El departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales incrementa un 22% su presupuesto hasta llegar a los 638 millones de euros en 2023
4 de noviembre de 2022
- Las tres direcciones de Políticas Sociales superan el 70% de incremento presupuestario, con más de 262,5 millones de euros
- La consejera Beatriz Artolazabal recuerda que ocho de cada diez euros de las cuentas generales de 2023 están dedicados a gasto social
- Emakunde dispondrá de casi ocho millones de euros; Justicia, con la gestión penitenciaria y Aukerak percibirá cerca de 296 millones, mientras que Derechos Humanos, Memoria y Cooperación contarán con 63 millones
- Los diferentes programas e iniciativas para prevenir y combatir la violencia machista desarrolladas por las áreas y direcciones del Departamento recibirán nueve millones de euros
Vitoria-Gasteiz, 04/11/2022
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha dado cuenta hoy en comisión parlamentaria de los presupuestos que su departamento gestionará a lo largo de 2023. Entre los datos más destacables, Artolazabal ha anunciado un incremento del 22% de su presupuesto, que pasará de 523 a 638 millones de euros, lo que supone 115 millones más en sus cuentas.
“Estos presupuestos responden a las necesidades generadas por la incertidumbre que ha provocado la guerra en Ucrania tras la difícil situación motivada por la pandemia”, ha dicho Artolazabal, quien ha recordado al inicio de su intervención las palabras del consejero de Hacienda y Economía, Pedro Aspiazu, al presentar el proyecto de presupuestos: “Ocho de cada 10 euros de las cuentas de 2023 están dedicadas a gasto social”.
A lo largo de su intervención, la consejera ha ido desglosando área por área, dirección por dirección, los montantes presupuestarios destinados a desarrollar los programas de su departamento, destacando especialmente el porcentaje de crecimiento de la Viceconsejería de Políticas Sociales, que supera ampliamente el 70%.
Así, de los 262,5 millones asignados a Políticas Sociales, incluido el capítulo de personal, 257,4 millones se destinan a la ingente cantidad de programas e iniciativas destinadas al cuidado y atención de las personas. Sin contar el capítulo I, la Dirección de Servicios Sociales dispondrá de 91,5 millones de euros (24,5 más que en 2022), de los que poco más de 8 millones serán de financiación europea, que llega a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). Esta Dirección asume el incremento de las AES, los programas de pobreza energética y alimentaria, el servicio BetiON, así como las relaciones con el Tercer Sector a través de la Mesa de Diálogo Civil y Sareen Sarea.
La Dirección de Familias e Infancia verá incrementada su partida en 79 millones hasta llegar a los 150,3 millones de euros; un incremento motivado, principalmente, “por la nueva ayuda de 200 euros mensuales a las familias con hijos e hijas de 0 a 3 años”, tal y como ha explicado la consejera Artolazabal. Esta Dirección se encargará también de activar el proyecto Barnahus, las ayudas a las empresas para desarrollar planes de conciliación, la futura Estrategia de Garantía Infantil y el programa Aukerak Suspertzen, entre otras iniciativas.
Por último, la Dirección de Migración y Asilo contará con un montante que supera los 15,4 millones de euros, con los que impulsará programas como Trapezistak, Loturak, Urretxindorra (mentoría social), Aholku Sarea, Harrera, Patrocinio Comunitario y las ayudas del Fondo Isuri a las personas afectadas por la invasión de Ucrania.
Justicia, Gestión Penitenciaria y Aukerak
En la exposición desglosada, Beatriz Artolazabal ha informado sobre las partidas destinadas a la Viceconsejería de Justicia, en las que se incluye, además, la gestión penitenciaria y Aukerak. La cantidad destinada a Justicia se incrementa hasta alcanzar los 224,9 millones de euros, entre los que se incluyen los cinco procedentes de los fondos MRR.
“Para lograr una Justicia que reconozca a sus profesionales, digitalizada y en sedes sostenibles, nuestros presupuestos prevén acciones como hacer adaptaciones para acoger los tribunales de Primera Instancia y las oficinas de Justicia en los municipios; nuevos convenios para la formación de jueces, fiscales y el resto del personal; fomentar el uso del euskera en la Justicia; becar a opositores y modernizar el IVML (Instituto Vasco de Medicina Legal)”, ha expuesto Artolazabal, quien también se ha referido a las mejoras de seguridad en sedes judiciales y de los centros de menores, y a la finalización, de la implantación del expediente judicial electrónico en marzo.
La Viceconsejería incrementará el presupuesto de Justicia Juvenil, consolidará el Servicio de Atención a la Víctima e incrementará el apoyo a personas con discapacidad.
En lo que se refiere a Instituciones Penitenciarias, el presupuesto rondará los 71 millones de euros para proseguir desarrollando el modelo vasco. Entre las múltiples acciones a desarrollar a lo largo de 2023 están las relacionadas con la incorporación del personal transferido, planes de igualdad, obras de acondicionamiento, refuerzo del servicio de penas y medidas alternativas. La consejera ha explicado en este punto que se dará continuidad a la “red de viviendas comunitarias para regímenes en semilibertad”, ampliando un 28% las subvenciones y permitiendo pasar de 42 a 100 el número de plazas disponibles.
Por su parte, la Agencia Vasca de Reinserción Social – Aukerak dispondrá de 16 millones para formación, orientación y fomento de la empleabilidad, aumentando los talleres y las horas trabajadas.
“Seguimos dando pasos en nuestra hoja de ruta para hacer realidad el modelo penitenciario vasco”, ha dicho Artolazabal para cerrar este capítulo.
Derechos Humanos, Memoria y Cooperación
El presupuesto de la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación es de 63 millones de euros para proseguir, entre otras acciones, con la implementación del Plan de Convivencia Udaberri 2024, eje de sus políticas.
Las partidas se distribuyen entre la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, que dispondrá de 7,5 millones; el Instituto Vasco de la Memoria - Gogora, con 5,2 millones, y la Agencia Vasca de la Cooperación - e-Lankidetza, con 50,4 millones de euros.
En su intervención, la consejera Artolazabal ha destacado algunas acciones de Gogora a desarrollar en 2023 como la posible adquisición del palacio La Puente en Turtzioz; el refuerzo del Banco de ADN, teniendo en cuenta el alto número de exhumaciones de los últimos meses, o la dotación de 290.000 euros a la futura Fundación 3 de Marzo y su proyecto de espacio memorial.
Emakunde-Igualdad
Beatriz Artolazabal ha destacado en el plano de la igualdad que “este es el primer presupuesto tras la aprobación de la segunda modificación de la Ley para la Igualdad y Vidas Libres de Violencia; esta consensuada ley es nuestra herramienta para la implantación de políticas de igualdad y para la puesta en marcha de la Agenda Feminista Vasca”.
En este sentido, el presupuesto incide en la socialización del Pacto para la Igualdad, surgido de la mano de la iniciativa Generation Equality, de Naciones Unidas. En las cuentas se incluyen partidas para la citada Agenda Feminista y el proyecto BerdintasunarenBelaunaldia, #Berdinaldia, que representa a la nueva generación de la igualdad con la implicación de chicos y chicas jóvenes.
La primera consejera de Igualdad del Gobierno Vasco ha cifrado el presupuesto de Emakunde para el próximo año en 7,8 millones de euros para seguir desarrollando programas como Ireki Lehioak o Jabetuz.
En este sentido, y con el fin de prevenir y combatir la violencia machista contra las mujeres, la consejera ha cifrado en 9 millones la inversión total que realizará su Departamento en esta lucha a través de iniciativas desarrolladas de manera transversal por Emakunde y las diferentes direcciones a su cargo; programas y servicios como Satevi-900 840 111, Beldur Barik, Servicio de Atención a la Víctima (SAV) o las ayudas a huérfanos y huérfanas a causa de la violencia de género.
“Estos presupuestos responden a necesidades presentes de las personas”, ha dicho en el tramo final de su exposición, “y convierten en estructurales programas surgidos en plena pandemia, que se han demostrado como herramientas muy útiles para luchar contra las desigualdades; programas nacidos fruto del acuerdo con el Tercer Sector Social”.
“Pensamos en el presente, pero miramos al futuro”, ha concluido la consejera Beatriz Artolazazal.
