Atención Sociosanitaria

1. El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento de evaluación ambiental estratégica al que deben someterse los planes y programas que elaboren y/o aprueben las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

2. El citado procedimiento tendrá como finalidades:

   1. Integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas de las administraciones públicas desde las primeras fases de su preparación y antes de la adopción de los mismos, con objeto de promover un desarrollo sostenible.

   2. Realizar un análisis de las repercusiones sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos, y garantizando que esos efectos se han tenido en cuenta durante la preparación del plan o programa y antes de su adopción, para la elección de la alternativa más adecuada al objeto de conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente.

   3. Priorizar la prevención de efectos significativamente adversos sobre el medio ambiente y la salud frente a su corrección y compensación. En última instancia, y en los supuestos en que sea factible, compensar las pérdidas de capital natural con su incremento y/o mejora.

   4. Fomentar la transparencia y la participación pública y privada, a través del acceso en plazos adecuados a una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador.

   5. Incardinar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica en el procedimiento de ordenación territorial y en el urbanístico.

1. Priorizar la utilización intensiva de suelos ya artificializados, preservando de la urbanización el suelo de alto valor agrológico y el natural.

2. Evitar la segregación y dispersión urbana, así como la movilidad inducida, favoreciendo la accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del suelo y la movilidad y el fomento de estructuras urbanas densas, compactas y complejas.

3. Reducir el sellado del suelo, mediante un uso más sostenible del mismo y que mantenga tantas funciones como sea posible.

4. Fomentar el uso sostenible de recursos naturales: agua, energía, suelo y materiales.

5. Preservar y mejorar los hábitats y las especies, el medio natural y la conectividad ecológica.

6. Conservar y mejorar los paisajes y el patrimonio cultural.

7. Fomentar del ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables y la cogeneración.

8. Garantizar un aire limpio y la reducción de la población expuesta a niveles altos de ruido y a contaminación lumínica.

9. Alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y un uso sostenible del recurso.

10. Favorecer la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático mediante la integración de medidas de mitigación y adaptación.

11. Minimizar los riesgos naturales.

A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto se entenderá por:

1. Planes y programas: conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos.

2. Órgano promotor: órgano de la administración pública competente, de conformidad con lo establecido en la legislación sectorial correspondiente, para iniciar el procedimiento de formulación y/o aprobación un plan o programa, y que en consecuencia debe integrar los aspectos ambientales en su contenido a través del procedimiento establecido en el presente Decreto.

3. Órgano ambiental: órgano competente para realizar la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, según lo establecido en el presente Decreto, y que en colaboración con el órgano promotor vela por la protección del medio ambiente y la integración de aspectos ambientales en la elaboración de los planes y programas.

4. Evaluación ambiental estratégica: proceso que permite la integración de aspectos ambientales en la toma de decisión de los planes y programas mediante la realización de una serie de tramites previstos en el presente Decreto, como son: la elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, la celebración de consultas, la consideración del informe de sostenibilidad ambiental y de los resultados de las consultas, la preparación y consideración de un documento de referencia y de una memoria ambiental y el suministro de información sobre la aprobación de dichos planes y programas.

5. Documento de inicio: documento técnico que elabora el órgano promotor para la iniciación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica del plan o programa y que contiene la información establecida en el artículo 8.

6. Documento de referencia: documento técnico que elabora el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las administraciones públicas afectadas por el plan o programa y al público interesado, y que debe ser tenido en cuenta por el órgano promotor en la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental y en el plan.

7. Informe de sostenibilidad ambiental: informe elaborado por el órgano promotor que se integra en el plan o programa y que contiene la información establecida en el artículo 11 y en el anexo II del presente Decreto.

8. Administraciones públicas afectadas: en función del impacto ambiental previsible, entre otras, las competentes en las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio y urbanismo, salud, aguas, costas, carreteras y otras infraestructuras, medio ambiente, biodiversidad, aire y paisaje patrimonio cultural.

9. Público interesado:

   1. Cualquier persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancia previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

   2. Las asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

      1. Que tengan como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico y en general del medio ambiente o la de algunos de sus elementos en particular, y que según los citados estatutos desarrollen su actividad en el ámbito territorial que resulte afectado por el plan o programa de que se trate.

      2. Que lleven al menos dos años legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes registros y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.

10. Público en general: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.

11. Zonas de reducido ámbito territorial: a efectos de la aplicación del presente Decreto, se entiende como tal el ámbito territorial en el que por sus escasas dimensiones el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden conseguirse de forma similar, bien mediante la aplicación de la evaluación ambiental estratégica de un plan o programa, bien mediante la aplicación de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos previstos en él.

12. Modificaciones menores: cambios en las características de los planes o programas ya aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices o propuestas, ámbito de afección o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia.

13. Memoria ambiental: documento que elabora el órgano ambiental y que debe ser tenido en cuenta por el órgano promotor del plan o programa, antes de su aprobación definitiva, así como por el órgano administrativo que aprueba definitivamente el plan, en el que se valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así como el informe de sostenibilidad ambiental y la calidad de éste, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y que establece las determinaciones ambientales finales.

Deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, regulado en el presente Decreto, los planes y programas recogidos en el anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

1. Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública del órgano ambiental, cuando se determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, los planes y programas recogidos en el apartado 9 del anexo I, A de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2. Para ello, el órgano promotor se dirigirá al órgano ambiental mediante la realización de una consulta que irá acompañada de la siguiente documentación: objetivos del plan o programa, ámbito de aplicación del mismo, acciones que se contemplan en el plan y su localización en el mismo, así como una descripción de las características del ámbito de aplicación del plan.

3. A la vista de la documentación remitida por el órgano promotor, el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, aplicando los criterios que se recogen en el anexo III del presente Decreto, previa consulta, a las administraciones públicas afectadas a las que se refiere el artículo 9.

4. La decisión se adoptará mediante resolución que se notificará al órgano promotor en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud realizada conforme a lo establecido en el apartado 2. En el mismo plazo el órgano ambiental hará pública su decisión a través de medios electrónicos.

5. En los casos en que el órgano ambiental determine que el plan o programa examinado está sujeto a evaluación ambiental estratégica, se comunicará junto a la resolución, la necesidad de que el promotor remita el documento de inicio definido en el artículo 8 del presente Decreto. Las consultas realizadas en esta fase, podrán ser utilizadas por el órgano ambiental como consultas realizadas a los efectos del artículo 9 del presente Decreto.

1. Conforme a lo establecido en la legislación sobre protección del medio ambiente del País Vasco, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma será competente para la elaboración del documento de referencia, para la emisión de la memoria ambiental y para la adopción de la decisión sobre si un plan o programa tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

   No obstante, en aquellos casos en los que la competencia sustantiva para la aprobación del plan o programa resida en lo órganos forales de los territorios históricos, la competencia establecida en el párrafo anterior queda atribuida a estos últimos, excepto cuando el plan o programa supere o afecte al ámbito territorial de más de un territorio histórico, supuesto éste en el que se garantizará la participación en el procedimiento de los órganos forales.

2. Cuando la competencia sustantiva para la aprobación del plan o programa resida en el ayuntamiento, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma podrá encomendar la gestión material de su competencia al órgano foral que corresponda.

3. Corresponde al órgano promotor del plan o programa, integrar los aspectos ambientales en su contenido. Asimismo, le corresponde elaborar el informe de sostenibilidad ambiental, garantizar en el proceso de elaboración y tramitación del plan o programa el derecho de acceso a la información y a la participación pública, a través de la puesta a disposición del público de la correspondiente información, así como de la realización de los trámites de información pública y consultas, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y en el presente Decreto.

1. Cuando exista una concurrencia de planes o programas promovidos por diferentes administraciones públicas, éstas deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de que puedan complementarse y para evitar que se produzca una duplicidad de evaluaciones, asegurando que todos los efectos ambientales significativos de cada uno son convenientemente evaluados.

2. Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos de decisión de una misma administración pública, la evaluación ambiental en cada uno de ellos deberá realizarse teniendo en cuenta la fase del proceso de decisión en la que se encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de evaluaciones.

3. En el informe de sostenibilidad ambiental se podrá utilizar la información disponible que se haya obtenido en otras fases del proceso de decisión o en la elaboración de los planes y programas promovidos por otras administraciones públicas así como los que se deriven de la aplicación de la normativa vigente.

4. La memoria ambiental podrá determinar que no es necesario someter a evaluación ambiental estratégica los planes o programas de desarrollo de un determinado plan o programa cuando se cumplan las siguientes condiciones:

   1. Que el informe de sostenibilidad ambiental del plan o programa justifique cuales son los condicionantes necesarios para garantizar que los planes o proyectos de desarrollo no tendrán efectos significativos para el medio ambiente.

   2. Que el plan o programa objeto de evaluación establezca esos condicionantes con el suficiente detalle y grado de vinculación.

      En los demás supuestos, la memoria ambiental deberá determinar la amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad del plan o programa de desarrollo.

1. Con el fin de integrar los aspectos ambientales en la preparación de los planes y programas citados en el artículo 4 del presente Decreto, el órgano promotor remitirá al órgano ambiental un documento de inicio en el que conste lo siguiente:

   1. Información sobre los siguientes aspectos:

   1. Identificación de la disposición normativa o acuerdo del Consejo de Gobierno donde se exija la elaboración o aprobación del plan o programa por una administración pública.

   2. Identificación y descripción de las competencias que desarrolla el plan o programa.

   3. Competencias administrativas: identificación del órgano promotor y del órgano sustantivo, responsable de la aprobación definitiva.

   4. Procedimiento de aprobación y tramitación del plan o programa, detallando expresamente los trámites de de participación pública, información pública y consultas que prevean realizarse en el proceso.

   5. Objetivos y criterios de desarrollo sustantivos generales y específicos y horizontes del plan o programa.

   6. Justificación de las necesidades a satisfacer por el plan o programa y de los elementos de oportunidad presentes.

   7. Antecedentes y tramitación:

      Descripción, en su caso, del los antecedentes, haciendo referencia a los documentos de planeamiento superior donde se ha contemplado el plan o programa, con indicación de si han sido sometidos a procedimiento de evaluación ambiental. En este último caso, deberán resumirse las principales determinaciones de dicha evaluación ambiental, resaltando, si fuera el caso, los elementos cuya evaluación se hubieran pospuesto a fases posteriores.

      Descripción, en su caso, de las actuaciones posteriores al plan o programa previstos en los que se prevea la intervención del órgano ambiental.

   8. Descripción de las características del Plan:

      Delimitación espacial de los ámbitos en el que se desarrollarán las actuaciones del plan o programa y del ámbito donde se localicen los elementos que previsiblemente sean afectados ambientalmente de forma significativa.

      En el caso del planeamiento urbanístico:

      Delimitación espacial de los ámbitos propuestos de reclasificación y recalificación urbanística.

      Propuestas de modificación de la ordenación y regulación de usos en el ámbito del suelo rústico o suelo no urbanizable.

      En el caso de la planificación territorial parcial y sectorial: delimitación espacial de ámbitos de ordenación y regulación territorial.

      Identificación de los proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumerados en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación sobre protección del medio ambiente del País Vasco.

   9. Identificación de los objetivos de protección medioambiental y criterios de desarrollo fijados en las normativas, estrategias y planes de escala internacional, comunitaria, estatal, autonómica y/o local, que guarden relación con los probables efectos significativos del plan o programa o con sus objetivos, así como de los indicadores asociados y, en su caso, límites establecidos o propuestos aplicables a tener en cuenta durante la elaboración del plan o programa.

   10. Definición específica de alternativas razonables: descripción de las alternativas de planificación consideradas:

       Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en la identificación de las alternativas razonables consideradas: alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo temporal del plan o programa.

       Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales de referencia, y medida en la que contribuyen a su desarrollo.

   11. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, como recursos y espacios amenazados y/o protegidos mediante convenios internacionales y disposiciones normativas de carácter general, así como, en su caso, problemas ambientales del ámbito de evaluación del plan o programa, considerando su probable evolución, en el horizonte temporal del plan, en caso de no aplicarlo.

   12. Definición de las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del territorio, o metodología a partir del análisis integrado de las características cada una de las variables ambientales. Valoración de la calidad ambiental de estas unidades y análisis de su capacidad de acogida a los usos previstos, que vendrá dada en función de su mayor aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto sobre el medio ambiente.

   13. Valoración del órgano promotor de si el plan o programa puede afectar o no de forma apreciable a los lugares Natura 2000. Dicha valoración se fundamentará aportando la siguiente información, que tendrá el grado de detalle que requiera el caso:

       Identificación de todos los proyectos o planes que pueden afectar individual o conjuntamente sobre la Red Natura 2000.

       Identificación de los impactos y evaluación de la importancia de los mismos.

       Características de los lugares Natura 2000 afectados.

   14. Identificación de ámbitos de afección en otros espacios naturales protegidos según legislación sobre conservación de la naturaleza, humedales Ramsar de importancia internacional, paisajes singulares y/o sobresalientes, montes de utilidad pública y protectores, hábitats de interés comunitario y/o prioritario, formaciones arboladas autóctonas, ámbitos fluviales, y otros ámbitos de calidad y sensibilidad ambiental.

   1. Propuesta de relación de público interesado, entendiendo por tal, el establecido en el apartado 9 del artículo 3.

2. Además de la información anteriormente citada, las informaciones de los apartados j), k), l) y m) establecidos en el apartado anterior, se recogerán de forma resumida en el formulario de solicitud de evaluación ambiental estratégica adjunto en el anexo V, el cual deberá remitirse preceptivamente junto al documento de inicio. Las informaciones detalladas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), e), i), únicamente se facilitaran mediante la cumplimentación del formulario previsto en el anexo V.

3. Si el órgano ambiental apreciase que el contenido de la documentación presentada no es suficiente para proceder a la evaluación ambiental estratégica del plan o programa, requerirá al promotor para que en el plazo de quince días subsane la falta o aporte los documentos o informaciones requeridas, indicándole que de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará en los términos establecidos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El órgano ambiental notificará el citado requerimiento al órgano promotor en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de recepción de la documentación establecida en el apartado 1.

5. No será preciso remitir al órgano ambiental la documentación relacionada en este artículo en los supuestos contemplados en el apartado 4 del artículo 7, del presente Decreto.

El órgano ambiental consultará a las administraciones públicas afectadas por el plan o programa y al público interesado, a las cuales facilitará una copia de la documentación establecida en el artículo 8, otorgándoles un plazo de un mes para que realicen las observaciones que consideren oportunas, cuando proceda, en relación a la amplitud, nivel de detalle, grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental, incluyendo además, los criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso.

1. A la vista de la documentación remitida por el órgano promotor conforme a lo establecido en el artículo 8 y a las respuestas de las consultas previas, el órgano ambiental elaborará el documento de referencia en el que se determinará la amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental y contendrá, como mínimo, la información establecida en el anexo I del presente Decreto.

   Si, analizada la mencionada documentación, el órgano ambiental determinase la ausencia de impacto ambiental del plan o programa, podrá resolver motivadamente en ese sentido. Esta resolución finalizara el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. El órgano ambiental hará pública dicha resolución a través de medios electrónicos.

2. El documento de referencia se notificará al órgano promotor en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la recepción del documento de inicio. El documento de referencia deberá tenerse en cuenta por el órgano promotor en la elaboración del plan o programa y su contenido deberá integrarse tanto en el plan o programa como en el informe de sostenibilidad ambiental.

3. El órgano ambiental hará público el documento de referencia, como mínimo, a través de medios electrónicos.

4. Transcurrido el plazo de evacuación del documento de referencia sin que el órgano ambiental hubiera emitido el mismo, se podrá continuar con el procedimiento de elaboración del plan o programa.

1. El órgano promotor conforme al contenido del documento de referencia elaborará el informe de sostenibilidad ambiental. En él se identificarán, describirán y evaluarán las alternativas técnica económica y ambientalmente viables, que permitan desarrollar los objetivos del plan, así como sus probables efectos significativos sobre el medio ambiente.

2. El informe de sostenibilidad ambiental contendrá como mínimo la información recogida en el anexo II del presente Decreto, con el nivel de detalle y con las especificaciones que determine el documento de referencia, así como la información que se considere necesaria para asegurar la calidad del informe. El informe reflejará asimismo, como se integran en el plan o programa los objetivos establecidos en las propias estrategias locales y en el Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. El informe de sostenibilidad ambiental se someterá a los trámites de información pública y consulta que se especifican en el artículo siguiente.

4. El informe de sostenibilidad ambiental se integrará en la documentación que sea exigida por la legislación sectorial aplicable para la tramitación del plan o programa y se someterá junto con ésta a los trámites que se exijan en la citada legislación.

1. El órgano promotor someterá el informe de sostenibilidad ambiental y la versión preliminar del plan o programa, con la documentación que determine su normativa reguladora, al trámite de consultas de las administraciones públicas afectadas y del público interesado así como al trámite de información pública, por un plazo no inferior a 45 días.

2. En esta fase de consultas deberán recabarse los informes que sean preceptivos, de conformidad con la normativa sectorial correspondiente.

3. El órgano ambiental participara en el procedimiento de consultas transfronterizas sobre planes y programas incluidos en el ámbito de aplicaron de este Decreto, en los términos establecidos en la legislación vigente sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

4. El órgano promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se hubieran formulado en el trámite de consultas e información pública.

1. Finalizada la fase de consultas e información pública, y antes de la aprobación definitiva del plan o programa, el órgano promotor, remitirá al órgano ambiental, el informe de sostenibilidad del plan o programa objeto de aprobación así como copia del correspondiente expediente, incluidos los informes citados en el apartado 2 del artículo anterior y las alegaciones que se hayan formulado en los trámites de consultas e información pública.

   Si el órgano ambiental apreciase que la documentación presentada no es suficiente para proceder a la emisión de la memoria ambiental, requerirá al promotor en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de recepción de la documentación, concediéndole un plazo de diez días para que subsane la falta o aporte los documentos requeridos, indicándole que de no hacerlo, previa resolución expresa, se suspenderá el procedimiento en aplicación del artículo 42.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El órgano ambiental notificará al promotor la memoria ambiental en el plazo de 2 meses.

3. La memoria ambiental tendrá, como mínimo, el contenido que se especifica en el anexo IV del presente Decreto.

4. El órgano promotor elaborara la propuesta del plan o programa integrando en la misma las determinaciones de la memoria ambiental, elaborando y aprobando un documento que refleje como se ha realizado dicha integración, documento que se remitirá al órgano ambiental para su incorporación al correspondiente expediente administrativo del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

5. La memoria ambiental y el documento que refleje cómo se ha realizado la integración de la memoria ambiental se incluirá, en el expediente de remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su informe, en los supuestos en que dicho informe sea pertinente.

6. La memoria ambiental es preceptiva. La resolución administrativa por la que se apruebe definitivamente el plan o, en su caso, el acuerdo o la norma legal que dicte dicha aprobación, deberá motivar la decisión adoptada cuando la misma discrepe del contenido de la memoria ambiental.

1. Si durante la tramitación del plan o programa de conformidad con la legislación sectorial que corresponda, y posteriormente al tramite de consultas e información publica detallado en el artículo 12 del presente Decreto, se acordasen modificaciones que pudieran tener efectos significativos sobre el medio ambiente no evaluados, y en todo caso cuando las modificaciones se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 4 del presente Decreto, el órgano promotor lo comunicará al órgano ambiental. La comunicación ira acompañada de la documentación señalada en el artículo 8 que resulte precisa al objeto de evaluar los aspectos del plan o programa modificados.

2. El órgano ambiental a la vista de la documentación remitida por el órgano promotor, resolverá sobre si la citada modificación puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y de ser así, determinará la posible necesidad de un nuevo periodo de consultas e información publica, así como los aspectos en los que debe completarse el informe de sostenibilidad ambiental.

Una vez aprobado el correspondiente plan o programa, el órgano promotor notificará al órgano ambiental, a las administraciones públicas afectadas y al público interesado la puesta a disposición de las mismas y del público en general a través de medios electrónicos, de la siguiente documentación:

1. El plan o programa aprobado.

2. Una declaración que resuma los siguientes aspectos:

   1. De que manera se han integrado en plan o programa los aspectos ambientales.

   2. Como se han tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de las consultas y de la información pública y la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.

   3. Las razones de la elección del plan o programa aprobados, en relación con las alternativas consideradas.

3. Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos del medio ambiente de la aplicación del plan o programa.

4. Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los apartados b) y c).

Los órganos promotores de los planes y programas deberán realizar un seguimiento de los efectos significativos para el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los mismos y de corregir a efectos ambientales las posibles deficiencias que se puedan apreciar.

Esta situación deberá ser notificada al órgano ambiental, señalando las medidas propuestas para evitar los efectos adversos detectados, no previstos en la evaluación de impacto estratégica.

Cuando el Gobierno Vasco apruebe normativa específica sobre entidades de control ambiental (entidad colaboradora de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia ambiental), el órgano ambiental, podrá valerse de las entidades de control ambiental en la tramitación de los procedimientos evaluación ambiental estratégica.

Asimismo, el órgano promotor, podrá remitir la documentación exigida en cada trámite del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, previamente verificada y validada por una entidad de control ambiental.

La evaluación ambiental estratégica realizada conforme al procedimiento establecido en el presente Decreto se tendrá en cuenta en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo desarrollen.

Uno. Se incorporan dos párrafos iniciales al anexo I.B, que queda redactado en los siguientes términos:

Dos. Se da una nueva redacción a los siguientes epígrafes 3.3, 3.4, 3.6, 4.2, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 14, 17, 18, 20, 21, 22 y 25 del anexo I.B, que quedan redactados en los siguientes términos:

«3.4. Proyectos de construcción de líneas de transporte de energía eléctrica de primera categoría (igual o superior a 100 kV) y de combustible fósil de tipo fluido, de vapor y agua caliente, siempre que se desarrollen en una longitud igual o superior a 1 km.

Proyectos de construcción de líneas de energía eléctrica y subestaciones de transformación de energía eléctrica cuando se desarrollen en su totalidad o en parte en zonas ambientalmente sensibles. Se excluirá de este último supuesto la construcción de pequeñas líneas de energía eléctrica que se ejecuten exclusiva o principalmente mediante el método de hinca».

«4.2. Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos peligrosos así como para la eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad, tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes.

Instalaciones industriales fijas para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, de una capacidad de más de 10 toneladas por día.

Instalaciones industriales fijas para la incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico o cualquier otro tratamiento similar en cuanto a la posible emisión de contaminantes, con una capacidad igual o superior a 50 toneladas diarias.

Vertederos de residuos urbanos y vertederos de residuos no peligrosos de origen industrial.

Vertederos de residuos inertes que reciban 10 toneladas al día o más, o que tengan una capacidad total de 25.000 toneladas o más, o que, aún no superando estos umbrales, se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles y ocupen una superficie igual o mayor de 1 hectárea».

«8.7. Instalaciones industriales para la fabricación de pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos, con excepción de las instalaciones en las que únicamente se efectúen mezclas de productos, sin dar lugar a reacciones químicas entre los mismos».

«10.1. Campings con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles».

«10.3. Campos de tiro con arma de fuego con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles».

«10.5. Parques temáticos con una superficie igual o superior a 1 hectárea. Parques temáticos cuando se sitúen en todo o en parte en humedales incluidos en áreas protegidas por instrumentos internacionales o en lugares de la Red Natura 2000».

«17. Aparcamientos en suelo no urbanizable con una superficie igual o superior a 3.000 m2 que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles».

«20. Proyectos de urbanización de zonas industriales con una superficie igual o superior a 1 hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles».

«22. Almacenamiento de chatarra, cuya superficie sea igual o superior a 3.000 m2, y desguace de vehículos, cuando se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles.

Se exceptúan las actividades de almacenamiento de chatarra localizadas en puertos, relacionadas con actividades de estiba y desestiba».

Tres. Se introduce un nuevo epígrafe 26 en el anexo I.B, que queda redactado en los siguientes términos:

Por Orden de la persona titular del departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de medio ambiente se regulará, en el plazo de dos años, la elaboración de una base de datos de evaluación ambiental estratégica que tendrá como finalidad disponer de la información que genere la evaluación ambiental de planes y programas para hacerla accesible a las personas interesadas a través de medios electrónicos, respetando en todo caso, lo establecido en Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Se habilita al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a dictar cuantas disposiciones e instrucciones técnicas sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto. Las mismas se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 16 de octubre de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.