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1. – El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las condiciones mínimas en que se desarrollará el proceso de modernización de la oficina judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en sus aspectos organizativos como de gestión de personal.

2. – El presente Acuerdo será de aplicación general al personal funcionario integrante de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, así como al personal funcionario interino en los términos dispuestos en el mismo, y se enmarca dentro de la negociación colectiva mantenida entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las organizaciones sindicales más representativas con implantación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   También estará integrado en su ámbito los miembros del Cuerpo de Médicos Forenses en aquellos aspectos que les sean de aplicación conforme a la legislación vigente.

3. – El mismo entrará en vigor al día siguiente de su firma y estará vigente hasta el día 1 de enero del año 2000, salvo que sea sustituido por otro acuerdo de igual o análoga significación. Ello sin perjuicio de lo establecido en el capítulo 13 en cuanto al devengo y percepción del plus que en el mismo se establece.

4. – El cambio en la naturaleza jurídica de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia o un cambio normativo sustancial en la regulación de su estatuto jurídico, conllevará la revisión del presente acuerdo.

1. – El Acuerdo tiene carácter mínimo e indivisible a todos los efectos, en el sentido de que las condiciones pactadas en el mismo constituyen un todo orgánico unitario, y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global y conjuntamente vinculadas a la totalidad, por lo que no podrá pretenderse la aplicación de parte de su articulado desechando el resto, sino que siempre habrá de ser aplicado y observado en su integridad.

2. – El sentido y alcance de las condiciones establecidas en el Acuerdo, deberán entenderse y aplicarse en consonancia con la totalidad del mismo, con el fin de que las omisiones, lagunas, oscuridades y ambigüedades que pudiera contener, no lleguen a perturbar el recto sentido de lo pactado.

3. – Las partes firmantes del Acuerdo se comprometen a agotar la vía del diálogo, antes de adoptar medidas disciplinarias o actitudes de conflicto colectivo.

1. – El objetivo a conseguir a través de todos los medios al servicio de la Administración de Justicia, es la búsqueda de la calidad en el servicio, y, por tanto la satisfacción del destinatario de la misma, y descansa en el cumplimiento de una serie de requisitos. Unos resultan de orden interno, entre ellos los que posibilitan el trabajo bien hecho como soporte de la actuación jurisdiccional como son los servicios comunes, o las herramientas informáticas, y otros de orden externo, entre los que convendría señalar la existencia de unas estructuras judiciales modernas, una progresiva euskaldunización, una formación adecuada de los empleados judiciales, unos adecuados mecanismos de información y atención al público, y, en definitiva, esa prestación del servicio de forma ágil, eficaz y normalizada en las formas.

2. – Dada la constante preocupación de las organizaciones sindicales y de la Administración por la profesionalización del personal afectado por el presente Acuerdo, y por la calidad en el servicio público de la justicia, se establecen en el Anexo II unas formas de proceder en relación con el ciudadano, que actúan como normas de conducta habituales, y de autolimitación por parte de la Administración, que resultan inexcusables en el desempeño del trabajo y cuya extensión a todos los colectivos que sirven a la Justicia sería deseable.

1. – El modelo de oficina judicial que subyace a lo largo del presente Acuerdo no puede alcanzar su completo desarrollo si, al tiempo, no se incrementa el número de órganos judiciales o salas, no solo hasta agotar la planta judicial prevista, sino mediante la creación de otros no previstos, optándose por una estructura judicial más extensa, pero con unas Secretarias Judiciales más reducidas y adaptadas a las necesidades del mejor servicio que las actuales. En este sentido ambas partes se comprometen a interesar a las Instancias competentes esa reforma, y, en lo que sea responsabilidad de ellas, impulsarla.

1. – La Administración y los Sindicatos, conscientes de la falta de adecuación de la actual estructura organizativa a las necesidades que demanda la sociedad, entienden que los servicios comunes permiten la aplicación de los sistemas de trabajo más actuales y una infraestructura organizativa ágil, por lo que durante el periodo de vigencia de este acuerdo se desarrollarán un número importante de ellos, con la participación e impulso de las partes que suscriben este Acuerdo.

2. – Los servicios comunes constituyen estructuras de apoyo a la labor jurisdiccional que, dependientes del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de los Presidentes de las Audiencias Provinciales o de los Jueces Decanos, o de los organismos y servicios de la Administración de Justicia correspondientes, permiten la agrupación de tareas homogéneas en su seno y la especialización de sus integrantes y dan servicio a todos o parte de las Salas u órganos judiciales de una capital, partido judicial o ámbito del Tribunal Superior de Justicia, en dependencia de la cobertura geográfica que se fije en cada caso.

3. – La implantación de los nuevos servicios comunes, o el perfeccionamiento y desarrollo de los ya existentes, exige una planificación articulada en las siguientes fases:

   1. Un estudio en profundidad de las potencialidades del servicio.

   2. Un estudio sobre la realidad sobre la que ha de aplicarse, con recogida de los datos precisos.

   3. El diseño del mismo: mediante el análisis de la información recogida, de las necesidades de personal, su dotación y el calendario de implantación.

   4. Establecimiento del mismo y provisión de los puestos de trabajo.

4. – Estos servicios pueden constituirse en servicios comunes como estructura propia, con su correspondiente dependencia del órgano que se determine: Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial, Decanato, Juzgado Decano u organismo correspondiente; o, pueden integrarse como unidades especiales dentro de las propias estructuras gubernativas judiciales anteriormente citadas. Una u otra opción viene determinada por el volumen de trabajo y por la propia naturaleza del servicio a implantar.

5. – Instrumento definitorio de estos servicios comunes, o de los propios órganos gubernativos, son las plantillas, y el establecimiento de las condiciones técnicas y requisitos esenciales de los puestos que las integran, bien entendido que la plantilla se articula como medio dinámico que permite, de forma flexible y periódica, ensamblar dicha reorganización en varios tiempos.

6. – La estructuración de cada servicio común, plantilla del mismo, etc..., se llevará a cabo mediante la negociación entre las partes, sin perjuicio de las facultades organizativas que correspondan a la Administración.

1. – Resulta incuestionable que el desarrollo de la informática judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco es muy avanzado, y que resulta inconcebible la gestión y tramitación en la oficina judicial sin la existencia de dichas herramientas informáticas. También es una realidad que todo el personal al servicio de la Administración de Justicia utiliza la informática como medio de desempeño de sus funciones, con independencia de que entre las asignadas concretamente a sus cuerpos aparezca o no especificada la misma.

   Pero, también es cierto que la situación actual resulta notablemente mejorable, por cuanto que determinadas funcionalidades no se obtienen por resultar de práctica, todavía hoy, inhabitual en el trabajo ordinario, entre las que se encuentran el control de la tramitación y la estadística.

2. – Siendo éste uno de los aspectos que más directamente contribuyen a la mejora de la calidad del servicio, se habrán de adoptar una serie de medidas que permitan la obtención de esas funcionalidades y que se concretan en actuaciones a desarrollar por todos y cada uno de los empleados públicos y por la propia Administración gestora.

   1. Se reitera la obligatoriedad de la utilización de la herramienta informática por parte de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia dentro de sus funciones correspondientes. En unos casos se tratará de la informática de gestión y en otros de tramitación.

   2. Perfeccionamiento en el sistema de registro de datos del asunto, de las codificaciones de los delitos, en el registro de intervinientes.

   3. Mejora en la tramitación: uso de las colecciones de documentos, actualización de los procedimientos, introducción del control de las notificaciones y de los estados de los documentos.

   4. Adecuado registro de Sentencias y de Ejecuciones.

   5. Utilización generalizada de la agenda de juicios y señalamientos, incluyendo no solamente las vistas orales, sino las citaciones para pruebas, confesiones, testificales, etc...

   6. Centralización informática de las requisitorias, presentaciones periódicas.

3. – Para posibilitar esos procesos de mejora, la Administración procederá a:

   1. Realizar una nueva fase de formación generalizada en el momento en el que se produzca la implantación de la nueva versión de la aplicación en los últimos meses de 1997 y principios de implantación de la nueva versión de la aplicación en los últimos meses de 1997 y principios de 1998.

   2. Implementar medidas de asistencia personal periódica en las Secretarías, Servicios u organismos de la Administración de Justicia.

   3. Elaborar un protocolo de datos a introducir en el Registro de asuntos, intervinientes, delitos, etc..., para la cumplimentación homogénea por todos los funcionarios, y posibilitar mecanismos de control de la calidad de la información introducida en la base de datos.

   4. Implementar un sistema de tramitación dirigido a evitar un amplio catálogo de opciones y favorecer los automatismos, con el consiguiente menor esfuerzo para el usuario.

4. – Ambas partes reconociendo que la informática constituye una herramienta fundamental en los tiempos actuales, resaltan el término herramienta incidiendo en que la responsabilidad final del trabajo bien hecho radica en el trabajador usuario. La correcta introducción de datos, la actualización de trámites, etc... elementos imprescindibles del buen uso de la herramienta son responsabilidad de éste, sin que la automatización de trámites sea cual fuere su grado de desarrollo, la supla.

5. – Además del uso de la informática, existen otra serie de medidas de modernización en la forma de relacionarse con el ciudadano la Administración de Justicia. Así, habrá de procederse a:

   • Arbitrar sistemas que posibiliten una mejor información al público.

   • Analizar los procesos de remisión de documentación judicial a los ciudadanos, y modernización y agilización de los mismos.

   • Realizar un estudio sobre los espacios de las oficinas judiciales y su relación con los sistemas organizativos.

   • Replanteamiento de espacios para preservar la confidencialidad, como medio para prestar una mejor calidad en la atención al público.

   • Posibilitar la recepción de sugerencias para la mejora del servicio.

1. – Para obtener el efectivo cumplimiento de la oficialidad del euskera reconocida en la Constitución, Estatuto de Autonomía y Ley Básica de Normalización del Euskera, y del derecho de los ciudadanos a usarla en sus relaciones con la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, se hace imprescindible abordar un proceso de normalización en dicho ámbito, y, por ende, de la euskaldunización del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. – A fin de avanzar en la obligada planificación de dicho proceso, con la finalidad de compatibilizar los derechos de todos los grupos afectados, se establecen unas líneas básicas de trabajo, que comenzarán a desarrollarse durante el segundo semestre de 1997, y que se materializan en:

   1. La participación de las organizaciones sindicales en la elaboración de un Programa de Uso del Euskera en la Administración de Justicia que contemple:

      • Intervención en la evaluación de la realidad actual del conocimiento por parte del personal al servicio de la Administración de Justicia, cumplimentación de cuestionario «ad hoc», etc...

      • Participación en la planificación y fomento del uso en la Administración de Justicia con utilización de los modelos informáticos existentes, y la implantación de los correspondientes a todas las jurisdicciones.

      • Potenciación del euskera en las relaciones con el ciudadano.

        En dicho proceso preliminar se contará con la colaboración del personal ya euskaldunizado o en fase de euskaldunización.

      • Establecimiento del euskera como requisito esencial para el desempeño de determinados puestos de trabajo en función de la zona geográfica.

      • Necesidad de implementar medidas de favorecimiento del aprendizaje del euskera, mediante el incremento de los presupuestos destinados a la euskaldunización, fomento de los internados en barneteguis y medidas especiales para facilitar preferentemente el aprendizaje en aquellas personas que ocupen los puestos señalados en el párrafo anterior.

   2. La participación en el diseño del Plan de Normalización en la Administración de Justicia que contemple el perfil lingüístico de todos los puestos de cada órgano judicial, secretaría o servicio.

      Dicho Plan, que será negociado con la representación sindical de los funcionarios de justicia y en el que participará la Viceconsejería de Política Lingüística, habrá de contemplar:

      1. – Horizonte temporal del plan de normalización.

      2. – Fases del mismo.

      3. – La determinación de índices de obligado cumplimiento.

      4. – Los métodos de evaluación y seguimiento.

         El Plan habrá de desarrollarse durante el periodo de vigencia del Acuerdo, y su calendario, que será pactado, se estructurará en varias fases:

         • Examen detallado de los campos de actuación preferente.

         • Análisis comparativo de la realidad de la implantación del euskera entre el personal al servicio de la Administración de Justicia y las áreas de más urgente atención.

         • Propuesta de actuaciones de normalización con detalle de los puestos afectados.

         • Elaboración del Plan de Normalización del Euskera en la Administración de Justicia.

3. – Aún cuando no sea objeto del presente Acuerdo referirse a la política global de euskaldunización de la Administración de Justicia, sí parece oportuno poner de manifiesto la imprescindible necesidad de coordinar los esfuerzos en esta materia entre todos los sectores de la Administración de Justicia y con los colectivos directa o indirectamente relacionados con ella.

4. – Hasta tanto se disponga de un plan de euskaldunización del personal al servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco, se arbitrarán, con carácter transitorio, una serie de medidas, tendentes a paliar las carencias que se observan en los distintos ámbitos geográficos de la Comunidad Autónoma en lo que respecta a la garantía de la atención al público en la lengua oficial elegida por el mismo, fomentando el aprendizaje del euskera entre el personal al servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco.

   Para ello, y atendiendo a las necesidades de cada zona geográfica, en función de los criterios, del mapa lingüístico de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se determinarán los puestos de trabajo que han de ser cubiertos por personal en posesión de un determinado perfil lingüístico.

1. – En desarrollo de la legislación vigente, el Departamento de Justicia establecerá las oportunas instrucciones para el control del cumplimiento de la jornada y el horario. Tales instrucciones contendrán las normas precisas para la utilización de los medios mecanizados de control y para la justificación de incidencias. Asimismo, establecerán el sistema de control en aquellas sedes judiciales donde no se hayan instalado dichos medios mecanizados.

2. – Además de los controles ordinarios de cumplimiento del horario, que se recogerán en las citadas instrucciones, el Departamento de Justicia podrá realizar controles puntuales de presencia a través de los medios que considere oportunos.

3. – El incumplimiento injustificado del horario, así como el fraude de la obligación de fichar y/o utilización de la tarjeta magnética por parte del funcionario dará lugar a la aplicación de lo recogido en la normativa correspondiente y demás responsabilidades a que hubiere lugar.

La Administración deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa vigente sobre prevención de riesgos profesionales, así como las establecidas en el presente Acuerdo.

1. – Consulta y Participación.

   La Administración constituirá un servicio de prevención. Asimismo determinará previa consulta con las Organizaciones Sindicales el tipo de servicio de prevención que deba constituirse o concertarse en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales.

   Corresponde a los miembros de las Juntas de Personal y Delegados sindicales el ejercicio de la función de participación en materia preventiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Comité de Seguridad y Salud.

2. – Delegados de Prevención.

   1. Podrán ser delegados de prevención aquellos trabajadores que, aunque no ostenten la condición de representantes de personal o delegados sindicales, fueran designados por las Organizaciones Sindicales con representación, de conformidad con el número establecido en la legislación aplicable.

   2. El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de funciones en materia de prevención de riesgos laborales será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la legislación aplicable y en el Acuerdo Marco de derechos Sindicales. No obstante será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo sin imputación al citado crédito horario el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos.

   3. La Administración deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos.

3. – Comité de Seguridad y Salud.

   1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la propuesta y consulta regular y periódica de los distintos componentes del sistema de prevención de riesgos (identificación y evaluación de los riesgos, medidas y planes de prevención, planes de emergencia y primeros auxilios, plan de formación, vigilancia de la salud del personal, etc...)

   2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en el ámbito del personal al servicio de la Administración de Justicia. Estará compuesto a partes iguales por Organizaciones Sindicales y Administración. La elección de los miembros de la parte sindical se atendrá al principio de proporcionalidad, garantizando la presencia de todos los sindicatos con representatividad en el ámbito de este Convenio.

1. – Como consecuencia de los objetivos señalados a lo largo del Acuerdo tendentes al aumento de la calidad y eficiencia en la Administración de Justicia, a través de una mejor utilización y cualificación de los recursos humanos y materiales, así como de los programas de fomento de la productividad, y, dado el obligado cumplimiento de los mismos por el personal afectado por el ámbito del Acuerdo, lo que determina un cambio en sus condiciones de trabajo, se establece un plus retributivo.

2. – En correspondencia a la mejora de la calidad que se persigue se crea ese plus retributivo de cuantía variable, a fin de posibilitar que quienes perteneciendo a un mismo cuerpo asuman similares responsabilidades e idénticos compromisos en favor de la mejora de la calidad en la prestación del servicio, perciban también unas mismas retribuciones.

3. – La cuantía del mismo en pesetas año 1996 por cuerpo, localidad y órgano judicial es la que se indica en el anexo IV.

   La percepción progresiva de dichas cuantías se llevará a cabo en un periodo que abarca desde enero de 1997 hasta enero del año 2000 en que culminará la misma, con la siguiente cadencia:

   1997 (1 de enero - 1 de julio) 10%

   1997 (1 julio - 31 de diciembre) 15%

   1998 (1 de enero) 25%

   1999 (1 de enero) 25%

   2000 (1 de enero) 25%

4. – Dicho plus abarcará los siguientes conceptos:

   • Cumplimiento de las obligaciones horarias y de los mecanismos de control que se establezcan.

   • Utilización de las herramientas informáticas, conforme a las pautas establecidas en el capítulo quinto del título segundo del presente Acuerdo.

   • Colaboración en el trabajo de los compañeros del Centro de Trabajo en ausencia de los mismos.

   • Cumplimiento del catálogo de medidas incluidas en la Carta de Servicios.

   • Seguimiento de las instrucciones o indicaciones que les dirijan los miembros de los equipos de mejora.

   • Cumplimiento de las medidas que se acuerden para la normalización del uso del euskera.

5. – Las retribuciones señaladas en el apartado anterior, previa negociación colectiva, se actualizarán con los incrementos anuales que, con carácter general, puedan establecerse en base a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   A su vez, dichos incrementos serán absorbibles por los que se aprueben en la Ley de Presupuestos del Estado. Si estos últimos fuesen superiores a los de la Comunidad Autónoma, se procederá a su regulación mediante la correspondiente disminución del plus a que se hace referencia en el presente Capítulo.

6. – Las cantidades que se perciben hasta la fecha de firma del Preacuerdo por el concepto retributivo «antigüedad» quedan consolidadas.

   Las variaciones que se puedan producir de las mismas en relación con las percibidas por los funcionarios de la Administración Autónoma tendrán su repercusión en el plus.

   La diferencia entre la cuantía de los nuevos trienios que se cumplan a partir de la firma del presente Acuerdo, y las cantidades que corresponderían por idéntico concepto en la Administración Autónoma, se detraerán del plus.

7. – En todo caso, se respetarán los complementos retributivos que en la actualidad se vienen percibiendo en los destinos de SCAC y Servicios de Guardia.

8. – El incumplimiento de las obligaciones que forman parte de los conceptos a que se refiere el plus indicado, que se señalan en el apartado 4, conllevará la pérdida del mismo el mes o meses en que se haya producido el citado incumplimiento, con las siguientes especificaciones:

   • El incumplimiento injustificado del horario, o el fraude en su cumplimiento, dará lugar a la pérdida de dicho plus durante el mes o meses en que se produzca, sin perjuicio del oportuno descuento en nómina o la responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar.

   • La sanción por falta grave o muy grave determinará la pérdida del plus, hasta tanto el funcionario obtenga la rehabilitación. Asimismo, la suspensión provisional del funcionario sometido a expediente disciplinario o la iniciación de uno por falta muy grave, conllevará la suspensión del plus

   • La desatención reiterada en el uso de las herramientas informáticas, instrucciones y medidas que le sean transmitidas, orientadas a la adecuada calidad en el servicio, producirá la suspensión del percibo del plus mientras no se produzca un cambio positivo en la actitud mantenida.

     Asimismo, por exceder de la cobertura geográfica del Acuerdo, dejarán de percibir dicho plus los funcionarios cuando dejen de formar parte de las plantillas de los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma.

1. – Mediante la normativa correspondiente se regularán las indemnizaciones por razón de servicio del personal incluido en el ámbito de aplicación de esteAcuerdo.

2. – Este personal tendrá derecho al régimen de atenciones sociales contemplado en los puntos que siguen y sometido a las limitaciones de los créditos presupuestarios existentes en cada ejercicio económico.

3. – Los funcionarios tendrán derecho a la concesión de anticipos ordinarios sin interés alguno, de hasta el 100% de su salario liquido mensual, siempre y cuando no se prevea la finalización de la relación administrativa o contractual antes de fin de mes. Dicho anticipo deberá ser compensado en la nómina siguiente al mes solicitado.

4. – Adelanto de nómina:

   1. Se considera adelanto de nómina el abono de cantidades a cargo de retribuciones correspondientes a un trabajo no efectuado. El importe máximo a conceder será de 571.900 PTA y para ello deberán concurrir circunstancias calificadas a continuación como necesidad urgente. No obstante, el límite a conceder vendrá determinado, dentro del límite máximo señalado, por la cuantía que figure en los justificantes de gasto que, como documentos acreditativos de la necesidad urgente, se deberá adjuntar a la solicitud.

   2. El plazo máximo de reintegro será de 24 mensualidades. Estos adelantos no devengarán interés alguno. No podrá concederse ningún nuevo adelanto mientras no se tuvieran liquidados los compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad.

   3. Asimismo deberá transcurrir un periodo mínimo de 6 meses entre la cancelación de un adelanto de nomina y la solicitud de concesión de otro.

   4. Las causas contempladas en el apartado f) g) del apartado 6 serán incompatibles entre sí y otorgarán derecho a la concesión de un sólo adelanto durante un periodo de 10 años.

   5. La concesión de excedencias voluntarias a beneficiarios de prestamos, requerirá el previo reintegro en su totalidad del adelanto de nomina concedido.

   6. Necesidades urgentes:

   1. – Matrimonio del solicitante.

   2. – Divorcio, separación o nulidad del matrimonio del solicitante.

   3. – Fallecimiento del cónyuge e hijos.

   4. – Nacimiento de hijos.

   5. – Enfermedad o intervención quirúrgica grave del solicitante.

   6. – Adquisición de vivienda habitual. En este supuesto el importe del adelanto podrá ascender hasta 1.000.000 PTA, siendo el plazo máximo de reintegro de 48 mensualidades.

   7. – Amortización de créditos bancarios, con ocasión de adquisición de vivienda habitual.

   8. – Realización de obras necesarias e imprescindibles para la conservación de la vivienda.

   9. – Adquisición de mobiliario.

   10. – Traslado de domicilio a la localidad donde se encuentre ubicado el centro de trabajo.

   11. – Adquisición de vehículo. En el supuesto de que la adquisición de vehículo sea por motivo de su utilización como herramienta de trabajo, previamente justificado, el importe del préstamo podrá ascender hasta 687.340 PTA. Siendo el plazo máximo de reintegro de 36 mensualidades.

   12. – Otras circunstancias de análoga naturaleza que merezcan dicha calificación y no estén contempladas en los programas de acción social.

   6. El plazo máximo para la presentación de solicitudes de adelantos de nomina será de dos meses a partir de la fecha del hecho causante. No obstante, en supuestos excepcionales podrán ser aceptadas solicitudes fechadas durante el mes anterior a la fecha del hecho causante si van acompañadas del compromiso de presentar la acreditación documental correspondiente en el plazo de dos meses contados a partir de la concesión del adelanto de nomina salvo supuestos debidamente justificados. El incumplimiento de dicho compromiso acarreará la cancelación inmediata del adelanto.

5. – El Departamento de Justicia instará la modificación del Decreto 16/1993 de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio, para incluir en el ámbito de su aplicación al personal al servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco.

6. – Se procederá a la inclusión del personal funcionario transferido en la cobertura de los seguros de vida y accidentes que en la actualidad goza el personal de la Administración Autónoma.

7. – Otras prestaciones:

   1. Se constituye un fondo social para la financiación de atenciones sociales no contempladas anteriormente y otras causas de naturaleza excepcional. La Comisión de Acción Social formada por los representantes de las Centrales Sindicales y Administración tendrá conocimiento previo y participará en la elaboración y adjudicación de los programas de ayudas, proponiendo al Director de Ordenación de Recursos Humanos su resolución.

   2. Las ayudas correspondientes al programa de Acción Social para el año 1997 serán:

      • Ayuda por hijos: comprende ayudas de 40.000 PTA por hijo o de 60.000 por 2 o mas hijos, destinada a subvencionar parcialmente los gastos ocasionados por guardería, comedor y estudios para menores de 18 años.

      • Ayuda para minusválidos. Comprende ayudas de un máximo de 150.000 PTA cada una, destinada a subvencionar parcialmente los gastos sufragados por los funcionarios que tienen a su cargo hijos o hermanos con minusvalía física o psíquica superior al 33% sin limite de edad.

      • Ayudas de estudios a funcionarios. Comprende ayudas de un máximo de 75.000 PTA por estudios de Derecho o de un máximo de 45.000 PTA para el resto de estudios, cada una, destinadas a subvencionar parcialmente los gastos sufragados por el funcionario solicitante de estudios o cursos (matrícula, cuotas, libros etc.).

8. – El disfrute de las ayudas contempladas en el presente Capítulo es incompatible de las que pudieran derivarse del Régimen General de la Seguridad Social y regímenes especiales.

1. – Con el fin de examinar, resolver e interpretar cuantas cuestiones se deriven de la vigencia y aplicación del presente Acuerdo, se constituye la Comisión Paritaria, cuyos acuerdos serán vinculantes para las partes signatarias.

2. – La Comisión Paritaria estará integrada por un número de miembros igual por cada una de las partes, correspondiendo a cada sindicato un representante. Igualmente, ambas partes podrán nombrar un máximo de dos asesores.

3. – Todas las cuestiones descritas en el punto 1 serán sometidas con carácter previo a la Comisión Paritaria.

4. – La convocatoria de la Comisión Paritaria se solicitará por escrito por cualquiera de las partes que la componen, con un mínimo de quince días de antelación, concretando de forma detallada la relación de puntos a tratar. Las convocatorias incluirán el orden del día, fecha y lugar de la reunión, siendo obligatoria la comparecencia por ambas partes.

   El periodo de tiempo entre la convocatoria y el día de la reunión podrá reducirse de mutuo acuerdo.

5. – La Comisión Paritaria fijará el sistema de funcionamiento en la primera reunión que se convoque al efecto.

6. – Dependientes de esta comisión se crearán cuantas subcomisiones se estimen necesarias pudiendo tener vocación de continuidad o atender únicamente a cuestiones coyunturales de tipo laboral que afecten al personal que puedan suscitarse a lo largo del período de vigencia. La composición y reglamento de funcionamiento de las mismas serán determinados por la Comisión Paritaria y sus acuerdos tendrán el mismo valor de vinculación para las partes que los producidos en esta.

7. – Conforme se dispone en el punto 3 de este Capítulo, ambas partes someterán a conocimiento y resolución de la Comisión Paritaria, con carácter previo, todas las discrepancias en cuanto a la interpretación, vigencia, aplicación y otras cuestiones laborales que afecten al personal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo.

8. – Caso de no alcanzarse acuerdo en el seno de la Comisión Paritaria, ambas partes se someterán a mediación.

9. – Ambas partes se comprometen a estudiar nuevas fórmulas de resolución de conflictos derivados de la interpretación, vigencia y aplicación del Acuerdo.

Ambas partes, conscientes de la necesidad de una regulación legal de la selección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos adecuada a las necesidades de los órganos y servicios judiciales en la CAPV, se comprometen a iniciar de inmediato las negociaciones a fin de que transcurrido un año de la aplicación de la actual normativa, a la vista del funcionamiento, proceder a su revisión.

Habida cuenta de la coincidencia en el tiempo de la firma del presente Acuerdo, de la convocatoria de la Bolsa de Trabajo y la resolución de los Concursos de Traslados, aquellos funcionarios interinos que cesen como consecuencia de esta, se incorporarán a la Bolsa actual en el orden que les correspondió inicialmente según su puntuación.

Cualquier modificación de los términos del presente Acuerdo habrá de llevarse a cabo mediante otro Acuerdo.

Las partes firmantes del presente Acuerdo se comprometen a defender ante cualquier instancia los términos contenidos en el mismo

Y para que así conste, y a los efectos oportunos se firma el presente Acuerdo en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.