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La Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, modificada posteriormente por Ley 8/2000 y Ley 9/2000, ambas de 10 de noviembre, por la Ley 4/2003, de 25 de junio y por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, estableció los instrumentos de carácter social y las prestaciones económicas necesarias para prevenir el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como para contribuir a la inserción de quienes carecen de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una vida independiente.

Asimismo, la Ley contra la Exclusión Social se ha visto afectada, en lo que no se oponga, por la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales. Esta Ley consagra el derecho a una Renta Básica, garantizando, por un lado, la existencia misma de dicha prestación y, por otro, el derecho de todas las personas a percibir unos ingresos en cuantía suficiente para ejercer sus derechos de ciudadanía o derechos sociales básicos y evitar así la exclusión social por motivos económicos, eliminando situaciones de pobreza.

A su vez, la Ley 4/2007, de 22 de junio, modifica la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales.

La modificación incorporada por la Ley 8/2000 ya citada permitió la extensión de la protección ofrecida por la Renta Básica a las personas mayores de 60, hasta entonces excluidas del acceso a este dispositivo. El mantenimiento de este último requisito tenía como consecuencia el hecho de que determinados titulares de la Renta Básica, al alcanzar esa edad dejaban de percibir esta prestación para causar derecho a otro tipo de ayudas y prestaciones económicas, médicas, de farmacia y sociales que, en general, producían un quebranto económico y de integración social evidente e injustificado para este colectivo especialmente necesitado de protección y asistencia para un efectivo disfrute de sus derechos sociales.

Con el objetivo de solucionar esta situación anómala, el Parlamento Vasco, mediante acuerdo de 26 de noviembre de 1999, instó a las Administraciones públicas vascas a impulsar las modificaciones legales necesarias con el fin de garantizar la cobertura mediante la Renta Básica de las necesidades básicas y las derivadas de un proceso de inclusión social a todas las personas que cumplieran todos los requisitos para acceder a esta renta, a excepción del requisito de edad máxima, asumiendo las consecuencias económicas que se derivaran de esa modificación con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

A contar de esa fecha, los sucesivos estudios de evaluación del dispositivo de protección e inclusión social han demostrado la creciente importancia del colectivo de personas mayores de 60 años y, en general, del colectivo de pensionistas, en el marco de los instrumentos previstos. En la actualidad, y de acuerdo con los datos del Estudio de Personas Perceptoras de la Renta Básica, publicado en fechas recientes por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, las personas pensionistas representan el 15% del total de personas titulares de la Renta Básica.

Una cifra tan importante tiende a demostrar sin género de dudas, la insuficiencia de los ingresos garantizados por la vía de las pensiones en el presente a personas con muy escasas probabilidades de ver complementados sus ingresos por otras vías, ya que, salvo en algunos casos, la incorporación al mercado laboral ya no es posible, bien por la edad, bien por la incapacidad para trabajar.

A pesar del indudable avance que ha supuesto la apertura de acceso a la prestación a estas personas, la regulación actual de la Renta Básica limita considerablemente el acceso real a la misma, en la medida en que la insuficiencia del nivel de ingresos de estas personas sólo es susceptible de derecho cuando dicha insuficiencia se observa en el cómputo conjunto de los ingresos de la unidad convivencial. Desde esta óptica, se considera necesario arbitrar un tratamiento específico para estos casos, ya que, si bien la regla general de cómputo conjunto obedece a una lógica de solidaridad familiar y a consideraciones de economías de escala en el seno de las unidades convivenciales, no es menos cierto que las personas beneficiarias de una pensión tienen, por lo general, escasísimas probabilidades de ver modificada su situación económica mediante la aparición de nuevas fuentes de ingresos, quedando muy limitadas sus posibilidades de independencia y autosuficiencia económica.

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, dentro del Título I “De las Competencias del País Vasco”, en el artículo 10, apartados 12 y 39, reserva a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en el ámbito de la asistencia social y la política de la tercera edad. Dado el carácter protector asistencial de la Renta Básica, su regulación e implementación se ampara en la competencia de asistencia social de la Comunidad Autónoma, en la medida en que todas las situaciones a las que da cobertura tienen en común la insuficiencia del nivel de ingresos de la unidad de convivencia a la que va destinada, independientemente de que disponga o no de algún tipo de ingreso y, cuando así sea, independientemente de la procedencia de dichos ingresos. De acuerdo con lo anterior, cuando la Renta Básica se destina a personas titulares de pensiones, lo que determina su acceso a la prestación no radica en dicha titularidad de una pensión, sino en el hecho constatado de la insuficiencia de los ingresos, tomando como umbral de referencia el Salario Mínimo Interprofesional. Su finalidad última es prestar una ayuda específica y asistencial orientada a paliar la insuficiencia de ingresos de determinadas unidades de convivencia constituidas por titulares de pensiones o a cargo de dichos titulares.

En consecuencia, al amparo del fundamento jurídico habilitante citado, la presente Ley modifica la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, con dos objetivos principales: por un lado, recoger explícitamente el carácter de unidad convivencial para pensionistas, incluso cuando convivan con otros familiares y, por otro, incrementar la cuantía máxima de la prestación en estos supuestos, dada la imposibilidad para estas personas de ver incrementado su nivel de ingresos mediante su incorporación al mercado laboral.