Programa Bateratu 2022: Programa de ayudas a empresas afectadas por el Covid-19, que realicen actuaciones de consolidación.

Las solicitantes, junto a la solicitud, deberán incluir información general de la empresa, así como la siguiente documentación:

1. Memoria detallada de los planes de fusión y/o absorción planteadas en aras de la consolidación o crecimiento de las empresas, o grupo empresarial, donde constarán los siguientes aspectos:
• Gastos de consultoría o asesoramiento para la elaboración de los planes de fusión y/o absorción, incluyendo la oferta detallada de la consultora en los términos establecidos en el artículo 5 a), esto es, descripción del plan de fusión y/o absorción, reflejando el número de horas dedicadas a la realización de dicho plan, el precio de la hora trabajada para su elaboración y, en su caso, indicación de los costes de las inversiones a realizar vinculadas a dicha operación.
• Gastos de notaría.
• Asimismo, la memoria deberá incorporar una explicación detallada del impacto del covid-19 en las empresas que participan en la operación de consolidación y los beneficios que se derivarían de la mencionada operación para hacer frente a las graves consecuencias derivadas de la pandemia.
2. Escritura de Constitución, sólo si la empresa es de nueva creación, Tarjeta de Identificación Fiscal y poder de representación de la persona solicitante, excepto si los mismos obran en poder del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.
3. De las empresas partícipes, en la operación de consolidación, Cuentas Anuales y documentación adicional depositadas en el Registro Mercantil en los dos últimos ejercicios, o en su defecto, las dos últimas declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, o en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras, esta documentación deberá referirse también al grupo de empresas así formado.
4. De las empresas partícipes en la operación de consolidación, Informe “Plantilla Media de Trabajadores en Situación de Alta” que emite la Tesorería General de la Seguridad Social, del mes en que se formalice la operación de fusión y/o absorción y/o Acuerdo laboral, en el caso de reducción de plantilla. En el caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras, esta documentación deberá referirse también al grupo de empresas así formado.
5. En su caso, oferta detallada de la consultora contratada para llevar a cabo tales fines, donde se deberá especificar los trabajos a realizar, así como el precio del servicio y una estimación de las posibles inversiones a realizar que genere la operación de fusión y/o absorción. Todo ello, en los términos establecidos en el artículo 5 a).
6. Declaración responsable de la entidad solicitante, la cual quedará sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente, en caso de falseamiento de datos, respecto a la veracidad de los siguientes aspectos:
• Las ayudas que para el mismo proyecto haya solicitado y/o recibido de otras instituciones públicas o privadas.
• Que no han sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
• Que no han solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, ni esté sujeto a intervención judicial ni inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
• Que no han dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
• Que no están incursas, ni sus administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
• Que no tienen la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
• Que se hallan al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas.
• Que no han sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas.
• Que no están incursa en la prohibición de obtener ayudas que afectan también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
• Que no están sujetas a una orden de recuperación pendiente, en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, y que no es una empresa en crisis ( con la excepción de lo previsto en Marco Temporal, esto es, que ya estaban en crisis el 31 de diciembre de 2019 siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal con arreglo a su Derecho nacional y no hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.)

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación exigida, se requerirá, por medios electrónicos a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles subsane, de la misma forma, la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, según prevé la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cualquier caso, el órgano gestor de estas ayudas, Director de Industria y Transición Energética, podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente Orden, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.