Desde la aparición del cigarrillo electrónico, en Euskadi ha proliferado de forma significativa la utilización y comercialización de este nuevo dispositivo. Si bien la promoción de este artículo lo presenta como un sustitutivo del tabaco o incluso como dispositivo que puede ayudar a abandonar el hábito de fumar, al día de hoy no se ha demostrado su eficacia en este sentido ni se ha podido determinar de modo concluyente su carácter inocuo, puesto que no hay evidencia científica sobre el impacto en la salud de las personas usuarias directas y de otras personas del entorno.

De hecho, para determinar la seguridad, la eficacia y los posibles efectos secundarios de este dispositivo es preciso contar con más estudios e investigaciones, sin ser del todo descartable que su uso en lugares públicos puede comprometer el proceso de normalización que se ha conseguido tras la regulación del tabaco por la normativa vigente.

La Organización Mundial de la Salud, en julio de 2013, ha recomendado no utilizar estos artículos y «desaconseja el producto hasta que no haya datos que demuestren que es un producto seguro, eficaz y de calidad aceptable, y que esto esté certificado por un organismo regulador nacional competente».

Por lo que respecta a la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha elaborado el 8 de octubre de 2013 una propuesta que reclama la realización de estudios sanitarios que evalúen estos dispositivos antes de catalogarlos, concluyendo en 2014 mediante una Directiva que constituirá la legislación general y estándar que cada estado miembro deberá tener en cuenta para realizar su propia regulación.

No obstante, y en tanto se llevan a cabo los necesarios estudios y se regula su régimen de publicidad, comercialización y consumo, el principio de prudencia hace conveniente que las autoridades sanitarias adviertan a las y los ciudadanos de la situación y establezcan unas recomendaciones de uso del dispositivo para preservar el derecho a la salud que asiste a la ciudadanía.

Así mismo, el principio de proporcionalidad hace que las medidas que propone la Autoridad Sanitaria estén inicialmente dirigidas a los colectivos que, por razón de su edad o de su estado de salud, puedan resultar más afectados por los cigarrillos electrónicos.

Por otro lado, y con un valor ejemplarizante para el resto de las administraciones, se propone que en las instalaciones de la propia Administración, en las que se atienda a la ciudadanía, en aplicación de las competencias que disponen en materia de organización, funcionamiento y régimen interior, se adopten medidas tendentes a restringir el uso del cigarrillo electrónico.

Por todo ello, de conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 26.4 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, en relación con el artículo 27 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y con el artículo 3 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi y en aras garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas y de promoción de la salud,