Planificación Territorial y Agenda Urbana

1. Es objeto del presente Decreto la regulación de la Renta de Garantía de Ingresos establecida por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

2. Los requisitos para la concesión de esta prestación y los procedimientos para su aplicación se regirán por lo dispuesto en la mencionada Ley, en el presente Decreto y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo.

1. La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica, de naturaleza económica, dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, y destinada a las personas integradas en unidades de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos.

2. A efectos de lo anterior se entenderá que:

   1. Son gastos asociados a las necesidades básicas los gastos básicos para la supervivencia.

   2. Son gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral aquellos que resultan indispensables para la efectiva realización de este proceso, pudiendo, quedar incluidos en este concepto, entre otros, los gastos de transporte al lugar de trabajo y gastos de formación, en los términos en los que dichos gastos vengan determinados en el correspondiente Convenio de Inclusión.

1. La Renta de Garantía de Ingresos se configura como un derecho subjetivo para todas aquellas personas que cumplan los requisitos específicamente regulados para el acceso a esta prestación, en la modalidad que, en cada caso, resulte de aplicación.

2. Tiene carácter subsidiario y, en su caso complementario, de todo tipo de recursos y prestaciones de contenido económico previstas en la legislación vigente, que pudieran corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas miembros de su unidad de convivencia, no pudiendo, en consecuencia, ser complementada, en ninguna de sus modalidades, por otras prestaciones o ayudas de la misma índole, a excepción de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera. En caso de existir ayudas de similar naturaleza tendrán la consideración de ingresos, siendo, en consecuencia, objeto de cómputo a efectos de determinación de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos.

3. Tiene carácter finalista, debiendo aplicarse únicamente a la cobertura de necesidades básicas para la supervivencia y, en su caso, a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral.

4. Es intransferible y, por tanto, no puede:

   1. Ofrecerse en garantía de obligaciones.

   2. Ser objeto de cesión total o parcial.

   3. Ser objeto de compensación o descuento, salvo para el reintegro de las cuantías indebidamente percibidas en concepto de cualquiera de las prestaciones económicas reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, o de otras prestaciones económicas de carácter social, hasta un límite máximo del 30% de la cuantía total de las prestaciones que correspondan a la unidad de convivencia por los conceptos de Renta de Garantía de Ingresos, y en su caso, de la Prestación Complementaria de Vivienda.

   4. Ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación.

5. La Renta de Garantía de Ingresos se otorga en beneficio de todas las personas miembros de la unidad de convivencia, sin perjuicio de que la titularidad del derecho sólo pueda corresponder a una de ellas.

6. La Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, será compatible con la Prestación Complementaria de Vivienda e incompatible con las ayudas de emergencia social previstas para la cobertura de los gastos de alquiler, siendo de aplicación en todo caso los límites establecidos en el artículo 57 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

1. La Renta de Garantía de Ingresos presenta las siguientes modalidades, que serán incompatibles entre sí:

   1. La Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social, dirigida a las personas que no dispongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo, cuando su nivel mensual de recursos computables no alcance el importe de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que pudiera corresponder en función de la procedencia de los ingresos y del número de las personas miembros de la unidad de convivencia, resultando insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral.

   2. La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo dirigida a complementar el nivel de recursos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de recursos computables inferior al importe de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que pudiera corresponder en función del número de personas miembros de la unidad de convivencia, resultando insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o de mejora de la situación laboral.

2. Entre las dos modalidades de Renta de Garantía de Ingresos previstas en el párrafo anterior se otorga prioridad a la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, debiendo optarse por esta modalidad no sólo cuando sea la persona solicitante de la prestación quien disponga de rentas de trabajo, sino también cuando sea cualquier otro miembro de la unidad de convivencia quien se encuentre en dicha situación.

1. A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración de unidad de convivencia las siguientes personas o grupos de personas:

   1. Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento, quedando excluidas de dicha consideración las personas que, aun viviendo solas, estén unidas a otras por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, excepto en los siguientes casos:

      Cuando se encuentren iniciados los trámites judiciales de separación o divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de Hecho;

      Cuando se trate de personas víctimas de violencia doméstica, aun cuando no hubieran iniciado los trámites judiciales de separación o divorcio, siempre que dicha circunstancia quede justificada mediante informe social favorable del Servicio Social de Base correspondiente y siempre que inicien dichos trámites en un plazo de un año a partir de la fecha de separación de hecho;

      Cuando se trate de personas que tengan la condición de refugiadas o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condición y dicha solicitud se haya admitido a trámite, y su cónyuge o persona con la que mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio estatal;

      Cuando se trate de personas inmigrantes, y su cónyuge o persona con la que mantengan una forma de relación permanente análoga a la conyugal no resida en el territorio estatal, siempre que exista un informe social favorable del Servicio Social de Base correspondiente; en tales supuestos, la condición de unidad de convivencia podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses.

   2. Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela.

   3. Cada una de las personas titulares de un contrato de arrendamiento en cualquiera de sus modalidades que vive en una misma vivienda o alojamiento con otras con las que no está unida por ninguno de los vínculos previstos en el apartado b), debido a situaciones constatables de extrema necesidad.

      Se entenderá que existe una situación de extrema necesidad cuando la persona que solicita la prestación disponga de un nivel de ingresos computables inferior al 75% de la cuantía de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que correspondería a una persona sola en el supuesto de ausencia total de recursos, o bien cuando se encuentre en una situación que sea considerada como extrema según el Servicio Social de Base referente.

2. Aun cuando se integren en el domicilio de personas con las que mantengan alguno de los vínculos previstos en el apartado b) del párrafo 1 de este artículo, tendrán la consideración de unidad de convivencia las siguientes:

   1. Personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cónyuge o persona unida a ellas por relación permanente análoga a la conyugal y las personas que dependan económicamente de ellas. A efectos de lo anterior, se consideran económicamente dependientes de las primeras a aquellas personas que no tengan ingresos computables en importe superior a la cuantía de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social correspondiente a una persona sola en el supuesto de ausencia total de recursos, quedando exceptuadas de tal consideración las personas que obtienen ingresos por trabajo o procedentes de pensiones susceptibles de ser complementadas.

   2. Personas que habiendo sido víctimas de maltrato doméstico, hayan abandonado su domicilio habitual, junto con sus hijos e hijas si los tuvieren; en el caso de las personas solas, la condición de unidad de convivencia diferenciada de la unidad de convivencia acogedora podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses.

   3. Personas con menores de edad a su cargo o adultas que cuenten con una calificación de discapacidad igual o superior al 45%, o con una calificación de dependencia igual o superior al Nivel 1 del Grado II, según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

   4. Personas solas que se hayan visto forzadas a abandonar la vivienda en la que residían habitualmente a consecuencia de una separación, de un divorcio o de una disolución de la unión de hecho, o por alguna situación que sea considerada como extrema por parte del Servicio Social de Base referente.

      A efectos de lo anterior, se entenderá que podrán tener la consideración de situación extrema los supuestos de pérdida repentina de vivienda derivados de desahucio o de siniestro o los casos de imposibilidad manifiesta para hacer frente al pago de la vivienda, siempre que dichas situaciones no resulten imputables a la persona solicitante.

      En los supuestos c) y d) anteriores, la condición de unidad de convivencia diferenciada de la unidad de convivencia en cuyo domicilio reside podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses.

3. Asimismo, constituirán unidades de convivencia las personas que, por su situación de extrema necesidad, definida ésta en los términos señalados en el apartado c) del párrafo 1 de este artículo, hayan sido acogidas por alguna de las unidades de convivencia previstas en los apartados a) y b) del párrafo 1 del presente artículo, siempre que:

   La unidad acogedora disponga de recursos suficientes para hacer frente a sus propios gastos básicos; a tales efectos no podrán ser perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos;

   Las personas acogidas no mantengan con las demás personas miembros de la unidad acogedora ningún vínculo de los contemplados en el apartado b) del párrafo 1: matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, adopción, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela;

   No medie contraprestación económica entre la unidad acogedora y las personas acogidas;

   Exista un informe del Servicio Social de Base referente que confirme la situación de extrema necesidad.

   En estos casos, la condición de unidad de convivencia diferenciada de la unidad de convivencia acogedora podrá mantenerse por un periodo máximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses, cuando se mantengan las condiciones que dieron lugar a la situación de acogimiento, previo informe favorable de los Servicios Sociales de Base.

4. El Gobierno Vasco, podrá definir, a iniciativa propia o a propuesta de otras Administraciones Públicas, nuevos supuestos de unidad de convivencia atendiendo a la evolución social y, en particular, a la evolución de los modelos de estructura familiar.

5. En los casos previstos en los párrafos 2, 3 y, en su caso, en el párrafo 4, las demás personas residentes en la vivienda o alojamiento, aun las relacionadas con las personas referenciadas por alguno de los vínculos previstos en el apartado b) del párrafo 1, serán consideradas como pertenecientes a otra unidad de convivencia.

   No obstante lo anterior, la unidad de convivencia con la que convivan las unidades previstas en el apartado a) del párrafo 2, para ser considerada como unidad de convivencia diferenciada y para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, deberá acreditar unos ingresos computables, procedentes de rentas de trabajo, superiores al 75% de la Renta de Garantía de Ingresos; en caso de no justificar dicho nivel de ingresos, se considerará que dependen de la unidad de pensionistas con quien conviven. En tales supuestos, la Renta de Garantía de Ingresos se revisará semestralmente a efectos de verificar por parte de los Servicios Sociales de Base la procedencia o no de continuar con la prestación.

6. A los efectos del presente Decreto, la convivencia efectiva o la no convivencia referidas en este artículo deberán ser objeto de investigación por parte de la Administración competente cuando existan indicios que permitan dudar de la veracidad de la situación declarada.

7. A los efectos de la presente norma, se asimilarán a la relación de tipo filial las distintas situaciones de guarda y custodia o tutela.

1. A los efectos del presente Decreto, se entenderá por vivienda o alojamiento todo marco físico utilizado de forma habitual como residencia por una o más personas que pretenden convivir de forma independiente, no sometidas a una autoridad o régimen común. Se entienden comprendidas como modalidades de vivienda o alojamiento:

   1. Viviendas o alojamientos particulares ocupados por una única unidad de convivencia.

   2. Viviendas o alojamientos particulares en régimen de alquiler en los que se hayan subarrendado una o varias partes de conformidad con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

   3. Viviendas particulares en las que se procure alojamiento en una o varias de sus partes, en virtud de un contrato de hospedaje, de alquiler de habitaciones, o de un derecho de habitación.

   4. Viviendas o alojamientos particulares en los que varias unidades de convivencia compartan colectivamente un mismo alquiler, apareciendo todas ellas como coarrendatarias.

      En todos los supuestos previstos en este párrafo 1 se entiende que existe una única vivienda o alojamiento, independientemente del número de unidades de convivencia que compartan ese marco físico y de la existencia o no de parentesco entre las mismas.

2. Asimismo, podrán ser consideradas vivienda o alojamiento aquellas partes de los siguientes marcos físicos de residencia colectiva, cuando sean utilizadas de forma independiente por las unidades de convivencia señaladas en el artículo anterior:

   1. Establecimientos de alojamiento turístico, hotelero o extrahotelero, según quedan definidos en el artículo 12 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificada por Ley 16/2008, de 23 de diciembre.

   2. Centros de acogida temporal, de carácter público o dependientes de entidades privadas sin ánimo de lucro, debidamente autorizados y homologados, cuando sean concertados, convenidos o contratados por la Administración para la prestación de ese servicio de acogida o cuando sean promovidos por entidades sociales sin ánimo de lucro que asocian ese recurso de acogida a otros programas de inclusión social o sociolaboral concertados, convenidos o contratados por la Administración.

      A los efectos del presente Decreto, tendrán la consideración de centro de acogida temporal los pisos de acogida, los centros residenciales para personas en situación de exclusión, así como los centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios de acogida para mujeres, contemplados respectivamente en los apartados 1.9.1, 2.4.5 y 2.4.6 del artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, cuando la estancia en los mismos esté sujeta a la evolución del plan individual de inclusión que corresponda.

1. La concesión de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social estará vinculada al establecimiento, con la persona titular, de un Convenio de Inclusión en los términos que se definen en los artículos 65 y siguientes de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y entendido como un instrumento para la inclusión social y laboral de los perceptores.

   Los contenidos concretos del Convenio de Inclusión, orientados a facilitar tanto su propia inclusión social y/o laboral como la del resto de las personas miembros de la unidad de convivencia, se definirán, en dicho marco, de mutuo acuerdo entre la persona titular y el Servicio Social de Base correspondiente, y contendrán todas o algunas de las acciones previstas en el artículo 65.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

   Quedarán exceptuadas de la obligación de firmar un Convenio de Inclusión aquellas unidades de convivencia en las que la persona titular sea pensionista, salvo cuando dicha persona o alguna de las demás personas miembros de la unidad de convivencia se encuentre en edad laboral y no esté en situación de incapacidad permanente absoluta.

   No obstante lo anterior, la persona titular y las demás personas miembros de la unidad de convivencia referidos anteriormente podrán disponer de apoyos específicamente orientados a su inclusión social, cuando fuera necesario a juicio de los Servicios Sociales de Base.

2. La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo quedará vinculada al establecimiento, de un Convenio de Inclusión, en los términos que se definen en los artículos 65 y siguientes de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, específicamente orientado a la mejora de la situación laboral de la persona titular y, en su caso, de otras personas miembros de su unidad de convivencia, cuyos contenidos vendrán determinados por el Servicio Social de Base correspondiente en coordinación con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Asimismo, si lo estimaran necesario los Servicios Sociales de Base, con la participación de la persona usuaria y de otras personas miembros de la unidad de convivencia, incorporarán en el convenio contenidos específicamente orientados a la inclusión social.

3. Se establecerá la adecuada coordinación entre los Servicios Sociales de Base y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con vistas a la elaboración y la formalización de los convenios de inclusión en los términos previstos en el artículo 35 del presente Decreto, así como en la normativa específica reguladora de los convenios de inclusión, al objeto de que colaboren en su diseño y seguimiento y coordinen sus actuaciones con el fin de garantizar la continuidad de la atención y la coherencia de los itinerarios de inclusión.

1. Será titular de la Renta de Garantía de Ingresos en cualquiera de sus modalidades la persona a nombre de quien se tramita y concede la prestación y en quien recae el derecho a la prestación y, en su caso, al Convenio de Inclusión.

2. Tendrán la consideración de personas destinatarias de la Renta de Garantía de Ingresos las personas que formen parte de la misma unidad de convivencia que la titular.

3. Con carácter general, será perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos la persona titular de la misma.

   No obstante lo anterior, la Diputación Foral competente podrá acordar el pago de la prestación a persona distinta de la persona titular en los términos previstos en el artículo 37.

Podrán ser titulares del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, en las condiciones previstas en el presente Decreto para cada una de sus modalidades, aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

1. Constituir una unidad de convivencia como mínimo con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, quedando exceptuado el cumplimiento de dicho plazo en los siguientes supuestos:

   1. Quienes tuviesen económicamente a su cargo a personas menores de edad.

   2. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal.

   3. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por separación, divorcio o nulidad matrimonial, por disolución de la unión de hecho o por fallecimiento de una de las personas miembros de la pareja, siempre que la nueva unidad esté exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad de convivencia anterior.

   4. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por fallecimiento o por ingreso definitivo en un servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario o en un centro penitenciario de los padres, tutores o representantes legales.

   5. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por haberse visto obligadas a abandonar su domicilio habitual por haber sido víctimas de maltrato doméstico, siempre que la nueva unidad esté exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad de convivencia anterior.

   6. Quienes constituyan una nueva unidad de convivencia formada por personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cónyuge o persona unida a ellas por relación permanente análoga a la conyugal y las personas que dependan económicamente de ellas, tal como se indica en el artículo 5.2.a).

   7. Quienes constituyan una unidad de convivencia formada por las restantes personas miembros de la unidad señalada en el apartado anterior, que como consecuencia de la aplicación de la presente norma, forman ahora también una unidad independiente.

2. Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en el municipio en el que se solicita la prestación, a la fecha de presentación de la solicitud y durante el periodo de percepción de la prestación, y haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco al menos con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Si no se cumple ese período mínimo previo, deberán haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores.

   Este requisito no será exigible a las personas miembros de las colectividades vascas a que se refiere el artículo 11.1 de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de Relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el Exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en dicho artículo.

3. No disponer de recursos suficientes, considerándose que no se dispone de tales recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

   1. Disponer de unos ingresos o rendimientos mensuales computables inferiores a la cuantía mensual de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social que pudiera corresponder en función del número de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.

   2. No disponer de ningún bien inmueble, a excepción de:

      la vivienda habitual, salvo cuando esta última tenga valor excepcional, en los términos previstos en el artículo 24.2;

      los inmuebles o partes de inmuebles que constituyan el lugar en el que o desde el que se realizan la o las actividades por cuenta propia que constituyan la fuente de ingresos de la unidad de convivencia, en los términos previstos en el artículo 24.3.

   3. Disponer de dinero, títulos, valores, vehículos y en general cualquier otro bien mueble de los referidos en la Sección 4.ª del Capítulo III de este Decreto, por una cuantía máxima equivalente a cuatro veces la cuantía anual de la modalidad de la Renta de Garantía de Ingresos que les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.

   4. No encontrarse en ninguno de los supuestos de recursos suficientes establecidos en el artículo 22 del presente Decreto.

      La determinación de los ingresos o rendimientos y del patrimonio obedecerá a lo establecido en las Secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del Capítulo III del presente Decreto.

4. Ser mayor de 23 años. Quedarán exentas de cumplir este requisito las personas mayores de 18 años que, reuniendo el resto de los requisitos, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

   1. Ser perceptoras de pensiones de invalidez.

   2. Ser huérfanas de padre y de madre.

   3. Tener económicamente a su cargo a personas menores de edad o adultas que cuenten con una calificación de discapacidad igual o superior al 45%, o con una calificación de dependencia igual o superior al Nivel 1 del Grado II, según lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

   4. Haber sido víctimas de maltrato doméstico.

   5. Estar unidas a otra persona por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal con al menos seis meses de antelación a la solicitud.

5. No ser usuarias, ni en el momento de la solicitud ni durante la instrucción del expediente, de una plaza de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada total o parcialmente con fondos públicos.

   En el caso de que dicha circunstancia se produjera con posterioridad a la concesión de la prestación, se estará a lo determinado en el Capítulo V.

6. No encontrarse en prisión ni en el momento de la solicitud ni durante la instrucción del expediente.

   En el caso de que dicha circunstancia se produjera con posterioridad a la concesión de la prestación, se estará a lo determinado en el Capítulo V.

7. En el caso de disponer de ingresos de trabajo, no disfrutar de una reducción de jornada laboral o situación análoga, salvo cuando dicha circunstancia no sea voluntaria y así se acredite o cuando sea considerada necesaria previo informe del Servicio Social de Base referente.

8. Hacer valer con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia.

9. Tener firmado un Convenio de Inclusión o un preacuerdo en los términos contemplados en el artículo 35 de este Decreto, salvo en los casos en los que el mismo no constituya una obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.1.

1. En el supuesto de que en una misma unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular, sólo podrá otorgarse la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, a una de ellas. En tal caso, la prestación se otorgará a quien propongan los Servicios Sociales de Base en función del diagnóstico social pertinente.

2. En el caso de que una misma vivienda o alojamiento, en los términos en que se define en el artículo 6.1 fuera compartido por dos o más unidades de convivencia, el número máximo de prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos concesibles en dicha vivienda o alojamiento será de dos, siempre que se cumplan los requisitos de acceso a la prestación. En tal caso, la prestación se concederá a quienes la hubieran solicitado en primer lugar.

   En estos supuestos, el Servicio Social de Base correspondiente orientará a las personas que no puedan acceder a la prestación hacia las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito de la vivienda, al objeto de que puedan acceder a otro alojamiento y, en su caso, a la Renta de Garantía de Ingresos.

3. En el caso de los alojamientos colectivos definidos en el artículo 6.2, podrán acceder a la Renta de Garantía de Ingresos todas las unidades de convivencia que se alojen en ellos, siempre que cumplan los requisitos de acceso a la prestación.

El paso de una modalidad a otra de la Renta de Garantía de Ingresos, derivado de una modificación en la situación de la unidad de convivencia, se articulará de forma automática, sin ser necesario proceder a ningún trámite específico de extinción de la primera para acceder a la segunda. A tales efectos, se procederá de oficio al cambio en la denominación de la modalidad de la prestación a la que se accede y, en su caso, a la correspondiente modificación de la cuantía.

1. Las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, cualquiera que sea la modalidad de prestación a la que accedan, adquirirán, al ejercer su derecho a dicha prestación económica, las siguientes obligaciones:

   1. Aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de necesidades básicas de todas las personas miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral.

   2. Hacer valer, durante todo el periodo de duración de la prestación, todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia.

   3. Administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión.

   4. Escolarizar y poner los medios para garantizar la asistencia efectiva de las personas menores de edad que se encuentren a su cargo.

   5. No practicar la mendicidad ni permitir o forzar su práctica a otras personas miembros de la unidad de convivencia.

   6. Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir el momento en el que se produzcan, los siguientes hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación:

      1. Hechos que afecten a la composición de la unidad de convivencia, y en todo caso:

      Fallecimiento de algún miembro de la unidad de convivencia;

      Ingreso de la persona titular o de cualquier otro miembro de la unidad de convivencia en centros residenciales públicos o privados, en centros sanitarios públicos o privados, en centros penitenciarios, en centros de desintoxicación, en centros de acogida, por un periodo de tiempo igual o superior a un mes;

      Abandono de la unidad de convivencia con salida de la persona titular del domicilio de residencia habitual;

      Adopción, acogimiento familiar permanente o preadoptivo, o tutela;

      Incorporación a la unidad de convivencia de una persona que tenga un grado de consanguinidad o afinidad con respecto a la persona titular de hasta el cuarto y el segundo grado, respectivamente;

      Cualquier otra modificación que afecte a la composición de la unidad de convivencia.

      2. Hechos que afecten a los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la cuantía de la prestación, incluyendo:

      Cambios en el tipo o en la cuantía de los ingresos mensuales, incrementos o disminuciones patrimoniales;

      Incremento de recursos debido a la obtención de ingresos como consecuencia de haber hecho valer derechos económicos en los términos previstos en el apartado b).

      3. Cualquier otro hecho o situación que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación.

   7. Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir el momento en el que se produzca, cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el Convenio de Inclusión.

   8. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o percibidas en cuantía indebida, en los términos previstos en el Capítulo VI del presente Decreto.

   9. Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida para ello, sin perjuicio, en su caso, de las especificidades que se hayan previsto en el Convenio de Inclusión.

   10. Cumplir con cualquier otra obligación derivada de su condición de titular de la Renta de Garantía de Ingresos, en la modalidad que corresponda, así como cualesquiera otras que resulten de aplicación en virtud de la normativa vigente.

2. Las personas titulares de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social adquirirán además de las obligaciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo, las siguientes obligaciones:

   1. Negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusión con la Administración, en los términos previstos en el Capítulo I del Título III de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, quedando exentas de esta obligación las unidades de convivencia en las que la persona titular sea pensionista, salvo cuando ella misma o alguna de las demás personas miembros de la unidad de convivencia se encuentre en edad laboral y no se encuentre en situación de incapacidad permanente absoluta.

      Quedarán igualmente exentas de dicha obligación las unidades de convivencia compuestas sólo por personas no insertables laboralmente, circunstancia esta que será determinada por el Servicio Social de Base correspondiente y/o por los Servicios de Empleo.

   2. Mantenerse, tanto la persona titular como las personas miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, disponibles para el empleo, salvo cuando se trate de:

      Personas titulares de pensiones de invalidez absoluta;

      Personas menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados;

      Personas en situación de alta exclusión que, a juicio de los Servicios Sociales de Base y/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral.

      Esta disponibilidad incorporará también el compromiso de permanecer inscritas ininterrumpidamente como demandantes de empleo, en el marco de un proceso de acompañamiento adecuado a su diagnóstico sociolaboral que, en su caso, pudiera conllevar la intermediación laboral, de no rechazar un empleo adecuado, de no darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo y de no acogerse a una situación de excedencia laboral ni reducción de jornada sin causa extrema justificada así reconocida por el Servicio Social de Base en coordinación con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, responsables del seguimiento de su Convenio de Inclusión, en los términos previstos en el artículo 9.7 del presente Decreto. La exigencia de inscripción ininterrumpida como demandantes de empleo no será aplicable a las personas extranjeras sin permiso de residencia.

      A efectos de lo anterior, se entenderá por empleo adecuado aquel que se corresponda con la profesión habitual de la persona o cualquier otro que, ajustándose a sus aptitudes físicas y formativas, implique un salario equivalente al establecido en el sector en el que se le ofrezca el puesto de trabajo y no suponga cambio de residencia habitual, salvo que tenga posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar del nuevo empleo.

3. Las personas titulares de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo adquirirán, además de las obligaciones previstas en el párrafo 1, la obligación de negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusión orientado a la mejora del empleo, no pudiendo, en consecuencia, darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo ni acogerse a una situación de excedencia laboral sin causa extrema justificada en los términos previstos en el artículo 9.7 del presente Decreto, ni reducir voluntariamente su jornada de trabajo, excepto en los supuestos previstos.

1. El reconocimiento de la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se realizará previa solicitud por parte de la persona interesada dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva, y presentada ante el Servicio Social Municipal correspondiente, quien facilitará a las personas solicitantes cuanta información y orientación sean necesarias para la tramitación.

2. La solicitud deberá presentarse según el modelo normalizado que se establece al efecto en anexo al presente Decreto y que se encontrará a disposición de las personas interesadas en todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, e irá acompañada, en su caso, de la solicitud de Prestación Complementaria de Vivienda.

1. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 9 del presente Decreto:

   1. Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante y de las demás personas miembros de la unidad de convivencia de edad igual o superior a 14 años.

   2. Fotocopia del libro de familia correspondiente o, en su caso, de los documentos que acrediten la guarda y custodia o la tutela.

   3. En el supuesto previsto en el artículo 5.2.b) del presente Decreto, la existencia de malos tratos deberá acreditarse mediante fotocopia de la resolución judicial pertinente o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de violencia de género en tanto que se dicta la Orden de protección.

   4. En el caso de existencia de relaciones permanentes análogas a la conyugal, la misma será acreditada en cualquiera de las formas siguientes:

      Mediante certificación del Registro de Parejas de Hecho en el que conste dicha unión, ya se trate de un registro municipal, ya del Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya de un registro de naturaleza equivalente situado en otra Comunidad Autónoma o en otro país.

      En los casos de mera convivencia de hecho sin inscripción registral alguna, la citada convivencia será acreditada mediante declaración jurada de las personas miembros de la pareja, o mediante copia compulsada de resolución judicial que acredite la convivencia de hecho.

   5. En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, fotocopia de la correspondiente resolución y en el caso de ruptura de la unión de hecho, certificado del registro correspondiente acreditando la cancelación de la inscripción de dicha unión o, en su caso, declaración jurada de las personas miembros de la pareja manifestando el cese de la convivencia de hecho.

   6. En el caso de personas miembros de las colectividades vascas a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9.2 de este Decreto, certificados consulares del periodo de residencia fuera del territorio español así como certificado de última vecindad administrativa en cualquier municipio de los integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco o, en defecto de este último, cualesquiera otros documentos que pudieran acreditar dicha vecindad.

   7. En los supuestos previstos en el artículo 6.2 de este Decreto, documento actualizado que acredite cada circunstancia específica, tales como:

      Factura de alojamiento turístico.

      Certificado de residencia en centro de acogida.

      Contrato de subarriendo, de coarriendo, de hospedaje o de alquiler de habitaciones en vigor, acompañado de los correspondientes recibos.

      Contrato de arrendamiento en vigor, acompañado de los correspondientes recibos.

   8. Declaración jurada de ingresos o rendimientos referida al mes de presentación de la solicitud, así como del patrimonio de todas las personas miembros de la unidad de convivencia. A esta declaración jurada se adjuntarán los siguientes documentos:

      Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y títulos bancarios.

      En el caso de disponer de bienes inmuebles, certificado de bienes inmuebles expedido por el Registro de la Propiedad o último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana o rústica.

      En el caso de personas trabajadoras por cuenta ajena, fotocopia de la última nómina mensual y, en su caso, del contrato de trabajo.

      En el caso de personas pensionistas, fotocopia del recibo de la última pensión o certificado del INSS de pensión actualizada.

      En el caso de personas desempleadas con prestación o subsidio de desempleo, fotocopia del recibo del último pago de prestación o subsidio o certificado del INEM de prestación o subsidios actualizados.

      En el caso de otras prestaciones periódicas, fotocopia del recibo del último pago, convenio regulador o resolución correspondiente.

      En el caso de personas empresarias o profesionales, copia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

   9. Cuando la persona solicitante tenga condición de refugiada deberá presentar: el documento de identidad, cuando tenga ya reconocida dicha condición, y, cuando la misma se encuentre en trámite, la solicitud en dicho sentido y, en su caso, el documento acreditativo de la admisión a trámite de dicha solicitud.

   10. Cuando la persona solicitante tenga la condición de apátrida, deberá presentar la tarjeta acreditativa del reconocimiento de dicha condición.

   11. Cuando la persona solicitante tenga derecho a la protección subsidiaria contemplada en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, deberá acompañar la documentación acreditativa de dicha circunstancia.

   12. En su caso, aquellos documentos que la persona solicitante considere oportuno incorporar al expediente.

   13. En su caso, otros documentos que la Administración considere oportuno solicitar a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos.

   14. En el caso de las personas menores de 23 años y mayores de 18 que se encuentren en situación de orfandad absoluta presentarán los documentos necesarios que acrediten esta situación.

2. En el caso de que el Servicio Social de Base haya valorado conjuntamente con la persona solicitante y, en su caso, con las demás personas miembros de su unidad convivencial, alguno de los objetivos a cumplir en el marco de un itinerario personalizado de inclusión, se adjuntará a la solicitud bien un Convenio de Inclusión, bien un documento de preacuerdo con vistas a la formalización posterior del Convenio de Inclusión. A efectos de lo anterior, se adoptarán los siguientes criterios:

   1. En los casos en que en el momento de la solicitud el Servicio Social de Base considerara que la persona titular y las demás personas miembros de su unidad de convivencia precisen únicamente de un proceso de inclusión social, dicho Servicio Social de Base podrá, en función del tiempo necesario para el diagnóstico de necesidades, bien acordar con ellos dicho itinerario mediante la firma del correspondiente Convenio de Inclusión, bien establecer un documento de preacuerdo que se formalizará una vez comunicada la resolución de concesión por parte de la Diputación Foral competente.

   2. En los casos en que en el momento de la solicitud el Servicio Social de Base considerara que la persona titular o de las personas miembros de su unidad de convivencia precisen de actuaciones orientadas al acceso al empleo o a la mejora de su situación laboral, así lo establecerá en un documento de preacuerdo, que se adjuntará a la solicitud.

3. El Ayuntamiento informará a las personas solicitantes del plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que producirá el silencio administrativo. Esta información deberá contenerse en una comunicación que dirigirá al efecto en el momento de presentación de la solicitud o dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro. La comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida, la cual tendrá valor a efectos de devengo de la prestación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del presente Decreto.

   Asimismo, el Ayuntamiento informará a la persona solicitante de que desde el momento de presentación de la solicitud está obligada a comunicar cualquier cambio en la unidad de convivencia, así como de las obligaciones que se adquieren con el acceso a la titularidad de la prestación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

4. En cualquier caso, al objeto de hacer efectivos los principios de agilidad y economía administrativa, y en cumplimiento del deber de cooperación y coordinación entre las administraciones públicas, estas adoptarán, en la marco de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, las medidas oportunas para garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de las citadas administraciones.

   En particular, dichas administraciones utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

1. La instrucción del expediente de Renta de Garantía de Ingresos será simultánea con la de la Prestación Complementaria de Vivienda si ambas se solicitaran simultáneamente, y se realizará por el Ayuntamiento del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva la persona solicitante.

2. El Ayuntamiento, una vez comprobado el empadronamiento y la residencia efectiva de la persona solicitante, y una vez incorporado al expediente el correspondiente certificado de empadronamiento que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio, verificará el contenido de la solicitud referida a la Renta de Garantía de Ingresos y, en su caso, a la Prestación Complementaria de Vivienda, el contenido de la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones objeto de solicitud.

   A tales efectos, podrá pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o a la propia persona solicitante, limitándose a aquellos que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento por parte de la persona solicitante de los requisitos cuyo cumplimiento se exige para acceder a la prestación. Asimismo, el Ayuntamiento deberá adjuntar a la solicitud aquellos documentos que se encuentren en su poder cuando pudieran ser relevantes para la resolución.

3. En el caso de que se detecten errores o contradicciones en la solicitud, o en el supuesto de que la misma esté incompleta o no cumpla con los requisitos de los artículos 28 y 29 del presente Decreto, el Ayuntamiento requerirá a la propia persona solicitante o a otras instituciones o entidades públicas y privadas cualquier otro dato, documento o informe que considere necesario para completar o subsanar el expediente.

   En todo caso, la persona solicitante dispondrá de un plazo de diez días para subsanar o completar la solicitud en el sentido requerido por el Ayuntamiento y, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución municipal en la que se declare la circunstancia que concurre, los hechos producidos y las normas aplicables.

4. En caso de que se pudieran tener en cuenta otros hechos o pruebas que los presentados por la persona solicitante en la solicitud, el Ayuntamiento habilitará el correspondiente trámite de audiencia para que aquélla pueda presentar las correspondientes alegaciones.

1. El Ayuntamiento comprobará que la persona solicitante y las personas miembros de su unidad de convivencia han hecho valer íntegramente los derechos y prestaciones sociales de contenido económico a los que pudieran tener derecho.

   A tales efectos, se considerará que se han hecho valer íntegramente los derechos en las siguientes circunstancias:

   1. En cuanto a los derechos y prestaciones de cualquier orden jurisdiccional, una vez que se haya emitido la correspondiente sentencia u otra resolución judicial o, en su defecto, una vez que se haya iniciado en forma el procedimiento de reclamación del derecho o prestación de que se trate y no se haya desistido del mismo.

      En el caso de derechos o prestaciones ya reconocidos por resolución judicial y no percibidos, se entenderá que los mismos se han hecho valer cuando se justifique haber iniciado el incidente de ejecución de la resolución judicial correspondiente por incumplimiento de la persona obligada a prestar aquellos.

   2. En los demás casos, una vez que se hubiese iniciado en forma el procedimiento de reclamación del derecho o prestación de que se trate, siempre que no se produzca desistimiento o renuncia, salvo que mediante informe motivado emitido por el Servicio Social de Base referente se acredite la concurrencia de circunstancias extraordinarias que justifiquen la falta de inicio del procedimiento de reclamación, o en su caso, el desistimiento o la renuncia.

2. En el caso de que la persona solicitante o las personas miembros de su unidad de convivencia fueran acreedoras de derechos de carácter económico que no se hubiesen hecho valer, inclusive el derecho de alimentos en aquellos casos en los que se constate el cese efectivo de la convivencia conyugal o análoga a la conyugal, el Ayuntamiento instará a la persona solicitante para que, con carácter previo a la finalización de la instrucción del expediente, se hagan valer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

   La misma obligación recaerá sobre las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos cuando tales derechos nazcan con posterioridad a la concesión de la prestación.

3. En caso de incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo anterior por parte de la persona solicitante, el Ayuntamiento procederá sin más trámite al archivo del expediente.

1. Una vez completado el expediente, en un plazo máximo de cuarenta días naturales desde la fecha de presentación de la solicitud, el Ayuntamiento presentará aquel, junto con un informe-propuesta de resolución, bien en el registro de la Diputación Foral del Territorio Histórico en el que se encuentre ubicado el municipio de empadronamiento y residencia efectiva de la persona solicitante, bien mediante su remisión a dicha Diputación a través de la aplicación informática utilizada para la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos.

2. La Diputación Foral dictará la correspondiente resolución de concesión o denegación y procederá a su notificación en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

3. Transcurrido el plazo anterior sin que hubiera recaído resolución expresa, la prestación se entenderá concedida, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa que en todo caso deberá ser confirmatoria de dicha decisión.

4. Los plazos mencionados en los párrafos 1 y 2 quedarán interrumpidos cuando el procedimiento se paralice por causa imputable a la persona solicitante.

La resolución denegatoria, que en todo caso deberá ser motivada, será notificada por la Diputación Foral competente a la persona solicitante en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y dentro del plazo previsto en el párrafo 2 del artículo anterior. Dicha notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

1. En la resolución de concesión de la Renta de Garantía de Ingresos, la Diputación Foral competente establecerá la cuantía de la prestación, la relación de derechos y obligaciones que corresponden a la persona en su calidad de titular de la prestación, así como las consecuencias que pudieran derivarse del

2. La Diputación Foral deberá proceder a la notificación de la resolución de concesión a la persona beneficiaria en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, dentro del plazo previsto en el artículo 32.2 de este Decreto. Dicha notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

1. La Diputación Foral competente deberá comunicar tanto las resoluciones estimatorias como las denegatorias al Servicio Social de Base referente, en el plazo de diez días a partir de la fecha en que haya sido dictada.

2. Tras la recepción de dicha comunicación, el Servicio Social de Base, cuando se trate de casos en los que únicamente se estima necesaria la intervención desde los Servicios Sociales en los términos previstos en el artículo 29.2.a), procederá, si no lo hubiera hecho con anterioridad, a la formalización del Convenio de Inclusión.

   El Servicio Social de Base deberá ponerse en contacto con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuando estime necesaria la intervención desde dicho servicio, y en todo caso en los siguientes supuestos:

   Siempre que la modalidad de prestación concedida sea la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo;

   siempre que, tratándose de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social, la persona titular o alguna de las personas miembros de su unidad de convivencia se encuentren en edad de trabajar, salvo que tengan incapacidad permanente absoluta o se encuentren cursando estudios académicos reglados;

   Siempre que en el preacuerdo o en el Convenio de Inclusión social el Servicio Social de Base hubiera indicado que estima necesaria la intervención desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

   El Servicio Social de Base y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aplicarán los mecanismos y los protocolos de coordinación pertinentes para la firma del Convenio de Inclusión. Sin perjuicio de la participación de ambos servicios, dicho Convenio será en todo caso formalizado por el Servicio Social de Base correspondiente, incluso en aquellos supuestos en los que únicamente contemple actuaciones orientadas a la inclusión laboral.

3. Comunicada la resolución de concesión, el Servicio Social de Base, en su caso en coordinación con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, dispondrá de un plazo de dos meses para proceder, cuando corresponda, a la elaboración y suscripción del Convenio de Inclusión con la persona titular, salvo cuando dicho convenio se hubiera firmado con anterioridad y se hubiera adjuntado a la solicitud de prestación de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2.

La Renta de Garantía de Ingresos se devengará, en cualquiera de sus modalidades, a partir del día siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

1. El pago de la prestación a la persona titular de la Renta de Garantía de Ingresos se efectuará por mensualidades naturales vencidas con efectos económicos a partir de la fecha del devengo de la prestación establecida en el artículo anterior.

2. No obstante lo anterior, la Diputación Foral competente podrá acordar, a propuesta del Servicio Social de Base, el pago de la prestación a persona distinta de la titular en los siguientes supuestos:

   1. Declaración legal de incapacidad de la persona titular.

   2. Ingreso de la persona titular en centros residenciales públicos o privados o en centros de carácter penitenciario por un periodo de tiempo igual o superior a un mes, minorándose en tales supuestos la unidad convivencial en un miembro.

   3. Incumplimiento por la persona titular de la obligación de aplicar la prestación a la finalidad para la que se otorgó, es decir, a la cobertura de necesidades básicas de supervivencia y de gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral.

   4. Propuesta del servicio social municipal de base que informe de la imposibilidad o dificultad de la persona titular para aplicar la prestación a la finalidad para la que se otorgó, por motivos socio-personales.

3. En los casos previstos en el párrafo 2, el pago de la prestación deberá efectuarse a la persona que se estime más idónea, a juicio del Servicio Social de Base referente, de entre las que tengan capacidad de obrar en la unidad de convivencia o, en casos de menor edad o incapacidad jurídica, a la persona a la que legalmente corresponda la tutela o representación.

4. Excepcionalmente, podrán tener la consideración de perceptoras personas ajenas a la titular y a las personas miembros de su unidad de convivencia, preferentemente entidades de Servicios Sociales sin ánimo de lucro, debidamente registradas de conformidad con lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, quienes ostentarán, en tal caso, los mismos derechos y obligaciones que las personas titulares de estas prestaciones. Tendrán la consideración de excepcionales a efectos de lo anterior los siguientes supuestos:

   1. Situaciones en las que la persona titular de la prestación sea la única persona de la unidad de convivencia con capacidad de obrar.

   2. Situaciones en las que el pago de la prestación a cualquier otro miembro de la unidad de convivencia no garantice la aplicación de la prestación a la finalidad para la que se otorgó.

5. El pago de las prestaciones a persona distinta de la titular no implicará, en ningún caso, un cambio de la titularidad de la prestación.

1. El reconocimiento del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión, se cumplan las condiciones económicas o de otra naturaleza exigidas para el acceso a la prestación y se cumplan las obligaciones previstas en el presente Decreto, concediéndose por un período de dos años, renovable con carácter bienal mientras subsistan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones y las obligaciones mencionadas.

2. Con el fin de evitar interrupciones en el devengo de la prestación en los supuestos en los que se mantengan las causas que motivaron la concesión, la renovación de la solicitud deberá iniciarse tres meses antes de la fecha de extinción de la prestación. A efectos de lo anterior, la Diputación Foral competente comunicará a las personas titulares, en la fecha que corresponda en cada caso, la necesidad de iniciar la tramitación de su solicitud para su renovación.

3. No obstante lo anterior, se procederá a la prórroga automática de la prestación, sin necesidad de proceder a una renovación de la solicitud, en los siguientes supuestos:

   1. Personas titulares de la Renta Básica para la Inclusión y la Protección Social cuando se trate de unidades de convivencia formadas exclusivamente por pensionistas que no se encuentren en edad de trabajar o que, estando en edad laboral, presenten una incapacidad permanente absoluta.

   2. Personas en situación de alta exclusión que, a juicio de los Servicios Sociales de Base y/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral.

   3. Personas menores de 23 años y mayores de 18 en los términos contemplados en el artículo 9.4.

   4. Otros supuestos que determine el Gobierno Vasco, a iniciativa propia o a propuesta de otras Administraciones públicas, atendiendo a la evolución de la realidad social y a los resultados aportados por las sucesivas evaluaciones de la aplicación de la prestación en relación al grado de permanencia en la prestación de diferentes colectivos.

1. La persona solicitante de la Renta de Garantía de Ingresos podrá desistir de su solicitud mediante escrito al Ayuntamiento en el que la hubiera presentado, quien dictará resolución en la que se exprese la circunstancia que concurre en tal caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

2. Asimismo, la persona titular de la Renta de Garantía de Ingresos podrá renunciar a su derecho a la prestación reconocida, mediante escrito dirigido bien al Ayuntamiento bien a la Diputación Foral correspondientes, siendo esta última quien dictará resolución en los mismos términos previstos en el párrafo anterior.

1. Si, como consecuencia de un procedimiento de modificación, suspensión o extinción, o por cualquier otra circunstancia, se comprobara la percepción indebida de la Renta de Garantía de Ingresos, la Diputación Foral competente establecerá la obligación de reintegro por parte de la persona titular de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.

2. La obligación de reintegro prevista en el párrafo anterior también será de aplicación en el caso de que la persona titular hubiera percibido indebidamente o en cuantía indebida la Renta de Garantía de Ingresos, una vez considerado el pago de atrasos correspondientes a los derechos y prestaciones sociales de contenido económico previstos en el artículo 31 de este Decreto.

3. En el caso de personas que hayan sido titulares de alguna prestación económica de carácter social y hayan generado deuda con la Administración, no podrá modificarse la titularidad de la prestación hasta que dichas deudas hayan sido canceladas, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 5.2.b) cuando el Servicio Social de Base referente así lo estime pertinente.

1. En cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior, la Diputación Foral correspondiente iniciará el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidas.

2. Iniciado el procedimiento, la Diputación Foral notificará a la persona titular la incoación del mismo, las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias económicas, así como el plazo para la resolución y notificación y las consecuencias de la falta de resolución expresa en el plazo establecido en el artículo 58. Las personas interesadas, en un plazo máximo de un mes, podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes.

3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado sin que se hubiesen formulado, la Diputación Foral dictará, en el plazo máximo de un mes, la correspondiente resolución declaratoria o no de la situación de percepción indebida, o en cuantía indebida, de la prestación, la cual deberá estar motivada.

4. En el caso en el que se estime la existencia de una situación de percepción indebida o en cuantía indebida de la prestación, la resolución prevista en el párrafo anterior declarará la obligación de reintegrar las cantidades que procedan, fijando en la misma el plazo máximo del que dispondrá la persona interesada para hacer efectiva dicha obligación así como el número y cuantía de las devoluciones de carácter mensual a realizar. El plazo mencionado deberá fijarse teniendo en cuenta que, salvo voluntad expresa en otro sentido por parte de la persona titular, las cantidades a reintegrar no podrán representar más del 30% de los ingresos previstos de la persona interesada y de su unidad de convivencia durante el periodo de tiempo al que se refiera dicho plazo.

5. A los efectos previstos en el párrafo anterior, la Diputación Foral podrá proceder de oficio a la compensación o descuento mensual de prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos en vigor, correspondientes a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia de la persona interesada. Esta compensación o descuento no podrá superar un porcentaje máximo del 30% de la cuantía máxima de la Renta de Garantía de Ingresos que pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en función del número total de personas de la unidad de convivencia.

6. Las cuantías que se obtengan, durante cada ejercicio presupuestario, por la devolución y la compensación de prestaciones indebidas deberán destinarse a la cobertura de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de seis meses desde la fecha de incoación del mismo. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento y la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones. En los supuestos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a la persona interesada se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

2. La obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas prescribirá de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda General del País Vasco.

   El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en el que la Administración competente hubiera tenido conocimiento del hecho causante de la obligación de reintegro o, en su caso, desde el día en que se hubiera hecho efectiva la notificación de la resolución de reintegro.

3. El derecho al percibo de cada mensualidad de la Renta de Garantía de Ingresos caducará al año de su respectivo vencimiento.

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas.

2. Los procedimientos sancionadores se iniciarán de oficio por acuerdo de la Diputación Foral correspondiente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de petición razonada del Servicio Social de Base referente en coordinación, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, responsables del seguimiento, que si bien no vincula a dicha Diputación, le obliga a comunicar al órgano que la hubiera formulado la decisión sobre la apertura o no del procedimiento.

3. La petición razonada deberá contener la descripción de los hechos que pudieran constituir infracción, su tipificación, así como la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que se produjeron y, si fuera posible, la identificación de las personas presuntamente responsables, debiendo aportarse, en su caso, los documentos y pruebas relativos al objeto de la misma que obren en poder del órgano peticionario.

1. El acuerdo de iniciación tendrá el contenido mínimo siguiente:

   1. La identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

   2. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación jurídica y las sanciones que pudieran corresponder.

   3. La persona instructora del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación del mismo.

   4. El órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya la competencia.

2. El acuerdo de iniciación se comunicará a la persona instructora y se notificará a la persona inculpada y a las demás personas interesadas, indicándoles que disponen de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados.

3. Al acuerdo de iniciación se acompañarán todos los documentos y pruebas que haya tenido en cuenta la Diputación Foral para abrir el procedimiento.

Los actos de la persona instructora que denieguen la apertura del periodo probatorio o la práctica de algún medio de prueba propuesto por las partes, serán susceptibles de recurso, en el plazo de tres días, ante la Diputación Foral, quien decidirá, sin más trámite, en el plazo de tres días, considerándose su silencio desestimatorio.

1. La Diputación Foral dictará resolución motivada, que decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

2. Si no hubiera sido notificada la resolución en el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste en los términos y con las consecuencias que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El transcurso del referido plazo de seis meses quedará interrumpido, además de en los casos que así se establecen en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a los interesados.

3. La resolución será ejecutiva cuando adquiera firmeza en la vía administrativa. En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

1. Las resoluciones denegatorias serán presentadas por escrito y suficientemente motivadas, y contra ellas podrán interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que correspondan.

2. Sin perjuicio de la interposición de dichos recursos, las personas interesadas podrán elevar queja razonada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garantía de ingresos e inclusión social, a la Diputación Foral o al Ayuntamiento competentes para la gestión de la prestación, de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto por cada una de las administraciones.

   El escrito de queja deberá expresar los motivos en que se fundamente, que deberán referirse a circunstancias diferentes de aquellas que pueden ser objeto de los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales.

3. La Administración ante la que se hubiera presentado la queja, la resolverá mediante escrito dirigido a la persona titular, pudiendo remitir copia del mismo al resto de instituciones implicadas, y en particular al Servicio Social de Base referente quien, a su vez, podrá informar en su caso a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Asimismo, la Administración ante la que se hubiera presentado la queja adoptará las medidas oportunas que en todo caso serán congruentes con la naturaleza de la queja formulada.

1. Las Diputaciones Forales darán cuenta a los Ayuntamientos de todas las resoluciones administrativas que afecten a las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos residentes en su ámbito territorial de actuación, con el fin de que dispongan de la información necesaria para desarrollar las funciones que les competen en materia de Servicios Sociales y de inclusión social.

2. Los Ayuntamientos, a través de sus Servicios Sociales de Base, darán cuenta a las Diputaciones Forales de las incidencias que detecten en el seguimiento realizado en el marco de los convenios de inclusión, o del seguimiento de los expedientes relativos a las prestaciones económicas reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social,, cuando afecten a personas beneficiarias de la Renta de Garantía de Ingresos y puedan tener alguna incidencia en la misma.

1. Las administraciones públicas vascas garantizarán la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes por parte de los organismos competentes, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Todos los datos e informes que, con relación a personas solicitantes o titulares de la Renta de Garantía de Ingresos y demás personas miembros de su unidad económica de convivencia independiente, pudieran ser requeridos o solicitados por las Administraciones Públicas Vascas competentes en materia de servicios sociales, se limitarán a los que resulten imprescindibles para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación o de las obligaciones establecidos en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y en el presente Decreto.

3. Sin perjuicio de lo anterior, deberá entenderse que existe un deber general de colaboración de las administraciones públicas entre sí para la mejor atención de la ciudadanía y que, en su marco, conviene establecer cauces de comunicación que permitan un sistema de información ágil, permanentemente actualizado, y que permitan, previa conformidad de la persona atendida y mediando la aplicación de todos los dispositivos de seguridad que se estimen necesarios, compartir determinados tipos de información entre las diferentes administraciones públicas vascas.

1. En el supuesto de cambio de domicilio de residencia habitual de la persona titular de la Renta de Garantía de Ingresos, siempre que el mismo se produzca entre Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Diputación Foral dará traslado del expediente a la nueva Diputación competente, la cual dará traslado del mismo al Ayuntamiento de su Territorio en cuyo municipio se haya domiciliado la persona titular, a los efectos de su revisión. Para dichos traslados, se recurrirá preferentemente a la herramienta informática «Diagnóstico e Intervención Social» residida en Gizarte.net.

   A los efectos previstos en el párrafo anterior, los Ayuntamientos comunicarán a la Diputación Foral de su respectivo Territorio Histórico los cambios de domicilio de titulares de la Renta de Garantía de Ingresos de los que tuvieran conocimiento.

2. Si el cambio de domicilio se produjera entre municipios pertenecientes al mismo Territorio Histórico, el traslado de expediente, en la forma prevista en el párrafo anterior, se realizará directamente entre los Ayuntamientos correspondientes, con comunicación expresa de tal circunstancia a la Diputación Foral interesada.

3. El Ayuntamiento derivante deberá notificar a la persona interesada:

   1. Que se procede a la derivación de su expediente al territorio de nueva residencia.

   2. Que se mantendrá la prestación reconocida en el municipio derivante durante un periodo máximo de dos meses naturales.

   3. Que deberá personarse en el Ayuntamiento del municipio al que se traslada, en un plazo máximo de quince días, a los efectos de control de la efectividad del traslado, valoración de la nueva situación y verificación del cumplimiento de los requisitos.

   4. Que, en caso de no personarse, se procederá a la suspensión de la prestación.

1. En el supuesto de cambio de domicilio de residencia habitual de una persona titular de la Renta de Garantía de Ingresos entre Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, el Ayuntamiento del nuevo domicilio, una vez recibida la copia del expediente que le hubiera trasladado la Diputación Foral competente, procederá a revisar si se mantienen las causas que motivaron la concesión de la Renta de Garantía de Ingresos.

   En el caso de cambio de domicilio entre municipios pertenecientes a un mismo Territorio Histórico, el Ayuntamiento del nuevo domicilio procederá igualmente a la revisión de la prestación en los términos señalados en el párrafo anterior.

2. Una vez revisado el expediente, en un plazo máximo de cuarenta días naturales a partir del día de la fecha de recepción del mismo, el Ayuntamiento presentará propuesta de resolución relativa al mantenimiento, modificación, suspensión o extinción de la prestación, bien directamente en el Registro de Área o del Servicio competente para la gestión de la prestación de la Diputación Foral correspondiente, bien mediante remisión de la citada propuesta a la Diputación que corresponda, a través de la aplicación informática utilizada para la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, recurriéndose preferentemente a la herramienta informática «Diagnóstico e Intervención Social» residida en Gizarte.net.

3. La Diputación Foral dictará y notificará la correspondiente resolución en un plazo máximo de dos meses a partir del inicio del expediente.

4. En los casos en los que el traslado se haya producido entre municipios ubicados en diferentes Territorios Históricos, cuando exista resolución de concesión, el pago de la prestación por la Diputación Foral a cuyo Territorio se haya trasladado la persona titular se iniciará a partir del mes siguiente a la fecha de la resolución. Dicha circunstancia será puesta en conocimiento de la Diputación Foral remitente quien, a partir del mes siguiente, dejará de realizar los sucesivos pagos.

   En los casos en los que el traslado se haya producido entre municipios de un mismo Territorio Histórico, y cuando exista resolución de mantenimiento o modificación de la prestación, la Diputación Foral iniciará el pago a partir del mes siguiente a la fecha de la resolución.

1. Se consignarán anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco los recursos económicos necesarios para la financiación de las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos.

2. Las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos consignarán anualmente en sus respectivos Presupuestos los recursos económicos necesarios para la ejecución de las competencias previstas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y en el presente Decreto.

El Gobierno Vasco garantizará a las Diputaciones Forales las cantidades precisas para hacer frente al pago de la Renta de Garantía de Ingresos mediante transferencias mensuales en base a las resoluciones de concesión y de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. Para el día 15 de cada mes, las Diputaciones Forales suministrarán al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garantía de ingresos e inclusión social, en soporte informático normalizado, la relación definitiva de titulares y de prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos con efectos económicos vigentes en el mes inmediatamente anterior, con el correspondiente cálculo de gasto.

2. Recibida la documentación prevista en el apartado anterior, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la segunda quincena del mes, pondrá a disposición de las Diputaciones Forales las cantidades precisas para atender al pago mensual correspondiente.

1. Los remanentes de las cantidades mensuales transferidas que no se hubieran destinado al pago de las prestaciones en el mes correspondiente podrán ser destinados por las Diputaciones Forales al pago de la mensualidad posterior, debiéndose proceder en tal caso a la compensación por el importe procedente de las cantidades puestas a disposición de las Diputaciones Forales por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Podrá actuarse de la misma manera en el caso de los ingresos mensuales de las Diputaciones Forales resultantes del reintegro de cuantías indebidamente percibidas por las personas titulares de la Renta de Garantía de Ingresos.

   En estos casos, a efectos documentales, las Diputaciones Forales facilitarán igualmente la documentación justificativa correspondiente al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de ingresos e inclusión social en los primeros diez días del mes siguiente.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, a la finalización del ejercicio presupuestario, las Diputaciones Forales reintegrarán a la Tesorería General del País Vasco las cuantías remanentes no aplicadas al pago de las prestaciones.

1. A los efectos previstos en los artículos 86.1.d) y f) y 86.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, las Diputaciones Forales deberán remitir al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garantía de ingresos e inclusión social, con carácter mensual, copia de las resoluciones de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción del ingreso, así como de las resoluciones dictadas en procedimientos de reintegro, junto con la copia de los documentos de pago de las mensualidades satisfechas a los titulares en el mes anterior.

   Igualmente, adjuntarán toda aquella documentación e información relativa al desarrollo y ejecución de la Renta de Garantía de Ingresos, debiendo posibilitar, en todo caso, la explotación estadística de dichos datos.

2. La remisión de la documentación reflejada en el párrafo anterior y la transmisión de datos con vistas a su explotación estadística se realizará, en cuanto sea posible, mediante soporte informático normalizado. A tal efecto, las administraciones públicas vascas utilizarán, preferentemente, la herramienta informática «Diagnóstico e Intervención Social» residida en Gizarte.net para la recogida de información sobre necesidades y para la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, pudiendo recurrir a otros instrumentos técnicos validados que faciliten el trasvase de información y la comparabilidad de los datos.

3. El Gobierno Vasco comunicará a las Diputaciones Forales la existencia de titulares o personas miembros de unidades de convivencia en diferentes territorios, sobre la base de la información que cada Diputación le haya remitido de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del presente artículo.

1. En relación con los procedimientos de reconocimiento, revisión, modificación, suspensión y extinción del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y con las resoluciones de concesión, revisión, modificación o suspensión aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social y del presente Decreto serán de aplicación los siguientes criterios hasta que se proceda, según los casos, a la revisión prevista en el apartado a) del párrafo 2 o a la renovación prevista en el apartado b) del párrafo 2, disponiendo la Administración de un plazo máximo de un año para proceder a las mismas:

   1. En lo relativo a los requisitos de acceso a la prestación y a las obligaciones resultantes para la persona titular y las demás personas miembros de su unidad de convivencia, seguirán rigiéndose por lo previsto en la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

   2. En lo relativo a la modalidad de prestación y a la cuantía de la misma serán de aplicación las disposiciones contenidas en el presente Decreto en cuanto resulten más ventajosas para la persona titular y las demás personas miembros de la unidad de convivencia.

2. La entrada en vigor de este Decreto conllevará, tanto para quienes ya fueran titulares de la prestación de Renta Básica o de Renta de Garantía de Ingresos, como para quienes dicha prestación estuviera en curso de tramitación, la obligación de renovar su solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 38.

   A efectos de lo anterior, la determinación de la fecha de renovación obedecerá a los siguientes criterios:

   1. Cuando la Renta de Garantía de Ingresos hubiera sido concedida o revisada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, la fecha de la concesión o de la última revisión se considerarán fecha de inicio del plazo de 2 años previsto para la renovación. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración deberá proceder, de oficio, en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, a la revisión del cumplimiento de todos los requisitos de acceso contemplados en el mismo, así como a la aplicación de los límites establecidos para su concesión en relación con la cuantía y con el número máximo de prestaciones por vivienda o alojamiento habitual.

   2. En relación con la Renta Básica, es decir con las prestaciones concedidas o revisadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, la renovación deberá realizarse, previa notificación a la persona titular a los efectos de presentación de la solicitud, en un plazo máximo de un año a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, siendo de aplicación a partir de ese momento todas sus previsiones, incluidos los requisitos de acceso y los límites establecidos para su concesión en relación con la cuantía y con el número máximo de prestaciones por vivienda o alojamiento habitual.

En tanto no se desarrolle reglamentariamente la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales en relación con la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y con las condiciones en las que se aplicarán el régimen de concierto y los convenios, el requisito referido a la concertación, el convenio o la contratación contenido en el artículo 6.2.b) no será de aplicación.

A efectos de lo previsto en el artículo 24.2 se mantendrán, en tanto no se proceda a su actualización expresa, los criterios establecidos hasta la fecha mediante la Orden de 15 de mayo de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establecen los valores catastrales máximos previstos en el Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mínimo de Inserción, a efectos de la consideración del valor excepcional de las viviendas en propiedad.

A efectos de determinación de los porcentajes de ingresos a excluir del cómputo de los recursos disponibles en concepto de estímulo al empleo, según lo previsto en el artículo 21.3 del presente Decreto, se mantendrán, en tanto no se proceda a la determinación de tales porcentajes mediante Orden de desarrollo del presente Decreto, los establecidos en la Orden de 14 de febrero de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen los estímulos al empleo de las personas titulares de la Renta Básica y de las personas beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social (Boletín Oficial del País Vasco n.º 37, de 21 de febrero de 2001).

Las referencias realizadas en el presente Decreto a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se entenderán hechas a Egailan, S.A., Sociedad de Promoción de la Formación y el Empleo, en tanto no se proceda a la aprobación del Decreto de especificación de las condiciones en las que se producirá el inicio de las actividades del ente público de derecho privado Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y del que precise las condiciones de adscripción del personal procedente de dicha entidad y otras a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1. En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto al procedimiento administrativo será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a procedimiento sancionador será de aplicación la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se faculta a la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto así como para actualizar las cuantías previstas en los artículos 24 y 26 del presente Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2010.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.