El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento para obtener la evaluación y acreditación del personal docente e investigador contratado de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, así como del profesorado en posesión del título de doctorado de las Universidades privadas con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3. Con carácter general, habrá una convocatoria ordinaria anual. No obstante, la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco podrá establecer cuantas convocatorias extraordinarias considere oportunas y establecer un régimen de convocatoria diferente para la emisión del informe previo para el profesorado asociado.

2. Las personas interesadas presentarán una solicitud dirigida a la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, por vía telemática, de acuerdo con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el artículo 4.4 del Decreto 232/2007, de 18 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos.

5. La Agencia garantizará el derecho a ser atendido en euskera o castellano a las personas físicas o jurídicas, tanto por escrito como en las comunicaciones orales, en sus relaciones con la Agencia.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las solicitudes que se formulen deben contener, entre otros datos, la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. Si este, u otro dato, no constara, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición. A tales efectos, la Agencia, y si no constara el referido dato del medio preferente o lugar de notificación, practicará las actuaciones que considere pertinentes en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la misma ley, para requerir de la persona solicitante la correspondiente subsanación, preservando, en todo caso, los principios recogidos en la normativa sobre Protección de Datos.

2. Los Comités de evaluación estarán constituidos de acuerdo con lo que establecen los Estatutos de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco y el Código de selección de evaluadores aprobado por la Agencia.

1. Los criterios de evaluación, acreditación y certificación internacionalmente acreditados, deben elaborarse por la Comisión de Expertos y aprobarse con carácter general por el Consejo de Administración de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, para cada una de las figuras contractuales de profesorado, teniendo en cuenta, en todo caso, los relacionados en el anexo I del presente Decreto.

3. Los criterios elaborados por la Comisión de Expertos y aprobados por el Consejo de Administración de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, serán aprobados mediante Decreto.

4. Los criterios aprobados por el Consejo de Administración de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, que deberán respetar los establecidos en el anexo de este Decreto, posibilitarán que los Comités de evaluación juzguen teniendo en cuenta las especificidades de cada campo de conocimiento, siempre dentro del respeto a los límites establecidos por el Consejo de Administración.

4. Las resoluciones deberán indicar si la evaluación ha sido positiva o negativa, y si el informe tiene un carácter favorable o desfavorable, así como la figura para la que se ha realizado. En el caso de que la evaluación o el informe sean negativos o desfavorables se acompañará de un resumen de la evaluación realizada por el Comité correspondiente.

5. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones sobre los procesos de evaluación, acreditación y certificación será de seis meses a contar desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. La falta de resolución expresa en plazo se rige, en los procedimientos iniciados de oficio, por lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los iniciados a solicitud de la persona interesada, por lo dispuesto en el artículo 43 de la citada Ley.