Régimen Local

Es objeto del presente Decreto la regulación de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en desarrollo del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales regulado en el artículo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y en cumplimiento del mandato contenido en su artículo 23 y en su disposición adicional primera.

El presente Decreto será de aplicación a los servicios y prestaciones incluidas en la Cartera de Prestaciones y Servicios e integradas en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, así como, de existir, a sus diferentes modalidades, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada.

1. La finalidad de la Cartera de Prestaciones y Servicios es dar contenido y delimitar el derecho subjetivo declarado en el artículo 2 de la Ley de Servicios Sociales, y su ejercicio, adecuando su estructura y descripción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Servicios Sociales, mediante:

   1. La definición de cada prestación económica y servicio de provisión obligatoria y, de existir, de sus modalidades especificando, en el caso de los servicios, las prestaciones que incluyen.

   2. La delimitación de la población destinataria y la especificación de los restantes requisitos de acceso a cada servicio y prestación económica, incluida en su caso la prescripción técnica y, en el caso de los servicios, el pago de un precio o tasa pública, estableciendo en cuáles resulta preciso satisfacerlo.

   3. La determinación de las disposiciones procedimentales relativas al acceso a las prestaciones y servicios, incluidas la solicitud y resolución, el desistimiento, renuncia, suspensión y extinción del derecho, y la interposición de un recurso contra las resoluciones dictadas en los procedimientos de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción.

2. De este modo, la Cartera de Prestaciones y Servicios delimita la obligación de cada nivel de las administraciones públicas vascas respecto a los servicios y prestaciones económicas, de obligada provisión, que recaen en su competencia, de conformidad con la distribución competencial prevista en los artículos 40.3, 41.3 y 42.4 de la Ley de Servicios Sociales, y con la que, respecto a las prestaciones económicas, se prevé en el artículo 5 del presente Decreto. Sin perjuicio de ello, con el fin de mejorar la atención, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, las administraciones públicas vascas podrán encomendar la prestación de los servicios de su competencia mediante los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico.

3. El derecho a los servicios y prestaciones contenidos en la Cartera de Prestaciones y Servicios se aplicará de forma progresiva hasta alcanzar la fecha de su efectividad plena, en los términos previstos en la disposición transitoria primera de la Ley de Servicios Sociales.

1. La Cartera de Prestaciones y Servicios integra los mismos servicios y prestaciones económicas que el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales regulado en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales, así como sus diferentes modalidades que, de existir, se indican en las fichas del anexo I.

2. A efectos del presente Decreto, se entienden por modalidades de servicios:

   1. las diferentes variantes de un mismo servicio que constituyen una alternativa para garantizar el derecho de la persona usuaria a dicho servicio;

   2. los diferentes tipos de un mismo servicio, que se han de garantizar para el perfil y/o situación de la población destinataria para el que se han previsto.

3. Las prestaciones o ayudas económicas se desglosan como sigue, existiendo una ficha de cada una de ellas (fichas 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2 y 3.4.1) en el anexo I del Decreto.

1. Prestaciones para facilitar la integración social y/o la autonomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de emergencia o urgencia social, dependencia o desprotección:

   Prestación económica de asistencia personal (ficha 3.1.1).

   Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género, prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (ficha 3.1.2).

2. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (ficha 3.2.1).

3. Prestaciones individuales para la adquisición de prestaciones tecnológicas, para facilitar el acceso a ayudas técnicas no recuperables, o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia:

   Ayuda económica para la adquisición de productos de apoyo no recuperables (ficha 3.3.1).

   Ayuda económica para la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y en los vehículos particulares (ficha 3.3.2).

4. Prestaciones individuales vinculadas a servicios personales.

   Prestación económica vinculada al servicio (ficha 3.4.1).

4. Las entregas dinerarias para facilitar el acceso a productos de apoyo no recuperables y la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y en los vehículos particulares, podrán regularse como ayudas y otorgarse mientras no se agote el crédito disponible. Agotado el crédito, siempre que la persona solicitante cumpla los requisitos para recibir la ayuda, se le incluirá en lista de espera y se habilitará el crédito necesario para responder a las solicitudes contemplando como fecha de solicitud aquella en que el crédito quede habilitado y, a más tardar, el 1 de enero del ejercicio siguiente. Todo ello sin perjuicio de que, siempre que resulte preciso, se verifique el cumplimiento de los requisitos necesarios para recibir, o continuar recibiendo, la ayuda.

1. El Gobierno Vasco será competente para la provisión del servicio de teleasistencia (ficha 1.6), del servicio de información social a la infancia y adolescencia en situación de desprotección (ficha 2.7.1.1), del servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo (ficha 2.7.1.2), del punto de encuentro familiar por derivación judicial (ficha 2.7.3.2) y del servicio integral de mediación familiar (ficha 2.7.3.3), así como de la prestación de pago único a mujeres víctimas de violencia de género (ficha 3.1.2).

2. Los ayuntamientos serán competentes para la provisión de todos los servicios de atención primaria definidos en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales, salvo el servicio de teleasistencia.

3. Las diputaciones forales serán competentes para la provisión de los servicios de atención secundaria del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, excepto aquellos cuya provisión compete al Gobierno Vasco, así como de la prestación de asistencia personal (ficha 3.1.1), de la prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (ficha 3.2.1), y de las prestaciones o ayudas para la adquisición de prestaciones tecnológicas o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia (fichas 3.3.1 y 3.3.2).

4. Todas las administraciones públicas vascas serán competentes para la provisión de la prestación vinculada al servicio, cuando lo sean para los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que se vincule, y podrán serlo para la provisión de cualquier otra prestación económica que pueda preverse encuadrada en la tipología que establece el artículo 16 de la Ley de Servicios Sociales, en función del régimen competencial que se determine en su momento.

1. Los servicios son unidades organizativas gestionadas por una entidad de servicios sociales que, con carácter general, integran más de una prestación técnica y, en su caso, tecnológica. Y que pueden integrar también prestaciones complementarias de transporte (excluido, como prestación complementaria, el transporte adaptado destinado a facilitar el acceso a los servicios sociales), alojamiento, manutención, lavandería y limpieza u otras prestaciones complementarias que se determinen reglamentariamente, así como prestaciones propias de otros sistemas o políticas públicas de atención.

2. Algunos servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios constituyen centros de servicios sociales, entendiendo por centro, a tal efecto, todo inmueble o parte de inmueble constituido como unidad orgánica y funcional, con una ubicación autónoma e identificable, en la que se ofrecen o desde la que se articulan prestaciones de servicios sociales.

3. Las prestaciones técnicas y tecnológicas son prestaciones propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales y a ellas se accede, de manera ordinaria, a través de los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios salvo en los supuestos contemplados en el artículo 16.3 y 17.2 de la Ley de Servicios Sociales.

4. Los servicios y centros adoptarán estrategias de diseño para todas las personas, que afectarán también al procedimiento de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales, a fin de promover la accesibilidad universal.

1. La cooperación y coordinación del Sistema Vasco de Servicios Sociales con otros sistemas y políticas públicas, que prevé el artículo 45 de la Ley de Servicios Sociales, se articulará, en su caso, en el marco de la Cartera de Prestaciones y Servicios mediante la inclusión en las fichas: a) De prestaciones propias de dichos sistemas y políticas públicas, con indicación del sistema al que pertenecen. b) De servicios de naturaleza mixta, indicando dicha particularidad, en tanto no existan los catálogos o carteras conjuntas de servicios referidas en el artículo 45.3 de la Ley de Servicios Sociales. O, respecto al espacio sociosanitario, en tanto no se articule una cartera de servicios sociosanitarios u otras fórmulas o instrumentos que garanticen la idoneidad de la atención, según prevé el artículo 46.4 de la Ley de Servicios Sociales.

2. Atendiendo a la prevalencia e intensidad de las necesidades sanitarias de las personas usuarias, algunos servicios podrán ofrecer prestaciones propias del sistema sanitario a través de las fórmulas que las administraciones competentes puedan acordar en cumplimiento de los artículos 45, 46 y 56 de la Ley de Servicios Sociales.

3. Los servicios y prestaciones sanitarias incluidas en las fichas de los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios serán financiadas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a tal efecto, el Gobierno Vasco consignará anualmente en su proyecto de presupuestos cantidades suficientes destinadas a hacer frente a los gastos que se deriven de la provisión de dichas prestaciones.

4. El Sistema Sanitario y el Sistema de Servicios Sociales realizarán, de manera conjunta, y con carácter anual, la planificación y evaluación de las necesidades sociosanitarias previstas en el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

5. En todo caso, las prestaciones propias del sistema sanitario, del sistema educativo y de otros sistemas públicos provistas en el marco de los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios se financiarán, de conformidad con el artículo 56.3 de la Ley de Servicios Sociales, por los sistemas de los que sean propias y/o, si así lo previeran éstos, por la persona usuaria. A estos efectos, no se considerarán prestaciones propias de otros sistemas las correspondientes al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

6. El acceso a los servicios de protección de personas menores de edad previstos en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se hará a través de los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

7. Respecto a los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a los que se accede a través del Sistema Vasco de Servicios Sociales, lo previsto en este Decreto se adecuará a la evolución de la norma que regula el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sin perjuicio del desarrollo reglamentario que puedan realizar las instituciones vascas en el ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de los servicios sociales.

1. El Gobierno Vasco podrá actualizar la Cartera de Prestaciones y Servicios de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Servicios Sociales, con la participación del Consejo Vasco de Servicios Sociales y en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas, a través del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, atendiendo igualmente a lo previsto en el artículo 44.3, letra a) de la Ley de Servicios Sociales:

   1. Tras realizar una evaluación general de la aplicación y desarrollo de la Cartera de Prestaciones y Servicios al objeto de determinar si se ajusta adecuadamente a los cambios observados en la realidad social, que, deberá realizarse al menos con carácter cuatrienal y en el marco de la evaluación del Plan Estratégico de Servicios Sociales, incluyendo la perspectiva de género en las actuaciones de seguimiento y evaluación que requerirán para ello de indicadores desagregados por sexo y del concurso de personal con formación en materia de igualdad.

   2. En cualquier momento, mediante la inclusión, exclusión o modificación de las diferentes modalidades de servicios así como de los restantes elementos referidos en el artículo 3.1 del presente Decreto, en relación a los servicios y a las prestaciones económicas, al objeto de garantizar su ajuste a las cambiantes necesidades de la población y favorecer su permanente modernización, de conformidad con el artículo 24.2 de la Ley de Servicios Sociales.

2. A tal efecto, las administraciones públicas vascas y el Consejo Vasco de Servicios Sociales, cuando observen la necesidad de incluir, excluir o modificar alguno de estos aspectos, podrán proponerlo a través del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales que analizará la propuesta y tomará una decisión conforme a lo previsto en el artículo 44.3, letra a) de la Ley de Servicios Sociales.

1. Para acceder a los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales, las personas deberán solicitarlo y cumplir:

   1. Los requisitos de titularidad previstos en el artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales.

   2. Los requisitos generales de acceso a los servicios y prestaciones, aplicables en todos los casos, previstos en el artículo 25 de la Ley de Servicios Sociales.

   3. Los requisitos específicos, administrativos y de necesidad, exigidos para acceder a cada servicio o prestación económica, previstos en el presente Decreto.

2. Respecto a los requisitos de empadronamiento, salvo que se indique lo contrario para acceder a las prestaciones o ayudas económicas y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios, es preciso:

   Estar empadronada o empadronado, en la fecha en que se realiza la solicitud: a) en el municipio, o en un municipio del territorio correspondiente al ente local que presta los servicios, para acceder a los que presta un ente local; b) en un municipio del Territorio Histórico correspondiente, para acceder a los que presta una Diputación Foral; c) en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para acceder a los que presta el Gobierno Vasco. En los casos de traslado entre servicios, el requisito de empadronamiento se referirá a la fecha del ingreso en el nuevo servicio en lugar de a la fecha de solicitud.

   Permanecer empadronada o empadronado en el mismo ámbito geográfico durante todo el tiempo en el que se perciban las prestaciones o servicios, salvo en los supuestos previstos en el artículo 25 del presente Decreto.

3. Para acceder al servicio de valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección, en coherencia con lo previsto en el apartado anterior, bastará con estar empadronada o empadronado en cualquier municipio del Territorio Histórico en el que se realiza la solicitud de valoración en la fecha en que se realice dicha solicitud, sin que, por lo que respecta a las valoraciones de las situaciones de riesgo de dependencia o dependencia resulte de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales.

4. Además, será necesario que el servicio o prestación económica al que se solicita acceder resulte idóneo para responder a las necesidades de la persona o familia, debiendo justificarse dicha idoneidad en la prescripción técnica de la persona profesional de referencia. Dicha prescripción constituye un requisito necesario para acceder a las prestaciones económicas y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios: a) incluidos los servicios de acceso directo, al margen de que la valoración asociada a la misma se realice al ingresar o posteriormente; b) y excluidos los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación (fichas 1.1, 2.1 y 2.7.1), el servicio de coordinación a urgencias sociales (ficha 2.6) y el servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales (ficha 1.5).

5. Las administraciones públicas vascas garantizarán el acceso a las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia:

   1. De toda persona menor de edad, en situación o riesgo de dependencia, al margen de cuál sea su origen nacional o situación administrativa previa, sin que la titularidad del derecho se vea obstaculizada por la situación administrativa de sus progenitores ni por su falta de acreditación de un determinado plazo en situación administrativa regular.

   2. De quienes, habiendo adquirido la nacionalidad española, puedan acreditar una residencia de hecho de cinco años (dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud).

   3. De las y los ciudadanos comunitarios, y de las personas a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, en situación de dependencia, equiparándoles a los nacionales en su acceso al Sistema.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en particular en sus artículos 17.1 y 19, todas las víctimas de violencia de género las mujeres y las personas menores de edad bajo su patria potestad o guarda y custodia que se encuentren en la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán acceder a las prestaciones y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios dirigidos de modo expreso a ellas (fichas 1.9.1, 2.4.6, 2.7.1.2, 2.7.3.1, 2.7.5 y 3.1.2) sin que les sea exigido ningún requisito administrativo, resultando suficiente la prescripción técnica.

1. Para acceder a un servicio o prestación económica concreta de la Cartera de Prestaciones y Servicios, la persona solicitante debe cumplir los requisitos administrativos específicos previstos para ese servicio o prestación económica en el anexo I que podrán estar relacionados, en su caso, con:

   1. Los periodos de empadronamiento previo suplementarios previstos en el artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales, especificados, en su caso, respecto a determinados servicios o prestaciones económicas.

   2. El reconocimiento que, en cada caso, corresponda: reconocimiento del riesgo o situación de dependencia; calificación de discapacidad; diagnóstico de enfermedad mental; reconocimiento del riesgo o situación de desprotección; reconocimiento del riesgo o situación de exclusión.

   3. La situación de convivencia y/o el grado de parentesco.

   4. La edad.

   5. El compromiso de pago del precio público, cuando se trate de servicios sujetos a copago.

   6. El consentimiento, manifestado en condiciones de validez jurídica, salvo cuando se trate de las actuaciones de oficio previstas en el artículo 15, letra b.

   7. Otros aspectos que puedan resultar de la actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios prevista en el artículo 8.

2. El copago previsto en algunos servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios deberá determinarse de conformidad con los criterios generales de participación económica de las personas obligadas al pago en la financiación de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y, asimismo, de conformidad con las normas reguladoras de los precios públicos que, con respeto a dichos criterios generales, dicten las administraciones públicas vascas, respecto a los servicios de su competencia.

1. Para acceder a un servicio o prestación económica concreta de la Cartera de Prestaciones y Servicios, la persona solicitante deberá cumplir los requisitos específicos de necesidad definidos para ese servicio o prestación económica en el anexo I que podrán estar relacionados, en su caso, con:

   1. La existencia de una situación de necesidad: una situación de riesgo de dependencia, desprotección o exclusión; una situación reconocida de dependencia, desprotección o exclusión; una discapacidad o enfermedad mental diagnosticada; una situación de urgencia social que pueda atenderse desde los servicios sociales.

   2. El tipo de atención o de apoyo formal requerido.

   3. La intensidad del apoyo formal o atención requerida.

   4. En su caso, la disponibilidad de apoyos prestados por la red sociofamiliar (apoyo informal o cuidados no profesionales).

   5. En su caso, la adecuación del domicilio para la permanencia de la persona en el mismo o para la adecuada intervención del servicio.

   6. La no concurrencia de características o circunstancias que, en su caso, constituyan supuestos de exclusión para el acceso al servicio o a la prestación económica.

   7. Otros aspectos que puedan resultar de la actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios prevista en el artículo 8.

2. La existencia de una situación de necesidad deberá ser valorada como tal por las administraciones públicas vascas competentes, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos comunes previstos en el artículo 20 de la Ley de Servicios Sociales o, en su caso, de indicadores y criterios técnicos validados al efecto.

3. Estos instrumentos, indicadores y criterios técnicos deberán delimitar para los ámbitos de la dependencia, la desprotección y la exclusión, las situaciones de riesgo respecto a las que no llegan a presentar riesgo y, también, respecto a las que ya han sobrepasado el nivel del riesgo.

4. En el ámbito de la dependencia, serán de aplicación necesariamente los instrumentos de valoración que se encuentren vigentes a nivel estatal en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a través de los cuales se determinarán también las situaciones de riesgo de dependencia, entendiendo por tales a los efectos del presente Decreto las que obtengan una puntuación de 23 o 24 en el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD).

5. En el ámbito de la protección a personas menores de edad, serán de aplicación los instrumentos que se encuentren vigentes a nivel autonómico en el marco de la aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia.

6. Cuando el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, u otros sistemas, apliquen instrumentos de valoración con vistas a la derivación al Sistema Vasco de Servicios Sociales, se establecerán pasarelas de equivalencia con los instrumentos de valoración aplicados por éste.

1. El reconocimiento de la existencia de una situación de necesidad en los términos previstos en el artículo anterior determinará el servicio y/o prestación económica, o la gama de servicios y/o prestaciones económicas de la Cartera de Prestaciones y Servicios susceptibles de responder a dicha situación.

2. En su caso, la determinación del recurso (servicio y/o prestación económica) o combinación de recursos a los que la persona podrá acceder, entre los incluidos en dicha gama, dependerá de su grado de idoneidad para dar respuesta a las necesidades detectadas.

3. El grado de idoneidad del recurso, o combinación de recursos, para responder a las necesidades dependerá de los siguientes elementos relacionados con los requisitos de necesidad específicos:

   1. Su mayor o menor adecuación a la situación personal, familiar, convivencial y relacional, incluida la disponibilidad de apoyos informales prestados por la red sociofamiliar, y, en su caso, a las características de la vivienda.

   2. Su mayor o menor capacidad para ofrecer el tipo e intensidad de apoyo requerido.

4. La idoneidad del recurso o combinación de recursos seleccionada, dentro de dicha gama, deberá justificarse en la prescripción técnica del o de la profesional de referencia.

5. En su determinación, el o la profesional de referencia contará con la participación de la persona usuaria y tendrá en cuenta su derecho a escoger libremente el servicio y, en su caso, modalidad-más adecuada a su caso, en función de su disponibilidad y atendiendo a su orientación y prescripción técnica, según lo previsto en el artículo 9.1, letra k, de la Ley de Servicios Sociales.

   Asimismo, favorecerá, siempre que resulte idóneo, el acceso a la alternativa o alternativas de atención que posibiliten, en mayor medida, la permanencia de la persona usuaria en su entorno habitual, siempre que ésta sea su elección, justificando la no adecuación de una fórmula de atención más susceptible de garantizarla, según lo previsto en el artículo 25.1, letra c, de la Ley de Servicios Sociales. De este modo, promoverá que las personas: a) ejerzan el poder de decisión sobre su propia existencia, eligiendo su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, sin verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) y gocen de su derecho a vivir en su comunidad, en igualdad de condiciones y opciones, y a su plena inclusión y participación activa en la misma, evitando su aislamiento o separación de ésta. A tal efecto, facilitará que las personas dispongan de apoyos formales (de entre los servicios y/o prestaciones económicas previstos en la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que tengan derecho) para desarrollar las actividades de la vida diaria y mantener, recuperar o aumentar, en lo posible su autonomía.

6. Los servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios constituyen un conjunto de apoyos formales que podrán compatibilizarse entre sí a fin de ofrecer un apoyo integral y adaptar la intervención a las necesidades, capacidades y, en lo posible, preferencias de cada persona, así como a las características de su contexto. Asimismo, en la determinación del recurso, o combinación de recursos más idónea y, en coherencia con el modelo comunitario, se adoptarán enfoques de prevención y promoción de la autonomía, y participación y calidad de vida en la comunidad.

7. A tal efecto, el o la profesional de referencia, con la participación de la persona y/o familia usuaria, seleccionará, de entre los servicios y/o prestaciones económicas de la Cartera de Prestaciones y Servicios a los que las personas puedan tener derecho, aquél recurso o combinación de recursos más adecuada para facilitar, cuanto sea posible, su inclusión social y el desarrollo de sus proyectos vitales, y hacer efectivo un grado satisfactorio, en cada caso, de participación activa, vida independiente y autonomía personal en el seno de la comunidad.

8. Las prestaciones económicas se ajustarán al régimen de compatibilidad e incompatibilidad previsto para cada una de ellas en el anexo I.

9. En los casos de compatibilización, se aplicarán minoraciones en la intensidad de los servicios y/o en el importe de las prestaciones económicas.

1. Las administraciones públicas vascas, por sí mismas o mediante acuerdos entre sí, podrán flexibilizar los requisitos de acceso y permanencia en los servicios, estableciendo en dichos acuerdos, si se alcanzan, la oportuna compensación económica a favor de la administración titular del servicio cuyas condiciones se han flexibilizado.

2. Dichas fórmulas de flexibilización:

   1. se orientarán siempre a facilitar el continuo de atención y el uso de las alternativas de atención más integradas en el medio comunitario y, por tanto, una atención más personalizada, integral y próxima;

   2. se podrán adoptar siempre que resulten idóneas para responder a las necesidades y, en lo posible, a las preferencias de la persona atendida, requiriendo su adopción tanto la prescripción técnica como la conformidad de la persona atendida.

1. El procedimiento de acceso a los servicios y prestaciones económicas del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en cualquiera de sus dos tipos, obedecerá a las disposiciones generales y comunes del presente Decreto, y a sus disposiciones de desarrollo, así como a los procedimientos específicos que, ajustándose a ellas, establezcan las administraciones públicas vascas para el acceso a los servicios y prestaciones económicas de su competencia.

2. En su aplicación, con carácter general:

   Se garantizará, en cumplimiento de la normativa lingüística y de lo previsto en los artículos 7, letra c y 9.1, letra l de la Ley de Servicios Sociales, la libertad de las personas usuarias para utilizar el euskera y el castellano, y su derecho a ser atendidas, en función de su propia preferencia, en cualquiera de los dos idiomas.

   Asimismo, mediante el servicio de intérpretes de lengua de signos se garantizará el uso de la lengua de signos en el procedimiento ordinario y urgente de acceso.

   Se adoptarán los medios idóneos para garantizar el respeto de las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo relativo a no aportar datos que ya obren en poder de las administraciones públicas, y para garantizar el respeto a la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

   Con fines de eficiencia y economía administrativa, se promoverá, en todo lo posible, la implantación de la tramitación telemática de servicios y prestaciones económicas.

El procedimiento de acceso podrá iniciarse:

1. A instancia de la persona que, cumpliendo con los requisitos de titularidad previstos en el artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales, pudiera estar afectada por alguna de las contingencias o situaciones objeto de cobertura por las prestaciones y servicios de la Cartera de Prestaciones y Servicios, pudiendo presentar su solicitud directamente o a través de quien ostente su representación.

2. De oficio, por la administración competente o a instancia de la autoridad judicial en los casos previstos en la legislación vigente. En los casos que recaigan en el ámbito de la protección de personas menores de edad, las administraciones competentes se ajustarán a las previsiones de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. En el caso de personas adultas que se encuentren en situación de desprotección, las administraciones competentes en servicios sociales podrán intervenir a instancia de la autoridad judicial.

Los procedimientos de acceso a los servicios y prestaciones pueden ser de dos tipos: el procedimiento ordinario de acceso y el procedimiento urgente de acceso.

1. Entre los requisitos de necesidad siempre se entenderá incluido encontrarse en la situación o situaciones referidas y tener la edad requerida al describir la población destinataria.

2. Entre los requisitos administrativos siempre se entenderá incluido tener reconocida la situación de dependencia o riesgo de dependencia, exclusión o riesgo de exclusión, desprotección o riesgo de desprotección y/o discapacidad, cuando estas situaciones de las personas destinatarias o, en algunos servicios y prestaciones, de quienes son cuidadas por ellas- constituyan un requisito de necesidad para acceder al servicio o prestación de que se trate y con el nivel o grado indicado.

3. Cuando se indica que no existe ningún requisito administrativo adicional, se ha de entender que basta con satisfacer los requisitos referidos en el apartado anterior así como los requisitos generales de titularidad del artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales, salvo cuando se indica que no serán exigibles, conforme a lo previsto en dicho artículo.

4. Cuando se indica que no han de atenderse los requisitos de titularidad, tampoco deberán atenderse los requisitos de empadronamiento.

5. Cuando se indique que no se ha de satisfacer ningún requisito administrativo, se ha de entender que el cumplimiento de los requisitos de necesidad y, en su caso, la prescripción técnica son suficientes para facilitar el acceso al servicio, prestación o ayuda económica de que se trate.

6. Salvo que se indique lo contrario, los servicios son gratuitos.

7. Los servicios de alojamiento y centros residenciales siempre ofrecen alojamiento.

A los efectos del presente Decreto, se entiende por:

1. Vida independiente, conforme a lo previsto para las personas con discapacidad en el artículo 2, letra h del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la situación en la que la persona ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

2. Vida autónoma, la situación en la que la persona dispone de apoyos necesarios para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

3. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), las definidas en el artículo 2.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

4. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD), las asociadas a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas de la vida cotidiana, tales como: uso del teléfono, elaboración de la propia comida, realización de compras necesarias para vivir, movilidad en la comunidad, uso de medios de transporte, manejo de dinero y administración de la economía del hogar.

5. Apoyos, los recursos formales (servicios y prestaciones) e informales (de la red sociofamiliar) que se ponen a disposición de las personas a fin de mejorar su funcionamiento individual, su desarrollo y su calidad de vida, así como promover su participación activa, vida independiente y autonomía en el seno de la comunidad.

6. Accesibilidad universal, conforme a lo previsto en el artículo 2, letra k, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

7. Diseño universal o diseño para todas las personas, conforme a lo previsto en el artículo 2, letra l, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» o diseño para todas las personas no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

1. Los servicios y prestaciones económicas del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales se presentan en el anexo I agrupados, atendiendo al régimen competencial previsto en la Ley de Servicios Sociales, y se asigna a cada servicio el número que recibe en el artículo 22 de la Ley de Servicios Sociales y a cada prestación, o ayuda, económica el número que recibe en el artículo 4 del presente Decreto.

2. Considerando lo señalado en el apartado anterior, las fichas relativas a los diferentes servicios y prestaciones, o ayudas económicas, se presentan en el siguiente orden.

   1. Servicios y prestaciones, o ayudas económicas de competencia municipal:

      1. Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación.

      2. Servicio de ayuda a domicilio SAD.

      3. Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial.

      4. Servicio de apoyo a personas cuidadoras.

      5. Servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales.

      7. Servicios de atención diurna.

      8. Servicios de acogida nocturna.

      9. Servicios de alojamiento:

         1. Servicios de alojamiento / Piso de acogida.

         2. Servicios de alojamiento / Vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión.

         Servicios de alojamiento para personas mayores:

         3. Apartamentos tutelados.

         4. Vivienda comunitaria.

   2. Servicios y prestaciones, o ayudas económicas de competencia foral:

      1. Servicio de valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección.

      2. Servicios o centros de día.

         1. Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.

         2. Servicio o centro ocupacional.

         3. Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social.

      3. Centros de acogida nocturna.

         1. Centro de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.

         2. Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social.

      4. Centros residenciales.

         1. Centros residenciales para personas mayores.

         2. Centros residenciales para personas con discapacidad.

         3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental.

         4. Centros residenciales para personas menores de edad en situación de desprotección.

         5. Centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación.

         6. Centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres.

      5. Servicio de respiro.

      6. Servicio de coordinación a urgencias sociales.

      7. Otros servicios de atención secundaria.

         2. Servicios de soporte de la autonomía.

         2.1. Servicio de apoyo a la vida independiente.

         2.2. Servicio de ayudas técnicas (productos de apoyo) y adaptación del medio físico.

         2.3. Servicio de tutela para personas adultas incapacitadas.

         2.4. Servicio de transporte adaptado.

         3. Servicios de intervención y mediación familiar.

         3.1. Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias.

         4. Servicio de intervención social en atención temprana.

         5. Servicios de atención sociojurídica y psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres, a personas menores de edad, a personas mayores y a personas con discapacidad.

         6. Servicios de promoción y apoyo al acogimiento familiar y la adopción.

         6.1. Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimiento familiar.

         6.2. Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción.

      1. Prestaciones para facilitar la integración social y/o la autonomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de emergencia o urgencia social, dependencia o desprotección:

         1. Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP).

      2. Prestaciones para apoyar y compensar a las personas que ofrecen apoyo social informal, destinadas a las y los familiares cuidadores de personas que requieren apoyo para su desenvolvimiento autónomo e integración social.

         1. Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Personas Cuidadoras No Profesionales (PECEF).

      3. Prestaciones individuales para la adquisición de prestaciones tecnológicas para facilitar el acceso a ayudas técnicas no recuperables o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia.

         1. Ayuda económica para la adquisición de productos de apoyo no recuperables.

         2. Ayuda económica para la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y en los vehículos particulares.

   3. Servicios y prestaciones, o ayudas económicas de competencia del Gobierno Vasco:

      6. Servicio de teleasistencia.

      7. Otros servicios de atención secundaria.

         1. Servicios de información y orientación.

         1.1. Servicio de información social a la infancia y la adolescencia en situación de desprotección.

         1.2. Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo.

         3. Servicios de intervención y mediación familiar.

         3.2. Punto de encuentro familiar (PEF).

         3.3. Servicio integral de mediación familiar.

      1. Prestaciones para facilitar la integración social y/o la autonomía así como para cubrir o paliar las consecuencias económicas de las situaciones de emergencia o urgencia social, dependencia o desprotección:

         2. Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género.

3. Completa la relación de servicios y prestaciones del párrafo anterior la Prestación Económica Vinculada al Servicio PEVS (ficha 3.4.1 del anexo I), que puede ser de competencia municipal, foral o autonómica, en función de quién tenga atribuida la competencia del servicio al que se vincule.

4. En el ámbito de la atención primaria no existen servicios específicos para personas con discapacidad ni para personas con enfermedad mental.

5. El conjunto de prestaciones, o ayudas económicas y servicios de competencia municipal, más el servicio de teleasistencia, conforman el nivel de atención primaria del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y las restantes prestaciones, o ayudas económicas y servicios de competencia foral o del Gobierno Vasco, el nivel de atención secundaria.

1. Con el fin de garantizar la continuidad de la atención, el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias de coordinación con las demás administraciones públicas vascas, y con la colaboración e informe favorable del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, diseñará protocolos de derivación para aquellos supuestos en que los cambios en la situación y necesidades de atención requieran el traslado de un nivel a otro.

2. Dichos cambios y el cumplimiento de los requisitos generales, y específicos, de acceso al servicio de que se trate, que determinan la adecuación del traslado, deberán verificarse mediante la aplicación de los instrumentos, indicadores y criterios de valoración previstos en el artículo 11 y de los criterios de idoneidad previstos en el artículo 12, por la administración directamente responsable de la provisión de los servicios cuyo acceso se solicita, en coherencia con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley de Servicios Sociales y, particularmente, en su letra a.

3. Para evitar la permanencia en servicios diurnos, nocturnos o residenciales de un nivel de atención cuando resulte más idónea la atención en el otro y, en consecuencia, la inadecuada ocupación de plazas por periodos prolongados, los referidos protocolos contemplarán que, tras constatar la adecuación del traslado, se proceda al mismo antes de tres meses.

4. Los protocolos contendrán asimismo una fórmula de compensación económica para garantizar que la administración que debiera prestar la atención financie el coste incurrido por la que efectivamente la está prestando, una vez superado dicho periodo.

5. Los protocolos tendrán un carácter dinámico y flexible para adaptarse a la evolución de las necesidades de cooperación y coordinación entre ambos niveles de atención incluyendo, a tal efecto, fórmulas y cauces para su revisión periódica y, en su caso, su modificación. Dichas fórmulas y cauces se establecerán al elaborar los protocolos.