Boletín Oficial del País Vasco

N.º 35, lunes 20 de febrero de 2023

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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2023, del Director de Justicia, por la que se delega el ejercicio de competencias sobre determinadas materias en el área de ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.

La ejecución de la legislación penitenciaria en Euskadi y la consiguiente gestión de la actividad penitenciaria, así como la dirección, organización e inspección de los establecimientos y centros penitenciarios corresponden a la Comunidad Autónoma de Euskadi en virtud de los artículos 10.14 y 12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de medios y servicios relativos a la competencia de ejecución de la legislación penitenciaria.

Conforme al artículo 14.1.f) del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, corresponde a la Dirección de Justicia, entre otros, ejecutar, gestionar, coordinar y hacer seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto, libertad condicional y programas específicos de tratamiento e intervención, adoptando las resoluciones administrativas precisas en relación con la observación, clasificación, destino, permisos y tratamiento de las personas internas y cualesquiera otras que la legislación penitenciaria asigna al centro directivo que no correspondan a la Viceconsejería de Justicia.

Los centros y establecimientos penitenciarios están bajo la dependencia orgánica de la Dirección de Justicia, y dependen de la misma también funcionalmente, sin perjuicio de su dependencia funcional de dicha dirección o del resto de órganos directivos de la Viceconsejería de Justicia o de otros órganos del Departamento en función de la materia.

Según el artículo 11.h) del citado Decreto, corresponde a la Viceconsejería de Justicia, «adoptar las resoluciones administrativas que la legislación penitenciaria asigna al centro directivo referentes a la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad susceptibles de ser recurridas directamente ante el juzgado de vigilancia penitenciaria cuando la pena de prisión impuesta sea superior a diez años, salvo delegación en otros órganos».

Tal redacción proviene del Decreto 40/2022, de 29 de marzo, de segunda modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y supone un reparto de atribuciones en las competencias del centro directivo de la legislación penitenciaria.

Dicho precepto, en tanto en cuanto implica una excepción a la asignación competencial ordinaria, debe interpretarse en un sentido no extensivo y atendiendo a que la acumulación de penas, a estos efectos, no afecta a la individualidad de cada una de ellas. De forma que sería atribuible a la Viceconsejería las funciones designadas cuando alguna de las penas de prisión impuestas a una persona interna por las que cumpliera condena fuera superior a diez años y no cuando estuviera cumpliendo condenas iguales o inferiores a diez años que sumadas fueran superiores a dicha cifra.

A la vista de la nueva estructuración de las funciones de los órganos departamentales; de la experiencia adquirida y de la necesidad de amoldarse a las particularidades de los sistemas de la información disponibles, debe actualizarse la delegación de funciones en los directores y directoras de los centros penitenciarios dispuesta por la Resolución del Director de Justicia de 22 de septiembre de 2021, publicada en el BOPV n.º 196, de 30 de septiembre de 2021, atendiendo a razones de eficacia y eficiencia en la gestión.

Por ello, por medio de la presente Resolución se deja sin efecto la resolución de delegación antedicha y se dicta una nueva, redistribuyéndose las materias y funciones delegadas en las direcciones de los centros penitenciarios.

En virtud de lo expuesto anteriormente y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 20 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 25 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

RESUELVO:

Primero.– Delegar en los directores y directoras de los centros penitenciarios, en el ámbito de sus respectivos centros, las siguientes funciones, dentro de las atribuidas a la Dirección de Justicia:

a) Acordar la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento de las personas penadas con condena superior a cinco años, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento se haya adoptado por unanimidad.

b) Dejar sin efecto la clasificación en grado de las personas penadas en los supuestos legalmente establecidos.

c) Resolver las revisiones de grado, interesadas por las personas internas al amparo del apartado segundo del artículo 105 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de continuidad sea en segundo grado y se haya adoptado por unanimidad, debiendo además cumplir al menos una de las siguientes condiciones: que no haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años, que tenga dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar o que le conste procedimiento penal pendiente de sustanciación.

d) Autorizar la aplicación de fases y modalidades de vida dentro del régimen abierto a las personas penadas ya clasificadas en tercer grado. Se exceptúan de la delegación la aplicación del régimen previsto en el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario (sin control telemático) y las autorizaciones contempladas en el artículo 182 del Reglamento Penitenciario, en cuyos casos la decisión corresponderá al Centro Directivo.

e) Autorizar los permisos ordinarios de salida a las personas penadas clasificadas en tercer grado.

f) Autorizar los permisos extraordinarios a las personas penadas clasificadas en segundo grado por razón de nacimiento de hijo o hija o fallecimiento o enfermedad grave de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con custodia policial sin traslado de establecimiento o bien sin custodia para personas internas que disfrutan habitualmente de permisos ordinarios de salida, siempre que su duración en este caso no supere las veinticuatro horas. En caso de que el permiso extraordinario deba concederse en horario de incidencias la Dirección del Centro será competente para ordenar el permiso extraordinario, así como el traslado de establecimiento y recabar la fuerza pública, tanto para personas penadas en segundo grado, como penadas sin clasificar.

g) Autorizar los permisos extraordinarios de salida a las personas penadas clasificadas en tercer grado.

h) Aprobar salidas de fin de semana en horarios diferentes a los reglamentariamente establecidos, a las personas penadas en régimen abierto.

i) Aprobar las salidas programadas a las personas penadas clasificadas en tercer grado o en segundo grado con aplicación del principio de flexibilidad, sin perjuicio en este último supuesto de la competencia de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria para su autorización cuando la duración sea superior a dos días.

Segundo.– La presente delegación se entiende sin perjuicio de las directrices y criterios que sobre la materia establezca el Director de Justicia, como órgano competente, y las resoluciones que se dicten por delegación deberán ajustarse estrictamente a dichos criterios. Además, el órgano delegante podrá instruir a los órganos en favor de los que se haya establecido la delegación, la remisión periódica de una relación de los actos que se dicten en el ejercicio de las competencias delegadas.

Tercero.– La delegación de competencias a que se refiere la presente Orden está sujeta a las limitaciones señaladas en el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el artículo 25.8 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco. Y las resoluciones que se adopten en virtud de la presente delegación deberán indicar expresamente dicha circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Cuarto.– El Director de Justicia podrá revocar en cualquier momento la delegación de competencias a que se refiere esta Resolución. La revocación surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Quinto.– El Director de Justicia podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto comprendido en la delegación a que se refiere esta Resolución, sin perjuicio de que la delegación subsista en tanto no sea revocada o modificada de modo expreso.

Sexto.– Dejar sin efecto la Resolución de 22 de septiembre de 2021, del Director de Justicia, por la que se delega en los directores y directoras de los centros penitenciarios el ejercicio de competencias sobre determinadas materias en el área de ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, publicada en el BOPV n.º 196, de 30 de septiembre de 2021.

Séptimo.– Esta Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Octavo.– Contra la presente Resolución se podrá imponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de Justicia, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de febrero de 2023.

El Director de Justicia,

EUGENIO ARTECHE PALOMAR.

Análisis documental