Atención Sociosanitaria

1. Es objeto del presente Decreto el desarrollo del sistema de protección y asistencia integral a las víctimas previsto en el Título III de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, así como de otras medidas de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

2. El sistema de protección y asistencia integral a las víctimas previsto en este Decreto regula las prestaciones y medidas administrativas destinadas a la reparación de los efectos dañosos de las acciones terroristas, tratando de garantizar la restitución completa de lo restituible y la asistencia integral a las víctimas en todos los aspectos necesarios para la recuperación de su vida social normalizada.

3. El ámbito de aplicación del sistema de protección y asistencia integral es el definido en el artículo 2 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, correspondiendo los derechos y prestaciones a las víctimas directas de las acciones terroristas y a sus familiares o allegados en los términos que se expresan en cada caso.

4. Las prestaciones y ayudas contempladas en este Título son compatibles con cualesquiera otras ayudas que los interesados puedan recibir de otras administraciones, siempre que la suma de las mismas no suponga la superación del importe del daño, sobrefinanciación de la actividad a subvencionar o duplicación del contenido de la concreta modalidad de ayuda que se conceda.

1. La aplicación del sistema de asistencia integral atenderá prioritariamente a los siguientes principios y finalidades de conformidad con el artículo 5.2 de la Ley 4/2008, de 19 de junio:

   1. Procurar, en la medida de lo posible, la devolución a la víctima a la situación anterior a la provocación del daño.

   2. Favorecer el restablecimiento de la libertad, identidad, vida familiar, social y política de la víctima.

   3. Promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la reincorporación a su empleo en condiciones adecuadas o, en su caso, el cambio de residencia y una política favorable a su integración laboral.

   4. Garantizar la accesibilidad a las prestaciones del sistema de protección y asistencia con la máxima celeridad requerida por la situación de la víctima.

   5. Atender a los distintos ámbitos que afectan a la vida cotidiana de la víctima, para la creación de condiciones de bienestar que palien el daño ocasionado por el acto terrorista en estos ámbitos.

2. La instrucción y resolución de los procedimientos estará presidida por los principios siguientes:

   1. Principio de trato favorable a las víctimas, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad y desigualdad en que puedan encontrarse, procurando que el procedimiento no dé lugar a nuevos procesos traumáticos.

   2. Principio de celeridad, evitando trámites formales que alarguen o dificulten el reconocimiento de las ayudas o prestaciones. En este sentido, no se requerirá aportación documental al interesado para probar hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los archivos o antecedentes de la administración actuante.

   3. Principio de inmediación, para lo cual se procurará que la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo constituya el cauce preferente de relación directa con las víctimas, de presentación de solicitudes y de intermediación con las instituciones gestoras de las distintas prestaciones y ayudas, que contempla el presente Decreto.

   4. Principio de colaboración interinstitucional y lealtad institucional.

1. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Departamento de Interior es el órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente para coordinar y, en su caso, tramitar y resolver las solicitudes de las prestaciones reparadoras y asistenciales reguladas en la Ley 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, correspondiéndole a tal efecto las atribuciones previstas en el artículo 25.1 de la misma.

2. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo elaborará, de conformidad con la Disposición Adicional Tercera de la Ley 4/2008, de 19 de junio, un protocolo de actuación inmediata que contemple tanto la asistencia psicológica como la información y orientación en relación con los derechos y beneficios establecidos en esa Ley y con aquellas otras normas que concedan algún tipo de beneficio a los afectados por las acciones terroristas.

3. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo dispensa asistencia directa y personalizada a las víctimas con relación a las prestaciones, servicios y recursos integrantes del sistema de protección y asistencia integral; les facilita información de otros recursos existentes en otras Administraciones; procura su orientación en función de sus necesidades, asesorándolas sobre los trámites necesarios y su cumplimentación, y derivándolas, en su caso, a los órganos competentes.

4. Corresponde a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo la tramitación y resolución de las solicitudes de prestaciones reparadoras y asistenciales previstas en los siguientes capítulos y apartados de este Decreto:

   1. Las actuaciones para el resarcimiento por daños materiales del Capítulo II;

   2. Las ayudas para prevención de daños materiales del Capítulo III;

   3. Las ayudas para la asistencia jurídica del Capítulo IV;

   4. Las ayudas económicas para la financiación de gastos por implante de prótesis contemplados en el artículo 22 y la financiación del tratamiento psicológico prestado por profesionales privados del artículo 23 y siguientes del Capítulo V.

   5. Las ayudas para sufragar otros gastos académicos contempladas en el artículo 29 del Capítulo VI.

   6. Las ayudas económicas para la financiación de los gastos de alquiler de vivienda provisional contempladas en el artículo 37.

5. Igualmente le corresponde la tramitación de los expedientes previstos en el Capítulo X de este Decreto.

6. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo participará en la elaboración de los proyectos de disposiciones normativas, programas y planes de actuación que se elaboren por otros órganos del Gobierno Vasco relativos a las materias contenidas en los capítulos VI, VII, VIII y IX de este Decreto.

7. El reconocimiento de los beneficios y prestaciones reguladas en los capítulos V, VI, VII, VIII y IX requerirá de informe preceptivo de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que será vinculante respecto a la concurrencia de la condición de víctima o beneficiario.

8. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo arbitrará las medidas precisas para procurar otras prestaciones y ayudas de carácter asistencial, tales como la asistencia psicosocial o el acompañamiento personal a los juicios penales, por medio de otras instituciones u organizaciones públicas o privadas.

9. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo efectuará el seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema integral de protección y asistencia a las víctimas del terrorismo.

   A tal fin elaborará un informe anual, para lo cual recopilará la información relativa a las actuaciones llevadas a cabo por los distintos Departamentos del Gobierno Vasco y otras instituciones en materias relacionada con la víctimas del terrorismo, en lo que se refiere a la investigación, sensibilización, prevención, atención, asistencia y recuperación de las víctimas, así como el resultado de su seguimiento y evaluación.

   Dicho informe se remitirá al Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, así como al Consejo de Gobierno y al Parlamento Vasco.

1. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo subvencionará el coste de instalación de sistemas de seguridad adecuados en viviendas, establecimientos y vehículos a las personas físicas o jurídicas que padezcan acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas en los términos fijados en el artículo 17 de la Ley 4/2008, de 19 de junio y este Capítulo.

2. Podrán ser beneficiarias de la presente ayuda las personas físicas o jurídicas domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi que padezcan acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas conforme acredite el órgano competente de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior, y que cumplan con el resto de obligaciones para ser beneficiario de subvenciones o ayudas públicas de conformidad con la normativa vigente.

3. La subvención contemplada en este Capítulo, de carácter no reintegrable, consistirá en el abono de un porcentaje del costo de la instalación del sistema de seguridad, con un límite máximo de 100.000 euros por beneficiario. Quedan excluidas de la subvención las medidas de seguridad obligatorias por la normativa vigente.

4. El importe subvencionable se determinará atendiendo a la siguiente escala:

   Tramo de coste Porcentaje subvencionable

   De 0 a 5.000 euros 100%

   De 5.001 a 20.000 euros 75%

   De 20.001 en adelante 50%

5. La subvención será compatible con cualesquiera otras ayudas que los interesados puedan recibir, siempre que la suma de las mismas no supere el importe del costo de la instalación de los sistemas de seguridad.

1. El procedimiento para el otorgamiento de la ayuda regulada en este Capítulo se iniciará mediante solicitud del interesado, y se acompañará de los datos y documentos siguientes:

   1. Copia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento acreditativo de su personalidad.

   2. Relación de medidas de seguridad a implantar y su presupuesto.

   3. Importe de las ayudas que hubiera recibido por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas, o declaración por la que se compromete a comunicarlas.

   4. Compromiso de facilitar cuantas actuaciones de fiscalización se promuevan desde los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en esta materia.

   5. La documentación específica que, en función de la ayuda solicitada, se señale en el correspondiente modelo normalizado de solicitud que se pondrá a disposición de los solicitantes en la página web www.euskadi.net.

2. Cuando falte un dato o un documento preceptivo se requerirá al interesado para que subsane la omisión en el plazo de diez días, pudiendo tenerle por desistido si así no lo hiciera, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados, pudiendo solicitar la documentación complementaria o la práctica de los actos de instrucción necesarios para la resolución del expediente.

2. Recibida la solicitud y comprobada su documentación, la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo instará al órgano competente de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior para que analice la situación de riesgo e informe sobre la existencia para el solicitante de una situación de acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas, y sobre la adecuación e idoneidad las medidas concretas de seguridad solicitadas. Dicho informe tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes.

1. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo resolverá la solicitud de ayuda atendiendo a lo que resulte de la instrucción del procedimiento, pudiendo sus resoluciones ser recurridas en alzada ante el Consejero de Interior.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución correspondiente será de dos meses e improrrogable.

3. Transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado y notificado la resolución, ésta se entenderá estimatoria, a los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. El pago de la subvención correspondiente se devengará una vez acreditadas documentalmente ante la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo las facturas de los gastos abonados.

1. Las personas que resulten directamente perjudicadas por acciones terroristas o, en caso de fallecimiento a consecuencia de las mismas, sus familiares en primer grado y cónyuges podrán solicitar de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo subvención para afrontar los gastos necesarios para la defensa y representación jurídica en el ejercicio de la acción acusatoria en los procesos penales en los que se juzgue el delito que dio origen a tales supuestos.

2. Las subvenciones a que se refiere el apartado anterior de este artículo serán incompatibles con las que, por igual concepto, se puedan devengar con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

3. La cuantía de las subvenciones por esta asistencia, no podrá superar las tarifas establecidas, por clases de procedimientos en la normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. Si en la sentencia que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas a favor de la víctima o de quien ejercitase la acción acusatoria, una vez obtenido dicho pago deberán devolverse las cantidades percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso.

5. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado, que se acompañará de los documentos siguientes:

   1. Copia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento acreditativo de su personalidad.

   2. Descripción de la ayuda solicitada.

   3. Copia del personamiento en el oportuno procedimiento judicial.

   4. Aceptación por el Abogado y procurador de su elección de la representación y defensa en juicio.

   5. Importe de las ayudas que hubiera recibido por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas, o declaración por la que se compromete a comunicarlas.

   6. Compromiso de facilitar cuantas actuaciones de fiscalización se promuevan desde los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en esta materia.

6. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados, pudiendo solicitar la documentación complementaria o la práctica de los actos de instrucción necesarios para la resolución del expediente.

7. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo dictará y notificará la resolución de la solicitud de ayuda en el plazo máximo de seis meses. Sus resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Consejero de Interior.

8. El pago de la subvención correspondiente a las actuaciones de defensa y representación se devengará una vez acreditada documentalmente ante la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo la intervención profesional realizada, previa presentación de las facturas de los gastos necesarios para la defensa y representación jurídica en el ejercicio de la acción acusatoria abonados.

1. Quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos derivados de una acción terrorista tendrán acceso a cuantas prestaciones sanitarias sean necesarias para recuperar lo mejor posible las condiciones anteriores al hecho causante.

2. Dicha atención sanitaria se prestará con los recursos adscritos del sistema sanitario de Euskadi o se financiará por el departamento competente en materia de sanidad cuando por urgencia vital la atención se hubiere realizado en centros privados no concertados.

3. No obstante, si las necesidades del paciente así lo aconsejaran y la idoneidad del tratamiento estuviera objetivamente justificada, pero no tuviera cabida dentro de la red sanitaria pública, podrán autorizarse tratamientos médicos facilitados fuera de ese ámbito.

   El coste de dichos tratamientos y los gastos generados por el acompañamiento del enfermo en tal caso será por cuenta del departamento competente en materia de sanidad, en las condiciones y con los límites previstos en la normativa vigente en materia de financiación de prestaciones sanitarias fuera de la red sanitaria pública y en materia de compensaciones por desplazamientos.

   La tramitación de las solicitudes referidas en este apartado se sustanciará por el procedimiento y los órganos previstos en la normativa vigente en materia de financiación de prestaciones sanitarias fuera de la red sanitaria pública y en materia de compensaciones por desplazamientos.

   Cuando el beneficiario careciese de cobertura ordinaria en el sistema público de salud, el órgano de instrucción recabará informe a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que será vinculante respecto a la concurrencia de la condición de víctima o beneficiario de las prestaciones.

1. La Administración cubrirá la totalidad de los gastos generados por el implante de prótesis o mejoras periódicas de las mismas, así como los gastos derivados de la necesidad de rehabilitación, con independencia de si estuvieren o no incluidos dentro de los parámetros de protección sanitaria ordinaria.

   El implante de prótesis debe derivar de daños personales físicos consecuencia de una acción terrorista.

2. Cuando dichos gastos no estuvieren incluidos dentro de los parámetros de protección sanitaria pública ordinaria, el interesado podrá dirigir la solicitud de su abono a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, acompañando la siguiente documentación:

   1. Copia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento acreditativo de su personalidad.

   2. Certificado expedido por facultativo del Servicio vasco de salud en el que conste la necesidad del implante, su mejora y, en su caso, la rehabilitación, así como que el mismo no está cubierto dentro de los parámetros de protección sanitaria pública ordinaria.

   3. Importe de las ayudas que hubiera recibido por parte de otras administraciones o instituciones públicas o privadas, o declaración por la que se compromete a comunicarlas.

   4. Compromiso de facilitar cuantas actuaciones de fiscalización se promuevan desde los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en esta materia.

3. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados, pudiendo solicitar la documentación complementaria o la práctica de los actos de instrucción necesarios para la resolución del expediente.

4. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo dictará y notificará la resolución de la solicitud de ayuda en el plazo máximo de seis meses. Sus resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Consejero de Interior.

   Transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado y notificado la resolución, ésta se entenderá estimatoria, a los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. El pago de la subvención correspondiente se devengará una vez acreditadas documentalmente ante la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo las facturas de los gastos abonados.

1. La asistencia psicológica, incluida la psicosocial y la psicopedagógica, dirigida a superar los efectos de tal naturaleza derivados de la acción terrorista será dispensada a cualquier persona que acredite su necesidad mediante certificación en tal sentido expedida por facultativo público, pudiendo la persona interesada optar para el tratamiento psicológico prescrito entre los medios públicos adscritos al sistema sanitario de Euskadi; aquellos concertados por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo o los privados por ella escogidos.

   La Administración sanitaria propiciará la creación, dentro de la red de salud mental del sistema público de salud, de recursos especializados para el tratamiento psicológico en caso de acciones terroristas, así como de sus secuelas.

2. Para acceder a las ayudas económicas para la financiación del tratamiento psicológico prestado por profesionales privados al que se refiere el artículo 19 de la Ley 4/2008, será exigible:

   1. Que la necesidad del tratamiento derive de acciones terroristas cometidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi o que pese a haber acaecido fuera del mismo, la persona afectada estuviera domiciliada en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

   2. Que se acredite la necesidad del tratamiento mediante certificación en tal sentido expedida por facultativo del Servicio Público de Salud.

      La ayuda económica se concederá previa al tratamiento y directamente al beneficiario y sufragará el coste del tratamiento prescrito, con un límite máximo de 3.500 euros por tratamiento individualizado, sin perjuicio de que extraordinariamente pueda ampliarse la ayuda concedida a la vista de la evolución del diagnóstico médico.

      La ayuda económica se percibirá por trimestres vencidos, previa presentación de las facturas de los gastos y honorarios abonados.

3. Para ejercitar el derecho a la prestación referida en el párrafo antecedente se seguirá el siguiente procedimiento:

   1. El interesado, o sus padres o tutores en el caso de menores de edad o incapacitados, se dirigirán a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo solicitando la correspondiente ayuda y acompañando un informe expedido por facultativo público en el que se describa con precisión la situación o diagnóstico del paciente, el tratamiento aconsejable y su duración aproximada.

   2. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados, pudiendo solicitar la documentación complementaria o la práctica de los actos de instrucción necesarios para la resolución del expediente.

4. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo dictará y notificará la resolución de la solicitud de ayuda en el plazo máximo de seis meses. Sus resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Consejero de Interior.

   Transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado y notificado la resolución, ésta se entenderá estimatoria, a los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo promoverá mediante programas subvencionales o convenios de colaboración, la asistencia o ayuda psicosocial a las víctimas de acciones terroristas por fundaciones públicas o asociaciones y organizaciones de voluntariado cuya finalidad sea la asistencia a las víctimas del terrorismo.

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 4/2008, de 19 de junio, serán beneficiarios de los derechos y ayudas comprendidos en el presente Capítulo:

1. Quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos de singular gravedad consecuencia de acciones terroristas, sus cónyuges o personas con las que convivan de forma permanente con análoga relación de afectividad, y sus hijos e hijas o quienes se encuentren legalmente en acogimiento familiar. Estas acciones terroristas deberán haberse cometido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi o cuando, pese a haber acaecido fuera del mismo, la persona afectada estuviera domiciliada en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. También serán beneficiarios de los derechos y ayudas regulados en este Capítulo aquellas personas referidas en el apartado anterior que hayan precisado fijar su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por circunstancias vinculadas exclusivamente a su condición de víctimas del terrorismo.

1. Las personas a las que se refiere el artículo 25 de este Decreto estarán exentas de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles académicos.

2. Dichas personas, asimismo, estarán exentas del abono de precios por servicios académicos prestados para cursar estudios conducentes a la obtención de una titulación oficial del sistema de enseñanza, sea universitaria o no universitaria; o, en su caso, recibirán ayudas para sufragar dichos servicios.

3. Los estudios deberán cursarse en Centros ubicados dentro del territorio español.

4. El límite de la ayuda, en el ámbito de la enseñanza universitaria, y de estudios de educación superior no universitaria, se corresponderá con las cantidades establecidas como precios públicos.

5. El procedimiento para la determinación del derecho será aquel que venga recogido en los Convenios bilaterales que el Departamento competente en materia de Educación, Universidades e Investigación tenga suscritos con los Centros de educación superior y Universidades. Para el resto de Centros el procedimiento se iniciará a instancia del interesando, que cursará la correspondiente petición ante el Viceconsejero del Departamento competente en materia de Educación, Formación Profesional y Universidades. El órgano competente dictará y notificará la resolución de la solicitud de ayuda en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado y notificado la resolución, ésta se entenderá estimatoria.

Las personas a las que se refiere el artículo 25 de este Decreto, los progenitores de quienes hayan sufrido los daños personales de singular gravedad, así como los hijos e hijas de personas amenazadas por el fenómeno terrorista que deban cambiar de domicilio por tal motivo, tendrán derecho a obtener el traslado de su expediente académico a otro centro público o concertado de la red educativa vasca durante el curso escolar correspondiente al tiempo de comisión de dicho acto.

1. Se concederán becas y ayudas a las personas a las que se refiere el artículo 25 de este Decreto, así como a los progenitores de quienes hayan sufridos los daños personales de singular gravedad, siendo de aplicación el régimen previsto en las correspondientes convocatorias anuales para cada uno de los niveles y estudios que el Departamento competente en materia de Educación, Universidades e Investigación, con las excepciones previstas en los siguientes apartados.

   1. En el cómputo de la renta familiar como límite de acceso a becas y ayudas se excluirá la cuantía de las indemnizaciones recibidas como consecuencia del acto terrorista.

   2. Al nivel de renta establecido como límite de acceso a las ayudas y becas se le aplicará para su ampliación el índice corrector de 1,75.

   3. No serán de aplicación en el primer año escolar a partir del acto terrorista los requisitos académicos referidos a calificaciones medias. En los dos años siguientes se les aplicará el índice corrector de 0,60. No obstante, en los casos en que se acredite mediante diagnóstico facultativo la existencia de problemas en el aprendizaje derivados del trastorno postraumático, se prorrogará la aplicación de este índice corrector mientras persistan dichos problemas.

2. Las personas a las que se refiere el artículo 25 de este Decreto tendrán derecho, cuando la víctima hubiera fallecido o resultara en situación de gran invalidez, a la concesión, sin más requisitos, de una plaza en régimen de gratuidad en el Complejo Educativo de Eibar para cursar las enseñanzas allí impartidas en aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta ayuda se renovará en los casos en que el afectado obtenga un rendimiento académico que en ningún caso sea inferior al que se exige con carácter general para la renovación ordinaria de las becas y ayudas anualmente concedidas por el Departamento competente en materia de Educación, Universidades e Investigación o el número de asignaturas pendientes superior en dos o más a las que se fija como máximo para cada convocatoria. Con carácter excepcional, sin embargo, podrá renovarse la ayuda por una sola vez. La obtención de esta plaza será compatible con la concesión de becas y otras ayudas, siempre que los componentes de las mismas atiendan a gastos no comprendidos en las que se contemplan en el párrafo anterior cuando en el beneficiario concurran también las condiciones y requisitos para su reconocimiento.

3. Los conceptos y cuantías subvencionables comprendidos en los párrafos precedentes serán de aplicación igualmente a niveles educativos infantiles aún cuando no vinieran comprendidos en la convocatoria ordinaria de becas y ayudas al estudio.

1. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Departamento de Interior concederá ayudas al estudio a las personas a las que se refiere el artículo 25 de este Decreto, así como a los progenitores de quienes hayan sufrido los daños personales de singular gravedad, para el abono de los precios por servicios académicos a que hagan frente para cursar estudios no conducentes a la obtención de una titulación oficial del sistema de enseñanza, en los siguientes términos:

   1. Los estudios deberán cursarse en centros de enseñanza reconocidos como tal en el correspondiente registro de centros docentes y ubicados dentro del territorio español.

   2. Anualmente sólo se sufragará un curso académico.

   3. Se subvencionará el 50% del curso solicitado, con un máximo de 1.200 euros por curso académico. No obstante, excepcionalmente, atendiendo a la necesidad del beneficiario derivada de su particular situación económica y personal, podrá sufragarse la totalidad de los gastos académicos, siempre con el señalado límite de 1.200 euros.

   4. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo dictará y notificará la resolución de la solicitud de ayuda en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado y notificado la resolución, ésta se entenderá estimatoria.

2. El período de solicitud de las ayudas previstas en este artículo, se corresponderá con el primer trimestre del curso para el que se requiera la ayuda.

3. La cantidad máxima a percibir durante toda la carrera académica del beneficiario será de 5000 euros.

1. Las administraciones educativas establecerán programas específicos para que los alumnos y alumnas víctimas del terrorismo puedan recibir la atención y apoyo personalizado necesario para realizar adecuadamente sus estudios.

2. Serán beneficiarios de la asistencia psicopedagógica los alumnos y alumnas de enseñanza no universitaria que, como consecuencia de un acto terrorista del que hayan sido víctimas ellos, sus familias o personas con quienes convivan, hayan sufrido traumas psíquicos o problemas para el aprendizaje o en su adaptación al ambiente.

3. La prestación de la asistencia correrá a cargo de los equipos multiprofesionales dependientes del Departamento competente en materia de Educación, Universidades e Investigación dentro de las actuaciones que se lleven a cabo dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales.

El departamento competente en materia de empleo y formación establecerá las medidas necesarias para facilitar la inserción laboral de quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos de singular gravedad como consecuencia de un acto terrorista, así como de sus progenitores, cónyuges o personas con las que convivan de forma permanente con análoga relación de afectividad, y de sus hijos e hijas. A tal fin promoverá un sistema integral e integrado de acompañamiento, de acceso gratuito, que se activará en el momento en que se produzca su derivación desde la Dirección de la Atención a las Víctimas del Terrorismo y que permitirá desarrollar actuaciones específicas en materia de:

1. Orientación para el empleo, con el objeto de mejorar su ocupabilidad o reorientar, en su caso, su vida profesional, a partir de un plan personalizado de inserción laboral.

2. Formación para la mejora de sus competencias y cualificación profesional.

1. El departamento competente en materia de empleo y formación establecerá las medidas necesarias para facilitar la inserción laboral de quienes tengan dificultades de tal índole como consecuencia de un acto terrorista, promoviendo actuaciones específicas en materia de:

   1. Intermediación en el mercado de trabajo.

   2. Fomento de su contratación laboral por parte de las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

   3. Medidas que promuevan su incorporación a las empresas que contraten con la Administración autonómica y su sector público en aplicación de cláusulas sociales en la ejecución de dichos contratos.

   4. Apoyo a la creación de empresas.

2. Las administraciones públicas vascas arbitrarán medidas de discriminación positiva en el acceso al empleo público para las personas víctimas del terrorismo, en los supuestos y de conformidad con lo que establezcan las bases del régimen estatutario de los empleados públicos.

1. El personal incluido en el ámbito definido en el artículo 2.1 de la Ley 6/1989, de 6 de junio, de Función Pública Vasca, además del personal docente y el personal estatutario sanitario que resulte ser víctima de daños personales físicos o psicofísicos de singular gravedad derivados de acciones terroristas, tendrá, cuando se acredite motivadamente la necesidad, en consideración a su condición y circunstancias particulares, los siguientes derechos:

   1. El derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura, cuando para hacer efectiva su protección o para recibir asistencia se vea obligado a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.

      En cualquier caso, la persona deberá reunir los requisitos y condiciones que, para el desempeño del puesto de trabajo, establezcan las Relaciones de Puestos de Trabajo.

   2. La excedencia, para hacer efectiva su protección o recibir asistencia, sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñara, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de la Seguridad Social que le sean de aplicación. Dicha reserva podrá ser prorrogada por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho.

      Durante los dos primeros meses de esta excedencia tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras.

   3. La consideración de justificadas de las faltas de asistencia, totales o parciales, cuando tuviera que ausentarse de su puesto de trabajo en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o salud, según proceda.

   4. El derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la administración pública competente en casa caso.

2. En la tramitación y resolución de los procedimientos relativos al reconocimiento de los derechos comprendidos en este Capítulo, se garantizará el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona así como la confidencialidad de la información relacionada con las personas afectadas, debiendo realizarse por los órganos competentes en materia de personal un correcto tratamiento de la información así como guardar debida reserva de la misma.

3. El órgano competente para la resolución solicitará de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo que dictamine sobre las circunstancias que concurran en la persona solicitante. Dicho informe será vinculante respecto a la concurrencia de tales circunstancias.

Las ayudas económicas relativas al resarcimiento de los gastos por adaptación de vivienda a las personas que, a consecuencia de una acción terrorista, sufran una incapacidad que haga aconsejable la adaptación de su vivienda habitual, se regirán por lo dispuesto en la normativa sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda, con las peculiaridades siguientes:

1. No se les exigirá el cumplimiento de los requisitos de ingresos previstos en dicha normativa.

2. Se les subvencionará el 100% del presupuesto protegible correspondiente a las obras particulares de tipo 3, adecuación de la vivienda.

3. Se requerirá informe de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que resultará vinculante respecto a la condición de beneficiario de la ayuda a la luz de lo dispuesto en este precepto.

1. El acceso, la permuta y la descalificación de viviendas de protección oficial a personas que tengan especiales necesidades de vivienda derivadas de manera directa o indirecta de una acción terrorista se regirá por lo previsto en la normativa reguladora de dichas viviendas, con las peculiaridades contenidas en este artículo.

2. En todo caso, el Departamento competente en materia de vivienda deberá recabar informe de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo sobre la conexión de las especiales necesidades de vivienda con el fenómeno terrorista, así como sobre los requisitos que deban ser razonablemente objeto de exención, o sobre la conveniencia de la permuta o de la descalificación, según los casos. Dicho informe será vinculante en lo que atañe a la condición del beneficiario.

3. Se podrá eximir a las personas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo del cumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en la normativa reguladora del acceso a las viviendas de protección oficial.

4. El Departamento competente en materia de vivienda podrá permutar o intercambiar la vivienda de protección oficial de que disponga la persona en la que concurran las circunstancias referidas en el párrafo 1 de este artículo y así lo solicite, por otra vivienda del parque de viviendas de protección oficial, siempre que existieran viviendas disponibles de tal índole.

5. La descalificación de viviendas de protección oficial se concederá cuando se cumplan las siguientes condiciones:

   1. Sus titulares precisan fijar su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por circunstancias vinculadas exclusivamente a su condición de víctimas del terrorismo.

   2. Sus titulares no pueden legalmente acceder a una vivienda de protección pública en la Comunidad Autónoma de destino.

   3. El precio máximo de transmisión de la vivienda de protección pública es ostensiblemente inferior al precio medio de adquisición de una vivienda de las mismas características en el mercado libre de la Comunidad Autónoma de destino.

No tendrán la consideración de ocupadas las viviendas libres habituales de las personas en las que concurran las condiciones previstas en el párrafo 1 del artículo 35, a los efectos previstos en el artículo 3.1 del Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el que se promueve e impulsa el «Programa de Vivienda Vacía», se establece su régimen jurídico y se encomienda su gestión a la Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. / Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA» (Visesa), en los casos en que la Dirección de Atención a las Víctimas de Terrorismo emita informe vinculante sobre la condición del beneficiario.

1. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo contribuirá a sufragar los gastos de alquiler que origine el alojamiento provisional de aquellas personas que se vean obligadas a abandonar su vivienda habitual por sufrir acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas.

2. Podrán ser beneficiarias de la presente ayuda las personas físicas que padezcan acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas conforme acredite el órgano competente de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior.

3. La subvención contemplada en este artículo alcanzará los gastos del alquiler de una vivienda de similares características a la abandonada en el mismo o distinto municipio hasta la formalización de la venta de la vivienda habitual y en todo caso durante un periodo máximo de tres meses.

4. El procedimiento para el otorgamiento de la ayuda regulada en este artículo se iniciará mediante solicitud del interesado dirigida a la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, acompañada de la documentación específica que se señale en el correspondiente modelo normalizado de solicitud que se pondrá a disposición de los solicitantes en la página web www.euskadi.net.

5. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo realizará de oficio los actos de instrucción necesarios para la resolución del expediente y, en todo caso, instará al órgano competente de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior para que informe sobre la existencia de una situación de acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas padecida por el solicitante. Dicho informe tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá evacuarse en el plazo máximo de 10 días.

6. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo dictará y notificará la resolución de la solicitud de ayuda en el plazo máximo de seis meses. Transcurrido el plazo máximo sin haberse dictado y notificado la resolución, ésta se entenderá estimatoria a los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2008, de 19 de junio, el Consejero de Interior podrá excepcionalmente proponer de oficio al Consejo de Gobierno la concesión de subvenciones directas a las víctimas del terrorismo como ayudas extraordinarias con el fin de paliar situaciones o estados de necesidad personal o familiar, evaluables y verificables, no amparadas en la regulación del presente Decreto o cubiertas de forma notoriamente insuficiente para subvenir la perentoriedad.

2. A tal fin la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo podrá elevar al Consejero de Interior propuestas en tal sentido motivando el estado de necesidad personal o familiar, su perentoriedad, así como la inexistencia de prestaciones o ayudas o la insuficiencia notoria de las existentes.

3. La ayuda prestada habrá de ser proporcionada y adecuada al estado de necesidad que se pretende subvenir y se tramitará por el procedimiento previsto para las subvenciones directas.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2008, de 19 de junio, en supuestos de perentoria necesidad, a instancia de parte, la Administración competente podrá anticipar fondos a los afectados por actos terroristas, para atender los gastos derivados de las necesidades inmediatas, hasta la percepción de las correspondientes ayudas ordinarias o extraordinarias.

2. En tales casos, se instruirá un expediente con el carácter de urgencia, en el que, comprobado el nexo causal entre los daños producidos y el acto terrorista, y verificada la titularidad del derecho a la ayuda o prestación, se dictará la resolución correspondiente sobre la cantidad que debe ser anticipada, cuya cuantía no excederá el 70% de la cantidad que previsiblemente pudiera corresponder en la resolución que acuerde su concesión.

3. Tales anticipos podrán librarse como pagos a justificar y, en todo caso, serán a cuenta de las ayudas que se concedan posteriormente.

Dado el carácter de la presente norma reguladora, indefinido en el tiempo, condicionado por la existencia de previsión presupuestaria y el acaecimiento de hechos inciertos, se podrán presentar solicitudes durante todo el ejercicio correspondiente, atendiendo en todo caso a los límites temporales fijados en el Decreto.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2010.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

El Consejero de Interior,

RODOLFO ARES TABOADA.

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

El Consejero de Sanidad y Consumo,

JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA.