Atención Sociosanitaria

La incorporación al ordenamiento jurídico vasco de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha exigido la adecuación de toda la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio a los principios inspiradores del mercado interior.

En cumplimento de este mandato, se promulgó en el ámbito autonómico vasco la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual se publico el 30 de abril de 2012.

Entre las leyes modificadas se encuentra la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, excluyendo de su ámbito de aplicación a las máquinas recreativas de mero pasatiempo que, a cambio de un precio, conceden un tiempo de uso o de juego cuyo desarrollo está previamente controlado o programado, o, como único aliciente adicional, la devolución del importe de la partida, en metálico o su equivalente en especie o fichas canjeables por bienes de cualquier naturaleza, la posibilidad de prolongación de la propia partida o la obtención de otras partidas adicionales por el mismo importe inicial, las denominadas máquinas «A». También se excluyen del ámbito de aplicación las empresas operadoras de este tipo de máquinas, y la explotación de los locales en los que únicamente se exploten estas máquinas.

Estas exclusiones exigen la adecuación administrativa de las inscripciones existentes en el Registro Central de Juego referidas a los modelos y permisos de explotación de máquinas de juego de tipo «A», a las empresas operadoras de estas máquinas, a las empresas de los salones recreativos de máquinas de tipo «A» y, por último, a los salones ciber o ciberlocales.

También es preciso que, paralelamente a la supresión de los registros citados se proceda a la devolución de las fianzas constituidas, una vez comprobada la inexistencia de obligaciones pendientes en concepto de tasas o sanciones de las que aquellas deban responder.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias otorgadas por el Decreto 303/2010, de 23 de noviembre de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior.