Atención Sociosanitaria

La presente Orden regula las Entidades de Previsión Social Voluntaria de la modalidad Indiferenciada recogidas en el apartado 4 de la letra b) del artículo 7 de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria que no realizan actividad aseguradora.

1. La adquisición de la condición de Entidad sin actividad aseguradora (en adelante, la Entidad) debe acordarse por la Asamblea General de la Entidad.

2. Este acuerdo incluirá la modificación de los Estatutos de la Entidad, para adecuarlos a lo previsto en el artículo 7 de esta Orden, que se adoptará, aprobará e inscribirá en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, el Decreto 203/2015 y demás normativa de desarrollo.

3. La solicitud de aprobación e inscripción de la modificación de los Estatutos debe acompañarse, además de los documentos que se precisan con carácter general, de un estudio económico-financiero, o actuarial, en su caso, acorde con el nuevo objeto social de la Entidad. Tal estudio hará constar el sistema de financiación y valorará las prestaciones a otorgar y las normas para determinar su importe.

4. El procedimiento se tramitará por la dirección correspondiente del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de entidades de previsión social voluntaria y finalizará por la resolución del director o directora revocando la autorización administrativa como entidad aseguradora y ordenando su inscripción en el Registro de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi como Entidad sin actividad aseguradora.

En todo aspecto no regulado en la presente Orden, será de aplicación a las Entidades la normativa establecida en la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, así como la contenida en los Capítulos III, IV y XI del Título II y en los Títulos III y IV del Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Protección Social Voluntaria, aprobado por el Decreto 203/2015, de 27 de octubre.

1. Las Entidades podrán mantener su denominación histórica en la que se exprese su origen como, entre otros, Montepío, Hermandad, Sociedad de Socorros Mutuos, Cofradía o Suaroa.

2. Las Entidades establecerán junto a su denominación la expresión «Entidad de Previsión Social Voluntaria Indiferenciada sin actividad aseguradora».

1. Las Entidades de Previsión Social Voluntaria reguladas en esta Orden, deberán tener su domicilio social y realizarán su actividad en el País Vasco.

2. Las Entidades que otorguen prestaciones por el acaecimiento de las contingencias de gastos y servicios consecuentes al sepelio solo podrán otorgar prestaciones al colectivo de socias y socios que fije en sus Estatutos, debiendo circunscribir su ámbito de actuación al País Vasco. Las prestaciones podrán incluir la cobertura de los gastos originados por las contingencias que acaezcan a las socias y socios o sus personas beneficiarias fuera del País Vasco.

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria reguladas en la presente Orden pueden otorgar las siguientes prestaciones:

1. Daños y perjuicios en los bienes del socio o socia cuando se trate de vivienda, cuadras, almacenes, pabellones, serrerías, hornos, molinos, ajuar doméstico, instrumentos de trabajo, ganado, cosechas, bosques, embarcaciones, vehículos o cualquier otro bien unido intrínsecamente a su actividad laboral o profesional.

2. Los gastos y servicios consecuentes al sepelio recogidos en los Estatutos de la Entidad.

Los estatutos deben recoger, además del contenido mínimo estatutario previsto en el artículo 33.2 de la Ley 5/2012, los siguientes extremos:

1. La manifestación clara e inequívoca de que la Entidad no realiza una actividad aseguradora ni de garantía de las prestaciones, atendiendo a la cobertura de las contingencias siempre y cuando existan recursos suficientes en la Entidad.

2. El carácter mutualista de la Entidad, su régimen estatutario y la relación no contractual de sus socias y socios con ella.

3. La facultad de la Junta de Gobierno de proponer a la Asamblea General la reducción de las prestaciones o el aumento de las aportaciones a realizar por las socias y socios en el supuesto en que los fondos existentes no fueran suficientes para hacer frente a las prestaciones.

4. La imposibilidad de reparto de los excedentes, aun cuando superen los fondos requeridos en el artículo siguiente, salvo en los supuestos de liquidación y disolución de la Entidad.

1. Las Entidades deberán mantener un Fondo Mutual mínimo de 50.000 euros, totalmente desembolsado.

2. Las Entidades que otorgan las prestaciones por los gastos y servicios consecuentes al sepelio deberán efectuar las siguientes provisiones:

   1. Una provisión, que será igual a la diferencia entre el valor actual actuarial de los pagos futuros derivados de los sepelios y el valor actual actuarial de las cuotas futuras a aportar por sus socias y socios.

      El cálculo de la provisión deberá realizarlo un actuario o actuaria independiente, se efectuará por un sistema de capitalización individual y aplicando un método prospectivo, sin perjuicio de poder mutualizar dicha provisión a través de los importes de las diferentes cuotas que apruebe la Entidad en función de la edad de las socias y los socios. Este cálculo utilizará el tipo de interés de actualización de acuerdo con los requisitos que establezca la dirección correspondiente del departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de entidades de previsión social voluntaria.

   2. Provisiones adicionales equivalentes al excedente anual que pueda producirse entre el total de ingresos y gastos de la Entidad, incluidas, en estos últimos las dotaciones a provisiones del punto anterior.

      Las Entidades podrán recuperar estas provisiones adicionales exclusivamente en los ejercicios en los cuales la diferencia entre el total de ingresos y gastos de la Entidad, incluidas las dotaciones a provisiones a que se refiere la letra a) anterior, resulte negativa y únicamente hasta el importe de dicha diferencia.

3. Las Entidades que otorguen las prestaciones por daños y perjuicios en los bienes de las personas socias podrán asegurar con una compañía aseguradora sus prestaciones, con una de las siguientes coberturas:

   1. por el 100% de los riesgos asumidos.

   2. por un porcentaje sobre los riesgos asumidos. En este supuesto, el riesgo no asegurado o no cubierto por la compañía aseguradora no podrá superar el 50% del patrimonio neto de la Entidad.

4. Las Entidades mantendrán, permanentemente, activos por un importe mínimo equivalente al 100% de los gastos medios efectivamente abonados por ellas por las prestaciones no aseguradas de los tres últimos ejercicios, en los que se materialicen los fondos y provisiones regulados en los párrafos 1 y 2 anteriores. Los citados activos podrán ser:

   1. Del tipo de los recogidos en la letra d) del apartado 3 del artículo 11, del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de ciertas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria.

   2. Del tipo de los recogidos en la letra a) del apartado 3 del artículo 11, es decir, de renta fija y siempre que la misma tenga un vencimiento igual o inferior a un año.

5. Las tablas biométricas que se utilicen en el cálculo de las provisiones técnicas de las Entidades reguladas en la presente Orden deberán ser oficiales y estar debidamente actualizadas. Igualmente podrán utilizarse tablas basadas en la propia experiencia del colectivo cuando se acredite que se ajustan a la evolución del mismo. Estas tablas requerirán su publicación y declaración de admisibilidad por parte de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de Entidades mediante la correspondiente Resolución Administrativa.

Para atender la cobertura de las prestaciones cubiertas, las Entidades podrán contar con los siguientes recursos:

1. Importe de las aportaciones de entrada en proporción al valor de los bienes o de la edad de la persona socia en los supuestos de prestación de gastos de sepelio.

2. Aportaciones anuales, en función de las prestaciones que se pretendan otorgar.

3. Cantidades que se acuerden en concepto de aportaciones extraordinarias.

4. Rendimientos procedentes de la inversión de sus fondos.

5. Donaciones, herencias, legados y subvenciones que pueda recibir.

Las Entidades reguladas en esta Orden únicamente podrán invertir en los activos incluidos en las letras a), c), d) y e) del apartado 3 del artículo 11, del Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de ciertas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria y deberán valorarse con los criterios establecidos en el apartado 6 del citado artículo.

1. La comisión de control financiero de las Entidades o, cuando no exista tal órgano, su junta de gobierno elaborarán un procedimiento de control interno de su organización y operativa, que incluya, al menos:

   1. un manual escrito de su funcionamiento interno,

   2. la obligación de que todos los cobros y pagos se realicen exclusivamente a través de cuentas bancarias.

2. Las Entidades que superen los 300.000 euros de provisiones técnicas estarán obligadas a auditar sus cuentas en consonancia con lo establecido en la letra b) del apartado 4 del artículo 72 del Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 5/2012, de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

1. Las Entidades deberán contar con un registro permanentemente actualizado de sus socias, sus socios y de las posibles personas beneficiarias.

2. Las Entidades que otorguen prestaciones de los gastos y servicios consecuentes al sepelio incluirán en su registro de socias, socios y posibles personas beneficiarias los datos desagregados por género y su fecha de nacimiento.

Las Entidades podrán fusionarse y constituir federaciones, distribuyendo o compartiendo las prestaciones que otorguen, para la defensa de sus intereses y para el ejercicio efectivo de su objeto social.