En 2023 se cumplieron 20 años desde que la UNESCO aprobase en París la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. En estas dos décadas, además de conseguir la adhesión de más de 180 países, se ha constatado su capacidad para promover la diversidad cultural en el mundo.
Los bienes inmateriales no solo conforman una lista amplia, sino también diversa. En su potencial amplitud reside su grandeza y su dificultad, puesto que casi cualquier manifestación cultural representativa de una colectividad puede considerarse Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI, en adelante). La condición es que tenga significación y sentido para esa comunidad.
Frente al patrimonio inmueble asociado al poder y la espectacularidad de las grandes construcciones civiles y religiosas, la Convención inició un camino cuyo objetivo es reconocer, salvaguardar y poner en valor las manifestaciones de lo cotidiano, el papel de la mujer, de lo rural, de los oficios artesanos, etc. En este sentido, podría afirmarse que da voz a las manifestaciones y a los colectivos sin visibilidad. Supone un salto adelante desde una mirada antropológica, que implica también nuevos modos de gestión. Es precisamente el papel central de esas comunidades portadoras en la salvaguarda del PCI el que obliga a poner el foco en los modelos de gobernanza de dicho patrimonio. La comunidad como garante de sentido del PCI ha de tener un peso central en su gestión. Esta es la razón por la que la gobernanza, en tanto que marco de relación abierto, es el hilo conductor del estudio que se presenta.
El informe se estructura en tres grandes secciones y concluye con las reflexiones finales.
El primer bloque se dedica a analizar el marco conceptual y jurídico, tanto del concepto de gobernanza y de su aplicación en las políticas culturales, como del propio PCI. Se recopilan las distintas aproximaciones de los organismos de referencia y su evolución en los últimos años.
El segundo bloque profundiza en la situación y perspectivas del PCI en la CAE. Aunque el concepto en sí es relativamente nuevo, la investigación etnográfica en Euskal Herria tiene gran tradición y la investigación realizada en el último siglo es una fuente indispensable de conocimiento en este ámbito. Se presenta también el marco competencial y legislativo existente y, por último, se hace un análisis de la situación actual en torno a la investigación, identificación, salvaguarda y puesta en valor del conocimiento en torno al PCI en nuestro entorno. Es preciso aclarar que este análisis no pretende ser un diagnóstico en profundidad ni, mucho menos, un plan de gestión en este terreno. Es una primera aproximación a la situación del PCI en la CAE desde una perspectiva general y de país.
El tercer bloque se dedica a plantear las bases sobre las que podría pivotar un modelo de gobernanza del PCI en la CAE. Se plantean las dimensiones y las cuestiones clave a considerar, así como los pasos necesarios para el desarrollo de dicho modelo, derivados del propio concepto y de las obligaciones que dicta la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco. Cierran este apartado su entronque en el marco general de las políticas culturales y su vínculo con otras áreas como pueden ser el turismo y el medioambiente.
Por último, se apuntan de manera sintética unas reflexiones finales para el futuro desarrollo del PCI en Euskadi.
