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La Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, se estableció como una ley básica en parte de su contenido, que se justificó en el ejercicio ordinario de una competencia estatal (la determinación de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, artículo 149.1.18 de la Constitución) y que la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrolló mediante la Ley 6/1990, de 15 de junio, de Cámaras Agrarias, en ejecución de su competencia en la materia, basada en el artículo 10.21 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

En la precitada ley estatal, entre otras cuestiones, se establecía la obligatoriedad de la existencia de una cámara agraria por provincia. Este mandato se materializó en la Ley 6/1990, de 15 de junio, en la existencia en cada territorio histórico de una cámara agraria territorial, y se añadieron, además, funciones a las ya establecidas por la ley básica, así como su régimen económico y su organización.

La parte del articulado declarado básico de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, constreñía la competencia y capacidad de las comunidades autónomas para regular las cámaras agrarias como mejor se adecuaran y pudieran servir a los intereses del sector agrario en su territorio, impidiendo el ejercicio pleno de su competencia en materia de cámaras agrarias; competencia que se recoge de forma expresa, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo 10.21. Por esta razón, en múltiples y sucesivas ocasiones la Comunidad Autónoma del País Vasco ha solicitado del Estado la eliminación del carácter básico de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre.

Consciente de que esta situación no podía mantenerse, por extralimitar sus competencias, y porque con el paso del tiempo y el cambio de circunstancias en el sector las cámaras agrarias en la práctica habían perdido sus funciones básicas, el Estado ha publicado la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias. Esta derogación no supone la supresión o extinción de las cámaras agrarias existentes, sino la eliminación de la regulación estatal básica, y corresponde a las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, la decisión sobre su extinción o su mantenimiento y regulación.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el régimen de las cámaras agrarias fue desarrollado por la Ley 6/1990, de 15 de junio, de Cámaras Agrarias, que recogió su carácter de corporación de derecho público con funciones de consulta y colaboración con las administraciones públicas y reguló su organización, régimen económico y de personal, y su representatividad.

Con el paso del tiempo las funciones que desarrollaban las cámaras agrarias del País Vasco como corporaciones de derecho público fueron decayendo, siendo que la colaboración que prestaban a la Administración fue disminuyendo paulatinamente hasta ser inexistente, razón por la cual se eliminó la financiación que el Gobierno Vasco prestaba a las cámaras agrarias y se denunciaron y extinguieron los convenios formalizados con ellas, y se quedaron sin personal. Desde 1999, su actividad se redujo a la participación de algunas personas miembros de los plenos de las cámaras en las juntas arbitrales de arrendamientos rústicos (actividad residual y actualmente inexistente, como consecuencia de la Ley 49/2003, 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos) y en el jurado de expropiación forzosa (actividad actualmente inexistente).

En el momento actual, las cámaras agrarias del País Vasco carecen de actividad, existen jurídicamente como corporación de derecho público, pero no desarrollan funciones y carecen de financiación.

Una vez suprimida la obligatoriedad de una cámara agraria por provincia que establecía la Ley 23/1996, de 24 de diciembre, debido a su derogación por la Ley 18/2005, de 30 de septiembre, procede que se adecue en derecho una situación de hecho, razón por la cual se procede a la extinción de las cámaras agrarias territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y a la derogación de la Ley 6/1990, de 15 de junio, que regula las Cámaras Agrarias del País Vasco, lo que se recoge en el artículo único de la presente ley.

La parte final contiene dos disposiciones adicionales, que prevén la liquidación del patrimonio de las cámaras agrarias y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Civil, su destino a fines y servicios de interés general agrario; una disposición derogatoria, en la que se procede a la derogación de un elenco de normas que se ven afectadas substancialmente por la extinción de las cámaras agrarias del País Vasco; y cuatro disposiciones finales, que contienen la modificación de determinada normativa en la que se incluyen referencias expresas a las cámaras agrarias, así como la entrada en vigor de la ley, que será al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones generales:

1. Ley 6/1990, de 15 de junio, de Cámaras Agrarias.

2. Decreto 94/1983, de 25 de abril, por el que se dictan las normas complementarias de funcionamiento de las juntas arbitrales de arrendamientos rústicos.

3. Decreto 106/1983, de 6 de junio, por el que se establecen normas provisionales para el funcionamiento de la Cámara Agraria Provincial de Vizcaya.

4. Decreto 267/1983, de 5 de diciembre, del Departamento de Agricultura, por el que se crean los consejos agrarios territoriales y comarcales.

5. Y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente ley.