Durante la presente semana han tenido lugar los acontecimientos por los que el Colegio Profesional Español de secretarios, interventores y tesoreros municipales impugna ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las convocatorias ordinarias de acceso libre y promoción, realizadas por el Gobierno Vasco a los puestos de diversas categorías de funcionarios locales de habilitación nacional en los ayuntamientos de Euskadi.
Posteriormente la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior ha decidido suspender cautelarmente dichas convocatorias ofreciendo únicamente al Gobierno Vasco la posibilidad de presentar alegaciones en el plazo de tres días que concluye hoy.
Ante dicha decisión el viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno Vasco ha señalado que “hoy mismo vamos a presentar alegaciones a esta decisión que no compartimos y solicitaremos el levantamiento de la suspensión cautelar”.
Una suspensión que está sustentada en el ámbito competencial y en la exigencia del euskera como requisito para la selección de estos funcionarios y funcionarias.
A ese respecto, Ochandiano ha subrayado que Euskadi tiene la capacidad competencial para convocar este proceso de selección de puestos de trabajo municipales y ha señalado que ayer mismo el Congreso de los Diputados ratificó dicha competencia con la aprobación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público.
Asimismo, el Gobierno Vasco defiende el derecho de todos y todas las ciudadanas de Euskadi a ser atendidos en euskera y la legitimidad competencial de las instituciones vascas para acometer estos procesos. “El Euskera es una lengua oficial de Euskadi y los requisitos que se exigen para la selección de estos funcionarios y funcionarias son los que están recogidos en la relación de puestos de trabajo aprobados en los ayuntamientos” ha explicado, a lo que ha añadido que “La ley dice que Euskadi tiene competencias y que el euskera es un idioma oficial” ha remarcado.
Por tanto, ante la suspensión cautelar y paralización de una OPE que llevaba sin ser convocada hace una década y que a juicio de Ochandiano resulta “imprescindible” para los ayuntamientos, el Gobierno Vasco ha solicitado el levantamiento de la suspensión cautelar.
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