El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha señalado en su primera entrevista que el de la vivienda es un “reto colosal porque afecta a la vida diaria de las personas y a la emancipación de las personas jóvenes”. Es, ha indicado, una cuestión que deben compartir los diferentes niveles de la administración –estatal, autonómica y municipal- con competencias en la materia, así como agentes sociales, económicos, del mundo académico y profesional del sector de la construcción.
En este sentido, Itxaso ha ratificado que convocará en este mismo mes de julio a los agentes firmantes del Pacto Social por la Vivienda en Euskadi, firmado en 2022 con cerca de un centenar de agentes con el fin de buscar una “respuesta de país” ante el reto de la vivienda en la comunidad autónoma. “Queremos convocar a todos los agentes para revalidar el apoyo de 2022, presentar al nuevo equipo del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana y presentar el acuerdo del Gobierno de coalición de manera que compartamos objetivos”, ha detallado.
Entre las acciones del nuevo Departamento, el consejero ha enumerado la construcción de 7.000 viviendas públicas en alquiler en esta legislatura, y, además de seguir edificando a través de Visesa y de la Dirección de Vivienda ha abierto la puerta a “ir directamente al mercado libre de vivienda y comprarlas para que engrosen el parque de Alokabide, en régimen de alquiler protegido” porque es “más rápido”, y también dar apoyo a los municipios que deseen reconvertir lonjas vacías en hogares.
Alojamientos turísticos
Sobre las medidas anunciadas por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que hoy ha visitado Euskadi con el consejero, para abordar las viviendas turísticas y temporales, Itxaso ha aplaudido las reformas legales para vetar este tipo de alojamientos en las comunidades y la creación de un registro común a nivel estatal. Y ha recordado que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha realizado ya un trabajo al respecto, con un registro propio. “Tenemos que garantizar la función social de la vivienda”, ha subrayado. “Vamos a ver si la declaración de zona tensionada podría dar la potestad a los ayuntamientos para establecer una moratoria a los alojamientos”, ha añadido.
Sobre el recurso presentado en la pasada legislatura por el Gobierno Vasco a la Ley por el Derecho a la Vivienda estatal, recurso al que se opusieron los tres consejeros socialistas, ha señalado que “estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional” y ha reivindicado las medidas del acuerdo del Gobierno de coalición en materia de vivienda.
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