La gestión recaudatoria en periodo voluntario del pago de las obligaciones de reintegro de las prestaciones económicas del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión indebidamente percibidas corresponde a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, según la normativa reguladora de esas prestaciones.

A la resolución firme que dicta Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en dicho periodo, declarando el deber de reintegrar cuantías indebidamente percibidas le sigue la tramitación y resolución de eventuales solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de tales deudas presentadas por las personas obligadas al pago con dificultades transitorias de tesorería, según lo previsto en el Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

Tal tramitación y resolución de esas solicitudes es competencia de los órganos del Departamento de Hacienda y Finanzas que determina el Decreto 313/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de ese Departamento (la persona titular de la Viceconsejería de Política Financiera y Presupuestos o la de la Dirección de Política Financiera, en función de si es exigible o no la aportación de garantías).

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público recoge, en su artículo 9, que tiene carácter básico, el régimen jurídico de la delegación de competencias, el cual viene regulado, en lo que respecta a esta Administración, en la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

El artículo 25.1 de la referida Ley 3/2022, de 12 de mayo del Sector Público Vasco prevé que «El ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponda a órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma podrá ser delegado en otros órganos de la propia Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o, de forma excepcional y por razones fundadas en la imposibilidad de ejercitarlas de otro modo, en algún otro ente institucional integrante del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

El apartado segundo del mismo artículo dispone que «En caso de que un órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi delegue el ejercicio de competencias en un órgano de cualquier ente institucional integrado en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tal delegación debe ser previamente aprobada, si los hubiere, por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado».

Además, el apartado sexto de tal precepto establece la obligación de publicar en el boletín oficial de nuestra Comunidad Autónoma tanto las delegaciones de competencias que se operen como su revocación, y a que figuren permanentemente y sean accesibles en la página web del departamento u órgano delegante, al igual que en la del departamento u órgano delegado.

Por otro lado, los actos y resoluciones administrativas dictados por delegación harán constar esta circunstancia, con referencia al número y fecha de su publicación oficial y se considerarán dictados por el órgano delegante (artículo 25.7).

El Director General del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, ha puesto en conocimiento del Departamento de Hacienda y Finanzas que, con ocasión de la concesión de las prestaciones económicas al amparo de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, tiene previsto notificar a personas perceptoras de esas prestaciones más de 4.000 resoluciones de reintegro, lo que conllevará, sin duda, un incremento significativo de solicitudes de pagos aplazados y fraccionados de dichas deudas. Tal incremento puede afectar negativamente a la necesaria agilidad y eficiencia del procedimiento recaudatorio, por lo que el Director General del organismo autónomo ha manifestado su interés en que se deleguen tales competencias en el propio Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que serían ejercidas por su Dirección de Servicios Generales.

Concurren, por tanto, razones que aconsejan que la competencia de resolución de las referidas solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que pudieran cursarse, y otras funciones de gestión conexas, no sean ejercidas por los órganos competentes del Departamento de Hacienda y Finanzas, sino por la referida Dirección de Servicios Generales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por ser órgano más cercano a la gestión ordinaria y estar dotado del personal suficiente, en número y capacidad, para su correcta tramitación.

A tal efecto, de acuerdo con lo previsto en el precitado artículo 25.1 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo del Sector Público Vasco, esta delegación ha sido previamente aprobada por el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano del que depende el órgano delegado, que ejercerá de acuerdo con lo previsto en esta Orden.

Por tanto, en atención a la propuesta de delegación de competencias presentada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco,