Servicio de Bibliotecas

La citada Ley 4/2008, de 19 de junio, regula en su Título III un sistema de protección y asistencia interrelacionado, pensado para atender todas y cada una de las necesidades de las víctimas de acciones terroristas.

Si bien la norma legal define y desarrolla las prestaciones que abarca tal sistema, en ocasiones difiere al desarrollo reglamentario cuestiones tales como la determinación de los límites económicos de las prestaciones o cuestiones de procedimiento y organización, que son las que este proyecto pretende desarrollar completando el régimen jurídico previsto en la propia Ley 4/2008, de 19 de junio.

De acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, las disposiciones de carácter general que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y ciudadanas serán objeto del trámite de audiencia; asimismo se someterán a información pública cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje.

En efecto, la regulación que se pretende afectará a una pluralidad indeterminada de personas físicas y jurídicas no siempre integradas en organizaciones o asociaciones que las agrupe o represente, siendo aconsejable por ello someterla a información pública.

Por lo expuesto, de conformidad con la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el artículo 14.2.h) del Decreto 471/2009, de 28 de agosto, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior.