El Estatuto de Autonomía del País Vasco determina en su artículo 10.12 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de asistencia social.

En el ejercicio de dicha competencia, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que tiene por objeto promover y garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el derecho a las prestaciones y servicios sociales mediante la regulación y ordenación de un Sistema Vasco de Servicios Sociales de carácter universal.

La citada Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales a fin de promover y garantizar el acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, define dicho sistema, en su artículo 5, como una red pública articulada de atención, de responsabilidad pública, que está integrada por prestaciones, servicios y equipamientos de titularidad pública y de titularidad privada concertada.

Asimismo, la Ley 12/2008, de Servicios Sociales, determina que es competencia del Gobierno Vasco la potestad reglamentaria en materia de servicios sociales y, en particular: la ordenación de los servicios sociales, regulando la autorización, el registro, la concertación, la homologación y la inspección de centros y servicios, así como los requisitos materiales, funcionales y de personal para su autorización y funcionamiento (artículo 40.1.a).

Por Orden de 24 de mayo de 2019 de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales se acordó iniciar el procedimiento para la elaboración de una disposición de carácter general con el objeto de regular el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Mediante Orden de 23 de diciembre de 2019 de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales quedó aprobado previamente un texto compuesto por veinte artículos, tres disposiciones transitorias, una adicional y dos disposiciones finales.

De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, las disposiciones de carácter general que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y de las ciudadanas serán objeto del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 75/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales,