y desarrollo de los programas forales de inserción aprobados en ejecución del Plan Vasco de Inserción.

2. Reconocimiento, denegación y, en su caso, revisión, modificación, suspensión y extinción del ingreso mínimo de inserción.

3. Realización del pago mensual del ingreso mínimo de inserción.

4. Las demás funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurídico.

5. Ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los términos recogidos en el Capítulo X de la presente ley y demás normas que la desarrollen.

Corresponde a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco la realización de las siguientes funciones:

1. En su caso, elaboración y desarrollo de los programas municipales de inserción aprobados en ejecución del Plan Vasco de Inserción.

2. Detección de las personas en situación de exclusión y diagnóstico de sus necesidades.

3. Promoción, elaboración y desarrollo de intervenciones y actuaciones para la inserción por los servicios sociales de base.

4. Recepción de las solicitudes e instrucción de los expedientes relativos al ingreso mínimo de inserción, incluida la propuesta de resolución.

5. Negociación y elaboración de los convenios de inserción por los servicios sociales de base y suscripción de los mismos.

6. Reconocimiento y denegación de las ayudas de emergencia social.

7. Realización del pago de las ayudas de emergencia social.

8. Seguimiento continuado de los titulares y beneficiarios de las prestaciones económicas previstas en esta ley y de los correspondientes convenios de inserción. En su caso, suspensión temporal, revisión y modificación de los convenios de inserción conforme a lo previsto en el artículo 8 de la presente ley.

9. Las demás funciones que pudieran serles encomendadas por el ordenamiento jurídico.

10. Ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los términos recogidos en el Capítulo X de la presente ley y demás normas que la desarrollen.

1. – En razón de la competencia de acción directa en materia de asistencia social, se consignarán anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco los recursos económicos necesarios para la financiación de las cuantías de las prestaciones económicas reguladas en la presente ley.

2. – Las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos económicos necesarios para la ejecución de las competencias previstas en la presente ley.

Las Diputaciones Forales de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán delegar en los Ayuntamientos funciones que les fueran propias en relación al reconocimiento, denegación, revisión, modificación, suspensión, extinción y pago del ingreso mínimo de inserción.

1. – El reconocimiento de los instrumentos de carácter social y de las prestaciones económicas previstas en la presente ley se realizará previa solicitud del interesado dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia.

   Los servicios sociales de base facilitarán a las personas solicitantes cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación de los instrumentos de carácter social y prestaciones económicas previstas en la presente ley.

2. – La solicitud deberá ir acompañada de los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos que, en cada caso, se hubieran establecido en la presente ley y en las normas de desarrollo de la misma.

1. – La instrucción del expediente se realizará por el Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia el solicitante.

2. – En todo caso, el Ayuntamiento comprobará el contenido de las solicitudes presentadas, pudiendo a estos efectos pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o al propio solicitante, sin perjuicio de las demás actuaciones de control y revisión que al respecto pudieran desarrollar con posterioridad otras Administraciones públicas vascas competentes.

3. – Los datos e informes a los que alude el párrafo anterior deberán limitarse a aquellos que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos establecidos en la presente ley.

1. – El Ayuntamiento comprobará que los recursos y prestaciones sociales de contenido económico a los que pudieran tener derecho el solicitante o los miembros de su unidad económica de convivencia independiente se hubieran hecho valer íntegramente.

2. – En el caso de que el solicitante o los miembros de su unidad económica de convivencia independiente fueran acreedores de derechos de carácter económico que no se hubiesen hecho valer, inclusive el derecho de alimentos en aquellos casos en los que se constate el cese efectivo de la convivencia conyugal, el Ayuntamiento instará al solicitante para que, con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente, se hagan valer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. La misma obligación recaerá sobre los titulares del ingreso mínimo de inserción cuando tales derechos nazcan con posterioridad a la prestación.

3. – En caso de incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo anterior por parte del solicitante, el Ayuntamiento podrá proceder sin más trámite al archivo del expediente.

4. – En aquellas circunstancias extraordinarias que se establezcan reglamentariamente podrá eximirse al solicitante de la obligación prevista en el párrafo 2.

1. – En el caso de las prestaciones económicas, el órgano competente para resolver dictará la resolución de concesión o de denegación en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

   Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, en el caso del ingreso mínimo de inserción la prestación correspondiente se entenderá concedida. En el caso de las ayudas de emergencia social, las prestaciones correspondientes se entenderán denegadas.

2. – En el caso de los instrumentos de carácter social, el órgano competente para resolver, en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de aquellos instrumentos, dictará resolución denegatoria o suscribirá el correspondiente convenio de inserción.

   Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera suscrito el citado convenio de inserción, se entenderá denegada la solicitud de convenio.

3. – Los plazos citados en los números anteriores quedarán interrumpidos cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al solicitante.

Las Administraciones públicas vascas garantizarán la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes por parte de los organismos competentes.

Contra las resoluciones denegatorias podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que correspondan.

Sin perjuicio de la interposición de dichos recursos, los interesados podrán elevar queja razonada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de derechos sociales.

Son sujetos responsables los que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la presente ley.

Son infracciones leves:

1. Incumplimiento de la obligación de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del titular o beneficiario, cuando de dicho cambio no se derivara percepción o conservación indebida de alguna de las prestaciones previstas en la presente ley.

2. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones no se hubiera derivado la obtención o la conservación pretendida.

3. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones en cuantía inferior o igual al 50% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.

Son infracciones graves:

1. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones en cuantía superior al 50% e inferior o igual al 100% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.

2. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando, obtenido o no el resultado pretendido, en el momento de la comisión de esas actuaciones la unidad económica de convivencia independiente del presunto infractor dispusiera de unos recursos mensuales superiores al 200% e inferiores o iguales al 250% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter mensual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.

Son infracciones muy graves:

1. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de alguna de las prestaciones en cuantía superior al 100% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.

2. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mínimo de inserción o las ayudas de emergencia social cuando, obtenido o no el resultado pretendido, en el momento de la comisión de esas actuaciones la unidad económica de convivencia independiente del presunto infractor dispusiera de unos recursos mensuales superiores al 250% de la cuantía máxima del ingreso mínimo de inserción que pudiera corresponder con carácter mensual a una unidad económica de convivencia independiente de las características de la del presunto infractor.

Cuando las actuaciones fraudulentas a las que se refieren los artículos 53.b) y 54.b) de esta ley hubieran dado lugar además a una percepción indebida del ingreso mínimo de inserción o de las ayudas de emergencia social tipificada en los artículos 52 c), 53 a) y 54 a), concurriendo en consecuencia más de una infracción, se procederá a sancionar solamente la más grave de las infracciones cometidas.

1. – Las infracciones leves se sancionarán con el apercibimiento al sujeto infractor.

2. – Las infracciones graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 20.000 a 30.000 PTA; en su grado medio, de 30.001 a 40.000 PTA, y, en su grado máximo, de 40.001 a 50.000 PTA.

3. – Las infracciones muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 50.001 a 200.000 PTA; en su grado medio, de 200.001 a 350.000 PTA, y, en su grado máximo, de 350.001 a 500.000 PTA.

4. – Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

1. – Calificadas las infracciones, las sanciones económicas se graduarán en los niveles mínimo, medio y máximo teniendo en cuenta las circunstancias que pudieran, en su caso, atenuar o agravar las infracciones cometidas.

2. – Las sanciones se graduarán en atención a:

   1. La intencionalidad del infractor.

   2. La capacidad real de discernimiento del infractor.

   3. La cuantía económica percibida indebidamente.

   4. El incumplimiento de requerimientos previos por parte de las Administraciones públicas vascas.

   5. Las circunstancias familiares, en particular en lo relativo a su situación económica.

   6. La realización en el término de un año, a contar desde la comisión de la infracción calificada, de otra u otras infracciones de la misma o distinta naturaleza que hayan sido declaradas firmes por resolución administrativa.

   7. El arrepentimiento y la subsanación de los perjuicios que dieron lugar a la iniciación del procedimiento sancionador, siempre que se hubiera producido antes de la conclusión de dicho procedimiento.

Los Ayuntamientos suscribirán los convenios de inserción regulados en el Capítulo II de esta ley con los perceptores del ingreso mínimo de inserción existentes a la entrada en vigor de la misma de forma progresiva según las posibilidades que se deriven de los medios humanos y materiales de los servicios sociales de base, priorizando las situaciones que puedan generar mayores riesgos de exclusión.

El requisito previsto en los artículos 18.1 b) y 29.1 a) de esta ley no será exigible a los miembros de las colectividades vascas a que se refiere el artículo 11.1 de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de Relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en dicho artículo.

El artículo 16.1 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, queda redactado como sigue:

«El Consejo Vasco de Bienestar Social se constituye como un órgano de carácter consultivo, adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente por razón de la materia, en el que estarán representados el Gobierno, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, así como las organizaciones sindicales y empresariales, las de personas usuarias, las de voluntariado social y las de profesionales que trabajen en el campo de los servicios sociales».

De acuerdo con las funciones que le encomienda el artículo 13 de esta ley, la Comisión Interinstitucional para la Inserción evaluará cada cinco años el desarrollo, la aplicación y, en su caso, la oportunidad de revisión de la presente ley. El informe de la Comisión Interinstitucional para la Inserción será remitido al Parlamento Vasco.

La acreditación fehaciente a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3.1 b) de esta ley deberá realizarse, cuando exista un registro legalmente constituido para la inscripción de aquellas situaciones en el que los interesados puedan inscribirse, mediante certificación del mismo.

En lo no previsto en la presente ley serán de aplicación:

–En materia de procedimiento administrativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

–En materia de régimen sancionador, las normas sustantivas y de procedimiento previstas en la legislación general vigente sobre la materia.

–En materia de régimen subvencional por lo que afecta a las ayudas de emergencia social, la normativa general de subvenciones y ayudas.

Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Por consiguiente, ordeno a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Dada en Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 1998.

El Lehendakari,