Las políticas públicas basadas en datos contribuirán a la toma de decisiones basadas en evidencias, a reducir riesgos e incertidumbres, a la transparencia y la rendición de cuentas, y a la participación y el compromiso de la ciudadanía con aquellas (public engagement).

Por otra parte, en la política de transformación digital encaminada hacia un gobierno basado en datos, estos son un activo estratégico cuya ordenación y explotación constituye una necesidad para mejorar los servicios públicos, para ofrecer servicios personalizados de forma proactiva, que satisfagan mejor sus necesidades.

Además, los datos tienen un valor económico al ofrecer nuevas oportunidades de negocio para la sociedad y constituyen la materia prima para el desarrollo de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, cuya eficacia depende de la calidad, integridad y confiablidad de los datos de los que se alimenta.

Por todo ello, el sector público de la CAE, precisa de un ecosistema de datos integrado y homogéneo que permita un intercambio eficiente de los mismos y que facilite una gestión administrativa orientada a la ciudadanía y genere valor público.

Igual que en otras organizaciones, en las administraciones públicas, el volumen de los datos experimenta un incremento exponencial. Su tratamiento y el desarrollo de nuevas formas de gestión que permitan dotar de inteligencia a los mismos con todas las garantías para la ciudadanía supone nuevos retos.

Pero la tecnología no es neutral en sí misma, y sin perjuicio del uso incorrecto que pueda darse, de su mismo diseño y desarrollo no sólo transforma los productos, procesos y procedimientos, sino también los hábitos, costumbres o relaciones. Las tecnologías disruptivas transforman los sistemas, (institucionales, sociales, económicos, incluso naturales) y pueden crear conflictos éticos en múltiples fases de su desarrollo ya que, habitualmente, crean nuevas opciones y posibilidades que pueden tener efectos adversos, cuyo control es necesario, y un fuerte impacto en la ciudadanía.

La confianza pública es un factor crítico en el bienestar de la ciudadanía y el buen uso de sus datos por parte de la Administración pública es esencial para conseguir esa confianza. Los datos y la información han de ser gestionados de manera cuidadosa, como cualquier otro activo, asegurando el cumplimiento de regulaciones internas y externas.

Pero, más allá del cumplimiento de la legalidad, un elemento indispensable en la gobernanza de los datos es la ética. Además de la normativa de protección de los datos, en determinados supuestos, existen razones éticas para proteger los datos y los servicios generados a partir de ellos, y garantizar que no se utilizan indebidamente. Gestionarlos de manera ética es necesario para el éxito a largo plazo de cualquier organización. La ética de datos es una cuestión de responsabilidad social en la empresa privada y un deber inherente en la Administración pública.

Prepararse para las transformaciones que supone la irrupción del tratamiento de datos masivos y la Inteligencia Artificial necesita el establecimiento de un marco ético acorde a los valores del buen gobierno.

Definida de manera simple, la ética son los principios de comportamiento basados en ideas de lo correcto y lo incorrecto, de lo que es aceptable y qué no con relación al uso de los datos. La ética en el tratamiento de los datos tiene que ver con la forma en la que obtenemos, almacenamos, administramos, usamos y disponemos de los datos de manera que estén alineados con esos principios. El imperativo ético para proteger los datos se extiende a todo el ciclo de vida de los datos, desde su creación hasta su almacenamiento y destrucción, por lo que es necesario establecer unos principios para el aprovisionamiento, el uso y la compartición de los mismos, que estén en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030.

Siguiendo diversas iniciativas del entorno de la CAE y a nivel internacional, el presente documento establece los principios rectores comunes que constituirán las reglas maestras que guiarán el despliegue de la Estrategia de gobernanza de los datos del sector público de la CAE, en todos sus pilares y elementos, a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos; es decir, desde su creación o captura hasta su eliminación, pasando por la generación de productos y servicios a partir de ellos, incluyendo sistemas de inteligencia artificial que permitan ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

El presente documento se desarrolla en el marco de las potestades de auto-organización que dispone la Administración Pública de la CAE, tratando de gestionar más y mejor la información para dar respuesta, entre otras, a las obligaciones establecidas por los artículos 28.2 y 53.1.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los que se reconoce el derecho de la ciudadanía a no presentar datos obrantes en la Administración, generando la consiguiente obligación de disponer de un sistema que responda a derecho. Igualmente, el artículo 8.1 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica obliga a las Administraciones públicas a establecer y publicar las condiciones de acceso y utilización de los datos y documentos en formato electrónico debiendo ponerse a disposición del resto de Administraciones. Todo ello sin olvidar la dualidad entre publicar o proteger los tratamientos, dependiendo de las obligaciones derivadas de la normativa de transparencia, reutilización o protección de datos de carácter personal, sin olvidar las disposiciones propias de cada ámbito sectorial.

El cumplimiento de estas obligaciones se convierte en base suficiente para regular unos principios en la gobernanza de los datos y sistemas de inteligencia artificial en el sector público de la CAE, dado que su correcta organización requiere de unos principios rectores que deriven en un sistema eficaz, homogéneo y común que convierta las obligaciones en una realidad.

El documento, que incluye, entre otros, los principios FAIR , constituye uno de los elementos de la Estrategia de gobernanza de los datos en el sector público de la CAE que no tiene como objetivo sustituir al resto de normativa en relación con los datos, sino ofrecer unos parámetros comunes y homogéneos que guíen el uso de los mismos. Contiene, además de unas disposiciones generales, tanto los principios comunes como las buenas prácticas para la ética de los datos y de los sistemas de inteligencia artificial del sector público.

Se materializa así, uno de los elementos clave del proyecto 3.1.1. de Impulso de la Estrategia del Dato del sector público vasco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETIC 2021-2024): el establecimiento de los principios de la Estrategia.