Integran la Tesorería General del País Vasco todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus organismos autónomos, por operaciones tanto presupuestarias como no presupuestarias.

Son funciones de la Tesorería General del País Vasco ingresar los derechos y pagar las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos, así como las demás establecidas en el ordenamiento vigente o relacionadas con las anteriores.

En el funcionamiento de la Tesorería General del País Vasco rigen los siguientes principios:

1. Puntualidad en la satisfacción de las obligaciones.

2. Máxima seguridad en la situación de fondos y valores y en las operaciones.

3. Centralización de la dirección, sin perjuicio de su gestión descentralizada.

1. – Sólo el dinero que deba mantenerse en efectivo se situará en las cajas de la Tesorería General del País Vasco.

2. – Los fondos no situados en cajas se depositarán en cuentas abiertas en el Banco de España, en bancos, en cajas de ahorros, en cooperativas de crédito o en entidades de crédito extranjeras.

1. – Todas las cajas y cuentas que contengan dinero o valores de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos se denominarán como propias de la Tesorería General del País Vasco.

2. – Corresponde al Departamento competente en materia de tesorería:

   1. dictar las instrucciones sobre funcionamiento de todas las cajas y cuentas,

   2. autorizar la existencia y la supresión de cajas y la apertura y cancelación de cuentas,

   3. supervisar la actuación de todos los gestores de cajas y cuentas, y

   4. gestionar, en exclusiva, cuentas que admitan la realización indistinta de ingresos y de pagos.

3. – El Departamento competente en materia de tesorería podrá concertar convenios con entidades de crédito sobre condiciones y gestión de las cuentas.

4. – Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos podrán gestionar cuentas, para ingresos o para pagos, y cajas, en los términos establecidos reglamentariamente.

Salvo lo dispuesto en las leyes y en la disposición adicional tercera, las deudas en favor de la Hacienda General del País Vasco se pagarán en efectivo, en las modalidades y por los procedimientos establecidos reglamentariamente.

1. – El Gobierno, a propuesta del Departamento competente en materia de tesorería, podrá aprobar un plan financiero sobre disposición de fondos por conceptos presupuestarios y no presupuestarios.

2. – Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos facilitarán al Departamento competente en materia de tesorería los datos, previsiones y documentación que éste les solicite sobre pagos a efectuar.

3. – Los pagos se realizarán previo mandamiento, en los términos establecidos reglamentariamente. La competencia para dictar mandamientos de pago alcanza a la resolución de compensación de deudas en favor de la Hacienda General del País Vasco con obligaciones a cargo de la misma.

4. – Los pagos con cargo a la Tesorería General del País Vasco podrán efectuarse por cualquier modalidad admitida en derecho, de acuerdo con lo determinado para cada caso y las disposiciones dictadas en desarrollo de esta ley. Cuando el pago se produzca en el ejercicio de una potestad administrativa se podrán establecer los términos en que una modalidad de pago es obligatoria y el deber de facilitar los datos o la documentación necesarios para su práctica.

Las cajas de ahorros y cooperativas de crédito vascas y demás entidades de crédito podrán prestar servicios de mediación en los ingresos y en los pagos de la Tesorería General del País Vasco.

1. – La custodia, gestión, ejecución y devolución, en su caso, de garantías en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, que se constituyan en forma de aval, fianza, póliza de seguro de caución, depósito de valores, inmovilización de valores registrados mediante anotación en cuenta o cualquier otra análoga, corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, salvo que la normativa que establezca su obligatoriedad prevea otra cosa.

2. – En cuanto a las garantías consistentes en derechos reales sobre cosa ajena se estará a lo dispuesto en la ley de Patrimonio de Euskadi.

Los depósitos de dinero efectivo que se realicen como garantía en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, y los demás que deben efectuarse en un servicio de los mismos, se mantendrán en cajas y cuentas de las previstas en el artículo 5.

Corresponde a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y a sus organismos autónomos gestores de cada expediente o competentes en la materia de que se trate:

1. reconocer los efectos correspondientes a la garantía o depósito constituido y

2. instar al Departamento a que se refiere el artículo 13.1 la ejecución de las garantías y declarar la procedencia de la cancelación o devolución de las mismas y de los depósitos.

Reglamentariamente se establecerán los modelos de resguardo de garantías y de depósitos.

Constituyen los remanentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos administrativos la diferencia entre derechos reconocidos y liquidados y obligaciones contraídas, procedentes de las liquidaciones de sus respectivos presupuestos.

1. – Los remanentes de tesorería podrán constituir un recurso para la financiación de los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos administrativos.

2. – Con cargo a los remanentes de tesorería podrán incrementarse los créditos de pago a que se refiere el artículo 20 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi y los previstos en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

1. – La utilización de los remanentes de tesorería será autorizada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

2. – La cuantificación de los remanentes de tesorería deberá realizarse a partir de la información contable y de acuerdo con las normas que se establezcan por el Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. En todo caso, en la cuantificación de los remanentes de tesorería utilizables para la financiación de los Presupuestos deberá contemplarse la realización efectiva en el ejercicio de los mismos, así como los derechos que se consideren de dudoso cobro.

1. – Si a la finalización de un ejercicio el remanente de tesorería fuera negativo, se deberá proceder a su ajuste reduciendo el Presupuesto del año en curso en la misma cuantía.

   Si la reducción de gastos no fuera posible y la evolución de los recursos no permitiera la absorción del remanente negativo en el ejercicio, el Presupuesto del ejercicio siguiente deberá presentarse con un superávit inicial que permita su absorción.

2. – Si el remanente de tesorería al finalizar un ejercicio es inferior al estimado en el Presupuesto aprobado para el ejercicio siguiente, deberá procederse, por la diferencia, conforme a lo establecido en el párrafo 1 de este artículo.

3. – El Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma dictará las normas necesarias para instrumentar lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este artículo.

Las dotaciones que figuran en los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma en favor de organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y sociedades públicas se harán efectivas de la siguiente forma:

1. las previstas para gastos corrientes, por períodos anticipados y en importes proporcionales a dichos períodos y a la dotación total, incluidas las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta ese momento, en los términos establecidos reglamentariamente, y

2. las previstas para operaciones de capital, en el momento en que surja la necesidad de acometer pagos de esa naturaleza en el organismo de que se trate, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Las aportaciones de fondos correspondientes a la subvención global en favor de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea o a los entes de naturaleza pública con sección independiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, excepto el Parlamento Vasco, se efectuarán por períodos anticipados y en importes proporcionales a dichos períodos y a la dotación total, incluidas las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta ese momento.

1. – Los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas sólo podrán realizar operaciones de endeudamiento, cualesquiera que sean sus características, plazo y régimen de formalización, en el caso de que tales operaciones estén recogidas en sus respectivos presupuestos o en sus modificaciones aprobadas conforme a la legislación vigente.

2. – La realización de tales operaciones quedará limitada a las necesidades financieras de la entidad para hacer frente a las operaciones del presupuesto de capital a devengar en el ejercicio. En todo caso, sólo se podrán concertar con posterioridad a que la entidad haya recibido las transferencias de capital y a que se hayan realizado las ampliaciones de capital previstas y en sus términos.

3. – Todas las operaciones de endeudamiento a que se refiere el presente artículo requerirán autorización del Departamento competente en materia de endeudamiento con anterioridad a su formalización.

4. – La disposición de líneas de crédito abiertas y no utilizadas totalmente en el ejercicio anterior requerirá asimismo autorización del Departamento competente en materia de endeudamiento y deberán ser aplicadas a las operaciones concretas para cuya financiación fueron previstas.

La prestación de garantías por los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas, integrantes de la Administración institucional de la Comunidad Autónoma, requerirá previa autorización por el Departamento competente en la materia.

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza podrá gestionar cuentas que admitan la realización indistinta de ingresos y de pagos y ejercer las competencias que el artículo 13 asigna al Departamento competente en materia de tesorería.

Lo establecido en el artículo 6.2.d) se entiende sin perjuicio de las cuentas necesarias para el ejercicio de la autonomía financiera establecida en favor de centros docentes.

1. – El pago de deudas a la Hacienda General del País Vasco podrá efectuarse mediante la entrega de bienes culturales clasificados o inventariados conforme a la ley del Patrimonio Cultural Vasco. Cuando la deuda tenga su origen en la ejecución de garantías prestadas por la Administración o en préstamos otorgados por ésta, el pago de la deuda podrá efectuarse, también, mediante la entrega de otros bienes y derechos, previa autorización del Consejo de Gobierno, que será otorgada, excepcionalmente, en consideración a la imposibilidad del deudor de efectuar el pago en dinero sin grave quebranto de su actividad empresarial, el interés público en la actividad económica desarrollada por el deudor o su inclusión en planes o programas fomentados por el sector público vasco, así como la viabilidad de la empresa. En cualquier caso, la dación en pago deberá cubrir la deuda, intereses y recargos.

2. – El deudor que pretenda utilizar dicho medio de pago lo solicitará de la Dirección de Patrimonio y Contratación, acompañando descripción y valoración de los bienes o derechos y la documentación acreditativa de las circunstancias contempladas en el párrafo anterior. Reglamentariamente podrán determinarse los concretos documentos o datos y la forma y condiciones de presentación que con el carácter de requisito mínimo deban ser presentados junto con la solicitud.

3. – El Director de Patrimonio y Contratación, previo los informes pertinentes y audiencia del interesado en el supuesto de disconformidad con la pretensión de éste, elevará propuesta al Consejero competente en materia de patrimonio para su presentación y aprobación por el Consejo de Gobierno. Reglamentariamente podrán establecerse los informes preceptivos y, en su caso, vinculantes que hayan de ser tenidos en consideración para la resolución del expediente.

4. – La resolución deberá adoptarse en el plazo de cinco meses contados desde que se haya presentado la solicitud con la documentación que debe acompañarla. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, el deudor podrá considerar desestimada la solicitud. La resolución estimatoria concederá un plazo dentro del cual deberá perfeccionarse la adquisición de los bienes o derechos aceptados. La resolución estimatoria surtirá, desde la fecha de entrega de los bienes y derechos, los efectos del pago de los débitos que resulten cubiertos y el alta de los bienes en el Inventario General.

5. – La solicitud y la resolución sobre pago a que se refiere esta disposición tendrán los mismos efectos en el procedimiento de recaudación que los previstos para la compensación a instancia del obligado al pago. Si la transmisión del bien o derecho no se perfecciona en el plazo concedido, se continuarán las actuaciones del procedimiento de recaudación o del aplicable al caso, a no ser que la solicitud se hubiera presentado en período voluntario y se hubiera ingresado en aquel plazo la deuda con los intereses de demora devengados hasta la fecha de ingreso.

La presente ley será aplicable a los actos posteriores a su entrada en vigor referidos a emisiones de deuda pública, cualquiera que sea la fecha de éstas.

1. – La presente ley será aplicable a los actos que se realicen con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, cualquiera que sea el momento en que fueron concedidas las garantías a que se refieran.

2. – Para las garantías concedidas antes de la entrada en vigor de la presente ley, el plazo establecido en el artículo 41.2 se contará desde dicha entrada en vigor, salvo que el acuerdo de concesión prevea expresamente otro plazo.

Los convenios de reafianzamiento ya suscritos mantendrán la vigencia pactada. Su renegociación o modificación sólo podrá llevarse a cabo si, tras la misma, todo su contenido se adapta a la presente ley.

Hasta que se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente ley, que los derogarán expresamente, y en lo que no se oponga a la misma, continúan vigentes:

1. El Decreto 99/1982, de 19 de abril, sobre organización de la Tesorería General del País Vasco, y sus modificaciones.

2. El Decreto 13/1983, de 24 de enero, sobre régimen orgánico de los recursos en materia recaudatoria, y sus modificaciones.

3. El Decreto 17/1993, de 2 de febrero, por el que se establece y regula el Régimen de los Fondos Ordinarios anticipados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

El artículo 128.g) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, queda redactado de la forma siguiente:

«g) Prestación de garantías: durante el período de prórroga se podrán conceder garantías en las mismas condiciones y hasta un importe máximo igual al autorizado en los Presupuestos Generales objeto de prórroga».

(...)

El Gobierno dictará las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

La presente ley entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Integran la Tesorería General del País Vasco todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus organismos autónomos, por operaciones tanto presupuestarias como no presupuestarias.

Son funciones de la Tesorería General del País Vasco ingresar los derechos y pagar las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos, así como las demás establecidas en el ordenamiento vigente o relacionadas con las anteriores.

En el funcionamiento de la Tesorería General del País Vasco rigen los siguientes principios:

1. Puntualidad en la satisfacción de las obligaciones.

2. Máxima seguridad en la situación de fondos y valores y en las operaciones.

3. Centralización de la dirección, sin perjuicio de su gestión descentralizada.

1. – Sólo el dinero que deba mantenerse en efectivo se situará en las cajas de la Tesorería General del País Vasco.

2. – Los fondos no situados en cajas se depositarán en cuentas abiertas en el Banco de España, en bancos, en cajas de ahorros, en cooperativas de crédito o en entidades de crédito extranjeras.

1. – Todas las cajas y cuentas que contengan dinero o valores de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos se denominarán como propias de la Tesorería General del País Vasco.

2. – Corresponde al Departamento competente en materia de tesorería:

   1. dictar las instrucciones sobre funcionamiento de todas las cajas y cuentas,

   2. autorizar la existencia y la supresión de cajas y la apertura y cancelación de cuentas,

   3. supervisar la actuación de todos los gestores de cajas y cuentas, y

   4. gestionar, en exclusiva, cuentas que admitan la realización indistinta de ingresos y de pagos.

3. – El Departamento competente en materia de tesorería podrá concertar convenios con entidades de crédito sobre condiciones y gestión de las cuentas.

4. – Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos podrán gestionar cuentas, para ingresos o para pagos, y cajas, en los términos establecidos reglamentariamente.

Salvo lo dispuesto en las leyes y en la disposición adicional tercera, las deudas en favor de la Hacienda General del País Vasco se pagarán en efectivo, en las modalidades y por los procedimientos establecidos reglamentariamente.

1. – El Gobierno, a propuesta del Departamento competente en materia de tesorería, podrá aprobar un plan financiero sobre disposición de fondos por conceptos presupuestarios y no presupuestarios.

2. – Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos facilitarán al Departamento competente en materia de tesorería los datos, previsiones y documentación que éste les solicite sobre pagos a efectuar.

3. – Los pagos se realizarán previo mandamiento, en los términos establecidos reglamentariamente. La competencia para dictar mandamientos de pago alcanza a la resolución de compensación de deudas en favor de la Hacienda General del País Vasco con obligaciones a cargo de la misma.

4. – Los pagos con cargo a la Tesorería General del País Vasco podrán efectuarse por cualquier modalidad admitida en derecho, de acuerdo con lo determinado para cada caso y las disposiciones dictadas en desarrollo de esta ley. Cuando el pago se produzca en el ejercicio de una potestad administrativa se podrán establecer los términos en que una modalidad de pago es obligatoria y el deber de facilitar los datos o la documentación necesarios para su práctica.

Las cajas de ahorros y cooperativas de crédito vascas y demás entidades de crédito podrán prestar servicios de mediación en los ingresos y en los pagos de la Tesorería General del País Vasco.

1. – La custodia, gestión, ejecución y devolución, en su caso, de garantías en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, que se constituyan en forma de aval, fianza, póliza de seguro de caución, depósito de valores, inmovilización de valores registrados mediante anotación en cuenta o cualquier otra análoga, corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, salvo que la normativa que establezca su obligatoriedad prevea otra cosa.

2. – En cuanto a las garantías consistentes en derechos reales sobre cosa ajena se estará a lo dispuesto en la ley de Patrimonio de Euskadi.

Los depósitos de dinero efectivo que se realicen como garantía en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, y los demás que deben efectuarse en un servicio de los mismos, se mantendrán en cajas y cuentas de las previstas en el artículo 5.

Corresponde a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y a sus organismos autónomos gestores de cada expediente o competentes en la materia de que se trate:

1. reconocer los efectos correspondientes a la garantía o depósito constituido y

2. instar al Departamento a que se refiere el artículo 13.1 la ejecución de las garantías y declarar la procedencia de la cancelación o devolución de las mismas y de los depósitos.

Reglamentariamente se establecerán los modelos de resguardo de garantías y de depósitos.

Constituyen los remanentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos administrativos la diferencia entre derechos reconocidos y liquidados y obligaciones contraídas, procedentes de las liquidaciones de sus respectivos presupuestos.

1. – Los remanentes de tesorería podrán constituir un recurso para la financiación de los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos administrativos.

2. – Con cargo a los remanentes de tesorería podrán incrementarse los créditos de pago a que se refiere el artículo 20 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi y los previstos en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

1. – La utilización de los remanentes de tesorería será autorizada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

2. – La cuantificación de los remanentes de tesorería deberá realizarse a partir de la información contable y de acuerdo con las normas que se establezcan por el Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. En todo caso, en la cuantificación de los remanentes de tesorería utilizables para la financiación de los Presupuestos deberá contemplarse la realización efectiva en el ejercicio de los mismos, así como los derechos que se consideren de dudoso cobro.

1. – Si a la finalización de un ejercicio el remanente de tesorería fuera negativo, se deberá proceder a su ajuste reduciendo el Presupuesto del año en curso en la misma cuantía.

   Si la reducción de gastos no fuera posible y la evolución de los recursos no permitiera la absorción del remanente negativo en el ejercicio, el Presupuesto del ejercicio siguiente deberá presentarse con un superávit inicial que permita su absorción.

2. – Si el remanente de tesorería al finalizar un ejercicio es inferior al estimado en el Presupuesto aprobado para el ejercicio siguiente, deberá procederse, por la diferencia, conforme a lo establecido en el párrafo 1 de este artículo.

3. – El Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma dictará las normas necesarias para instrumentar lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este artículo.

Las dotaciones que figuran en los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma en favor de organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y sociedades públicas se harán efectivas de la siguiente forma:

1. las previstas para gastos corrientes, por períodos anticipados y en importes proporcionales a dichos períodos y a la dotación total, incluidas las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta ese momento, en los términos establecidos reglamentariamente, y

2. las previstas para operaciones de capital, en el momento en que surja la necesidad de acometer pagos de esa naturaleza en el organismo de que se trate, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Las aportaciones de fondos correspondientes a la subvención global en favor de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea o a los entes de naturaleza pública con sección independiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, excepto el Parlamento Vasco, se efectuarán por períodos anticipados y en importes proporcionales a dichos períodos y a la dotación total, incluidas las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta ese momento.

1. – Los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas sólo podrán realizar operaciones de endeudamiento, cualesquiera que sean sus características, plazo y régimen de formalización, en el caso de que tales operaciones estén recogidas en sus respectivos presupuestos o en sus modificaciones aprobadas conforme a la legislación vigente.

2. – La realización de tales operaciones quedará limitada a las necesidades financieras de la entidad para hacer frente a las operaciones del presupuesto de capital a devengar en el ejercicio. En todo caso, sólo se podrán concertar con posterioridad a que la entidad haya recibido las transferencias de capital y a que se hayan realizado las ampliaciones de capital previstas y en sus términos.

3. – Todas las operaciones de endeudamiento a que se refiere el presente artículo requerirán autorización del Departamento competente en materia de endeudamiento con anterioridad a su formalización.

4. – La disposición de líneas de crédito abiertas y no utilizadas totalmente en el ejercicio anterior requerirá asimismo autorización del Departamento competente en materia de endeudamiento y deberán ser aplicadas a las operaciones concretas para cuya financiación fueron previstas.

   Asimismo, toda modificación en las condiciones de endeudamiento a través de operaciones financieras accesorias como las previstas en el artículo 27 de la presente ley, así como la realización de cualquier operación tendente a garantizar la estabilidad en los resultados de estas entidades o el aseguramiento o cobertura de los mismos, requerirá la autorización previa del departamento competente en materia de endeudamiento.

La prestación de garantías por los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas, integrantes de la Administración institucional de la Comunidad Autónoma, requerirá previa autorización por el Departamento competente en la materia.

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza podrá gestionar cuentas que admitan la realización indistinta de ingresos y de pagos y ejercer las competencias que el artículo 13 asigna al Departamento competente en materia de tesorería.

Lo establecido en el artículo 6.2.d) se entiende sin perjuicio de las cuentas necesarias para el ejercicio de la autonomía financiera establecida en favor de centros docentes.

1. – El pago de deudas a la Hacienda General del País Vasco podrá efectuarse mediante la entrega de bienes culturales clasificados o inventariados conforme a la ley del Patrimonio Cultural Vasco. Cuando la deuda tenga su origen en la ejecución de garantías prestadas por la Administración o en préstamos otorgados por ésta, el pago de la deuda podrá efectuarse, también, mediante la entrega de otros bienes y derechos, previa autorización del Consejo de Gobierno, que será otorgada, excepcionalmente, en consideración a la imposibilidad del deudor de efectuar el pago en dinero sin grave quebranto de su actividad empresarial, el interés público en la actividad económica desarrollada por el deudor o su inclusión en planes o programas fomentados por el sector público vasco, así como la viabilidad de la empresa. En cualquier caso, la dación en pago deberá cubrir la deuda, intereses y recargos.

2. – El deudor que pretenda utilizar dicho medio de pago lo solicitará de la Dirección de Patrimonio y Contratación, acompañando descripción y valoración de los bienes o derechos y la documentación acreditativa de las circunstancias contempladas en el párrafo anterior. Reglamentariamente podrán determinarse los concretos documentos o datos y la forma y condiciones de presentación que con el carácter de requisito mínimo deban ser presentados junto con la solicitud.

3. – El Director de Patrimonio y Contratación, previo los informes pertinentes y audiencia del interesado en el supuesto de disconformidad con la pretensión de éste, elevará propuesta al Consejero competente en materia de patrimonio para su presentación y aprobación por el Consejo de Gobierno. Reglamentariamente podrán establecerse los informes preceptivos y, en su caso, vinculantes que hayan de ser tenidos en consideración para la resolución del expediente.

4. – La resolución deberá adoptarse en el plazo de cinco meses contados desde que se haya presentado la solicitud con la documentación que debe acompañarla. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, el deudor podrá considerar desestimada la solicitud. La resolución estimatoria concederá un plazo dentro del cual deberá perfeccionarse la adquisición de los bienes o derechos aceptados. La resolución estimatoria surtirá, desde la fecha de entrega de los bienes y derechos, los efectos del pago de los débitos que resulten cubiertos y el alta de los bienes en el Inventario General.

5. – La solicitud y la resolución sobre pago a que se refiere esta disposición tendrán los mismos efectos en el procedimiento de recaudación que los previstos para la compensación a instancia del obligado al pago. Si la transmisión del bien o derecho no se perfecciona en el plazo concedido, se continuarán las actuaciones del procedimiento de recaudación o del aplicable al caso, a no ser que la solicitud se hubiera presentado en período voluntario y se hubiera ingresado en aquel plazo la deuda con los intereses de demora devengados hasta la fecha de ingreso.

La presente ley será aplicable a los actos posteriores a su entrada en vigor referidos a emisiones de deuda pública, cualquiera que sea la fecha de éstas.

1. – La presente ley será aplicable a los actos que se realicen con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, cualquiera que sea el momento en que fueron concedidas las garantías a que se refieran.

2. – Para las garantías concedidas antes de la entrada en vigor de la presente ley, el plazo establecido en el artículo 41.2 se contará desde dicha entrada en vigor, salvo que el acuerdo de concesión prevea expresamente otro plazo.

Los convenios de reafianzamiento ya suscritos mantendrán la vigencia pactada. Su renegociación o modificación sólo podrá llevarse a cabo si, tras la misma, todo su contenido se adapta a la presente ley.

Hasta que se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente ley, que los derogarán expresamente, y en lo que no se oponga a la misma, continúan vigentes:

1. El Decreto 99/1982, de 19 de abril, sobre organización de la Tesorería General del País Vasco, y sus modificaciones.

2. El Decreto 13/1983, de 24 de enero, sobre régimen orgánico de los recursos en materia recaudatoria, y sus modificaciones.

3. El Decreto 17/1993, de 2 de febrero, por el que se establece y regula el Régimen de los Fondos Ordinarios anticipados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

El artículo 128.g) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, queda redactado de la forma siguiente:

«g) Prestación de garantías: durante el período de prórroga se podrán conceder garantías en las mismas condiciones y hasta un importe máximo igual al autorizado en los Presupuestos Generales objeto de prórroga».

(...)

El Gobierno dictará las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

La presente ley entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Integran la Tesorería General del País Vasco todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de sus organismos autónomos, por operaciones tanto presupuestarias como no presupuestarias.

Son funciones de la Tesorería General del País Vasco ingresar los derechos y pagar las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos, así como las demás establecidas en el ordenamiento vigente o relacionadas con las anteriores.

En el funcionamiento de la Tesorería General del País Vasco rigen los siguientes principios:

1. Puntualidad en la satisfacción de las obligaciones.

2. Máxima seguridad en la situación de fondos y valores y en las operaciones.

3. Centralización de la dirección, sin perjuicio de su gestión descentralizada.

1. – Sólo el dinero que deba mantenerse en efectivo se situará en las cajas de la Tesorería General del País Vasco.

2. – Los fondos no situados en cajas se depositarán en cuentas abiertas en el Banco de España, en bancos, en cajas de ahorros, en cooperativas de crédito o en entidades de crédito extranjeras.

1. – Todas las cajas y cuentas que contengan dinero o valores de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos se denominarán como propias de la Tesorería General del País Vasco.

2. – Corresponde al Departamento competente en materia de tesorería:

   1. dictar las instrucciones sobre funcionamiento de todas las cajas y cuentas,

   2. autorizar la existencia y la supresión de cajas y la apertura y cancelación de cuentas,

   3. supervisar la actuación de todos los gestores de cajas y cuentas, y

   4. gestionar, en exclusiva, cuentas que admitan la realización indistinta de ingresos y de pagos.

3. – El Departamento competente en materia de tesorería podrá concertar convenios con entidades de crédito sobre condiciones y gestión de las cuentas.

4. – Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos podrán gestionar cuentas, para ingresos o para pagos, y cajas, en los términos establecidos reglamentariamente.

Salvo lo dispuesto en las leyes y en la disposición adicional tercera, las deudas en favor de la Hacienda General del País Vasco se pagarán en efectivo, en las modalidades y por los procedimientos establecidos reglamentariamente.

1. – El Gobierno, a propuesta del Departamento competente en materia de tesorería, podrá aprobar un plan financiero sobre disposición de fondos por conceptos presupuestarios y no presupuestarios.

2. – Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos facilitarán al Departamento competente en materia de tesorería los datos, previsiones y documentación que éste les solicite sobre pagos a efectuar.

3. – Los pagos se realizarán previo mandamiento, en los términos establecidos reglamentariamente. La competencia para dictar mandamientos de pago alcanza a la resolución de compensación de deudas en favor de la Hacienda General del País Vasco con obligaciones a cargo de la misma.

4. – Los pagos con cargo a la Tesorería General del País Vasco podrán efectuarse por cualquier modalidad admitida en derecho, de acuerdo con lo determinado para cada caso y las disposiciones dictadas en desarrollo de esta ley. Cuando el pago se produzca en el ejercicio de una potestad administrativa se podrán establecer los términos en que una modalidad de pago es obligatoria y el deber de facilitar los datos o la documentación necesarios para su práctica.

Las cajas de ahorros y cooperativas de crédito vascas y demás entidades de crédito podrán prestar servicios de mediación en los ingresos y en los pagos de la Tesorería General del País Vasco.

1. – La custodia, gestión, ejecución y devolución, en su caso, de garantías en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, que se constituyan en forma de aval, fianza, póliza de seguro de caución, depósito de valores, inmovilización de valores registrados mediante anotación en cuenta o cualquier otra análoga, corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, salvo que la normativa que establezca su obligatoriedad prevea otra cosa.

2. – En cuanto a las garantías consistentes en derechos reales sobre cosa ajena se estará a lo dispuesto en la ley de Patrimonio de Euskadi.

Los depósitos de dinero efectivo que se realicen como garantía en favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus organismos autónomos, y los demás que deben efectuarse en un servicio de los mismos, se mantendrán en cajas y cuentas de las previstas en el artículo 5.

Corresponde a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y a sus organismos autónomos gestores de cada expediente o competentes en la materia de que se trate:

1. reconocer los efectos correspondientes a la garantía o depósito constituido y

2. instar al Departamento a que se refiere el artículo 13.1 la ejecución de las garantías y declarar la procedencia de la cancelación o devolución de las mismas y de los depósitos.

Reglamentariamente se establecerán los modelos de resguardo de garantías y de depósitos.

Constituyen los remanentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus organismos autónomos administrativos la diferencia entre derechos reconocidos y liquidados y obligaciones contraídas, procedentes de las liquidaciones de sus respectivos presupuestos.

1. – Los remanentes de tesorería podrán constituir un recurso para la financiación de los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos administrativos.

2. – Con cargo a los remanentes de tesorería podrán incrementarse los créditos de pago a que se refiere el artículo 20 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi y los previstos en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

1. – La utilización de los remanentes de tesorería será autorizada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

2. – La cuantificación de los remanentes de tesorería deberá realizarse a partir de la información contable y de acuerdo con las normas que se establezcan por el Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. En todo caso, en la cuantificación de los remanentes de tesorería utilizables para la financiación de los Presupuestos deberá contemplarse la realización efectiva en el ejercicio de los mismos, así como los derechos que se consideren de dudoso cobro.

1. – Si a la finalización de un ejercicio el remanente de tesorería fuera negativo, se deberá proceder a su ajuste reduciendo el Presupuesto del año en curso en la misma cuantía.

   Si la reducción de gastos no fuera posible y la evolución de los recursos no permitiera la absorción del remanente negativo en el ejercicio, el Presupuesto del ejercicio siguiente deberá presentarse con un superávit inicial que permita su absorción.

2. – Si el remanente de tesorería al finalizar un ejercicio es inferior al estimado en el Presupuesto aprobado para el ejercicio siguiente, deberá procederse, por la diferencia, conforme a lo establecido en el párrafo 1 de este artículo.

3. – El Departamento competente en materia de seguimiento y control de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma dictará las normas necesarias para instrumentar lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este artículo.

Las dotaciones que figuran en los Presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma a favor de las entidades integrantes de su sector público se harán efectivas de la siguiente forma:

Las previstas para gastos corrientes, por periodos anticipados y en importes proporcionales a dichos periodos y a la dotación total, incluidas, en su caso, las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta ese momento, en los términos establecidos reglamentariamente.

Las previstas para operaciones de capital, en el momento en que surja la necesidad de acometer pagos de esa naturaleza en el organismo de que se trate, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Las aportaciones de fondos correspondientes a la subvención global en favor de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea o a los entes de naturaleza pública con sección independiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, excepto el Parlamento Vasco, se efectuarán por períodos anticipados y en importes proporcionales a dichos períodos y a la dotación total, incluidas las modificaciones presupuestarias aprobadas hasta ese momento.

1. – Los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas sólo podrán realizar operaciones de endeudamiento, cualesquiera que sean sus características, plazo y régimen de formalización, en el caso de que tales operaciones estén recogidas en sus respectivos presupuestos o en sus modificaciones aprobadas conforme a la legislación vigente.

2. – La realización de tales operaciones quedará limitada a las necesidades financieras de la entidad para hacer frente a las operaciones del presupuesto de capital a devengar en el ejercicio. En todo caso, sólo se podrán concertar con posterioridad a que la entidad haya recibido las transferencias de capital y a que se hayan realizado las ampliaciones de capital previstas y en sus términos.

3. – Todas las operaciones de endeudamiento a que se refiere el presente artículo requerirán autorización del departamento competente en materia de endeudamiento con anterioridad a su formalización.

4. – La disposición de líneas de crédito abiertas y no utilizadas totalmente en el ejercicio anterior requerirá asimismo autorización del departamento competente en materia de endeudamiento, y deberán ser aplicadas a las operaciones concretas para cuya financiación fueron previstas.

5. – Las fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrán realizar operaciones de endeudamiento para la cobertura de las necesidades financieras para hacer frente a gastos de inversión a devengar en el ejercicio, siendo aplicable lo dispuesto en el segundo inciso del párrafo 2 y en los párrafos 3 y 4 anteriores.

La prestación de garantías por los entes públicos de derecho privado, sociedades públicas y consorcios y fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi requerirá previa autorización por el departamento competente en la materia.

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza podrá gestionar cuentas que admitan la realización indistinta de ingresos y de pagos y ejercer las competencias que el artículo 13 asigna al Departamento competente en materia de tesorería.

Lo establecido en el artículo 6.2.d) se entiende sin perjuicio de las cuentas necesarias para el ejercicio de la autonomía financiera establecida en favor de centros docentes.

1. – El pago de deudas a la Hacienda General del País Vasco podrá efectuarse mediante la entrega de bienes culturales clasificados o inventariados conforme a la ley del Patrimonio Cultural Vasco. Cuando la deuda tenga su origen en la ejecución de garantías prestadas por la Administración o en préstamos otorgados por ésta, el pago de la deuda podrá efectuarse, también, mediante la entrega de otros bienes y derechos, previa autorización del Consejo de Gobierno, que será otorgada, excepcionalmente, en consideración a la imposibilidad del deudor de efectuar el pago en dinero sin grave quebranto de su actividad empresarial, el interés público en la actividad económica desarrollada por el deudor o su inclusión en planes o programas fomentados por el sector público vasco, así como la viabilidad de la empresa. En cualquier caso, la dación en pago deberá cubrir la deuda, intereses y recargos.

2. – El deudor que pretenda utilizar dicho medio de pago lo solicitará de la Dirección de Patrimonio y Contratación, acompañando descripción y valoración de los bienes o derechos y la documentación acreditativa de las circunstancias contempladas en el párrafo anterior. Reglamentariamente podrán determinarse los concretos documentos o datos y la forma y condiciones de presentación que con el carácter de requisito mínimo deban ser presentados junto con la solicitud.

3. – El Director de Patrimonio y Contratación, previo los informes pertinentes y audiencia del interesado en el supuesto de disconformidad con la pretensión de éste, elevará propuesta al Consejero competente en materia de patrimonio para su presentación y aprobación por el Consejo de Gobierno. Reglamentariamente podrán establecerse los informes preceptivos y, en su caso, vinculantes que hayan de ser tenidos en consideración para la resolución del expediente.

4. – La resolución deberá adoptarse en el plazo de cinco meses contados desde que se haya presentado la solicitud con la documentación que debe acompañarla. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, el deudor podrá considerar desestimada la solicitud. La resolución estimatoria concederá un plazo dentro del cual deberá perfeccionarse la adquisición de los bienes o derechos aceptados. La resolución estimatoria surtirá, desde la fecha de entrega de los bienes y derechos, los efectos del pago de los débitos que resulten cubiertos y el alta de los bienes en el Inventario General.

5. – La solicitud y la resolución sobre pago a que se refiere esta disposición tendrán los mismos efectos en el procedimiento de recaudación que los previstos para la compensación a instancia del obligado al pago. Si la transmisión del bien o derecho no se perfecciona en el plazo concedido, se continuarán las actuaciones del procedimiento de recaudación o del aplicable al caso, a no ser que la solicitud se hubiera presentado en período voluntario y se hubiera ingresado en aquel plazo la deuda con los intereses de demora devengados hasta la fecha de ingreso.

La presente ley será aplicable a los actos posteriores a su entrada en vigor referidos a emisiones de deuda pública, cualquiera que sea la fecha de éstas.

1. – La presente ley será aplicable a los actos que se realicen con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, cualquiera que sea el momento en que fueron concedidas las garantías a que se refieran.

2. – Para las garantías concedidas antes de la entrada en vigor de la presente ley, el plazo establecido en el artículo 41.2 se contará desde dicha entrada en vigor, salvo que el acuerdo de concesión prevea expresamente otro plazo.

Los convenios de reafianzamiento ya suscritos mantendrán la vigencia pactada. Su renegociación o modificación sólo podrá llevarse a cabo si, tras la misma, todo su contenido se adapta a la presente ley.

Hasta que se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente ley, que los derogarán expresamente, y en lo que no se oponga a la misma, continúan vigentes:

1. El Decreto 99/1982, de 19 de abril, sobre organización de la Tesorería General del País Vasco, y sus modificaciones.

2. El Decreto 13/1983, de 24 de enero, sobre régimen orgánico de los recursos en materia recaudatoria, y sus modificaciones.

3. El Decreto 17/1993, de 2 de febrero, por el que se establece y regula el Régimen de los Fondos Ordinarios anticipados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

El artículo 128.g) del texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de septiembre, queda redactado de la forma siguiente:

«g) Prestación de garantías: durante el período de prórroga se podrán conceder garantías en las mismas condiciones y hasta un importe máximo igual al autorizado en los Presupuestos Generales objeto de prórroga».

(...)

El Gobierno dictará las disposiciones para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

La presente ley entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.