El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y el Departamento de Seguridad han actualizado el convenio por el cual colaboran en garantizar la seguridad de quienes trabajan en las 42 oficinas de Lanbide y evitar cualquier intento de estafa, según el protocolo que suscriben el Vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la Vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.
El ámbito de la colaboración comprenderá entre otras actuaciones, que la Ertzaintza ofrecerá a Lanbide el análisis, evaluación de riesgos y estudio periódico sobre la seguridad y el orden en sus dependencias; el desarrollo de procedimientos adecuados de actuación en relación a amenazas vertidas contra personas trabajadoras, pintadas, sabotajes o daños en las instalaciones y mobiliario; la realización de las inspecciones que en cada momento se determinen, al objeto de detectar irregularidades relativas a asuntos relacionados con el padrón municipal; la realización de formación especializada mediante conferencias, talleres o seminarios sobre falsedades documentales; y la formación especializada sobre la protección de las víctimas de violencia de género, así como desarrollar procedimientos adecuados de actuación, al objeto de dar respuesta a solicitudes y peticiones de informes sobre percepción de prestaciones sociales de personas perceptoras, en el ámbito del desarrollo de funciones de policía judicial que corresponde a la Ertzaintza.
Para el Servicio Público de Empleo, la actualización de este convenio para los próximos cuatro años supone una garantía de protección para quienes trabajan en Lanbide, y coincide con el refuerzo de las medidas se han venido desplegando para una gestión eficaz de las prestaciones, que sea garantista con las personas que la reciben y que sea a su vez rigurosa en el uso de los recursos públicos. Esas medidas tienen que ver con el incremento de la interoperabilidad con el resto de las Administraciones Públicas para un conocimiento preciso de la situación de las personas perceptoras, los protocolos internos habilitados para detectar intentos de estafa, los cauces de colaboración abiertos con la Fiscalía del Vasco y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, y la creación de la Unidad de asistencia, inspección y control, prevista en la Ley del Sistema vasco de garantía de Ingresos e Inclusión aprobada por el Parlamento el pasado diciembre.
