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En cumplimiento de dicho mandato y de las competencias de desarrollo normativo y ordenación de los servicios sociales que los artículos 39.2 y 40.1.a) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, atribuyen al Gobierno Vasco, el presente Decreto procede a la regulación de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial en el ámbito de los servicios sociales, como servicio de responsabilidad pública, siendo de aplicación a todos los recursos de esta naturaleza, tanto públicos como privados concertados o convenidos, ya sean, en este último caso, de iniciativa social sin ánimo de lucro o de naturaleza mercantil, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Para ello el Gobierno Vasco creará y garantizará el funcionamiento de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, como servicio de responsabilidad pública, declarándose los mismos de acción directa en virtud de lo previsto en el artículo 39.2 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

2. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, los Puntos de Encuentro Familiar regirán su actuación de acuerdo con los siguientes principios:

   1. Principio de imparcialidad. Las actuaciones realizadas en el Punto de Encuentro Familiar deberán estar presididas por la objetividad e imparcialidad en la intervención con las partes en conflicto.

   2. Principio de autonomía. En virtud del principio de autonomía de las personas usuarias, los Puntos de Encuentro Familiar no proporcionarán más asistencia que la estrictamente exigida por el nivel de conflicto familiar existente.

   3. Principio de participación. En su organización, los Puntos de Encuentro Familiar deberán establecer cauces que faciliten la participación individual y colectiva de las personas usuarias en las actividades y en el funcionamiento general del servicio, debiendo asimismo, potenciar al máximo dicha participación.

   4. Principio de integración. Dada la finalidad propia de los Puntos de Encuentro Familiar, se favorecerá, en su ubicación y en su organización, la integración en el entorno comunitario habitual, sin perjuicio de facilitar, en los casos en los que se estime necesario para preservar la estabilidad y seguridad del niño, niña o adolescente, el acceso a un Punto de Encuentro Familiar situado en otra localidad.

   5. Principio de normalización. Los Puntos de Encuentro Familiar ajustarán su filosofía de la atención y organizarán su intervención y su funcionamiento de acuerdo con el principio de normalización, tratando de garantizar que los encuentros entre los hijos y las hijas menores de edad con su madre, con su padre, con la persona tutora o guardadora o con otros familiares o allegados, se ajusten, en todo lo posible, a los estándares habituales y normalizados de la vida familiar.

   6. Principio de atención personalizada. La atención prestada en los Puntos de Encuentro Familiar deberá ajustarse a las necesidades particulares del niño, niña o adolescente y de su familia, debiendo planificarse sobre la base de la evaluación de su situación.

   7. Principio de profesionalización. Las personas responsables y profesionales que desarrollen su trabajo en los Puntos de Encuentro Familiar deberán tener la cualificación técnica correspondiente a su nivel profesional así como al cargo que desempeñen o al puesto de trabajo que ocupen. No obstante lo anterior, podrán contar con la colaboración de personas voluntarias o de personal en periodo de prácticas, en los términos previstos en el presente Decreto.

   8. Principio de coordinación. Los Puntos de Encuentro Familiar deberán coordinar su actuación con los Órganos Judiciales competentes en cada caso, así como con las Administraciones Públicas competentes en los ámbitos de atención y protección a la infancia y la adolescencia, a la mujer y a la familia, así como con las entidades públicas y privadas que actúen en dichos ámbitos.

   9. Principio de cooperación. Los Puntos de Encuentro Familiar deberán cooperar con las instancias administrativas, judiciales y policiales en los términos previstos en el presente Decreto.

   10. Principio de transitoriedad. Los Puntos de Encuentro Familiar constituirán una alternativa de intervención temporal que ofrece apoyo para un momento y una situación determinada, no pudiendo en ningún caso adoptarse como fórmula de relación permanente.

1. El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia creará y garantizará el funcionamiento de Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial, como servicio de responsabilidad pública, declarándose los mismos de acción directa en virtud de lo previsto en el artículo 39.2 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

2. Asimismo, dicho Departamento realizará la planificación general de los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial y promoverá la coordinación de las actuaciones de las diversas Administraciones competentes y de las entidades de iniciativa privada concertada, en virtud de lo previsto en los apartados 2 y 6 del artículo 40 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

   Cuatro. Se modifica el contenido artículo del 8.1 del Decreto 124/2008, de 1 de julio, pasando a tener la siguiente redacción:

1. De conformidad con la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial estarán sujetos a las actuaciones administrativas de autorización, registro, homologación e inspección que les correspondan, atendiendo a la naturaleza pública o privada de la entidad titular de los mismos, en los términos previstos en el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

A partir de la publicación del presente Decreto el Gobierno Vasco, a través del Departamento competente en Justicia, pondrá en marcha servicios de Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, priorizando los municipios de mayor población atendiendo a la demanda existente.