El presente Decreto tiene por objeto establecer el procedimiento para la gestión de las inspecciones periódicas a las que preceptivamente, conforme a la reglamentación de seguridad industrial, deben someterse las instalaciones y equipos comprendidos en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Se exceptúan del ámbito de aplicación del presente Decreto las inspecciones técnicas de vehículos, las de instalaciones receptoras de gas y las de instalaciones radiactivas que se regirán por sus procedimientos específicos.

La persona titular o, en su caso, usuaria de la instalación o equipo, es responsable de su uso, conservación y mantenimiento adecuado, así como de la acreditación de su cumplimiento reglamentario.

Con el fin de verificar el cumplimiento de las exigencias de seguridad industrial normativamente determinadas, la persona titular o, en su caso, usuaria de las instalaciones o equipos es responsable de que las instalaciones y equipos se inspeccionen a lo largo de su vida útil con la periodicidad establecida reglamentariamente, por organismos de control o, en su caso, agentes inspectores habilitados conforme a su regulación específica.

El organismo de control o agente inspector habilitado elegido por la persona titular de la instalación procederá a la inspección de las instalaciones y equipos conforme a las prescripciones establecidas en los respectivos reglamentos de aplicación y, en su caso, a lo especificado en la documentación técnica o los manuales de inspección que hayan podido aprobarse.

De toda inspección periódica se emitirá el correspondiente certificado, informe o acta de inspección elaborado conforme a lo preceptuado por los respectivos reglamentos sectoriales, debiendo entregarse copia de dichos documentos a la persona titular de la instalación o equipo, y, en su caso, a la empresa mantenedora, en un plazo máximo de 15 días a partir de la inspección, salvo en el supuesto de la existencia de defectos muy graves, en cuyo caso deberá entregarse inmediatamente.

La persona titular de la instalación o equipo, en caso de disconformidad con lo reseñado por el Organismo de Control o agente inspector habilitado, podrá interponer reclamación ante la dirección sectorial competente. Contra la resolución de estas reclamaciones se podrá interponer recurso de alzada en los términos previstos en la legislación vigente.

El organismo de control, o agente inspector habilitado, incorporarán los datos de las inspecciones periódicas que realicen a la aplicación informática habilitada al efecto por el Departamento competente en materia de industria del Gobierno Vasco. La incorporación de los datos requerirá el uso de certificado digital reconocido.

Se identificará la instalación, la reglamentación aplicable y, en función de la existencia o no de defectos y su tipología, el resultado de la inspección se incorporará a la aplicación como:

1. Sin defectos: cuando no se haya observado ningún defecto.

2. Con defectos leves: cuando únicamente se hayan constatado este tipo de defectos.

3. Con defectos graves: cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave y sin perjuicio de la constatación de los defectos leves que pudieran detectarse. En este caso el organismo de control o agente inspector habilitado especificarán en la aplicación informática el plazo que hayan establecido para que los agentes colaboradores habilitados al efecto procedan a la acreditación de la corrección de estos defectos, plazo que en ningún caso podrá superar los 6 meses.

4. Con defectos muy graves, cuando se haya observado, al menos, un defecto de esta consideración. La incorporación de este resultado tan solo procederá cuando el defecto muy grave no haya sido obstáculo para poder finalizar la inspección completa de la instalación.

En el supuesto de que al realizar la inspección se constaten defectos muy graves, la incorporación de los datos a la aplicación informática habilitada al efecto, deberá realizarse a la mayor brevedad. En el resto de supuestos la incorporación a la aplicación informática deberá realizarse en el plazo máximo de 15 días.

La persona titular de la instalación o equipo es responsable de la corrección de los defectos, para lo cual deberá contratar su corrección con una empresa habilitada conforme a la normativa aplicable.

Todos los defectos detectados en la inspección deben ser corregidos a la mayor brevedad. En cualquier caso, lo defectos muy graves se subsanarán antes del levantamiento de las medidas cautelares que se hayan adoptado, los defectos graves en el plazo que se haya establecido al efecto por el organismo de control o agente inspector habilitado y los defectos leves antes de la próxima inspección periódica obligatoria.

Una vez subsanados los defectos, la empresa habilitada que haya emitido el certificado de corrección, o en su defecto, la persona titular, remitirá dicha certificación al organismo de control o agente inspector habilitado que realizó la inspección, quien, salvo distinta previsión de la normativa sectorial, los incorporará a la aplicación informática y los conservará, conjuntamente con la documentación generada por la inspección y por el tiempo reglamentariamente establecido para esta.

En el supuesto de inspecciones con defectos graves, si el organismo de control o agente inspector habilitado no hubieran recibido la certificación de corrección antes de la finalización del plazo de corrección establecido, comunicarán dicha circunstancia a la Administración a través de la mencionada aplicación informática, para que se obre en consecuencia. El cumplimiento de esta obligación no exime de la obligación de emitir, en su caso, el informe negativo reglamentariamente previsto.

Si se encontrara algún defecto muy grave en la instalación o equipo inspeccionados, y ante el riesgo de daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente que ello implica, el organismo de control o agente inspector habilitado adoptará las medidas cautelares oportunas en relación con el funcionamiento de la instalación o equipo industrial. Las medidas adoptadas serán proporcionales al riesgo y las estrictamente necesarias para evitar la materialización del mismo. Estas medidas durarán hasta la desaparición del riesgo que las motivó y no podrán exceder del tiempo estrictamente necesario para la subsanación de los defectos o para la adopción de otro tipo de actuaciones.

La adopción de un tipo concreto de medida cautelar deberá efectuarse de forma técnicamente motivada, poniéndose de manifiesto la relación o nexo causal que existe entre el funcionamiento de la instalación o equipo y el riesgo.

La medida de paralización de la instalación sólo se podrá adoptar cuando no se pueda evitar la materialización del riesgo mediante la adopción de otras medidas cautelares. Esta paralización podrá ser total o parcial, y deberá acordarse la paralización parcial siempre que, cumpliéndose la misma finalidad, sea técnicamente posible.

El organismo de control o agente inspector habilitado comunicará inmediatamente la adopción de medidas cautelares a la Delegación Territorial competente en materia de industria, especificando si ha podido, o no, completarse la inspección.

La dirección sectorial competente procederá a la inmediata ratificación o revocación de las medidas cautelares adoptadas.