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1. El presente Decreto tiene por objeto crear el Censo público de Organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi (en adelante Censo), así como regular su funcionamiento, en cumplimiento del mandato legal del artículo 5 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi (en adelante Ley del Tercer Sector).

2. El Censo estará adscrito al departamento que tenga asignadas las competencias en materia de servicios sociales, siendo, en concreto, el órgano encargado de la gestión y mantenimiento del mismo, la Dirección competente en materia de servicios sociales (en adelante órgano gestor).

1. El Censo se configura como un instrumento básico de conocimiento y publicidad, y en calidad de tal, tiene la función de proporcionar el conocimiento de las organizaciones que forman parte del tercer sector social de Euskadi.

2. Asimismo, constituye un instrumento de naturaleza pública y el acceso al mismo deberá ejercerse en los términos y condiciones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

3. El Censo será público, al menos, respecto a la denominación, los fines y al ámbito territorial de actuación de la organización. En todo caso, la publicidad se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Se podrán inscribir en el Censo las siguientes entidades:

1. Asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social y cualesquiera otras entidades, formalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, con sede y actividad en Euskadi, que realicen actividades de intervención social y que posean las características recogidas en el artículo 3 de la Ley del Tercer Sector.

2. Las organizaciones señaladas a continuación, siempre y cuando realicen actividades en el ámbito de la intervención social, formen parte de alguna red del tercer sector social de Euskadi y adopten sus códigos de conducta y cumplan las obligaciones señaladas en el artículo 16 de la Ley del Tercer Sector:

   1. Fundaciones o entidades históricas actualmente existentes y que cuenten con un recorrido superior a cincuenta años en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que estén incorporadas en alguna red del tercer sector social y cumplan los requisitos especificados en los artículos 2.1 y 3 de la Ley del Tercer Sector, aunque en sus estatutos originarios establezcan la presencia mayoritaria o única de representantes de instituciones públicas en sus órganos de gobierno. Dichas entidades deberán constar en la lista mencionada en el apartado a) del artículo 2.3 de la Ley del Tercer Sector.

   2. Entidades que no cumplan alguno de los requisitos de los previstos en el artículo 3 de la Ley del Tercer Sector, siempre que estén participadas mayoritariamente de forma directa o indirecta, por organizaciones del tercer sector social, hayan sido constituidas para la consecución de los objetivos sociales de estas, tengan su sede y desarrollen su actividad principalmente en Euskadi, y mantengan el carácter no lucrativo de su actividad. En el caso de sociedades mercantiles, se entenderá como carácter no lucrativo la previsión estatutaria de la obligación de reinversión de los beneficios en las actividades que constituyen su objeto social. En especial, se incluirá en este ámbito a los centros especiales de empleo, y a las empresas de inserción que estén debidamente inscritas en sus registros oficiales correspondientes, siempre que cumplan con los requisitos recogidos en el apartado b) del artículo 2.3 de la Ley del Tercer Sector, además de los previstos en su normativa específica.

En el censo de organizaciones del tercer sector social de Euskadi se inscribirán, al menos, los siguientes datos:

1. Nombre de la organización.

2. Número de inscripción en el registro correspondiente a su naturaleza jurídica.

3. Número de identificación fiscal (NIF).

4. Domicilio social.

5. Fines de la organización.

6. Ámbito territorial de actuación.

7. Representante legal.

8. Recursos humanos de la organización, con expresión del número de personas contratadas y del número de personas voluntarias.

9. Cualquier otro dato, cuando así lo determine la legislación en vigor.

1. Será necesaria la inscripción para colaborar con las administraciones públicas vascas y acceder a las medidas de promoción que estas impulsan, incluidos los programas subvencionables.

2. En ningún caso la inscripción tendrá efectos constitutivos, ni de autorización.

3. La resolución de inscripción tendrá efectos desde la fecha en que se dicte.

4. Con la inscripción, el órgano gestor del Censo impulsará de oficio el inicio del procedimiento de inscripción en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado.

   A estos efectos, se dará traslado de la resolución de inscripción en el Censo de Organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi al órgano gestor del Censo General de Organizaciones del Voluntariado para que compruebe el cumplimiento de los requisitos para la inscripción y si procede, realice la misma.

El procedimiento para la inscripción de las organizaciones del tercer sector social de Euskadi a las que se refiere el artículo 3 del presente Decreto, se iniciará mediante solicitud de inscripción por quien ostente la representación de la misma.

1. La documentación que se presentará, por vía electrónica, junto a la solicitud será la siguiente:

   1. Acreditación de la representación de quien suscriba la solicitud.

   2. Copia de los estatutos.

   3. Certificado de inscripción en el Registro correspondiente a su naturaleza jurídica.

   4. Certificado en el que se indique la identidad de las personas que integran el órgano de gobierno.

   5. Certificado acreditativo de los recursos humanos de la organización, con expresión del número de personas contratadas y del número de las personas voluntarias.

2. No será preciso presentar la documentación a la que se refiere los apartados anteriores b), c) y d) del párrafo anterior, cuando la organización conste ya inscrita en un registro público dependiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. En la solicitud, se incluirá la posibilidad de que la entidad interesada consienta expresamente que parte de la documentación sea obtenida o verificada por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública. No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse expresamente a dicha verificación debiendo aportar la documentación que corresponda.

4. El órgano gestor competente verificará la documentación presentada y, si advirtiera en la solicitud algún defecto o inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deban acompañar la misma, requerirá a la entidad interesada para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos omitidos, con la indicación de que así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, mediante resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Vista la solicitud y la documentación que se acompañe, el órgano gestor resolverá motivadamente, ordenando o denegando la inscripción correspondiente.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de inscripción, será de tres meses contados a partir del día en el que la solicitud tuvo entrada en el registro electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, la entidad interesada podrá entenderla estimada por silencio administrativo.

3. Contra la resolución que se dicte, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el superior jerárquico del órgano gestor, a contar desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución en los términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Cualquier actualización de los datos inscritos deberá ser comunicada al órgano gestor junto con la documentación justificativa de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 7.

   No será necesaria la comunicación cuando dicha información ya conste en alguno de los registros públicos dependiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi donde consta inscrito.

2. En todo caso, la actualización se inscribirá siempre que se mantengan los requisitos que fundamentaron la inscripción.

3. El órgano gestor podrá requerir a las organizaciones inscritas, en cualquier momento, para que ratifiquen los datos inscritos o comuniquen las actualizaciones producidas, con la advertencia de que si obvian dicho requerimiento podrá iniciarse de oficio el procedimiento para cancelar su inscripción.

1. La cancelación de la inscripción se podrá iniciar a instancia de parte o de oficio.

2. La cancelación de la inscripción podrá iniciarse de oficio cuando el órgano gestor tenga conocimiento del incumplimiento de alguno de los requisitos necesarios para la inscripción o en el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo anterior, previo trámite de audiencia a la entidad interesada por un plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de notificación.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento de cancelación iniciado a instancia de parte, será de tres meses contados a partir del día en el que la solicitud tuvo entrada en el registro electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, la entidad interesada podrá entenderla estimada por silencio administrativo.

4. Contra la resolución que se dicte, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el superior jerárquico del órgano gestor a contar desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución en los términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo de tres meses comenzará a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento de cancelación, produciendo el transcurso de dicho plazo, la caducidad del procedimiento.

La tramitación se realizará exclusivamente de manera electrónica, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. https://www.euskadi.eus/servicios/10578

El acceso al expediente y los trámites posteriores a la solicitud se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta