Régimen Local

1. Las mujeres agricultoras tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones que los hombres agricultores, a la titularidad de la explotación agraria y a todos los beneficios y derechos que esta conlleva.

2. Las explotaciones en que trabaje una mujer agricultora, tal y como se define esta en el artículo 7.1, deberán acogerse a una de las figuras legales, sea de titularidad física o asociativa, que posibilite el acceso a los derechos derivados de la titularidad, la visibilización y el empoderamiento de la mujer agricultora. Este acceso no se aplicará a las mujeres agricultoras que trabajen por cuenta ajena en la explotación, ni a profesionales autónomas contratadas en ella.

3. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura fomentarán el acceso de las mujeres a la titularidad registral de las explotaciones, así como a la titularidad de las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que correspondan a su explotación.

1. A efectos de este estatuto, se considerarán explotaciones agrarias de titularidad compartida las que se constituyen entre una mujer y su cónyuge, o pareja con la que esté unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria.

2. Las personas titulares de la explotación agraria en régimen de titularidad compartida deberán cumplir los requisitos exigidos en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, o norma que la sustituya.

3. El régimen fiscal de estas explotaciones se establecerá por las instituciones forales de los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

1. La representación, administración y responsabilidad de la explotación corresponderá a las dos personas titulares, en los términos señalados por la Ley 35/2011, de 4 de octubre.

2. Cuando una explotación de titularidad compartida fuera nombrada administradora de una entidad, cooperativa, sociedad agraria de transformación o similar, las dos personas titulares de la explotación deberán designar a una de ellas para ese cargo de administración en el caso de que su desempeño deba ser personal.

3. Los rendimientos generados por la explotación se repartirán conforme a lo señalado en la Ley 35/2011, de 4 de octubre.

4. Las ayudas, pagos, derechos, cuotas u otras medidas de efecto equivalente que estén contempladas en la normativa vigente y que correspondan a la explotación se atribuirán a partes iguales a cada titular.

5. Tras la asignación, los ingresos referidos en los apartados anteriores se regirán por lo dispuesto en los pactos de la pareja o capitulaciones matrimoniales, o, en su defecto, por el régimen económico que les corresponda.

1. Las explotaciones en régimen de titularidad compartida deberán hacer constar esa condición en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. Los dos miembros de la pareja deberán figurar como titulares de la explotación en el registro.

3. La inscripción se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura realizarán campañas de información, difusión y sensibilización acerca del acceso de las mujeres a la titularidad y a la titularidad compartida.

En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas competentes en materia de agricultura se priorizará la titularidad de las mujeres agricultoras, siempre que ello no esté vedado por normativa comunitaria. Tal priorización se realizará de la siguiente forma:

1. En los criterios de valoración para los procedimientos en que se produzca la comparación de las solicitudes presentadas, se establecerá, para las explotaciones cuya titularidad sea de una mujer, o de titularidad compartida, o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50%, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos, una puntuación por este hecho que represente al menos un 15% del total máximo alcanzable.

2. Cuando el objeto subvencional sea la mera realización de una actividad, se establecerá, para las explotaciones cuya titularidad sea de una mujer, o de titularidad compartida, o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50%, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos, una cuantía entre un 10 y un 20% superior a la prevista con carácter general.

3. En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se prevea el prorrateo para el caso de que se agote la partida presupuestaria destinada, las explotaciones contempladas en la letra anterior recibirán el importe íntegro, sin prorratear.

4. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas competentes en materia de agricultura en las que no se prevea comparación de las solicitudes ni prorrateo, se establecerá entre los criterios de cuantificación que la explotación que solicite la ayuda tenga como titular a una mujer, o sea de titularidad compartida, o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50%, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos.

1. En las decisiones sobre asignaciones de cuotas, adjudicaciones de terrenos de los fondos de suelo agrario, autorización administrativa de cultivo y similares, se dará prioridad a las solicitudes de explotaciones cuya titularidad sea de una mujer, o de titularidad compartida, o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50%, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos.

2. Las explotaciones señaladas en el apartado anterior tendrán acceso prioritario a las subvenciones que, en su caso, se establezcan en la política agrícola común para financiar las contribuciones a mutualidades u otros instrumentos de estabilización de rentas que ofrezcan compensación por una disminución acusada de sus rentas anuales y otros seguros de cosecha.

3. En las medidas de apoyo a las actividades empresariales del sector agroalimentario y el medio rural, se dará prioridad a los proyectos promovidos por mujeres que se encuadren dentro del tipo de proyectos objeto de las actividades mencionadas y cumplan los demás requisitos establecidos para obtener dicho apoyo.

1. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura establecerán programas de ayudas a la afiliación en la Seguridad Social agraria de las mujeres que trabajan en el sector agrario.

2. Dichos programas se aplicarán a las mujeres titulares o cotitulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se incorporen al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios de la Seguridad Social, o al que en su momento les pueda corresponder, en particular cuando se calcule que su incorporación a la Seguridad Social no vaya a generar derecho a una pensión de jubilación.

1. El nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte de los órganos directivos de todas las entidades que integren el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi con competencias directas en el ámbito agrario deberá hacerse con una representación equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

2. Los tribunales de evaluación y comisiones que deban realizar valoraciones de solicitudes de ayudas y subvenciones deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

3. El nombramiento de personas para constituir o formar parte de los órganos directivos de las entidades participadas por el sector público que operen en el ámbito agrario deberá hacerse de manera equilibrada entre mujeres y hombres. Se consideran entidades participadas por el sector público las definidas por la disposición adicional única del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 6/2012, de 1 de marzo.

1. Las mujeres agricultoras tienen derecho a ser legitimadas como interlocutoras válidas en el impulso de políticas que representen sus intereses y necesidades, de manera que se fomente la autonomía y se fortalezca su posición social, económica y política.

2. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura promoverán que en los órganos de dirección de las asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales, sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario exista una presencia como mínimo equilibrada de mujeres. Con este fin, pondrán en marcha planes específicos de formación dirigidos a dichas asociaciones y organizaciones.

3. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura no concederán ayudas ni subvenciones a las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales, sindicales o de otra índole que operen en el ámbito agrario y no tengan una presencia de mujeres en sus órganos de dirección como mínimo equilibrada. Esta medida se implantará en los términos de la disposición adicional segunda de este estatuto.

4. La comisión de seguimiento podrá establecer excepciones; así, el órgano administrativo encargado de la valoración de las solicitudes enviará a aquella los casos de asociaciones y organizaciones que justifiquen la imposibilidad de cumplir con la participación de las mujeres establecida en este estatuto, y la comisión de seguimiento los estudiará y remitirá un dictamen al órgano administrativo encargado de la valoración de las solicitudes. Se entenderá que resulta imposible cuando el número de mujeres asociadas sea inferior al doble de las que deberían participar en los órganos de representación para tener una presencia equilibrada.

1. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas competentes en materia de agricultura se establecerá, para los procedimientos de concurrencia competitiva, un sistema que, con respeto de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, priorice la contratación y promoción profesional de mujeres por las empresas del sector.

2. En estos casos, entre los criterios de valoración se establecerá, para las empresas que empleen al menos un 40% de mujeres, una puntuación por este hecho que represente al menos un 15% del total máximo alcanzable.

3. En los casos en que no se produzca comparación de las solicitudes, pero se prevea el prorrateo para el caso de que se agote la partida presupuestaria destinada, las empresas contempladas en el párrafo anterior recibirán el importe íntegro, sin prorratear.

4. En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones de las administraciones vascas competentes en materia de agricultura en las que no se prevea comparación de las solicitudes ni prorrateo, se establecerá entre los criterios de valoración que las empresas solicitantes empleen al menos un 40% de mujeres.

5. Las priorizaciones previstas en los apartados anteriores no se aplicarán a las empresas en cuyos órganos de dirección no participen mujeres en una proporción al menos equilibrada.

En las cláusulas de los convenios firmados por las administraciones vascas competentes en materia de agricultura se incluirá un compromiso de fomento de la participación de las mujeres tanto en el ámbito de actuación de las entidades firmantes como en sus órganos de decisión.

1. Los derechos derivados de la maternidad y la paternidad de las personas que trabajan en el sector agrario serán protegidos por las administraciones vascas, de forma que durante la interrupción de la actividad agraria por razones de embarazo, lactancia o cuidado de hijos o hijas tengan acceso a los servicios de sustitución o a servicios sociales existentes en el territorio.

2. En los casos de incapacidad temporal, vacaciones o descanso se garantizarán por las administraciones vascas competentes en materia de agricultura servicios de sustitución que posibiliten el mantenimiento de la actividad agraria. A este efecto, se incluirá entre los criterios de priorización que las explotaciones sean de titularidad de mujeres.

3. Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho al ocio, al tiempo libre y al descanso. Con el fin de hacerlo efectivo, las administraciones vascas competentes en materia de agricultura implantarán servicios de sustitución que permitan el mantenimiento de la actividad agraria, en particular en los casos de cuidadores y cuidadoras de personas dependientes.

4. Las administraciones vascas realizarán campañas de información, sensibilización y difusión de los recursos que impulsen la corresponsabilidad en el ámbito agrario, y establecerán medidas y programas que impulsen la asunción de tareas por los hombres agricultores en el trabajo doméstico y de cuidados a las personas dependientes.

1. Las mujeres agricultoras tienen derecho a que se proteja su salud en el trabajo, siendo necesario estudiar y aplicar soluciones en los distintos factores sobre la salud de hombres y mujeres, y a que se contemplen los posibles factores diferenciales sobre la salud de mujeres y hombres en el ámbito agrario, de manera que se implementen las medidas necesarias para garantizar la salud de las mujeres en el trabajo agrícola.

2. Las administraciones vascas competentes en materia de salud en el trabajo contemplarán los factores diferenciales sobre la salud de mujeres y hombres en el sector agrario, y promoverán actuaciones para su detección y control, así como medidas para una aplicación efectiva de la prevención de riesgos laborales a las mujeres agricultoras.

3. Las actuaciones considerarán tanto los factores de riesgo específicos para cada sexo como la posible incidencia diferente de factores de riesgo comunes a mujeres y hombres.

4. En las políticas, estrategias y planes de seguridad y salud laboral del sector agrario se contemplarán los valores, roles, situaciones, condiciones, expectativas y necesidades diferentes de mujeres y hombres, y se incorporarán objetivos, metas y actuaciones dirigidas a conseguir niveles equiparables de salud. En todo caso, se deberá:

   1. Observar y controlar la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales entre las mujeres agricultoras, mediante:

      La inclusión de la variable sexo en todos los diagnósticos en esta materia y la explotación y análisis diferenciados por sexos de los datos obtenidos.

      La identificación y definición de indicadores que posibiliten un mayor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones y expectativas de mujeres y hombres.

   2. Impulsar que en el diseño de los puestos de trabajo, herramientas, equipos, procesos de trabajo, ropa y calzado se tengan en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres.

   3. Garantizar una composición equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de consulta y decisión relacionados con la prevención de riesgos.

   4. Incorporar, en los planes de información, comunicación y formación, objetivos y actuaciones dirigidos a proporcionar información sobre los riesgos comunes y los específicos para mujeres y hombres.

   5. Garantizar que los servicios de vigilancia de la salud incorporen la perspectiva de género en todas sus actuaciones.

1. Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho a disponer de recursos de información y atención accesibles y de calidad para la prevención de la violencia contra las mujeres; las administraciones vascas contemplarán las circunstancias específicas del sector y establecerán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho.

2. Las mujeres agricultoras que hayan sufrido violencia contra las mujeres tienen derecho a seguir ejerciendo su trabajo; las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho.

3. Las administraciones vascas deberán asegurar que las mujeres que trabajan en el sector agrario y sean víctimas de acoso sexista o acoso sexual disponen de recursos de información y atención accesibles y de calidad. En todo caso, deberán establecerse cauces que posibiliten que las mujeres agricultoras víctimas de acoso sexual o acoso sexista tengan acceso a dicha atención, con garantía de confidencialidad.

1. Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho a recibir formación adecuada a sus intereses y necesidades, así como aquella vinculada a la profesionalización y a las nuevas tecnologías de la información, la investigación, el desarrollo y la formación tecnológica agraria.

2. Las administraciones vascas establecerán programas específicos de formación dirigidos a las mujeres del sector agrario, especialmente los que favorezcan su profesionalización, con especial consideración del acceso a las nuevas tecnologías y la formación en el entorno de la sociedad de la información.

3. Las mujeres tendrán prioridad en el acceso a cursos y programas de formación y capacitación agraria. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura promoverán un plan de formación permanente dirigido al empoderamiento de las mujeres vinculadas al sector agrario.

1. En la formación de capacitación agraria, las administraciones vascas impulsarán la formación en igualdad tanto de los hombres como de las mujeres.

2. Entre otras, adoptarán las siguientes medidas:

   1. Promoverán la formación en coeducación para el profesorado que imparta formación agraria.

   2. Incorporarán la coeducación en los objetivos del plan formativo y en los indicadores de evaluación de la formación agraria.

   3. Analizarán desde la perspectiva de género los materiales utilizados en la formación agraria para determinar los materiales más recomendables, y, en su caso, los que pudieran ser inadecuados, y plantearán las modificaciones pertinentes.

   4. Introducirán módulos sobre igualdad en los programas de capacitación agraria.

3. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura han de adoptar las medidas necesarias para una formación básica, progresiva y permanente de su personal en materia de igualdad de mujeres y hombres, a fin de hacer efectivas las disposiciones contenidas en este estatuto y que se garantice un conocimiento práctico suficiente que permita la integración efectiva de la perspectiva de género en el sector agrario.

Las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen derecho a que se visibilice y reconozca el trabajo que han realizado y realizan; las administraciones vascas promoverán, a través de estudios, campañas de información, premios u otras vías que consideren necesarias, su visibilización y reconocimiento.

Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura, en el desarrollo de las políticas sectoriales en materia agraria y en su actividad ordinaria, integrarán la perspectiva de género mediante las siguientes medidas:

1. Medidas de adecuación de las estadísticas y estudios del ámbito agrario:

   Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.

   Establecer e incluir en las operaciones estadísticas indicadores que aseguren el conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres agricultores, su manifestación e interacción en el sector agrario.

   Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple.

   Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable sexo.

   Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.

   Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes, con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres agricultoras.

2. Las administraciones vascas competentes en materia de agricultura promoverán estudios e investigaciones que posibiliten el análisis de las distintas condiciones y necesidades de mujeres y hombres del ámbito agrario, y no concederán subvenciones, ayudas ni medida alguna de apoyo a los estudios e investigaciones que no incluyan la perspectiva de género.

1. Con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, se crea una comisión de seguimiento, que estará formada por:

   1. La persona titular de la dirección del Gobierno Vasco competente en materia de desarrollo rural, o persona en quien delegue, que presidirá la comisión.

   2. Una persona elegida entre el personal de la unidad administrativa para la igualdad del departamento competente en materia de agricultura.

   3. Una persona elegida entre el personal de la dirección competente en materia de agricultura.

   4. Una persona elegida entre el personal de la asesoría jurídica del departamento competente en materia de agricultura.

   5. Una persona en representación de cada diputación foral, del departamento competente en materia de agricultura.

   6. Una persona en representación de Emakunde.

   7. Una persona en representación de la Comisión de Mujeres Rurales.

   8. Una persona en representación de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

   9. Tres personas en representación de los sindicatos agrarios vascos más representativos.

2. En aquellos asuntos cuya especificidad requiera la presencia de personas especialistas en la materia o de otras eventualmente concernidas que no formen parte de la comisión, podrán ser convocadas a instancias de su presidencia.

3. Las mujeres tendrán en la comisión una presencia equilibrada.

1. La comisión de seguimiento analizará el grado de cumplimiento de los objetivos de esta ley, y elaborará un informe anual, que evaluará, en particular, la incidencia en el sector de las medidas previstas en los títulos II, III y IV. Se dará la mayor difusión posible a este informe.

2. En el caso de que se observe que las obligaciones asumidas o los objetivos previstos no se están cumpliendo, o que no se alcanzan en los plazos estimados, se remitirá a la Comisión de Política Agraria y Alimentaria una comunicación expresa acerca de los incumplimientos que se detecten.

La comisión de seguimiento se regirá por las normas que establezca, y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo referente a los órganos colegiados.