Atención Sociosanitaria

El I Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos e Hijas, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 3 de julio de 2001, puso en marcha una serie de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar con la finalidad de remover los obstáculos para el empleo derivados de la paternidad o maternidad y las limitaciones que la vida laboral conlleva para la vida familiar, favoreciendo con ello la conciliación entre ambos ámbitos y promoviendo, en última instancia, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, tanto en el acceso y la permanencia en el empleo, como en las posibilidades de dedicación intensiva al cuidado de los hijos y las hijas durante la etapa en que más lo necesitan. Entre dichas medidas destacaban la apuesta por el desarrollo de la red de centros educativos para menores de 3 años y las ayudas económicas para quienes, en el marco establecido por el Estatuto de los Trabajadores, se acogieran a excedencias o reducciones de jornada para el cuidado de sus hijos e hijas.

En el marco del I Plan, se aprobó, primero, el Decreto 177/2002, de 16 de julio, por el que se regulaban las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, y, posteriormente, el Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulaban las ayudas al empleo, cuyo Capítulo VI reordenaba las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Tras esta experiencia positiva, el Gobierno Vasco, firme en su voluntad de seguir desarrollando y mejorando el sistema de protección a la familia, quiso dar mayor relevancia a su política de conciliación, por lo que en el II Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de septiembre de 2006, le confirió entidad de línea estratégica. Entre los objetivos de esta línea se mencionaban los de facilitar la incorporación de la mujer a la vida laboral y el desarrollo de su carrera profesional, fomentar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito familiar, y facilitar la conciliación de las responsabilidades familiares y profesionales. Con la intención de contribuir al logro de estos objetivos, se aprobó, en primer lugar el Decreto 118/2007, de 17 de julio, por el que se regulaban las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, y más tarde el Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, actualmente en vigor.

Por su parte, la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de apoyo a las familias, que tiene como finalidad la protección, atención y apoyo a las familias, mediante la ordenación, en un conjunto coherente, de las diversas medidas vigentes en el ámbito autonómico a favor de las familias, así como la regulación de nuevas medidas de apoyo, dedica el Capítulo II de su Título II a las destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la CAPV se aprobó por el Consejo de Gobierno, en su sesión de 27 de diciembre de 2011, con la pretensión central de potenciar una política familiar, desde la perspectiva del derecho subjetivo, que promocione, complemente y acompañe a las familias en todo el ciclo de su vida, siendo uno de sus objetivos el avance de las posibilidades de desarrollo de las familias a través de una oferta de apoyos que impida su sustitución, delegación en terceros o claudicación ante la imposibilidad de compaginar desde la corresponsabilidad la vida familiar, personal y laboral.

Desde esta perspectiva el III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la CAPV contempla entre sus medidas el mantenimiento del programa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral en los términos establecidos por el mencionado Decreto 177/2010.

En aras a preservar el principio de publicidad que debe orientar la actividad subvencional de la Administración Pública, el Decreto 177/2010 prevé, en su artículo 53.4, que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, mediante Orden de su Consejera o Consejero, dará a conocer anualmente la dotación presupuestaria correspondiente para la financiación de las ayudas previstas en el citado Decreto, o, en su caso, el importe que resulte de su actualización.

Desde esta perspectiva, también es precisa la publicación de la Orden en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que establece que se publicarán en dicho Boletín las normas reguladoras, las convocatorias de las ayudas y subvenciones, y la composición, en su caso, de los órganos encargados de realizar la propuesta de concesión, y que se publicarán, asimismo, aquellos actos de trascendencia para los interesados y que les afecten de manera general.

Por otra parte, el apartado c) del artículo 15 del Decreto 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Política Sociales, dispone que la gestión de las prestaciones y actividades de acción directa en materia de política familiar, en los términos recogidos en la Ley 13/2008, de 13 de diciembre, de apoyo a las familias, es una función atribuida a la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario, la cual, tal y como dispone el artículo 13.2 de dicho Decreto, depende de la Viceconsejería de Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Por ello, la referencia al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales contenida en el Decreto 177/2010, ha de entenderse referida, en la actualidad, al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, correspondiendo a su Consejero dictar la presente Orden.

En consecuencia, se procede a publicar esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, garantizando con ello el conocimiento de este programa subvencional por parte de las posibles personas beneficiarias.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y 53.4 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, antes citados,