1. El sector público de la Comunidad Autónoma cumplirá con los porcentajes de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables fijados en el presente Decreto, en consonancia con los objetivos de política energética que se establezcan en la Estrategia Energética de Euskadi.

2. En principio, el sector público de la Comunidad Autónoma debe lograr una reducción del consumo de energía del 12% para el año 2020 y del 25% en el año 2025, todo ello sobre el nivel base de referencia del consumo energético global del sector público de la Comunidad Autónoma existente en dicha fecha. No obstante lo anterior, dichos objetivos podrán ser modulados a la vista de los Planes de Actuación que, en el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberán presentar a la Comisión para la Sostenibilidad Energética los departamentos del Gobierno Vasco.

3. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión para la Sostenibilidad Energética, distribuirá el porcentaje global de ahorro y eficiencia energética entre las diferentes unidades de actuación energética.

1. El sector público de la Comunidad Autónoma debe lograr que al menos un 32% de sus edificios, en el año 2020, y un 40%, en el año 2025, dispongan de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables, pudiendo ser tanto con sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.

2. Para el establecimiento de las instalaciones de energía renovable se tienen en cuenta las dificultades para su implantación debidas, entre otras, a razones de carácter urbanístico, de accesibilidad a la luz solar, las corrientes de aire, de naturaleza paisajística, de seguridad de las personas y medios de transporte y de otras propiedades, de protección del patrimonio histórico-artístico o de la biodiversidad, y las funciones específicas que presten los edificios, en particular, los destinados a servicios sanitarios y de seguridad pública.

1. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, los vehículos que se adquieran por el sector público de la Comunidad Autónoma deberán utilizar fuentes de energía alternativas a los combustibles derivados del petróleo.

2. La obligación señalada en el apartado anterior no afecta a aquellos departamentos o entes que, por las funciones que realicen, precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo.

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de este decreto, el departamento con competencia en materia de energía realizará un inventario de los edificios, instalaciones y parque móvil existente de titularidad del sector público de la Comunidad Autónoma. Para ello, contará con la colaboración de los demás departamentos del Gobierno Vasco, especialmente con el que tiene atribuida la competencia en materia de patrimonio, así como con los demás organismos autónomos, entes públicos, sociedades públicas y fundaciones y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto.

1. A los efectos de lo dispuesto en este decreto, sin perjuicio de que la forma de gestión sea singular, conjunta u horizontal, pueden tener en todo caso la consideración de unidades de actuación energética las siguientes:

   1. Cada uno de los edificios de gestión centralizada a los que se refiere el artículo 2 del Decreto 382/2005, de 15 de noviembre, por el que se declaran diversos edificios de gestión centralizada.

   2. Las instalaciones de Euskal Irrati Telebista (EITB).

   3. Las instalaciones de Euskotren.

   4. Las Organizaciones de Servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud y sus diferentes estructuras.

   5. Las instalaciones adscritas al departamento con competencia en materia de seguridad ciudadana.

   6. Los centros públicos de enseñanza de titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma.

   7. Los palacios de justicia y los correspondientes juzgados sitos en los tres Territorios Históricos.

   8. Los museos y archivos de titularidad de la Comunidad Autónoma.

   9. Las viviendas propiedad del Gobierno Vasco y destinadas a su alquiler.

   10. Los Institutos de formación agraria y pesquera.

   11. Los edificios correspondientes a la red de parques tecnológicos de Euskadi.

2. Dentro de cada unidad de actuación, el departamento del Gobierno o entidad responsable de la misma nombrará a un coordinador para las actividades a las que se refiere el presente Decreto. Este coordinador será el interlocutor con el departamento con competencia en materia de energía y con la Comisión para la Sostenibilidad Energética.

1. El Consejo de Gobierno aprobará, en el plazo de un año tras la entrada en vigor del presente Decreto, un plan general de actuación a propuesta del departamento que ostente la competencia en materia de energía, que incluirá:

   1. Una relación de edificios e instalaciones sobre las que se realizarán actuaciones.

   2. La determinación de las unidades de actuación energética para la agrupación de instalaciones.

   3. El establecimiento de objetivos para las unidades de actuación.

   4. Un plan de auditoría y certificación con los criterios y los plazos en los que estas deben llevarse a cabo.

   5. Un plan de capacitación y sensibilización para el personal.

   6. La estimación de las inversiones necesarias.

   7. Los plazos para la realización de las actuaciones.

2. Tras la aprobación del plan general, y en un plazo no superior a tres años contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los departamentos del Gobierno y las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto remitirán a la Comisión para la Sostenibilidad Energética un plan específico de actuación para cada unidad de actuación de la que sean responsables.

3. No obstante lo anterior, el plan general de actuación habrá de fijar prioridades respecto de la aprobación de los correspondientes planes específicos de actuación.

1. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los edificios e instalaciones con una potencia eléctrica instalada superior a 25 kW deberán disponer de contadores de energía eléctrica con capacidad de telemedida y de registro y transmisión de curva de carga en periodos inferiores a una hora. La información obtenida por los contadores estará disponible al menos diariamente de manera centralizada para todos los edificios e instalaciones de cada unidad de actuación.

2. Las unidades de actuación dispondrán de sistemas que faciliten el análisis de la información de consumo recibida de los contadores agrupados en las mismas. Estos sistemas podrán ser conjuntos para varias unidades de actuación.

3. Se llevará un control del consumo de energía por edificio que incluya todos los consumos de todas las energías utilizadas y su coste. El control se realizará al menos anualmente y en base mensual.

4. Anualmente el departamento o entidad responsable de cada unidad de actuación remitirá a la Comisión para la Sostenibilidad Energética la información recabada según el apartado 3.

5. La Comisión para la Sostenibilidad Energética preparará un informe anual de seguimiento del consumo de energía en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que será hecho público.

1. En el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la totalidad de edificios e instalaciones deben contar con la correspondiente auditoría energética.

2. Las auditorías energéticas, que se pueden realizar sobre una o más unidades de actuación energética o bien por sectores, tienen la finalidad de realizar un diagnóstico sobre su consumo energético y sus potenciales niveles de ahorro y eficiencia energética, así como las recomendaciones para su mejora y para la implantación de energías renovables.

3. Las auditorías energéticas tienen al menos los siguientes contenidos:

   1. Consumo anual de la unidad de actuación energética.

   2. Consumos específicos y distribución de los mismos, abarcando procesos, equipos, parque móvil, calefacción, climatización, iluminación interior y alumbrado público.

   3. Porcentajes de suministro energético, distinguiendo entre fuentes convencionales y otras provenientes de energías renovables.

   4. Análisis de la eficiencia de edificios, instalaciones, equipos y procesos.

   5. Recomendaciones y posibles mejoras en edificios, instalaciones, calefacción, climatización, parque móvil, iluminación interior, alumbrado público, procesos de consumo, de ahorro y eficiencia, y de compras, señalando aquellas que, de acuerdo con la auditoría, resulten prioritarias.

   6. Actuaciones apropiadas en materia de energías renovables.

   7. Metodología empleada, desglosada en los distintos elementos objeto de análisis por la auditoría.

   8. Resumen ejecutivo.

4. El departamento con competencia en materia de energía consolidará los resultados en un documento único para el conjunto del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. Las auditorías energéticas deben renovarse cada 6 años. Las renovaciones incluirán un resumen de las actuaciones realizadas y un análisis comparativo de la evolución del consumo de energía durante la vigencia de la anterior.

1. Los edificios existentes de titularidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que, de conformidad con las exigencias del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, deban disponer de la Certificación Energética de Edificios, deberán contar con dicho Certificado en los plazos establecidos en su Disposición Transitoria Segunda.

   Los edificios existentes de titularidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que no se vean afectados por el ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013, antes citado, deberán disponer del Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

2. El 25% de los edificios existentes debe mejorar su calificación energética antes del año 2025.

3. Los edificios existentes de viviendas de protección pública, en régimen de alquiler, promovidos por el sector público de la Comunidad Autónoma serán objeto de un plan especial que determinará la necesidad de efectuar una auditoría y los plazos para ello, redactado por el departamento con competencia en materia de vivienda y aprobado por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión para la Sostenibilidad Energética.

4. La Comisión para la Sostenibilidad Energética podrá establecer prioridades a los efectos del cumplimiento de lo señalado en esta disposición.

1. Los edificios de nueva construcción y la ampliación de edificios existentes, destinados tanto a servicios como a vivienda de protección pública, de titularidad del sector público de la Comunidad Autónoma cuya construcción o rehabilitación se inicie un año después de la entrada en vigor del presente Decreto deberán ser de consumo de energía casi nulo, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

2. Mientras no se establezca la normativa o metodología concreta para cuantificarlo, el consumo de energía casi nulo en un edificio se considera equivalente a:

   1. contar como mínimo con calificación energética tipo A, y

   2. contar con un 70% de su consumo energético proveniente de fuentes renovables. En caso de no poder alcanzar este nivel de renovables deberá estar debidamente justificado mediante informe que será aprobado por la Comisión para la Sostenibilidad Energética.

3. La anterior obligación se puede dispensar en los siguientes supuestos:

   1. Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.

   2. Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.

   3. Edificios industriales y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.

   4. Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².

   5. Edificios o partes de edificios cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año.

1. Además de instalar sistemas de gestión centralizada de las instalaciones, que pueden incluir la monitorización de consumos, la renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos ha de hacerse por otros que incrementen el ahorro y la eficiencia energética y la utilización de energías renovables y que contribuyan a la disminución del uso de combustibles derivados del petróleo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, y para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, el sector público de la Comunidad Autónoma debe adquirir productos, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios:

   1. Pertenencia a la clase de eficiencia más alta, teniendo en cuenta la eficacia en los costes, la viabilidad económica y la adecuación técnica, así como la existencia de competencia suficiente. Especialmente se tendrá en cuenta su aplicación a la adquisición de equipos de climatización, agua caliente sanitaria, equipos ofimáticos y de alumbrado.

   2. Tener en cuenta, a la hora de comprar vehículos de transporte por carretera y neumáticos, los impactos energético y medioambiental de la utilización durante su vida útil.

   3. Valorar en las licitaciones para adjudicar contratos de servicios que los suministradores del servicio utilicen, para los fines de aquellos, productos que cumplan los requisitos indicados en los apartados anteriores al prestar los servicios en cuestión.

1. Los centros de trabajo que cuenten con un mínimo de cien personas al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma deben disponer de un plan de transporte a dichos centros que debe aprobarse en el plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigor de este decreto.

2. El plan puede contener previsiones únicas para todos ellos debiéndose, en todo caso, especificar las medidas aplicables a cada centro.

3. El plan ha de contener, como mínimo:

   1. el diagnóstico de la situación,

   2. los objetivos a lograr,

   3. las medidas a adoptar,

   4. los mecanismos de financiación oportunos,

   5. los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión,

   6. un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales.

4. Los edificios de nueva construcción, de titularidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, han de contar con puntos de recarga de vehículos alternativos y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

1. Se elaborará un plan de capacitación y sensibilización del personal del sector público de la Comunidad Autónoma que estará incluido dentro del plan general de actuación.

2. Las actividades de capacitación se dirigen a la formación de gestores y técnicos relacionados con la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones consumidoras de energía sobre técnicas de aumento del ahorro y la eficiencia energética y energías renovables.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma difundirá información sobre ahorro y eficiencia energética entre el personal a su servicio, mediante la divulgación de pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética, a través de los siguientes medios:

   1. Campañas de sensibilización.

   2. Publicación de guías y buenas prácticas sobre la implantación de técnicas y pautas de utilización que logren un mayor ahorro y eficiencia en el uso de la energía en sus instalaciones.

La Comisión para la Sostenibilidad Energética adoptará las medidas oportunas para asegurar la difusión y puesta a disposición del público de la información sobre las actuaciones de la administración en materia de ahorro y eficiencia energética. En particular, cada cuatro años a partir de la entrada en vigor de este decreto, publicará un informe que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Consumo energético global, desglosando las fuentes energéticas empleadas.

2. Medidas adoptadas para el ahorro y mejora de la eficiencia energética, con indicación de los porcentajes alcanzados en las unidades de actuación energética.

3. La implantación de instalaciones de generación renovable.

4. El grado de cumplimiento por parte del sector público de la Comunidad Autónoma de los compromisos de ahorro, eficiencia energética, utilización de energías renovables y parque móvil con sistemas energéticos alternativos al petróleo.

5. Los resultados derivados de la aplicación del correspondiente plan de transporte a los centros de trabajo.

6. Los acuerdos de colaboración que se adopten entre administraciones públicas en materia de ahorro y eficiencia energética.

7. La dispensa de la obligación de que los edificios de nueva construcción de titularidad de las administraciones públicas sean de consumo de energía casi nulo y sus motivos.