La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha entregado hoy en persona a la familia de Mikel Zabalza Garate la resolución que le reconoce como víctima de la vulneración de sus derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999. Dicha resolución ha sido emitida por la Comisión de Valoración de manera unánime y ha sido tramitada a instancias de una de sus hermanas, María Lourdes Zabalza.
En su dictamen, la Comisión de Valoración recomienda al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco que “se dirijan a las instituciones del Estado para que actúen en idéntico sentido, habida cuenta de la responsabilidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del mismo en los hechos analizados”.
La delegación del Gobierno Vasco, encabezada por la consejera Artolazabal y el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, Jose Antonio Rodríguez Ranz, y su directora, Monika Hernando, se ha desplazado a la localidad natal de Mikel Zabalza, Orbaizeta, donde se ha celebrado un acto para la entrega del dictamen. En el mismo también han participado la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo Hualde, así como representantes del Ayuntamiento de Orbaizeta y de las entidades memorialistas Mikel Gogoan, de la localidad navarra y de Donostia.
“Hoy es un día muy especial”, ha señalado la consejera, “porque damos un significativo paso en el camino de la verdad de Mikel Zabalza”.
“La verdad es un derecho inalienable; una verdad presente siempre en el imaginario social que hoy adquiere rango institucional y oficial. Porque la verdad manipulada no es verdad, la verdad interesadamente reconstruida no es verdad, la verdad que repugna a la razón no es verdad. Y hoy, en nombre de la verdad, proclamamos a los cuatro vientos, como cita literalmente el dictamen, que han quedado suficientemente acreditados tanto los hechos ocurridos entre el 26 de noviembre y el 15 de diciembre de 1985, como la implicación en los mismos de los agentes del Estado-Guardia Civil”.
Junto a la que fuera la casa familiar de Mikel Zabalza, Beatriz Artolazabal ha reiterado que “todas las víctimas de la violencia y de vulneraciones de derechos son víctimas de primera. Todas fueron víctimas de una violencia injusta”.
“Hoy, aquí, desde Orbaizeta exigimos que se haga efectivo su derecho a la justicia. Su muerte, su verdad, exige llegar hasta el final. Exige ir más allá de la verdad judicial vigente hoy” ha reclamado. En este sentido, la consejera vasca estima que deben reactivarse todas las vías para el total esclarecimiento de los hechos, “y, en su caso, el reconocimiento, la autocrítica y la asunción de responsabilidades por parte del Estado”.
El dictamen
El documento firmado por unanimidad por la Comisión de Valoración consta de más de medio centenar de páginas en las que se recogen los hechos, los testimonios, las investigaciones y, en definitiva, el exhaustivo trabajo realizado. Entre sus conclusiones, la Comisión reconoce que “existen fuertes presunciones de hecho de que Mikel Zabalza fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte”.
También se afirma que los hechos no han prescrito, “teniendo en cuenta la interrupción de los plazos correspondientes a la luz de la extensa instrucción judicial que se prolonga hasta el mismo año 2010”.
En la argumentación del dictamen se cuestiona la versión oficial y se califica la hipótesis de la huida repentina de Mikel Zabalza como “muy improbable por no decir simplemente increíble a la luz de los datos disponibles”.
Y añade: “Desde que es detenido y llevado a dependencias policiales (sin contar con asistencia letrada ni con asistencia médica ni con libro de registros en que constaran entradas o salidas de detenidos, vehículos…) hasta que finalmente aparece muerto, estuvo de hecho en situación de desaparición por espacio de 19-20 días. Tiempo en el que estaba en un principio bajo la responsabilidad y a disposición de agentes del Estado, a la sazón, miembros de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo”.
También se refleja el sufrimiento de la familia a lo largo de estos casi 40 años. Así, explican que las personas allegadas de Mikel Zabalza interpusieron una denuncia porque “querían preservar la presunción de inocencia de Miguel Mari”, nombre con el que se le conocía en el entorno familiar, y porque querían restaurar “su honor y su imagen ante la sociedad”.
“La familia explicó ante esta Comisión que su hermano quedó indefenso totalmente al aplicársele en primer lugar la Ley Antiterrorista y luego, ya muerto, se cerraran las vías judiciales”, se recoge en el documento.
Hechos
Mikel Zabalza tenía 32 años cuando sucedieron los hechos, y era el mayor de 5 hermanas y 4 hermanos. Fue arrestado por la Guardia Civil en la madrugada del 26 de noviembre de 1985 bajo la Ley Antiterrorista en su domicilio de Donostia, en donde trabajaba como conductor de la compañía municipal de autobuses. Su primo Manolo Vizcay, que estaba en la vivienda, también fue detenido, así como su novia, Idoia Aierbe.
En la misma jornada fueron detenidos cuatro hombres más en Orbaizeta, dos de los hermanos Zabalza, Aitor y Patxi, Ion Arretxe y Víctor Manuel Mediavilla.
Las evidencias, el conjunto de testimonios y los hechos demostraron que ni Mikel Zabalza ni quienes fueron detenidos en la misma operación de la Guardia Civil pertenecían a ETA ni hacían de mugalaris para organización alguna. Todos, menos Mikel, que murió estando bajo custodia policial, salieron en libertad sin cargos. Su cadáver apareció tras diecinueve días desaparecido.
Comisión de Valoración
La Comisión de Valoración está compuesta por:
- Juana Balmaseda, experta en víctimas en calidad de presidenta.
- Paco Etxeberria, forense experto en materia objeto de la Ley y vocal.
- Monika Hernando, directora de Derechos humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco y vocal.
- Jon Mirena Landa, jurista especializado en Derecho Penal y vocal.
- Josu Oskoz, experto en materia objeto de la Ley y vocal.
- Benito Morentín, perito forense y vocal.
- Sabino Ormazabal, experto en materia de víctimas y vocal.
- Luis Sala, historiador y vocal.
- Amaia Bóveda, psicóloga experta en víctimas y vocal.
- Víctor Verano, perito forense y vocal.
- María Ángeles Sánchez, secretaria.
Como miembros suplentes figuran: José Luis Cárdenas, Aintzane Ezenarro, Enara Garro, Bertha Gaztelumendi, Felipe Gómez, Julia Lamas, Miguel Ángel Navarro y Jon Penche.
