El control de los compuestos orgánicos volátiles (COV) es importante para la calidad del aire porque, junto con los óxidos de nitrógeno, son precursores del ozono troposférico, contaminante secundario perjudicial para la salud humana y la vida vegetal. Muchos de estos COV se emplean como disolventes en multitud de usos en la sociedad actual, abarcando la práctica totalidad de sectores industriales. Por ello, y para prevenir y reducir los efectos de las emisiones de COV al medio ambiente y los riesgos potenciales para la salud humana, el 29 de marzo de 1999 el Consejo de Europa publicaba la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, relativa a la limitación de las emisiones de COV debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. Posteriormente, el 7 de febrero de 2003, se publicaba en España su transposición al derecho nacional, el Real Decreto (RD) 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de COV debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, al que deberán adaptarse las instalaciones existentes antes del 31 de octubre de 2007.