Evaluación ambiental

La presente ley tiene por objeto el establecimiento, de acuerdo con la orientación general de la política energética, de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en los ámbitos de las administraciones públicas vascas y del sector privado, articulando los deberes y obligaciones básicos que unas y otros deben cumplir y que se orientan fundamentalmente al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, y de promoción e implantación de energías renovables.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por administraciones públicas vascas:

   1. La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

   2. Las administraciones de los territorios históricos, incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

   3. Las instituciones locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como se definen en la Ley 2/2016, de Instituciones Locales.

   4. Las entidades locales menores.

   5. La Universidad del País Vasco, incluyendo sus entidades vinculadas o dependientes.

2. Se entienden por entidades vinculadas o dependientes los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades públicas, las fundaciones del sector público y los consorcios con personalidad jurídica propia a los que se refiere la disposición adicional primera de esta ley.

3. Se entenderá por sector privado, en los términos desarrollados en el título III de esta ley:

   1. El sector industrial.

   2. Los establecimientos e instalaciones del sector servicios de ámbito privado.

   3. Los edificios y las instalaciones de viviendas residenciales.

   4. El trasporte privado de mercancías y pasajeros, en todas sus modalidades.

1. Esta ley será de aplicación a los edificios, instalaciones y parque móvil, que sean propiedad de alguna de las entidades o sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, aun cuando estuvieran arrendados a terceras personas.

   De igual manera, esta ley será de aplicación a los planes, proyectos legislativos y procedimientos de contratación de las entidades contempladas en el artículo 2, cuya normativa interna deberá integrar los objetivos y medidas necesarias para su cumplimiento.

2. Se excluyen del ámbito objetivo de la presente ley los edificios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

   1. Los ocupados por alguno de los sujetos o entidades del artículo anterior en régimen de arrendamiento, siempre y cuando su titularidad corresponda a una tercera persona a la que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, no le fuera de aplicación la presente ley.

   2. Los situados en el extranjero.

   3. Los provisionales cuyo plazo previsto de utilización sea igual o inferior a cinco años.

   4. Aquellos en los que se justifique la inviabilidad de implantar las medidas establecidas en la presente ley por razones de carácter urbanístico, de protección del patrimonio histórico-artístico u otras de análoga naturaleza.

      No obstante, si los edificios sujetos a esta exclusión fuesen objeto de rehabilitación, se deberá justificar técnicamente que dicha reforma contempla el aspecto energético y que permite alcanzar la mayor eficiencia energética posible.

3. Lo previsto en la presente ley será de aplicación asimismo en los contratos públicos firmados por las administraciones vascas contempladas en el artículo anterior.

A los efectos de esta ley, se entiende por:

1. Acreditación: verificación por parte de una entidad de acreditación del cumplimiento de las condiciones y los requisitos técnicos exigidos para la realización de una determinada actividad.

2. Acuerdo voluntario: compromiso para llevar a cabo determinadas medidas de sostenibilidad energética que superen los mínimos legalmente exigibles.

3. Ahorro de energía: la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/o estimación del consumo antes y después de la aplicación de alguna medida de mejora de la eficiencia energética, teniendo en cuenta al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía.

4. Auditor o auditora energética: persona física o jurídica que se encarga de la realización de una auditoría energética y que cuenta con la correspondiente acreditación.

5. Auditoría energética: todo procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente e informar al respecto.

6. Cliente o clienta final: toda persona física o jurídica que compra energía para su propio uso final.

7. Combustibles alternativos en el transporte: los combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte.

8. En la forma que reglamentariamente se defina, el departamento competente en energía, establecerá, para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, un registro de fuentes de energía alternativas en el transporte.

9. Consumo de energía final: toda la energía suministrada a los edificios o instalaciones afectados por la presente ley.

10. Edificio: una construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior, que puede dedicarse tanto a usos residenciales como a la prestación de servicios, y puede referirse a un edificio en su conjunto o a partes de dicho edificio que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado.

11. Edificio de consumo de energía casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determina de conformidad con lo establecido en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno.

12. Edificio existente: cualquier edificio construido, en construcción de acuerdo con la normativa aplicable o que cuente con todas las autorizaciones requeridas, ya sean de carácter urbanístico, ambiental o de otro tipo, antes de la entrada en vigor de esta ley.

13. Edificio nuevo: todo edificio para cuya construcción se soliciten las correspondientes autorizaciones a partir de la entrada en vigor de esta ley.

14. Eficiencia energética: la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía.

15. Energía procedente de fuentes renovables: energía procedente de fuentes renovables no fósiles, como la energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica, oceánica y otros tipos de aprovechamiento considerados también renovables.

    En el caso de la biomasa, se considera renovable la que proceda de explotaciones forestales que dispongan de un sistema acreditado de certificación de gestión forestal sostenible.

16. Gestión energética: proceso continuado, constante y planificado que vigila y supervisa el comportamiento energético integral de instalaciones, edificios o equipamientos y que mediante la fijación de ratios e indicadores tiene por objetivo obtener la máxima eficiencia con la mayor eficacia, debiendo apoyarse en herramientas, datos, valores y soluciones reales y tangibles.

17. Gestor energético: profesional técnico, empresa instaladora o empresa de ingeniería o diseño, que, combinando una formación multidisciplinar en todas las disciplinas energéticas y tecnológicas, aplica en sus proyectos, servicios o instalaciones, criterios de eficiencia energética y que integra dentro de sus servicios y filosofía un asesoramiento independiente e integral.

18. Instalación: cualquier equipamiento o sistema que consuma energía en el cumplimiento de su función o bien la genere o la transforme in situ a partir de cualquier fuente de energía.

19. Nivel base de referencia del consumo energético global: inventario del total de la energía consumida, en todas sus formas, por la respectiva administración en un momento dado y sobre el que se aplican los objetivos de sostenibilidad energética que se determinen. Incluye el consumo en detalle de las distintas fuentes de energía y vectores energéticos utilizados, en términos tanto absolutos como relativos, desagregados y agregados por edificios, unidades de actuación energética, instalaciones generadoras y consumidoras de energía, parque móvil y alumbrado público.

20. Punto de recarga o de repostaje accesible al público: punto de recarga o de repostaje para suministrar un combustible alternativo que permite el acceso no discriminatorio a personas usuarias en toda la Unión Europea. El acceso no discriminatorio puede incluir diferentes condiciones de autenticación, utilización y pago.

21. Reformas integrales, es decir la renovación o rehabilitación de un edificio, a efectos energéticos, cuando:

    los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas son superiores al 25% del valor del edificio, excluido el valor del terreno en el que está construido, o,

    se renueve más del 25% de la superficie de la envolvente del edificio, o la rehabilitación afecte a más de un 50% de la superficie útil del edificio.

    Cuando en un edificio se realice más de una reforma en el plazo de 10 años, deberán sumarse los costes y las superficies en las sucesivas reformas realizadas, de modo que, en caso de que alguna suma supere los porcentajes indicados, será exigible el cumplimiento de la presente ley en su totalidad.

22. Servicio energético: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o con una acción que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a un contrato o convenio y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria verificables y medibles o calculables.

23. Unidad de actuación energética: ámbito de aplicación, singular, conjunta o transversal, de todas o algunas de las medidas previstas en la presente ley, ya se trate de edificios propiedad de cualquiera de las administraciones públicas vascas objeto de la presente ley como de sus instalaciones, sistemas de calefacción y refrigeración, parque móvil y, en su caso, alumbrado público.

24. Planes y programas energéticos: actividades derivadas de diagnósticos permanentes elaborados en base a auditorías energéticas, que serán diseñados para el desarrollo de los objetivos de esta ley.

25. Transición energética: transformar el actual modelo energético intensivo, basado en el uso de energías basadas en combustibles fósiles, centrales térmicas o nucleares, en un nuevo paradigma, cuyos ejes son las energías renovables, la eficiencia energética y la generación distribuida.

En el ámbito definido en los artículos 2 y 3, los objetivos de esta ley serán:

1. El impulso de la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro, en el marco de las normas y actuaciones de la Unión Europea en esta materia.

2. La promoción e implantación de las energías renovables, con el fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

3. La desvinculación gradual de la producción de energía de origen fósil y nuclear hasta alcanzar el consumo nulo.

4. La promoción y el fomento de una movilidad más racional y sostenible, que incluya las alternativas de desplazamiento no motorizadas, así como los modos de transporte que utilicen combustibles alternativos.

5. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de la contaminación por partículas y óxidos de nitrógeno, como consecuencia de las medidas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía y de la utilización de fuentes de energía renovables derivadas del cumplimiento de la presente ley.

6. La reducción de la factura energética de las administraciones públicas vascas, de las actividades económicas y del sector residencial.

7. La promoción y el fomento de la investigación y del desarrollo de técnicas y tecnologías que incrementen el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía y el desarrollo de energías renovables, así como de los sistemas asociados que faciliten el avance de su implantación y utilización.

8. La prevención y limitación de los impactos del uso de la energía en el medio ambiente y el territorio, mediante el ahorro y el empleo de técnicas y tecnologías que impliquen una mayor eficiencia en su uso, contribuyendo también a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

9. La integración de los requisitos derivados de la sostenibilidad energética en las distintas políticas públicas y, en particular, en las de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, transportes, industria y energía.

10. El impulso de acuerdos con otras administraciones y con los particulares, con el fin de lograr una mayor sostenibilidad y soberanía energética.

11. La divulgación de los beneficios que aportan un mayor ahorro y eficiencia energética y el empleo de las energías renovables.

12. El impulso de una gestión más local y comunitaria de la energía.

13. El fomento de la compra y contratación pública de servicios y productos cuyo objetivo sea el ahorro energético, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el fomento de las energías renovables.

14. La promoción de políticas y normativas que favorezcan las actividades que apuesten por la reducción de emisiones de GEI y por la producción o el uso de energías renovables.

La presente ley se asienta en los siguientes principios:

1. La transición a un nuevo modelo energético, basado en el ahorro energético, el fomento de las energías renovables, la eficiencia energética mediante el uso de las mejores técnicas disponibles y, finalmente, el incremento de la soberanía energética.

2. El papel ejemplarizante de las administraciones públicas vascas en materia de sostenibilidad energética mediante la adopción de las medidas obligatorias establecidas en esta ley y de la normativa que la desarrolle, así como de cualquier otra que, no estando contemplada expresamente en esta ley, pueda contribuir igualmente al cumplimiento de sus objetivos.

3. La integración de las exigencias relativas a la sostenibilidad energética en el diseño y la aplicación del resto de las políticas y actuaciones públicas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. La priorización en los planes de ordenación del territorio, de urbanismo y de infraestructuras de medios de transporte menos intensivos en el uso de la energía y de la implantación de instalaciones con una mayor eficiencia energética.

5. La adaptación al progreso técnico mediante el empleo de aquellas técnicas, productos o servicios que logren un mayor ahorro, una mejor eficiencia energética o una mejor utilización de las energías renovables, siempre que se encuentren disponibles en condiciones económicamente razonables.

6. Las políticas energéticas basadas en datos científicos y técnicos disponibles en el momento, y elaboradas con perspectiva de género a la hora de diseñar medidas y actuaciones sobre sostenibilidad energética.

7. La cooperación, eficacia y coordinación entre las distintas administraciones públicas en materia de sostenibilidad.

8. La participación ciudadana, directamente o por medio de asociaciones o agentes de la economía social, en los términos que establezcan las correspondientes normas, en el diseño de las políticas y en las decisiones de sostenibilidad energética. Se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres, y se tendrá en cuenta que las formas de participar de unas y otros son diferentes, por lo que se preverán estrategias de compensación.

9. La divulgación por parte de las administraciones públicas vascas de información sobre sostenibilidad energética y sobre sus actuaciones concretas en esta materia.

10. La monitorización, el control y la evaluación continua de los consumos energéticos de las administraciones públicas vascas.

1. De acuerdo con los principios que inspiran esta ley, los instrumentos de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de infraestructuras del transporte deberán incluir un estudio de sostenibilidad energética, en los términos establecidos en dicha ley.

2. Estarán sujetos a lo anterior los siguientes instrumentos:

   1. Las directrices de ordenación territorial, los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales.

   2. Los planes de ordenación estructural, planes generales de ordenación urbana, planes de compatibilización de planeamiento general, planes de sectorización y, en su caso y en los términos que se establezcan reglamentariamente, los planes de ordenación pormenorizada.

   3. Los planes de carreteras o de infraestructuras de transporte y aquellos con incidencia directa en la logística de la distribución de mercancías.

      Las determinaciones que se realicen en el planeamiento superior se tendrán en cuenta en los instrumentos subordinados.

3. El estudio sobre sostenibilidad energética incluirá los siguientes aspectos:

   1. Evaluación de la adaptación a las exigencias de sostenibilidad energética.

   2. Evaluación de la implantación de energías renovables en los edificios y las infraestructuras.

   3. Estudio de movilidad, a los efectos del consumo energético, incluyendo alternativas al uso del transporte privado y políticas de impulso de la movilidad no motorizada y la no movilidad.

   4. Estudio del alumbrado público exterior, a los efectos de evaluar los niveles y tiempos de iluminación óptimos para cada espacio público.

4. Cuando los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos a los que se refiere el apartado 2 se sometan a alguno de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica legalmente establecidos, será dentro del citado procedimiento de evaluación ambiental donde se incluirán los aspectos requeridos en el apartado 3, sin ser necesario duplicar aquellos aspectos del estudio de sostenibilidad que además vengan exigidos por la normativa que regula dichos procedimientos de evaluación ambiental.

5. Los instrumentos urbanísticos correspondientes deberán prever estaciones de recarga de uso público en los entornos urbanos, para garantizar el suministro de energía a las personas usuarias de vehículos eléctricos y propulsados por combustibles alternativos, así como espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

6. Para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, la Administración vasca se ajustará a lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables.

Para garantizar la coherencia de la política de sostenibilidad energética, corresponderá al departamento con competencia en materia de energía del Gobierno Vasco el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general del País Vasco a través, entre otras, de las siguientes actuaciones:

1. Elaboración de normas.

2. Simplificación de los procedimientos administrativos.

3. Homogeneización de métodos y criterios técnicos.

4. Implantación de sistemas de información recíproca.

5. Divulgación de pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética.

6. Elaboración de planes y programas de apoyo para el fomento de acciones y proyectos de sostenibilidad energética.

7. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

1. Para la coordinación de los distintos entes integrantes de cada administración en la consecución de los objetivos perseguidos por la ley, la Administración de la Comunidad Autónoma, las administraciones de los territorios históricos y de los municipios, contarán cada una, bien con una comisión para la sostenibilidad energética, o bien con entidades de similares características y funciones que pudieran existir.

2. Las administraciones de los territorios históricos y los municipios deberán crear sus respectivas comisiones en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley.

3. Cada administración establecerá la composición y el funcionamiento de esta comisión, y deberá garantizarse la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con lo previsto en los artículos 3.7 y 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4. Serán funciones de las comisiones para la sostenibilidad energética:

   1. Proponer la aprobación del inventario al que se refiere el artículo 11.

   2. Supervisar y garantizar el desarrollo de las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente ley, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en ella.

   3. Informar periódicamente sobre el estado y desarrollo de su plan de actuación energética.

Las administraciones públicas, de acuerdo con el principio de participación ciudadana recogido en el artículo 6 h) de esta ley, establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la participación real de agentes sociales, asociaciones de personas consumidoras, entidades públicas expertas, representantes de la sociedad civil y representantes de las trabajadoras y los trabajadores en el diseño de las políticas y en las decisiones de sostenibilidad energética.

1. Quedan sujetas a las obligaciones establecidas en esta ley las actividades industriales radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco en las que concurran las siguientes condiciones:

   1. Que, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), se encuadren en alguna de las siguientes actividades:

      Grupo B: Industrias extractivas.

      Grupo C: Industria manufacturera.

      Grupo D: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

      Grupo E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

      Grupo F: Construcción.

   2. Que tengan un consumo energético final superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo (tep) anuales.

2. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, las actividades mencionadas en el apartado anterior se clasificarán en función de su consumo anual en:

   Tipo I1: grandes empresas, grandes industrias de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, o en la normativa que lo sustituya.

   Tipo I2: quedarían incluidas en este colectivo todas aquellas empresas que no pertenezcan al tipo I1 y cuyo consumo energético total anual a la entrada en vigor de esta ley sea mayor a 500 toneladas equivalentes de petróleo (tep).

3. Con la finalidad de establecer el consumo energético total anual de un establecimiento, a la entrada en vigor de esta ley se promediará el consumo anual de los últimos tres años.

1. Las empresas tipo I1 y tipo I2 deberán realizar auditorías energéticas de sus equipos, instalaciones, edificios, sistemas de calefacción y refrigeración, parque móvil y alumbrado, con el fin de adoptar medidas de ahorro, eficiencia energética e incorporación de instalaciones renovables.

   La auditoría energética deberá establecer unas prioridades de renovación y reducción de consumos energéticos y de instalación de sistemas de aprovechamiento de energías renovables, fijándose un calendario para ello.

2. Las disposiciones que se dicten en desarrollo de esta ley definirán el contenido de la obligación que incumbe a las empresas de comunicar, al departamento de la Comunidad Autónoma competente en materia de energía, la realización de cada auditoría energética.

   Asimismo, en dichas disposiciones se concretarán los plazos para la realización de la primera auditoría energética, su periodicidad y vigencia, los aspectos que se deben contemplar en las auditorías, y el seguimiento de las ya realizadas.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, los establecimientos industriales a los que esta se refiere deberán comunicar al departamento competente en materia de energía la disponibilidad y aplicación de sistemas de gestión energética mediante un proveedor de servicios energéticos o gestor energético externo, o bien mediante un sistema propio equivalente que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

En los términos que se establezca en las disposiciones dictadas en desarrollo de esta ley, los establecimientos a los que se refiere esta sección deberán disponer, en los centros de trabajo donde trabajen más de 100 personas por cada turno, de un plan de transporte al centro de trabajo, que incluya medidas para posibilitar el uso de transportes públicos o de vehículos alternativos de titularidad privada. El número de 100 personas por cada turno incluirá a todas las que trabajen en el centro, tanto en régimen de contratación directa como personas autónomas o pertenecientes a empresas subcontratadas.

1. En la forma y los plazos que reglamentariamente se establezcan, todos los edificios industriales radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán disponer del certificado de eficiencia energética del edificio.

2. Cuando un establecimiento industrial vaya a renovar, rehabilitar o construir nuevos edificios, estos deberán cumplir los requisitos de calificación energética que en cada momento sean exigibles de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.

El consumo de hidrocarburos líquidos como fuente de energía en el sector industrial deberá ser objeto de una reducción paulatina hasta el 31 de diciembre de 2030, con la finalidad de que, a partir de dicha fecha, se pueda proceder a su completa sustitución por fuentes energéticas menos contaminantes.

1. Las empresas e instituciones públicas pueden comprometerse, mediante acuerdos voluntarios, a desarrollar estrategias para alcanzar objetivos más exigentes que los legalmente establecidos en materia de sostenibilidad energética.

2. Los acuerdos voluntarios, sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, serán de obligado cumplimiento para las partes.

3. El departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco promoverá e impulsará la colaboración social en el uso responsable de la energía para la consecución de los objetivos de esta ley, lo que podrá incluir la suscripción de los acuerdos voluntarios precisos con agentes del sector energético y otros agentes sociales.

4. Las administraciones públicas vascas deberán publicar los acuerdos voluntarios que suscriban en materia de sostenibilidad energética, manteniendo actualizada y disponible para el público la información que obre en su poder sobre ellos.

1. Como medida para fomentar una mayor sensibilidad en materia de sostenibilidad energética, se establecerá una normativa que regule las obligaciones y los criterios para la exhibición de etiquetas informativas.

2. El ámbito de aplicación de este tipo de medidas será tanto a nivel de la Administración pública vasca como en el sector privado, según establezca la normativa que se desarrolle.

3. El sistema de etiquetado energético se centrará en edificios, instalaciones, equipamientos, vehículos de transporte y otros elementos que así se determinen.

1. Las tipologías sectoriales empresariales objeto de esta ley que superen un mínimo de personas trabajadoras a la entrada en vigor de esta ley deberán disponer de un plan de formación, en los términos que se establezcan por normativa.

2. El plan de formación energética de los centros capacitará al personal sobre las medidas y técnicas generales para aumentar el ahorro y la eficiencia energética en la empresa, sobre las tecnologías renovables y sobre el uso eficiente y sostenible del transporte.

3. Los planes podrán ser de aplicación a varios centros, debiéndose en todo caso especificar las características de las medidas aplicables a cada centro.

1. Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, consignarán, en sus respectivos presupuestos, las dotaciones económicas suficientes para hacer frente a las obligaciones establecidas por la presente ley. Asimismo, podrán acordar fórmulas de colaboración financiera entre las diferentes administraciones, con el fin de poder garantizar la adecuada financiación de las actuaciones a realizar en aplicación de esta ley.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o su Administración Institucional, en el ejercicio de sus competencias en materia de energía, articulará las medidas de fomento y las fórmulas de colaboración financiera oportunas, con el fin de contribuir al logro de los objetivos previstos en la presente ley. A tales efectos, podrá:

   1. Aprobar programas subvencionales destinados al fomento y apoyo al ahorro y la eficiencia energética y a la implantación de las energías renovables. Las ayudas podrán consistir en subvenciones a fondo perdido, financiación con periodos de carencia sin intereses o a interés bonificado, y subvenciones reintegrables, en función de lo establecido para cada inversión, con los retornos derivados del ahorro energético.

   2. Suscribir convenios de colaboración con otras administraciones públicas, entes públicos, mancomunidades y consorcios para la elaboración de inventarios, auditorías energéticas, planes de actuación energética y planes de movilidad urbana, así como para la implantación de medidas y proyectos de sostenibilidad energética.

3. La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá valorar el cumplimiento de los objetivos de esta ley por encima de lo exigido, estableciendo en los programas de ayudas incrementos en la cuantía de las ayudas o los beneficios especiales para aquellos solicitantes que así lo acrediten en la forma que se establezca.

1. Las administraciones públicas vascas, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, y en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho a la información sobre la sostenibilidad energética, mediante la divulgación de pautas y técnicas a través, entre otros, de los siguientes medios:

   1. Campañas de educación, de sensibilización y publicitarias.

   2. Planes de formación y unidades didácticas relativas a la transición energética en los programas de enseñanza primaria y secundaria.

   3. La publicación y distribución de guías comprensibles para la población y los sectores industrial, comercial, de servicios, residencial y de transporte sobre la implantación de técnicas y pautas que logren un mayor ahorro y eficiencia en el uso de la energía, previstas en esta ley.

      La divulgación, formación y sensibilización deberá efectuarse siempre con respeto al lenguaje inclusivo, tanto en textos como en imágenes, y procurando la eliminación de roles y estereotipos.

2. El departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco podrá convocar premios dirigidos, entre otros, a entes locales, organizaciones o movimientos sociales, sectores industriales, edificaciones, campañas de publicidad, programas educativos o trabajos científicos que mejor contribuyan con su ejemplo o por su repercusión o impacto social a la divulgación de estos valores, así como a las mejores pautas y técnicas de ahorro y eficiencia energética y de promoción y desarrollo de las energías renovables.

1. Corresponde al departamento del Gobierno Vasco con competencia en materia de energía la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley.

2. El personal funcionario que realice la actividad de vigilancia, inspección y control dispone, en el ejercicio de esta función, de la consideración de agente de la autoridad, hallándose facultado para acceder, en su caso sin previo aviso, tras su identificación, a todas las instalaciones y los edificios incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

3. Las labores de vigilancia, inspección y control a las que se refiere este artículo podrán realizarse, bien directamente por el personal funcionario, o bien mediante entidades colaboradoras de inspección y control en materia de ahorro y eficiencia energética.

1. Reglamentariamente se determinarán el régimen jurídico, las funciones y los ámbitos de actuación de las entidades colaboradoras, sus obligaciones, los requisitos y las formas de control de su actividad, así como las medidas que garanticen su independencia e imparcialidad.

2. No obstante lo anterior, las entidades colaboradoras de inspección y control en materia de ahorro y eficiencia energética no pueden, en ningún caso, desempeñar funciones de asistencia técnica o auditoría en materia de energía ni pueden tener vinculación técnica, comercial, financiera o de cualquier otro tipo con personas o entidades interesadas, de manera que pudiera afectar a su independencia e influenciar el resultado de su actuación.

1. De toda visita de inspección o comprobación se levantará un acta descriptiva de los hechos, haciéndose constar, en su caso, las irregularidades observadas y las alegaciones que formule la persona responsable de ellas en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.

2. Estas actas gozarán de la presunción de certeza y valor probatorio, sin perjuicio de las demás pruebas que, en defensa de los respectivos intereses, puedan aportar las personas interesadas. También gozarán de valor probatorio las fotografías, los vídeos, los registros y la demás documentación gráfica obtenida durante las labores de vigilancia, control e inspección y que se adjunten al acta de inspección.

3. Los documentos de las entidades colaboradoras, tras la visita de inspección o comprobación correspondiente, tendrán la consideración de actas de inspección y gozarán de la misma presunción de certeza y valor probatorio que las del personal funcionario.

1. En el ejercicio de sus funciones, quienes realicen la labor de vigilancia, inspección y control contarán con las siguientes facultades, sin perjuicio de aquellas otras que el departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco pueda encomendarles:

   1. Acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares donde se desarrollen actividades o actuaciones sujetas a la presente ley y realizar las comprobaciones y mediciones que consideren necesarias.

   2. Requerir información a las personas titulares, responsables o encargadas de las actividades, actuaciones e instalaciones que sean objeto de inspección y proceder a los exámenes y controles necesarios para el cumplimiento de su misión.

   3. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por la persona titular o la persona representante de la actividad y por el personal experto y técnico de la empresa o el establecimiento.

   4. Levantar acta descriptiva de los hechos, tras cada visita de inspección que se realice.

   5. Poner en conocimiento del órgano competente los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en esta ley.

   6. Desarrollar cualquier otra función que, en relación con el ahorro y la eficiencia energética, les sea atribuida reglamentariamente.

2. Corresponderá al personal funcionario, con carácter exclusivo, proponer, en los casos que proceda, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador.

3. Las personas titulares de instalaciones, el personal a su servicio y demás personas con las que se entiendan las actuaciones inspectoras tienen el deber de colaborar con el personal funcionario y con el de las entidades colaboradoras, cuando estén ejerciendo las funciones atribuidas por la presente ley.

1. La comprobación de la infracción, su imputación y la imposición de la oportuna sanción requerirán la previa instrucción del correspondiente expediente. El procedimiento ordinario para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley será el establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley corresponderá al titular del departamento competente en materia de energía, para las infracciones muy graves. Para las infracciones graves y leves, se estará a lo dispuesto en los correspondientes decretos de estructura orgánica.

Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta ley las acciones u omisiones, de los distintos sujetos responsables, tipificadas como tales en los artículos siguientes.

1. Son sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que sean autoras de ellas cuando la infracción sea consecuencia directa de su intervención.

2. Cuando dos o más personas sean autoras de una infracción y, por ende, resulten responsables de ella, y no fuese posible determinar su grado de participación, responderán de forma solidaria de las sanciones que se deriven.

3. Cuando la infracción se produzca por acumulación de acciones de varios agentes y todos ellos sean responsables de la infracción, las sanciones que se deriven tendrán entre sí carácter independiente.

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Constituyen infracciones muy graves en el ámbito de lo establecido en esta ley las siguientes:

1. No llevar a cabo una auditoría energética en los plazos y las condiciones establecidos en esta ley o en sus disposiciones de desarrollo, o la manipulación dolosa de datos al realizarse una auditoría energética.

2. Realizar una auditoría energética sin contar con una entidad debidamente acreditada. No contar con una empresa de servicios energéticos o sistema propio equivalente cuando así lo exija esta ley o sus disposiciones de desarrollo.

3. El incumplimiento de los porcentajes de ahorro o renovables establecidos en esta ley, cuando la diferencia entre lo exigido y lo efectivamente logrado sea superior al 50%.

4. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la calificación energética de los edificios.

Constituirán infracciones graves:

1. La falta de adopción de un plan de transporte a los centros de trabajo en las condiciones y los plazos establecidos en esta ley o en sus disposiciones de desarrollo.

2. La falta de adopción de un plan de medidas para la formación del personal en las condiciones y los plazos establecidos en esta ley o en las disposiciones que la desarrollen.

3. La falta de comunicación o la manipulación dolosa de datos en la información que se debe remitir a la administración competente.

4. El incumplimiento de los porcentajes de ahorro o de renovables establecidos en esta ley, cuando la diferencia entre lo exigido y lo efectivamente logrado sea superior al 30% e inferior al 50%.

5. El incumplimiento de las obligaciones relativas a los puntos de recarga de vehículo eléctrico y de espacios para facilitar el uso y el aparcamiento de bicicletas.

6. La falta de justificación de las obligaciones correspondientes a las que se refieren el apartado 1 del artículo 36 y el apartado 1 del artículo 30.

7. La falta de comunicación al departamento competente en materia de energía del Gobierno Vasco del grado de implantación de instalaciones de energía renovable para un periodo determinado.

8. La inobservancia de los plazos establecidos en el articulado de la presente ley para la adaptación de los edificios y las instalaciones, para la adopción de tecnologías y energías más eficientes o sostenibles, o para el cumplimiento de los objetivos fijados.

Tendrán la consideración de infracciones leves:

1. El incumplimiento de los porcentajes de ahorro o renovables establecidos en esta ley, cuando la diferencia entre lo exigido y lo efectivamente logrado sea superior al 15% e inferior al 30%.

2. El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o requisitos establecidos en esta ley que no constituya infracción muy grave o grave.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las siguientes multas:

   1. Las infracciones leves con multa de hasta 12.000 euros.

   2. Las infracciones graves con multa de 12.001 a 50.000 euros.

   3. Las infracciones muy graves con multa de 50.001 a 350.000 euros.

2. La cuantía específica de la sanción a imponer por la comisión de cada infracción se graduará, dentro de los límites especificados en el punto 1 de este artículo, teniendo en consideración las siguientes circunstancias:

   1. La importancia del daño o deterioro causado.

   2. El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el beneficio obtenido de dicha infracción.

   3. La intencionalidad en la comisión de la infracción y su reiteración.

   4. La reincidencia por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma entidad, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

   5. Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de reprobabilidad de la infracción.

   6. La duración del retraso en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. No obstante, cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción será aumentada en el importe en el que se haya beneficiado la persona infractora.

   En todo caso, la cuantía de la sanción no podrá superar el 10% del importe anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10% del importe neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo al que pertenezca dicha empresa.

4. Si, de conformidad con las circunstancias concurrentes, se apreciara una disminución cualificada de la culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del hecho, o si, atendida la situación económica del infractor debidamente acreditada, la sanción resultase manifiestamente desproporcionada, el órgano sancionador podrá determinar la cuantía de la sanción, aplicando la escala correspondiente a la clase o clases de infracciones que precedan en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate.

1. Las infracciones muy graves previstas en este capítulo prescribirán a los cinco años; las graves, a los tres años, y las leves, al año.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cinco años; las impuestas por faltas graves, a los tres años, y las impuestas por faltas leves, al año.

3. El cómputo de los plazos a que se refiere este artículo se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   En el caso de infracciones continuadas el plazo de prescripción se comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. Cuando, por la naturaleza de los hechos constitutivos de infracción, estos fueran desconocidos por carecer de signos externos, el plazo se computará a partir del día en que estos se manifiesten.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el órgano competente para resolver el procedimiento puede adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las siguientes medidas provisionales, con el fin de asegurar la eficacia de la resolución del expediente y el buen fin del procedimiento y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción:

1. Suspensión de obras o actividades.

2. Suspensión de la actividad como auditor energético y como empresa de servicios energéticos.

3. Adopción de medidas correctoras o preventivas para evitar daños a personas o al medio ambiente.

4. Inmovilización o precintado de equipos.

   Las anteriores medidas pueden ser adoptadas sin audiencia previa a la persona interesada en los supuestos en que se acredite la necesidad de llevarlas a cabo por motivos de urgencia o entidad de los bienes jurídicos afectados.

1. El órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma podrá imponer multas coercitivas para compeler a los responsables a cumplir las prescripciones previstas en esta ley y sus disposiciones de desarrollo.

2. Las multas coercitivas se podrán imponer de forma sucesiva y reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Se impondrán cuantas veces se incumplan los requerimientos efectuados, con una periodicidad mínima de un mes, hasta el cumplimiento de lo ordenado, y por un importe igual o inferior, en cada caso, a 6.000 euros.

   La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el importe de la sanción fijada para la infracción cometida.

3. El órgano competente para la imposición de las referidas multas es aquel que lo sea para la imposición de sanciones leves, salvo que la norma reguladora de la estructura orgánica del departamento competente en materia de energía determine otro distinto.

4. En todo caso, la imposición de multas coercitivas se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.