La presente ley tiene como objeto la regulación del sector turístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el establecimiento de los principios y criterios a los que habrá de acomodarse la acción administrativa en lo concerniente a la planificación, promoción y fomento de la actividad turística.

1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán al conjunto de actividades y recursos que conforman el sector turístico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Se consideran sujetos de la actividad turística:

   1. Las empresas turísticas, las entidades turísticas no empresariales y las profesiones turísticas en cuanto su acción esté destinada directa o indirectamente a facilitar el movimiento, estancia y servicio de viajeros.

   2. Los usuarios turísticos o clientes, como personas físicas o jurídicas que contraten o reciban los servicios que prestan los sujetos relacionados en el apartado anterior.

3. Son bienes o recursos turísticos las cosas materiales o inmateriales, naturales o no, que por su naturaleza o circunstancias son capaces de generar corrientes turísticas. A estos efectos, se entenderá por corriente turística el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio.

El objeto expresado en el artículo 1 de esta ley se concretará en la consecución de los siguientes fines:

1. Ordenación de la oferta turística mediante la corrección de las deficiencias de infraestructura, la elevación de la calidad y la armonización de los servicios, instalaciones y equipos turísticos con el desarrollo de la infraestructura territorial y la conservación del medio ambiente.

2. Ofrecimiento de un marco suficiente para el mejor desarrollo de la actividad de las empresas y sujetos turísticos favoreciendo la calidad y competitividad de las mismas.

3. Acomodación y planificación de la oferta turística a las exigencias de la demanda actual y potencial.

4. Preservación de los recursos turísticos, evitando su destrucción o degradación y procurando su correcto aprovechamiento en todas las modalidades de la oferta, con respeto a los valores culturales, histórico-artísticos, paisajísticos, urbanísticos y medioambientales.

5. Impulso de la modernización y mejora del equipamiento turístico del país y del desarrollo de las ofertas complementarias de servicios, propiciando los cauces de apoyo precisos para el reajuste de las estructuras empresariales de los distintos sectores.

6. Potenciación de las corrientes turísticas, tanto interiores como exteriores, procurando medidas de fomento del turismo social y la incorporación al fenómeno turístico de capas cada vez más amplias de la población y de sectores específicos de la misma.

7. Protección del usuario turístico.

8. Apoyo al ejercicio, formación y perfeccionamiento de las actividades propias de las profesiones turísticas.

La actuación administrativa se acomodará a las prescripciones contenidas en los siguientes principios y criterios de carácter general:

1. Coordinación y cooperación con el resto de las Administraciones públicas para el ejercicio más eficaz de la acción pública.

2. Impulso de las medidas para mejorar la eficacia del control administrativo, mediante la aplicación de la normativa en vigor, con el objetivo de desarrollar y mejorar la calidad del servicio y de las instalaciones.

3. Especial atención a la mejora de las estrategias competitivas de las empresas turísticas centrando la acción pública de fomento en los siguientes ámbitos:

   1. Estímulo a la creación de infraestructura técnica y de servicios que facilite y promueva un desarrollo empresarial eficiente.

   2. Impulso a las asociaciones y agrupaciones de empresas.

   3. Apoyo a la realización de estudios relativos a diagnósticos de competitividad, planes estratégicos, y destinos turísticos. Estos estudios deberán presentar sus datos desagregados por sexo e introducir la perspectiva de género en el análisis de la materia objeto de estudio siempre que corresponda.

   4. Apoyo al desarrollo de programas de actividades de promoción, creación y comercialización de productos turísticos.

4. En relación a las empresas de alojamientos turísticos la Administración pública actuará preferentemente tendiendo a:

   1. Modernización de las plazas obsoletas de alojamiento.

   2. Ampliación de la oferta de calidad.

   3. Asegurar el crecimiento selectivo de la oferta.

5. – La adopción de las medidas precisas para la intensificación de la formación profesional en el sector turístico, en el marco de las exigencias socioeconómicas generales y con especial atención a los objetivos de la política de empleo y a la incorporación de la perspectiva de género en la misma.

1. Corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia para:

   1. Autorizar la actividad de los establecimientos de las empresas turísticas fijando en su caso el grupo, clase, modalidad y categoría que correspondan.

   2. Inspeccionar los establecimientos turísticos y las condiciones en las que se presten los servicios.

   3. Vigilar el cumplimiento de lo establecido en materia de publicidad de los servicios turísticos y de sus precios.

   4. Adoptar las medidas adecuadas para el fomento y promoción de la oferta turística, coordinando y colaborando con las desarrolladas por otras Administraciones y organismos en el ejercicio de sus propias competencias.

   5. Sustanciar las reclamaciones que puedan formularse en relación con las materias a las que se refiere esta ley.

   6. Aprobar los Planes Territoriales Sectoriales y los Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos.

   7. Imponer las sanciones que procedan por infracciones que se cometan contra lo prevenido en la presente ley.

   8. Adoptar, en materia de ordenación del sector turístico de Euskadi, cuantas medidas sean necesarias para asegurar los fines y objetivos de la ley en colaboración con los agentes del sector, así como con las demás Administraciones públicas.

2. Las atribuciones que se determinan en el punto anterior se ejecutarán por el órgano competente en materia de turismo, sin perjuicio de las que pudieran corresponder a otros órganos en el ámbito de sus competencias.

1. Son empresas turísticas las que tienen como objeto de su actividad la prestación de servicios de alojamiento, restauración o de simple mediación entre los viajeros y la oferta turística o cualesquiera otras directamente relacionadas con el turismo, y que reglamentariamente se clasifiquen como tales.

2. Serán considerados establecimientos turísticos, a los efectos de esta ley, los locales o instalaciones abiertos al público y acondicionados de conformidad con la normativa en su caso aplicable, en los que las empresas turísticas prestan al público alguno o algunos de sus servicios.

Las empresas turísticas pueden ser:

1. De alojamiento turístico.

2. De agencias de viaje.

3. De restauración.

4. Otras empresas turísticas, a las que se hace referencia en el artículo 37 de esta ley.

1. Las empresas turísticas, con anterioridad a la entrada en funcionamiento de sus establecimientos, deberán solicitar de la Administración turística la correspondiente autorización de actividad y clasificación con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se determine.

2. Igualmente, las empresas turísticas deberán instar la correspondiente autorización de actividad para abordar cualquier modificación sustancial que afecte a las condiciones en las que se otorgó la autorización de apertura y clasificación de los establecimientos.

3. La autorización de actividad y clasificación será independiente de la que corresponda otorgar a otros organismos en virtud de sus respectivas competencias.

4. – La autorización de actividad y la clasificación otorgadas por la Administración turística se mantendrán en tanto sean cumplidos los requisitos que se han tenido en cuenta al efectuar aquéllas. Podrán ser revocadas o modificadas motivadamente, previa instrucción del oportuno expediente en el que se dará audiencia a la persona interesada, cuando se incumplan o desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado la denegación de la misma.

Las empresas turísticas están obligadas a cumplir las disposiciones que reglamentariamente se establezcan, de forma sectorial, y en general a:

1. Prestar los servicios a los que están obligadas, según su clasificación, en los términos previstos en la presente ley y en los reglamentos que la desarrollen.

2. Mantener las instalaciones de los establecimientos en condiciones que garanticen su correcto funcionamiento.

3. Informar a los usuarios, previamente, sobre el régimen de los servicios que se ofertan en el establecimiento, las condiciones de prestación de los mismos y su precio.

4. Exhibir, en lugar visible, el distintivo correspondiente a su clasificación.

5. Facilitar al cliente, cuando lo solicitare, la documentación preceptiva para formular reclamaciones.

6. Contratar una póliza de responsabilidad civil que garantice los posibles riesgos de su responsabilidad, en la forma y cuantía que se determine.

7. Facturar los servicios de acuerdo con los precios establecidos y conforme a lo legalmente previsto.

8. Facilitar a la Administración la información y documentación preceptiva para facilitar el correcto ejercicio de las atribuciones legalmente reconocidas.

9. Cumplir, además de las normas de naturaleza turística, las vigentes en materia de medio ambiente, construcción y edificación, instalación y funcionamiento de maquinaria, sanidad y seguridad y prevención de incendios y cualesquiera otras de aplicación.

1. Las empresas y establecimientos turísticos deberán inscribirse en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco. Este Registro dependerá del órgano que tenga atribuida la competencia en materia turística y tendrá naturaleza administrativa y carácter público.

2. Potestativamente podrán inscribirse en el Registro otras actividades que por sus servicios, instalaciones o interés para el turismo se consideren reglamentariamente suficientemente relevantes para ser incluidos en la oferta turística de Euskadi.

3. La inscripción de empresas y establecimientos turísticos se practicará de oficio o a instancia del interesado.

4. La inscripción constituirá requisito del que depende la eficacia jurídica de las autorizaciones administrativas que se otorguen a las referidas empresas y establecimientos.

5. La organización y funcionamiento del citado Registro se determinará reglamentariamente.

1. – Son empresas de alojamiento turístico aquéllas que se dedican, de manera profesional y habitual, mediante precio, a proporcionar alojamiento temporal con fines de ocio, por negocios u otros motivos, sin constituir cambio de residencia para la persona alojada, con o sin prestación de servicios de carácter complementario.

2. – A los efectos establecidos en la presente ley, se entiende por alojamiento temporal el que se ofrece por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año.

1. Las empresas a que se refiere el artículo anterior podrán serlo de establecimientos hoteleros o de alojamientos turísticos de carácter extrahotelero.

2. – Son alojamientos turísticos extrahoteleros los campings y otras modalidades de turismo de acampada, las casas rurales, los agroturismos, los apartamentos turísticos y los albergues turísticos, así como cualesquiera otras modalidades cuando la necesidad de un régimen de autorización esté justificada por razones de interés general y reglamentariamente se determinen.

1. Los establecimientos de alojamiento turístico, agencias de viajes y empresas de restauración tendrán la consideración de públicos, sin que el acceso a los mismos pueda ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

2. El acceso a un establecimiento podrá condicionarse al cumplimiento de reglamentos de uso o régimen interior. Estos reglamentos no podrán contravenir, en ningún caso, lo dispuesto en la presente ley y deberán anunciarse de forma bien visible en los lugares de acceso al establecimiento.

1. Son entidades turísticas no empresariales aquellas que, sin ánimo de lucro, y de carácter privado, tienen por fin promover de alguna forma el desarrollo del turismo o de actividades turísticas determinadas.

2. Estas entidades se regirán por sus propios Estatutos, por las disposiciones que regulan el derecho de asociación y demás normas de aplicación, y determinarán libremente tanto su ámbito territorial de actuación como su denominación.

Los poderes públicos, en la esfera de sus respectivas competencias, apoyarán la creación de entidades y organizaciones no empresariales que estimulen el desarrollo del turismo.

Son profesiones turísticas las relativas a la realización, de manera habitual y retribuida, de actividades de orientación, información, asistencia y otras similares, y que reglamentariamente se determinen como tales.

La Administración turística adoptará cuantas medidas sean necesarias, entre ellas la colaboración con la administración competente en la introducción de la perspectiva de género, en orden al ejercicio, formación y perfeccionamiento de las actividades propias de las profesiones turísticas, y fomentará las mejores condiciones de empleo para las personas trabajadoras y profesionales del turismo, dentro de las medidas de ordenación del desarrollo de la oferta turística.

1. De conformidad con lo previsto en las leyes, los poderes públicos velarán por la defensa de los usuarios turísticos, a los que hace referencia el artículo 2.2 b) de la presente ley.

2. Serán deberes de los poderes públicos:

   1. Ofrecer al usuario, de manera permanente y actualizada, una información objetiva, exacta y completa sobre los distintos aspectos de la oferta turística y de los servicios que en la misma se comprendan.

   2. Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses del usuario turístico, procurando la máxima eficacia en la atención y tramitación de sus reclamaciones.

El usuario turístico tendrá los derechos siguientes:

1. Obtener información objetiva, exacta y completa sobre todas y cada una de las condiciones de prestación de los servicios.

2. Recibir los servicios turísticos en las condiciones contratadas.

3. Obtener cuantos documentos acrediten los términos de su contratación y, en cualquier caso, las correspondientes facturas legalmente emitidas.

4. Formular reclamaciones, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.

5. Los demás derechos reconocidos en el vigente ordenamiento jurídico en materia de protección de los consumidores y usuarios.

Los usuarios de los establecimientos turísticos tendrán las siguientes obligaciones:

1. Observar las normas de convivencia e higiene.

2. Respetar los reglamentos de uso o régimen interior, siempre que no contravengan lo previsto en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.

3. Pagar los precios que les sean facturados.

Los usuarios y consumidores de los servicios turísticos podrán plantear solicitudes de arbitraje para resolver sus quejas o reclamaciones, con arreglo al vigente sistema arbitral de consumo.

Son recursos, bienes o atractivos turísticos los definidos con carácter general en el artículo 2.3 de esta ley. Se consideran recursos turísticos básicos los que, aisladamente o formando conjunto con otros, constituyen o pueden constituir causa principal en la generación de corrientes de turismo de masas.

Los recursos turísticos básicos serán objeto de declaración e inventario, conforme a la normativa que en cada caso le sea de aplicación en orden a su promoción y protección.

1. La ordenación de los recursos turísticos de Euskadi se realizará por medio de un Plan Territorial Sectorial.

   Este plan definirá el modelo de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma y ordenará el fenómeno de la segunda residencia turística o vacacional, con arreglo al modelo definido por los instrumentos de ordenación territorial establecidos por la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

2. El ámbito territorial del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos de Euskadi será el de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1. El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos establecerá áreas territoriales o comarcas turísticas consideradas como preferentes desde la perspectiva de la actuación y financiación pública.

2. La consideración de un área o comarca como turística y su declaración como tal lo será a los efectos de la planificación detallada del aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos en ella existentes. Para que una comarca pueda ser declarada turística requerirá que en la misma concurran las siguientes condiciones:

   1. Que disponga de recursos turísticos básicos suficientes.

   2. Que disponga de alojamientos bastantes o de suelo apto para la edificación de los mismos en la extensión adecuada.

   3. Que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente.

1. La declaración de una comarca como turística podrá efectuarse:

   1. En el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos.

   2. En declaración especial aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento que tenga atribuida la competencia de turismo. Los municipios podrán solicitar del Gobierno la citada declaración, a través del Departamento competente.

2. La declaración podrá recaer sobre el ámbito territorial de un municipio o parte de él, o de varios municipios, o de un territorio perteneciente a varios municipios. Igualmente podrá afectar a uno o más Territorios Históricos.

1. Una vez declarada una comarca como turística se procederá a la elaboración del Plan Estratégico de Ordenación de los Recursos Turísticos de la misma.

   Estos Planes Estratégicos no tendrán la naturaleza de los Planes Especiales dictados según la legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

2. Los Planes Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos de una comarca declarada turística contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:

   1. Inventario y valoración de los recursos turísticos y fijación de los modos óptimos de aprovechamiento de los mismos y medidas a adoptar para su protección.

   2. Áreas adecuadas para los asentamientos turísticos en razón a la situación, naturaleza, valor y capacidad de los recursos turísticos, las condiciones del suelo y la preservación del medio ambiente.

   3. Zonas de protección y demás cautelas a adoptar para preservar al turismo de usos, obras y actividades incompatibles con él.

   4. Tipología de la oferta turística básica y complementaria y estimación cuantitativa y cualitativa de dicha oferta en función de las previsiones sobre la demanda y la aptitud del territorio.

   5. Obras de infraestructura básica necesarias.

   6. Previsiones para acomodar la ejecución del plan a las exigencias reales de la demanda en cada momento.

   7. Adaptación del planeamiento municipal a las determinaciones de los Planes Estratégicos y redacción de los Planes Especiales Urbanísticos precisos.

   8. Relación de las actuaciones y proyectos sometidos al informe preceptivo a que se hace referencia en el artículo 52.

   9. Causas suficientes para la revisión del plan.

3. Los Planes Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos se impulsarán por el Departamento que tenga asignada la competencia en materia de turismo, o a instancia de los municipios afectados, siendo elaborados por una Comisión redactora en la que además estarán presentes la Diputación Foral correspondiente, la Mancomunidad en su caso, y los respectivos municipios considerados dentro de la Comarca.

1. El Departamento competente en materia de turismo emitirá informe preceptivo previo a la ejecución de aquellas actuaciones y proyectos que el Plan Estratégico Comarcal de Ordenación de Recursos Turísticos haya determinado.

2. En ausencia de plan, el informe se emitirá con igual carácter cuando se prevean actuaciones y proyectos que puedan perjudicar la oferta turística de la zona donde vayan a ejecutarse.

La disciplina turística tiene como objeto la regulación de la actuación inspectora, la tipificación de las infracciones y sanciones así como el establecimiento del procedimiento sancionador en materia de turismo.

Las presentes disposiciones serán de aplicación al ejercicio de cualquier actividad turística comprendida dentro del ámbito de aplicación de la presente ley que se realice en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Servicio de Inspección Turística, dependiente del órgano competente en materia de turismo, realizará las siguientes funciones:

1. Vigilancia y comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales en materia turística, así como la evacuación de informes a que hubiera lugar.

2. Comprobación de los hechos objeto tanto de las reclamaciones y denuncias de los usuarios como de las comunicaciones de presuntas infracciones o irregularidades.

3. Asesoramiento e informe sobre requisitos de infraestructura, funcionamiento de empresas, y seguimiento de la ejecución de inversiones subvencionadas.

1. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores tendrán carácter de agentes de la autoridad y gozarán, como tales, de la protección y facultades que a los mismos dispensa la normativa vigente.

2. Cuando lo consideren preciso para el mejor cumplimiento de sus funciones, los inspectores de turismo podrán recabar la cooperación del personal y servicios dependientes de otras Administraciones y organismos públicos.

1. Los inspectores deberán ir previstos de la documentación que acredite su condición, debiendo exhibirla cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones.

2. La actuación inspectora tendrá en todo caso carácter confidencial. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de sigilo profesional.

Al objeto de poder cumplir las funciones inspectoras que la presente ley impone, el Departamento que tenga adscritas las competencias en materia de turismo podrá habilitar a funcionarios cualificados de la Administración, así como contar con la colaboración de funcionarios de otras Administraciones públicas. A estos funcionarios les será de aplicación lo dispuesto en los artículos anteriores.

1. Los titulares de las empresas de actividades turísticas o las personas que se encuentren al frente de aquéllas en el momento de la inspección están obligados a facilitar al personal de la inspección de turismo, en el ejercicio de sus funciones, el acceso y examen de instalaciones, documentos, libros y registros preceptivos.

2. Las actas deberán ser firmadas por el inspector actuante y por el titular de la empresa o actividad turística inspeccionada o su representante legal y, en su defecto, por la persona que en ese momento esté al frente de dicha empresa o actividad, en cuyo poder quedará una copia. La firmaacreditará el conocimiento del acta y su contenido y en ningún caso implicará la aceptación del mismo. La negativa a firmar el acta por las personas antes mencionadas, así como los motivos de la misma, deberán hacerse constar en el acta por el inspector mediante la oportuna diligencia.

Constituyen infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente ley.

1. Cuando a juicio de la Administración las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial, en su caso, no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa. Si no se hubiere estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.

2. En los mismos términos, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que se hubiese incoado por los mismos hechos y, en su caso, la ejecución de los actos administrativos de imposición de sanción.

Las infracciones administrativas en materia de turismo se clasifican en leves, graves y muy graves.

Se consideran infracciones leves las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente ley y en la normativa de desarrollo, sin trascendencia directa de carácter económico ni perjuicio grave para los usuarios, que no estén tipificadas como falta grave o muy grave, y en todo caso:

1. La inexistencia de distintivos obligatorios o su exhibición sin los requisitos establecidos.

2. La falta de respeto y consideración debida a la clientela.

3. Las deficiencias leves en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos, limpieza de los locales y enseres y funcionamiento de las instalaciones y mobiliario.

4. El incumplimiento de las disposiciones relativas a facturación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente por la normativa turística para el adecuado régimen de la empresa o actividad y como garantía para la protección del usuario.

5. El incumplimiento de las normas sobre publicidad de las prestaciones y servicios y sus precios.

Se consideran infracciones graves:

1. El incumplimiento o alteración de los requisitos o condiciones de autorización, título, licencia, notificación o habilitación preceptiva para la clasificación o ejercicio de una actividad turística.

2. La utilización de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los que le corresponden, conforme a su clasificación.

3. Efectuar reformas estructurales no autorizadas previamente por la Administración que modifiquen los requisitos básicos esenciales para el ejercicio de la actividad y afecten a la clasificación, categoría o capacidad alojativa del establecimiento.

4. Incumplir las obligaciones contractuales ocasionando perjuicios graves a los clientes en las materias reguladas en la presente ley.

5. El mal trato de palabra u obra a la clientela en los supuestos manifiestamente ofensivos.

6. La prohibición del libre acceso y la expulsión de clientes, cuando éstas sean injustificadas.

7. Percibir precios superiores a los anunciados.

8. El incumplimiento parcial y no sustancial de la normativa sobre prevención de incendios.

9. La publicidad que pueda inducir a engaño o confusión sobre los elementos esenciales de las prestaciones y servicios ofertados por los sujetos de las actividades turísticas.

10. La utilización de dependencias, locales inmuebles, vehículos o personas para la prestación de servicios turísticos que no estén habilitados legalmente para ello, o que, estándolo, hayan perdido, en su caso, su condición de uso.

11. La reserva confirmada de plazas en número superior a las disponibles o el incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas.

12. La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en las materias referidas en la presente ley. Así como el suministro de información inexacta o documentación falsa.

13. Las deficiencias manifiestas y generalizadas en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento o limpieza de los enseres, locales e instalaciones.

14. La inexistencia de hojas de reclamación o la negativa a facilitarlas en el momento de ser solicitadas.

15. No facilitar al cliente cuantos documentos acrediten los términos en su relación con la empresa turística y, en cualquier caso, las correspondientes facturas legalmente emitidas.

16. El incumplimiento de los plazos concedidos por la Administración turística para la subsanación de deficiencias de infraestructura o funcionamiento.

17. No mantener vigente la cuantía del capital social o las garantías de seguro y fianzas exigidas por la normativa turística.

18. La admisión en los campamentos de turismo de las y los campistas fijos o residenciales, la instalación de unidades de acampada prohibida, así como la instalación de elementos fijos o la celebración de contratos de arrendamiento de parcelas en porcentaje o por tiempo superior al legalmente o reglamentariamente permitido.

19. Cualquier infracción que, aunque tipificada como muy grave, no mereciere tal calificación en atención a su naturaleza, ocasión o circunstancia.

Constituyen infracciones muy graves:

1. La realización o prestación de servicios y actividades turísticas con incumplimiento grave de las disposiciones que las regulan.

2. El incumplimiento sustancial de la normativa sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.

3. Las infracciones de la normativa turística de las que resulte grave perjuicio para los intereses turísticos de Euskadi o daños para los recursos naturales y medio ambiente.

4. Incumplir las obligaciones contractuales ocasionando perjuicios muy graves a los clientes.

Las disposiciones reglamentarias de ordenación del turismo podrán, dentro del marco de lo establecido en la presente ley, complementar o especificar las conductas contrarias a lo dispuesto en las mismas sin innovar el sistema de infracciones y sanciones establecido.

1. Serán sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, a título de dolo, culpa o simple negligencia.

2. Los titulares de las empresas y demás actividades turísticas serán responsables solidarios de las infracciones cometidas por personas a su servicio cuando incumplan el deber de prevenir la comisión de la infracción, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que resulten procedentes.

1. – Habrá reincidencia cuando la persona responsable de la infracción haya cometido en el término de dos años al menos una infracción de la misma naturaleza y así se haya declarado por resolución firme. En caso de reincidencia, se aplicará en su grado máximo la sanción que se fije para la infracción.

2. – El plazo comenzará a computarse desde el día en que se hubiera cometido la infracción.

1. Las infracciones contra lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones en materia de turismo darán lugar a la imposición de las sanciones de apercibimiento y multa.

2. Las sanciones graves y muy graves podrán ir acompañadas de las accesorias de:

   1. Suspensión del ejercicio de la actividad turística.

   2. Clausura del establecimiento.

   3. Revocación del título o licencia otorgada por la Administración turística.

3. No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos que se hallen abiertos al público sin haber obtenido la autorización preceptiva para el ejercicio de sus actividades, o la suspensión del funcionamiento que, en su caso, pueda acordarse hasta el momento en que dicha autorización se obtenga, cuando la solicitud de la misma se encuentre en tramitación.

Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes cuando se produjo la infracción administrativa, y especialmente las siguientes:

1. Los perjuicios ocasionados a los particulares.

2. El beneficio ilícito obtenido.

3. El volumen económico de la empresa o establecimiento.

4. La categoría del establecimiento o características de la actividad.

5. La reincidencia.

6. La subsanación durante la tramitación del expediente de las anomalías que dieron origen a la iniciación del procedimiento.

7. La existencia de intencionalidad o reiteración.

1. – De conformidad con los criterios establecidos en el artículo anterior, las sanciones podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo.

2. – Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa entre 90 y 900 euros. La sanción de apercibimiento procederá en las infracciones calificadas como leves cuando el carácter de la infracción no haga necesaria la imposición de multa y siempre que no exista reincidencia en la comisión de la misma.

   La sanción de multa en su grado mínimo se situará entre los 90 y 225 euros; en su grado medio, de 226 a 450 euros; y en su grado máximo, de 451 a 900 euros.

3. – Las faltas graves se sancionarán con multa en su grado mínimo de 901 a 1.800 euros; en su grado medio, de 1.801 a 4.500 euros; y en su grado máximo, de 4.501 a 9.000 euros.

4. – Las faltas muy graves se sancionarán con multa en su grado mínimo de 9.001 a 13.600 euros; en su grado medio, de 13.601 a 18.125; y en su grado máximo, de 18.126 a 45.000 euros.

1. La sanción accesoria de suspensión de actividad será de aplicación en la forma que a continuación se establece:

   1. Suspensión de la actividad por un período no superior a seis meses: procederá en los supuestos de reincidencia en la comisión de falta grave.

   2. Suspensión de la actividad por un período entre seis meses y dos años: se aplicará en los casos de reincidencia en la comisión de una falta muy grave.

      En cualquier caso, la sanción accesoria de suspensión se extenderá al período necesario en los supuestos de existencia de defectos y hasta la subsanación de los mismos.

2. La clausura del establecimiento o la retirada de la autorización o licencia para el ejercicio de la actividad procederá en los casos de reincidencia en la comisión de una falta muy grave, cuando el hecho infractor hubiera lesionado gravemente los intereses turísticos de Euskadi.

3. En las infracciones graves y muy graves podrá imponerse también como sanción accesoria la suspensión o retirada de cualquier subvención o ayuda de carácter financiero que la persona infractora hubiera solicitado y obtenido de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la actividad objeto de sanción.

Independientemente de las sanciones que pudieran imponerse, cuando se hubieran percibido precios superiores a los declarados a la Administración turística, o a los correspondientes a los servicios realmente prestados, el órgano competente acordará la restitución de lo indebidamente percibido así como la indemnización por los perjuicios causados, comunicándoselo al infractor para su satisfacción y quedando, de no hacerse así, expedita la vía correspondiente.

Con independencia de las multas previstas en los artículos anteriores, los órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente relativo a la adecuación de la actividad o de los establecimientos a lo dispuesto en las normas, podrán imponer multas coercitivas conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada para la infracción cometida.

Serán órganos competentes para instruir y resolver los expedientes que se incoen por las infracciones reguladas en la presente ley los que reglamentariamente la tengan expresamente atribuida.

Las disposiciones de rango reglamentario que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora encomendarán a órganos distintos la fase instructora y la sancionadora.

1. Las infracciones y sanciones previstas en esta ley prescribirán en los siguientes plazos:

   1. Infracciones leves: un año.

   2. Infracciones graves: dos años.

   3. Infracciones muy graves: tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieran cometido, y el de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.

3. La prescripción de la exigibilidad de las infracciones contempladas en la presente ley quedará interrumpida con la incoación del expediente sancionador correspondiente.

4. No prescribirán aquellas infracciones en las que la conducta tipificada implique una obligación de carácter permanente para el titular.

1. Iniciado el procedimiento sancionador y transcurridos tres meses desde la notificación al interesado de cada uno de los trámites del mismo sin que se impulse el trámite siguiente por causas imputables a la Administración, se producirá su caducidad, con archivo de actuaciones. El procedimiento se entenderá caducado, a solicitud del interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió ser dictada.

2. La ampliación de los plazos establecidos en el anterior apartado, por causas no imputables a la Administración, requerirá autorización del órgano que acordó la incoación del expediente, debiendo consignarse tal circunstancia en el mismo y notificarse al interesado.

1. El expediente sancionador en materia turística se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente adoptado como consecuencia de cualquiera de las actuaciones siguientes:

   1. Por actas levantadas por el Servicio de Inspección de Turismo.

   2. Por comunicación de la autoridad u órgano administrativo que tenga conocimiento de una presunta infracción.

   3. En virtud de queja o denuncia consignadas en las hojas de reclamaciones de los establecimientos turísticos.

   4. Por reclamación formulada de acuerdo con lo que establece la normativa de procedimiento en vigor.

   5. Por denuncia de las asociaciones legalmente constituidas.

   6. Por propia iniciativa del órgano competente en materia de turismo cuando tenga conocimiento de una presunta infracción por cualquier medio.

2. Con carácter previo a la incoación del expediente se podrá ordenar la práctica de información previa para la aclaración de los hechos. A la vista de las actuaciones practicadas y una vez examinados los hechos se determinará la existencia o inexistencia de indicios de infracción, y cuando corresponda se incoará expediente sancionador cuya tramitación respetará los principios contenidos en el capítulo II del título IX de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. Excepcionalmente, por razones de seguridad, de riesgo grave para los intereses económicos del usuario de servicios turísticos o de perjuicio grave y manifiesto para la imagen turística de Euskadi, podrá acordarse cautelarmente la clausura inmediata del establecimiento o precintado de sus instalaciones, durante el tiempo necesario para la subsanación de los defectos existentes y como máximo hasta la resolución del expediente.

2. La autoridad competente para incoar el expediente lo será también para adoptar la medida cautelar, mediante resolución motivada, previa audiencia del interesado.

Las sanciones que se impongan al amparo de lo dispuesto en la presente ley serán objeto de inmediata ejecución cuando pongan fin a la vía administrativa de conformidad a lo dispuesto en la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones del procedimiento sancionador podrán interponerse los recursos que correspondan conforme al capítulo II del título VII de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Reglamentariamente se determinará cuáles de los requisitos y obligaciones exigidas a las empresas turísticas resultan de aplicación a los bares, salas de fiesta, clubes y similares, a las viviendas turísticas vacacionales y al alojamiento en casas particulares.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, la Administración turística regulará reglamentariamente el ejercicio de actividades de carácter similar a las descritas en el mismo, realizadas de forma no profesional o con carácter esporádico, atendiendo a sus características singulares.

El Plan Estratégico Comarcal a que se refiere el artículo 51 deberá ser aprobado en el plazo de cinco años a partir de la fecha de declaración de la comarca como turística.

Aquellos municipios o comarcas que con anterioridad a la aprobación de la presente ley hayan iniciado la elaboración de un Plan Estratégico Comarcal de Ordenación de los Recursos Turísticos, podrán solicitar al Consejo de Gobierno la declaración de comarca turística.

El Gobierno procurará que los procedimientos administrativos previstos en esta ley y aquellos derivados de otras normas, cuando afecten a un mismo interesado, se desarrollen bajo los criterios de coordinación y simplicidad en su tramitación.

Los derechos lingüísticos de los usuarios turísticos se garantizarán de conformidad con lo previsto en la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 149.3 de la Constitución y disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía de Euskadi, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Estado sobre la materia objeto de esta ley en tanto no sean objeto de regulación por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las cuantías señaladas en esta ley para las sanciones podrán ser revisadas y en todo caso trienalmente actualizadas por decreto del Consejo de Gobierno, en función de la evolución del índice de precios al consumo.

Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la presente ley.

La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.