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Es objeto del presente Decreto regular la realización, el depósito y el registro de las declaraciones patrimoniales a que se refiere el artículo 6 de la Ley 5/1997, de 30 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, desarrollando la Disposición Final Segunda de la misma.

1. – El Consejero de Interior y aquellas autoridades que, de conformidad con la Ley 5/1997, de 30 de mayo, tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de estos créditos presentarán, en la toma de posesión de sus cargos y anualmente entre el 15 de junio y el 15 de julio, una declaración sobre su situación patrimonial.

2. – Las declaraciones se efectuarán con el contenido y en la forma que se expresa en los artículos siguientes, siendo el obligado a presentar la declaración el responsable de la veracidad y actualidad de los datos que cumplimente, para lo cual acompañará un escrito en este sentido.

En la declaración se expresarán la relación de los bienes, derechos y obligaciones que posean, los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias y cualquier otro título con contenido económico que integre su patrimonio.

Se acompañarán también las copias correspondientes a los impuestos sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, sobre el patrimonio de cada ejercicio.

1. – Las autoridades facultadas para acceder a créditos destinados a gastos reservados efectuarán sus declaraciones ante el Consejero de Interior, a requerimiento de éste, y las introducirán en un sobre que se cerrará y sellará ante el citado Consejero.

2. – El Consejero de Interior realizará su declaración ante el Secretario del Gobierno y la introducirá en un sobre que se cerrará y sellará ante el mismo.

   Su declaración se unirá a la del resto de las autoridades, introduciéndose en un sobre que se presentará en el Registro de bienes y derechos patrimoniales previsto en este Decreto.

3. – La totalidad de las declaraciones y, en su caso, la subsanación de las mismas, serán depositadas en el Registro.

1. – Se crea el Registro de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades que tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de créditos destinados a gastos reservados en el que se depositarán y registrarán las declaraciones a que se refiere el artículo 3 de este Decreto.

2. – El Registro se adscribe a la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno.

3. – La creación y explotación de ficheros objeto de tratamiento automatizado que se realice para la llevanza del Registro habrán de observar los límites de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, relativa al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

1. – El Registro tiene carácter reservado y, como tal, sólo podrán acceder al mismo, de conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 5/1997, de 30 de mayo, los tribunales de justicia y los parlamentarios elegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de dicha Ley.

2. – El personal que preste servicios en dicho Registro tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos de informaciones que conozca por razón de su trabajo.

«6.– Se adscribe a esta Dirección el Registro de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades que tengan acceso a la utilización de fondos procedentes de créditos destinados a gastos reservados.»

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 1997.

El Vicepresidente del Gobierno,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Interior,

JUAN MARÍA ATUTXA MENDIOLA.