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Se acuerda la realización por parte de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de una o varias emisiones de Deuda Pública, y la concertación de cualquier otra operación de endeudamiento, en ambos casos, tanto en el interior o en el exterior, por un importe máximo equivalente a dos mil treinta y ocho millones (2.038.000.000) de euros, con cargo a la autorización concedida al Consejo de Gobierno por la Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010, en su artículo 14, apartado 1.

Las operaciones de endeudamiento que autoriza el presente Decreto tendrán las siguientes características:

1. Importe máximo total: 2.038.000.000 de euros.

2. Moneda: euro o cualquier otra divisa.

3. Tipo de interés: fijo o variable.

4. Plazo: hasta un máximo de 30 años.

5. Modalidades de emisión: las emisiones se podrán realizar:

   A través de emisiones de Deuda Pública que supongan la puesta en circulación de valores de rendimiento explícito o implícito, en euros o en cualquier otra divisa, y realizadas bajo cualquier formato y estructura.

   Mediante cualquier otra tipología de operación de préstamo o crédito.

Los recursos derivados de las operaciones de endeudamiento, autorizadas por este Decreto, se destinarán a la financiación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010.

1. De acuerdo con la normativa vigente las emisiones que se autorizan tendrán los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.

2. Las adquisiciones por herencia o legado de los valores emitidos en virtud de este Decreto gozarán en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de la reducción prevista en sus normas reguladoras.

3. En el caso de que la norma reguladora aplicable prevea dicha reducción, pero no establezca explícitamente las características de la misma y se remita a las condiciones de emisión del endeudamiento público con derecho a ella, el porcentaje será el noventa por ciento, siempre que dichos valores hubiesen permanecido en el patrimonio del causante con una antelación mínima de un año, respecto al día de su fallecimiento.

Los valores emitidos en virtud del presente Decreto tendrán la consideración de aptos a los efectos de inversión necesaria en los correspondientes coeficientes de las sociedades de garantía recíproca, de las entidades de seguro privado, de las entidades de previsión social voluntaria y de aquellas otras entidades en relación con las que esté reconocida automáticamente la computabilidad de la Deuda Pública del Estado.