Atención Sociosanitaria

1. El Registro previsto y regulado en los artículos 15 a 18 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi (en lo sucesivo, «Ley 11/2019, de 20 de diciembre») se estructura como una función adscrita a la dirección competente en materia de cooperativas del departamento competente en materia de trabajo del Gobierno Vasco.

   Sin perjuicio del carácter unitario del Registro, las delegaciones territoriales de dicho departamento ejercerán las funciones relativas a las habilitaciones, legalizaciones y depósitos de cuentas, en los términos establecidos en el presente reglamento.

2. El Registro, de carácter jurídico, se configura como un servicio público, de funcionamiento gratuito, para los ciudadanos y ciudadanas y las entidades interesadas en acceder al mismo, previa acreditación de dicho interés.

1. El Registro será competente respecto a las cooperativas de primer, segundo o ulterior grado, grupos cooperativos y cooperativas mixtas, cuando, estando domiciliadas en el territorio de la CAPV su actividad cooperativizada principal se desarrolle en dicho territorio.

2. Asimismo, será competente respecto a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas u otras entidades asociativas que agrupen mayoritariamente a sociedades y agrupaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3. La inscripción en el Registro será meramente potestativa cuando, de conformidad con el artículo 152.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se trate de entidades, personificadas o no, pero con finalidad económica, distintas de las previstas en el número 1 de este artículo y constituidas, en su mayoría, por cooperativas reguladas en la citada Ley.

1. El Registro tendrá las siguientes funciones:

   1. Calificar, inscribir y certificar los actos que, según la normativa vigente, deban acceder al Registro, de todas las entidades relacionadas en el artículo 2 del presente reglamento.

   2. Habilitar, en los casos en los que proceda, así como legalizar los libros obligatorios.

   3. Recibir el depósito de las cuentas anuales y la certificación de los acuerdos correspondientes de las cooperativas a las que se refiere el apartado a) del artículo 17 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   4. Expedir certificaciones sobre la denominación de las entidades cooperativas.

   5. Resolver consultas sobre las materias que sean de su competencia.

   6. Asesorar a las personas promotoras de nuevas cooperativas, y a las personas administradoras y asesoras de las ya constituidas, sobre las dudas, insuficiencias u otros defectos de los documentos presentados a calificación e inscripción, anotación o depósito.

   7. Cualquier otra función que le atribuyan la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, este reglamento, o sus normas de desarrollo.

2. El Registro utilizará sistemas basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión de los procedimientos de inscripción y publicidad registral.

3. Sin perjuicio del carácter jurídico de las resoluciones y efectos de la actividad del Registro, este se constituye, además, como un instrumento activo de fomento cooperativo. En consecuencia, en el ejercicio de sus funciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios de actuación:

   1. En caso de duda, las normas se interpretarán en el sentido más favorable para la autenticidad, desarrollo y continuidad de la cooperativa.

   2. Se considerará de interés social la creación de nuevas cooperativas, sea por constitución, fusión, escisión, segregación o transformación, así como la reactivación de las existentes. Es por ello que estos casos tendrán prioridad a efectos del despacho de expedientes.

   3. Si la formulación planteada por las personas promotoras no es ajustada a derecho, la resolución denegatoria podrá incorporar, cuando la complejidad del expediente así lo requiera, una nota informativa con algunas opciones válidas, a título enunciativo y orientador.

   4. El Registro colaborará con la Confederación de Cooperativas de Euskadi y otras organizaciones representativas para la elaboración de modelos orientativos y no vinculantes de los documentos de más frecuente utilización ante el Registro.

   5. Cuando las personas interesadas lo soliciten o cuando, por razón del ámbito, características del censo social u otros datos objetivos derivados del expediente parezca oportuno se emitirá, además de la resolución registral, un anexo o nota explicativa de los conceptos o términos jurídicos en el lenguaje más llano posible y del alcance y contenidos de dicha resolución, pudiendo incluso añadir ejemplos ilustrativos.

4. Competencia.

1. Las resoluciones sobre calificación e inscripción le competen a la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

   A la persona responsable de la asesoría jurídica de la dirección competente en materia de cooperativas, le corresponderá la emisión de la publicidad registral, salvo que se deniegue la solicitud de publicidad, en cuyo caso resolverá la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas; y la llevanza de las hojas registrales, firmando los asientos que haya resuelto inscribir la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

   En ausencia de la persona funcionaria técnica indicada en el párrafo anterior sus funciones las asumirá la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas. En este último caso, la resolución que se dicte se realizará a propuesta de una persona funcionaria técnicamente cualificada de la propia dirección.

2. Respecto de las resoluciones sobre denominaciones societarias, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 93.2 del presente reglamento, compete a la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

   La persona funcionaria técnica a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 anterior emitirá los certificados correspondientes.

3. Compete a la persona titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo, del domicilio social de la cooperativa, resolver las solicitudes relativas a las habilitaciones, legalizaciones y depósitos de cuentas y la firma de asientos de los correspondientes libros ficheros de habilitaciones y legalizaciones y de depósitos de cuentas.

   La emisión de la publicidad registral corresponderá a la persona funcionaria técnica que tenga asignada la tramitación del depósito de cuentas de las cooperativas, salvo que se deniegue la solicitud de publicidad, en cuyo caso resolverá la persona titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo.

4. A los efectos del artículo 17 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, las respuestas a las consultas formuladas se resolverán por la persona titular de la dirección competente en materia de cooperativas.

La eficacia del Registro está definida por los principios de publicidad material y formal, legalidad, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.

1. La inscripción en el Registro será obligatoria cuando así lo disponga la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, o el presente reglamento.

2. Con carácter general la inscripción tendrá efectos declarativos. Sin embargo, la inscripción de los actos de constitución, fusión, escisión, segregación, disolución y reactivación de las cooperativas, así como la relativa a la transformación en una sociedad de esta naturaleza, tendrá carácter constitutivo.

3. Respecto de las inscripciones constitutivas, se considerará como fecha de presentación del documento del que se solicite su anotación, la fecha de su recepción en el Registro electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

   En el supuesto de que, para inscribir un acto de carácter constitutivo, se incoaran uno o más expedientes sucesivos, la fecha de presentación se entenderá referida a la del primer expediente.

   Dicha fecha se hará constar expresamente en el asiento correspondiente.

Los documentos sujetos a inscripción serán sometidos a calificación, que comprenderá su legalidad formal, así como la legitimación de los que los otorgan o suscriben y la validez del contenido, de lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro, de acuerdo con la legislación vigente.

1. El Registro es público. No obstante, para acceder al contenido de los asientos o de los documentos archivados o depositados en el mismo, deberá acreditarse la condición de persona interesada.

2. La publicidad se hará efectiva, previa acreditación del interés alegado por la persona que lo solicite, y para la concreta finalidad solicitada, por certificación expedida por el Registro y por los demás medios a que se refiere el número 6 de este artículo.

   La certificación es el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro o de los documentos archivados o depositados en el mismo.

3. Las certificaciones deberán solicitarse telemáticamente o mediante escrito que contenga, con claridad, los extremos objeto de certificación, y serán expedidas en el plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro, salvo en aquellos supuestos que su complejidad justifique un plazo mayor, no excediendo en ningún caso de veinte días hábiles. Solo podrán extenderse certificaciones relativas a títulos o actos ya inscritos, pero si estuviesen pendientes de inscripción podrá darse la información correspondiente, incluido el estado de tramitación, a las personas interesadas, a solicitud de las mismas.

4. La información de actos o títulos no inscritos registralmente se hará efectiva siempre que se cumpla lo dispuesto en las normas reguladoras de la protección de datos personales y en las del procedimiento administrativo común relativas al interés de terceras personas no socias en el procedimiento.

5. La certificación de asientos sucintos comprenderá los datos que consten en el archivo, de modo que sea, por sí sola, acreditativa del contenido del Registro.

   Cuando la certificación sea literal podrá realizarse mediante la utilización de fotocopias o de cualquier otro medio de reproducción.

6. La publicidad se podrá también hacer efectiva por simple nota informativa, o mediante fotocopia, u otro tipo de reproducción electrónica, reproduciendo el contenido de los asientos y de los documentos depositados en el Registro, que se expedirán con indicación del número de hojas y de la fecha en que se extiende, debidamente selladas, en el supuesto de soporte papel.

7. Las personas interesadas podrán acceder a dicha publicidad a través de los canales telemáticos que, al efecto, apruebe y habilite el departamento competente en materia de trabajo.

8. La reproducción en soporte papel o electrónico, distinto del soporte original depositado, se hará constar expresamente en la certificación o nota emitidas.

9. Los datos personales contenidos en los títulos inscritos que sean objeto de publicidad formal, serán tratados de conformidad con las normas vigentes de protección de los mismos; omitiéndose en los documentos reproducidos los que no sean necesarios a la finalidad registral.

1. Se presume que el contenido de los libros del Registro es conocido por todos, no pudiéndose invocar su ignorancia.

2. Los actos sujetos a inscripción no inscritos no producirán efectos en relación a terceras personas no socias de buena fe. La buena fe de terceras personas no socias se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito.

   No se podrá invocar la falta de inscripción en su favor por aquel que incurrió en su omisión.

1. Los asientos del Registro se presumen exactos y válidos. Producirán todos sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.

2. La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos no perjudicará los derechos de terceras personas no socias de buena fe adquiridos conforme a derecho. Se entenderán adquiridos conforme a derecho los derechos que se adquieran en virtud de acto o contrato que resulte válido con arreglo al contenido del Registro.

3. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.

1. Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él.

2. Las operaciones registrales se practicarán según el orden de presentación de los documentos siendo preferentes los que accedan primeramente al Registro sobre los que se presenten con posterioridad. Todo ello salvo los supuestos de prioridad a que se refiere el artículo 3.3 b) del presente reglamento.

1. Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto.

2. Para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad será precisa la previa inscripción de estos.

3. Para inscribir actos o contratos otorgados por personas apoderadas o personas administradoras será precisa la previa inscripción de estas.

4. La inscripción del nombramiento y cese de personas administradoras, miembros de la comisión ejecutiva, personas designadas consejeros o consejeras delegados, personas designadas directores o directoras gerentes y miembros de la comisión de vigilancia, requerirá la previa inscripción de los acuerdos anteriores que, en su caso, se hubieran producido. La misma norma se aplicará respecto a la inscripción de miembros de los órganos de los grupos cooperativos.

5. Los acuerdos adoptados por órganos sociales no inscritos durante la vigencia de su mandato, y válidamente elegidos, pueden ser inscritos si mantienen su eficacia.

   A estos efectos, el consejo rector vigente deberá expedir una certificación, relativa al nombramiento de dicho órgano social y a su legitimación para la adopción del acuerdo, con todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos.

1. Las personas gestoras de una cooperativa en constitución podrán solicitar la calificación previa del proyecto de estatutos sociales, para lo cual deberá presentarse ejemplar del acta de la asamblea constituyente, que contenga el proyecto de estatutos sociales cuya calificación previa se solicita, firmada electrónicamente por todas las personas promotoras.

   Dicha calificación se realizará con carácter general, en el plazo de treinta días desde la entrada de la solicitud en el Registro, reduciéndose a diez días para el supuesto de calificación del proyecto de estatutos sociales de una sociedad cooperativa pequeña.

2. Advertidas faltas subsanables en el proyecto estatutario por el Registro, procederá, previa resolución motivada, a su notificación a las personas gestoras para su rectificación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3. Las facultades de las personas gestoras a que se refieren los números anteriores del presente artículo solo podrán ejercitarse siempre que no exista acuerdo en contrario de la asamblea constituyente.

1. La escritura pública de constitución, salvo que dicha constitución se realice ante notario o notaria por todas las personas promotoras, contendrá el acta de la asamblea constituyente, que incluirá la designación de las personas facultadas para elevar a público los acuerdos.

2. Dicha escritura, salvo que se realice asamblea constituyente ante notario o notaria, habrá de ser otorgada en el plazo de dos meses desde la fecha de la asamblea constituyente, o, en su caso, desde la calificación previa y favorable del proyecto de estatutos sociales.

3. Será necesaria, en todo caso, la previa justificación de que ha sido solicitada o realizada la liquidación de los impuestos correspondientes al acto de constitución.

1. Para su inscripción en el Registro, la escritura de constitución, además de incluir, en su caso, el acta de la asamblea constituyente deberá contener, al menos, los extremos mencionados en el artículo 12.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre. En las cooperativas de vivienda, contendrá, además, el proyecto promovido, o, la manifestación por el notario o notaria autorizante, de su contenido o de detalle del mismo concerniente al número de viviendas o locales proyectados.

2. No podrá constituirse ninguna cooperativa que esté integrada por un número de personas socias, correspondientes a la clase de aquella, que sea inferior al mínimo legal. En consecuencia, no se computarán las personas socias de los restantes tipos previstos en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   Respecto de esas otras personas socias que puedan concurrir en la constitución, se especificará su naturaleza.

3. Deberá manifestarse expresamente la clase de cooperativa que desean constituir las personas promotoras.

4. El desembolso de, al menos, la aportación dineraria mínima obligatoria se acreditará mediante el resguardo o certificación de las cantidades depositadas en la entidad de crédito de que se trate, que se entregará al notario o notaria, para su incorporación a la escritura.

5. Respecto de los desembolsos pendientes, si los hubiere, y debieran efectuarse en metálico, se indicará la forma y el plazo máximo en que hayan de satisfacerse, salvo que este último dato corresponda fijarlo a la asamblea.

6. Cuando los desembolsos de las aportaciones fueran no dinerarios, deberá consignarse su valor, basado en un informe de personas expertas independientes, describiéndose los bienes y derechos que se aportan por cada persona promotora, con sus datos registrales, si los tuvieran, y el título o concepto de la aportación. Una vez inventariados, se incorporarán a la escritura.

   Respecto de los desembolsos pendientes en aportaciones no dinerarias se determinarán su naturaleza, valor y contenido, y la forma y plazo para realizarlas. Si llegado el momento no se efectuaran, se satisfará su valor en dinero.

1. Las menciones mínimas de los estatutos sociales, para su inscripción en el Registro deberán corresponder a las señaladas en el artículo 13 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, con las especificaciones reguladas en los preceptos siguientes de este reglamento.

2. Los estatutos podrán regular, además, pactos y condiciones que las personas socias estimen convenientes, siempre que no se opongan a los principios configuradores de la sociedad cooperativa, ni a las leyes. Por ello, no será válido establecer diferencias arbitrarias entre personas socias de la misma clase, sean o no personas fundadoras.

Deberá consignarse junto con la denominación elegida, exclusivamente, la indicación.

Además, la denominación se ajustará para su formación válida a lo dispuesto por el artículo 91 y siguientes del presente reglamento.

La cooperativa tendrá su domicilio social, dentro del territorio de la CAPV, en el lugar donde realice preferentemente las actividades con sus personas socias o donde centralice la gestión administrativa y la dirección empresarial. El lugar de realización preferente de las actividades corresponderá a aquel en que esté radicado su establecimiento o explotación principal; el de centralización de la gestión administrativa y la dirección empresarial deberá coincidir con el de la efectiva administración y dirección.

1. Las actividades que constituyan el objeto social se determinarán, de forma precisa y sumaria, indicando la totalidad de las que lo integran. Si se estimase conveniente aludir a los actos materiales o jurídicos necesarios para desarrollar dicho objeto, se regularán con la debida separación.

   Las actividades que integran el objeto social de la cooperativa habrán de ser desarrolladas, al menos en los aspectos básicos del compromiso cooperativo, directamente por la misma y por sus personas socias. Sin perjuicio de ello, dichas actividades podrán ser facilitadas, completadas, coordinadas o integradas de cualquier forma, por otras entidades con las que aquella coopere, o en cuyo capital participe la propia cooperativa en el marco de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre. Cuando el objeto social sea facilitado o complementado por terceras personas no socias contratadas por cooperativas de viviendas, dichos contratos deberán ser dictaminados favorablemente por el letrado asesor o asesora de dicha cooperativa.

2. En las cooperativas de segundo o ulterior grado los estatutos sociales deberán precisar las facultades transferidas desde la cooperativa de primer grado a la de segundo o ulterior grado, así como los demás extremos señalados en el artículo 146 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

1. Los estatutos habrán de contener la duración de la cooperativa.

2. En el supuesto que se establezca un plazo determinado, se especificará el mismo, indicándose su comienzo. En otro caso, se entenderá que la fecha de comienzo corresponde a la de la fecha de la escritura de constitución.

Si no se determina otra cosa respecto del momento de comienzo de las operaciones societarias, se presumirá que la cooperativa comienza sus operaciones en la fecha de la escritura de constitución.

Los estatutos podrán fijar la fecha de cierre del ejercicio social que, en ningún caso, superará el año. Si los estatutos no la fijaran, se entenderá que el ejercicio social concluye el 31 de diciembre de cada año.

Los estatutos de la cooperativa consignarán, expresamente, que la actividad cooperativizada que resulta definitoria del objeto social se lleva a cabo, con carácter principal, dentro del territorio de la CAPV.

Todo ello sin perjuicio de que, fuera de dicho territorio, aquella siempre pueda establecer libremente relaciones jurídicas con terceras personas no socias o realizar actividades de carácter instrumental o personales accesorias a su objeto social.

La cooperativa tiene por objeto prioritario la promoción de las actividades económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos.

De acuerdo con esa obligación de participación, los estatutos establecerán los módulos o normas mínimas de participación de las personas socias con suficiente claridad, de forma que permitan conocer y, en su caso, evaluar el alcance y cumplimiento de los mismos y su coherencia con el objeto social, conforme a lo establecido en el artículo 22 c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

La participación mínima o compromiso de las personas socias en las actividades de la cooperativa podrá hacerse efectiva mediante su participación directa en las actividades de la propia cooperativa o bien, siempre que así se prevea en los estatutos, en otras entidades con las que la cooperativa coopere, colabore o participe y en las que esta tenga un interés especial vinculado al objeto social. Las personas socias que participen en estas otras entidades tendrán carácter minoritario en la cooperativa de origen, salvo en situaciones de necesidad empresarial por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o de fuerza mayor.

1. La administración de la cooperativa se podrá confiar a un administrador o administradora única, cuando el número de personas socias de la cooperativa no sea superior a diez, o a un consejo rector. En el caso de la sociedad cooperativa pequeña, además, podrá confiarse a varias personas administradoras que actúen de forma solidaria o de forma mancomunada.

   En todo caso, los estatutos podrán establecer regulaciones alternativas detalladas de entre las formas de administración mencionadas en el párrafo anterior.

2. En caso de confiar la administración a un consejo rector, se indicará el número exacto, no inferior a tres, de las personas administradoras, o, al menos, su máximo y mínimo, en cuyo caso será fijado, en cada renovación, por la correspondiente asamblea general. Igualmente se indicará el plazo de duración del cargo de cada una de las personas administradoras.

3. Asimismo, se hará constar estatutariamente el modo en que debe ejercerse la representación atribuida a las personas administradoras, de conformidad con las siguientes reglas:

   1. En el caso de administrador único o administradora única, el poder de representación corresponderá necesariamente a esta persona.

   2. En caso de varias personas administradoras solidarias, el poder de representación corresponderá indistintamente a cada una de ellas.

   3. En el caso de varias personas administradoras mancomunadas, el poder de representación se ejercitará conjuntamente.

   4. En el caso de consejo rector, el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente. No obstante, los estatutos podrán atribuir, además, el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o conjunto.

      El presidente o presidenta del consejo rector y, en su caso, el vicepresidente o vicepresidenta, que lo será también de la cooperativa, ostentarán la representación legal de la misma, sin necesidad de apoderamiento específico, dentro del ámbito de las facultades que les atribuyan los estatutos y las concretas que, previo apoderamiento, y para su ejecución, resulten de los acuerdos de la asamblea general o del consejo rector.

4. Respecto de las cooperativas de segundo o ulterior grado, se expresará si las reglas sobre la agrupación, prevista en el artículo 149.2, párrafo primero de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se confían al reglamento interno; en otro caso, deberá establecerse la oportuna regulación estatutaria.

1. Cuando de forma obligatoria o voluntaria se constituya la comisión de vigilancia, conforme al artículo 53 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, los estatutos fijarán el número de miembros titulares de dicha comisión que no podrá ser inferior a tres, así como, en su caso, el de personas suplentes, la distribución de los cargos, nombrando presidente o presidenta y secretario o secretaria y establecerán el período de duración del mandato, que no coincidirá con el de las personas administradoras.

2. Cuando la cooperativa constituya otros órganos, según lo previsto en la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, antes mencionada, los estatutos deberán regular aquellos extremos que vengan exigidos por dicha normativa legal.

3. Corresponde al secretario o secretaria de la comisión de vigilancia y de los demás órganos aludidos en este precepto certificar los acuerdos que se adopten, con el visto bueno de su presidente o presidenta.

Tratándose de grupos cooperativos, deberán practicarse las siguientes inscripciones:

1. Cuando la entidad cabeza de grupo sea una sociedad cooperativa, se inscribirá esta, la cual deberá promover la inscripción de todos los actos de dicha entidad que deban acceder al Registro según el presente reglamento y además se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. En todo caso, el acuerdo de integración en un grupo, al igual que el de separación y la propia constitución del grupo, se anotarán en la hoja registral correspondiente a cada sociedad cooperativa. A tal efecto, los grupos comunicarán al Registro dichos acuerdos de integración y de separación o acompañarán a las solicitudes de inscripción del grupo los integrantes del mismo a la fecha de la solicitud.

3. Dado el carácter no constitutivo de las inscripciones registrales de incorporación a un grupo de cooperativas y de separación del mismo, estos actos y la propia existencia del grupo tendrán efectividad desde el momento en que se cumplan los requisitos sustantivos previstos en el artículo 154 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y en el presente reglamento.

1. La inscripción del nombramiento, como titulares o suplentes, de las personas administradores se efectuará mediante certificación del acta de la asamblea general con los requisitos del artículo 33 del presente reglamento.

2. Será título suficiente la certificación del acta del consejo rector, con los requisitos señalados en el punto anterior, en los siguientes supuestos:

   1. La inscripción de la distribución de cargos entre los miembros del consejo rector, si esta facultad correspondiera estatutaria o legalmente, a este órgano.

   2. La inscripción, como miembros titulares, de los suplentes inscritos.

   3. La inscripción transitoria como miembros titulares, cuando su nombramiento tenga causa en la cobertura de vacantes a la que hace referencia el artículo 43.7 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

      En los casos previstos en las tres letras anteriores, las personas suplentes desempeñarán su cargo por el período pendiente de cumplir por las personas cuya vacante cubran o hasta que se celebre asamblea general.

      Igualmente, los nombramientos referenciados en los números anteriores podrán inscribirse mediante testimonio notarial del acta o copia autorizada del acta notarial de la asamblea o del órgano de administración, o por escritura pública.

      En el supuesto de que se eligieran personas no socias deberá expresarse tal circunstancia. Puede nombrarse un secretario o secretaria que no sea consejero o consejera, pero deberá indicarse expresamente.

3. No se inscribirá el nombramiento de las personas administradoras respecto de las que no conste, explícitamente, su aceptación.

4. La asignación de la facultad certificante se determinará en función de la composición del órgano de administración.

5. La designación de una persona física para el ejercicio de las funciones propias del administrador persona jurídica, se acreditará por certificación de esta en que conste la identidad de aquella y demás circunstancias que permitan evaluar la validez del nombramiento. Deberá contener, además la aceptación de la persona física.

6. En caso de reelección de persona jurídica administradora, la persona representante anteriormente designada continuará en el ejercicio de las funciones propias del cargo, en tanto no se proceda expresamente a su sustitución.

7. El nombramiento de las personas administradoras surtirá efecto desde su aceptación, debiendo ser presentado para su inscripción en el Registro dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha de aquella.

1. La inscripción de la dimisión de las personas administradoras se practicará por cualquiera de las siguientes formas:

   1. Mediante documento firmado electrónicamente en que la persona administradora manifieste, motivadamente, su renuncia al cargo y la notificación fehaciente a la sociedad cooperativa.

   2. En virtud de certificación del acta de la asamblea general o, en su caso, del órgano de administración, con los requisitos del artículo 33 del presente reglamento.

2. En el documento en virtud del cual se practique la inscripción de la dimisión de la persona administradora, deberá constar la fecha en que esta se haya producido.

3. La inscripción del cese de las personas administradoras por fallecimiento o por declaración judicial de fallecimiento, se practicará a instancia de la sociedad o de cualquier persona interesada, en virtud de certificación del Registro Civil.

1. La inscripción de la destitución de las personas administradoras por las causas previstas en los artículos 44.2, 46.2 y 51.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se practicará en virtud de certificación del acta de la asamblea general. No obstante, también se inscribirá la suspensión temporal a que se refiere el artículo 44.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, mediante la certificación del acta de la comisión de vigilancia o, en su caso, del consejo rector.

2. Si la separación hubiese sido acordada por resolución judicial firme, su inscripción se practicará en virtud de testimonio judicial que dé cuenta de su contenido y de su firmeza.

1. La inscripción del acuerdo del consejo rector sobre la delegación de facultades y el nombramiento de los miembros de la comisión ejecutiva o de personas consejeras delegadas se realizará mediante escritura pública en la que se recoja dicho acuerdo con la descripción detallada de las facultades delegadas.

   Para inscribir tales acuerdos será precisa la constancia expresa de la aceptación de las personas designadas para desempeñar dichos cargos.

2. La modificación o la revocación de la delegación realizada se inscribirá mediante la correspondiente escritura pública que la contenga.

3. La renuncia se inscribirá en virtud de documento del renunciante, notificado fehacientemente a la sociedad cooperativa, firmado electrónicamente.

4. Las inscripciones como personas consejeras delegadas se cancelarán, de oficio, cuando se inscriba su cese como personas consejeras.

1. Se inscribirán, mediante la correspondiente escritura pública, que contendrá, en cada caso, los poderes conferidos, modificados o revocados:

   1. El nombramiento y cese, de uno o más directores o directoras gerentes.

   2. Los apoderamientos generales de otras personas, su modificación y revocación.

      En las cooperativas de vivienda en ningún caso los apoderamientos se extenderán a actos o contratos que abarquen la totalidad del cumplimiento del objeto social, ni las decisiones básicas sobre edificación y financiación y contratos con terceras personas no socias.

   3. Los apoderamientos singulares o especiales conferidos a cualquier persona, en el supuesto de que se optara por la inscripción de estos últimos, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.2 a) del presente reglamento, su modificación y revocación.

2. La escritura contendrá las facultades otorgadas por el órgano social procedente, en virtud de certificación del acuerdo que conste en el acta de la reunión correspondiente caso, por manifestación de la persona otorgante.

1. La anotación preventiva, tanto de la demanda de impugnación de acuerdos inscribibles adoptados por la asamblea general o por las personas administradoras, como de la suspensión de acuerdos sociales impugnados, se realizará mediante la correspondiente resolución judicial que la ordene, al amparo del artículo 727 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Las anotaciones preventivas se modificarán, mediante testimonio de la resolución judicial, cuando se produzca la modificación o alzamiento de las medidas cautelares a las que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Las anotaciones preventivas se cancelarán, mediante testimonio de la resolución judicial, cuando la demanda de impugnación quede desestimada en sentencia firme. También deberán cancelarse, en virtud del correspondiente testimonio de la resolución, cuando se produzca renuncia a la acción o desistimiento de la instancia.

4. La sentencia firme que declare la nulidad de todos o alguno de los acuerdos impugnados será título suficiente para cancelar la anotación preventiva y cualquier tipo de asiento registral que contenga aquellos acuerdos o sea contradictorio con la resolución judicial.

5. Podrá practicarse anotación preventiva de las resoluciones judiciales firmes que determinen la suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles, cuando el Registro constate su existencia. Dicha anotación se cancelará en los mismos casos y formas establecidos por el número 3 de este artículo.

6. En lo no previsto por los números anteriores sobre resoluciones judiciales se estará a cuanto dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil y subsidiariamente la normativa registral mercantil para las sociedades de capital en supuestos análogos.

7. En el caso de procedimientos de resolución de conflictos en las cooperativas vascas sujetos al Reglamento del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, cuando el árbitro resolviera anotar en el Registro la demanda de arbitraje que suponga la impugnación de acuerdos sociales o la suspensión de los mismos, procederá su anotación siempre que se trate de acuerdos inscribibles, en virtud de la correspondiente resolución arbitral comunicada al Registro mediante el correspondiente auxilio judicial.

   Cuando el laudo declare la nulidad de los acuerdos impugnados, se aplicará lo regulado en el número 4 precedente para las sentencias firmes.

1. La inscripción de toda modificación estatutaria se practicará en virtud de escritura pública, que contendrá:

   1. El acuerdo adoptado por la asamblea general.

   2. La transcripción literal de la nueva redacción de los artículos que se modifican o añaden como contenido del acuerdo.

   3. La acreditación de que se ha dado cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 78.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, aportando el anuncio de convocatoria de la asamblea y el informe justificativo de la modificación.

2. Cuando la modificación afecte a la denominación, al domicilio o al objeto social, la escritura pública incorporará el anuncio del acuerdo adoptado, en un periódico digital o escrito de gran circulación en el Territorio Histórico del domicilio social de la cooperativa.

   Cuando se presente a inscripción una mera modificación en la redacción del precepto estatutario que regule el objeto de la sociedad sin que ello afecte a las actividades integrantes del mismo, no será preciso acreditar su publicación en dicho periódico.

La inscripción de la modificación del cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal se practicará de idéntica forma a lo preceptuado en el artículo anterior, pudiendo ser adoptado el acuerdo, salvo previsión estatutaria en contra, por las personas administradoras.

1. La transformación de una cooperativa en una sociedad civil, mercantil o persona jurídica de cualquier clase, implica la cancelación de los asientos registrales de aquella.

2. Para la cancelación registral de los asientos de la cooperativa que se transforma, se presentará en el Registro escritura pública de transformación con acreditación, en su caso, de la inscripción en el registro correspondiente a la nueva forma social adoptada.

3. La escritura de transformación de una cooperativa deberá contener, además de las menciones legales y reglamentarias que se requieran para la constitución de la nueva sociedad en que se transforme, las siguientes:

   1. El informe establecido en el artículo 89.1 a) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   2. Acuerdo expreso y favorable de la asamblea general de la cooperativa, adoptado por una mayoría no inferior a la que proceda de las previstas en el artículo 38 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, según el quórum de personas socias presentes y representadas.

   3. Acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 89.1 b) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   4. Justificación de la publicación del acuerdo de transformación en el Boletín Oficial del País Vasco y en dos periódicos digitales o escritos de gran circulación del Territorio Histórico del domicilio social de la cooperativa.

   5. Balances a los que se refiere del artículo 89.1 e) y el último párrafo del artículo 89.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   6. Relación de personas socias que hayan hecho uso del derecho de separación, expresando el capital que representan.

   7. Acreditación de la comunicación al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi del informe de las personas administradoras a que se refiere el artículo 89.1 a) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de forma previa a la fecha de adopción del acuerdo de transformación por la cooperativa.

   8. Informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre la puesta a su disposición del Fondo de Reserva Obligatorio, así como otros fondos irrepartibles, a los que se refiere el artículo 89.4 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre; o, en su caso, dejando constancia de la inexistencia de dichos fondos.

1. Para su inscripción en el Registro regulado en el presente reglamento, la escritura pública de transformación en cooperativa de cualquier sociedad civil, mercantil, asociación, agrupación u otro tipo de entidad de carácter no cooperativo, deberá contener las menciones a que se refiere el artículo 90.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre. Dicha escritura irá acompañada del balance previsto en el número 3 del mismo precepto y, en su caso, incorporará el informe allí mencionado.

   Igualmente, se incorporará la certificación del registro de origen correspondiente en la que consten la declaración de inexistencia de obstáculos para la inscripción de la transformación y, en su caso, la transcripción literal de los asientos que hayan de quedar vigentes.

2. Una vez inscrita la transformación en cooperativa en el Registro, se comunicará, en su caso, al registro en que conste inscrita con anterioridad la sociedad transformada, a los efectos registrales oportunos.

1. Las personas administradoras de todas las sociedades que participen en la fusión presentaran, en el Registro, un ejemplar del proyecto de fusión, suscrito electrónicamente por todas ellas, en los términos y con el contenido establecidos en el artículo 81 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2. El Registro calificará, exclusivamente, si el documento presentado es el exigido por el precepto legal antes mencionado y si está debidamente suscrito y, en el plazo máximo de quince días, practicará, si se hubiesen cumplido los requisitos legales, las notas marginales correspondientes en la hoja abierta a cada cooperativa participante en la fusión.

3. No podrá publicarse la convocatoria de la asamblea general que haya de resolver sobre la fusión en tanto no se haya practicado la anotación marginal del proyecto de fusión, lo que se notificará a cada sociedad interviniente.

1. La inscripción de la fusión, por creación de una nueva o por absorción, se realizará en virtud de escritura pública única, otorgada por todas las cooperativas participantes, que contendrá, además de las menciones del artículo 86.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, las siguientes:

   1. Certificaciones relativas a los acuerdos de fusión adoptados por las respectivas asambleas generales que intervienen en la fusión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   2. Manifestación de las personas otorgantes, realizada bajo su responsabilidad, de que las personas socias han dispuesto de la información a que se refiere, y en las condiciones que establece el artículo 82 de la misma Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   3. Declaración de las personas otorgantes, de que ninguna de las personas acreedoras de las cooperativas participantes en la fusión se ha opuesto a la misma, en el plazo de un mes, desde el último de los anuncios a que se refiere el artículo 83.6 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   4. En otro supuesto, deberán relacionarse las personas acreedoras que se opongan, con sus domicilios, así como el importe de sus créditos y las garantías otorgadas para su satisfacción por parte de la sociedad deudora o de la cooperativa resultante de la fusión.

   5. Identificación de las personas socias que hubieran ejercido el derecho de separación y de las condiciones de reembolso de sus aportaciones, mediante declaración de las personas otorgantes.

2. A la escritura pública de fusión se incorporarán los siguientes documentos:

   1. Un ejemplar de cada una de las publicaciones a que se refiere el artículo 83.6 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

      En el anuncio del acuerdo de fusión deberá constar expresamente el derecho de oposición de las personas acreedoras.

   2. Balance de fusión de las cooperativas que participen en dicho proceso, auditado, en su caso. Podrá considerarse como tal el último anual aprobado, siempre que este hubiera sido cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de aprobación del proyecto de fusión.

   3. Los informes redactados por las personas administradoras de cada una de las cooperativas que participan en la fusión sobre la conveniencia y efectos de la fusión proyectada, debiendo hacerse constar, tanto respecto de las personas administradoras de cada una de las cooperativas que participan en la fusión como, en su caso, respecto de quienes vayan a ser propuestos como personas administradoras, como consecuencia de la fusión, las menciones que establece el artículo 82 g) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   4. Manifestación de las personas administradoras de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo a que se refiere el artículo 85.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, sin que se hayan formulado por las personas acreedoras reclamaciones o que es firme la sentencia que las hubiera resuelto.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 86.3 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la eficacia de la fusión realizada queda supeditada a su inscripción en el Registro.

2. Una vez inscrita en el Registro la escritura de fusión, se cancelarán de oficio los asientos de las cooperativas extinguidas.

1. La inscripción de la escisión se practicará mediante la escritura pública, que contendrá las menciones señaladas en el artículo 61 del presente reglamento en lo que sean aplicables, y especificará:

   1. La clase de escisión que se produce total, parcial o segregación patrimonial-, atendiendo a lo indicado en el artículo 88.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de la cooperativa que se escinde y si las cooperativas u otras entidades no cooperativas beneficiarias de la escisión son de nueva creación o existían con anterioridad.

   2. La propuesta detallada a que se refiere el artículo 88.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2. Tanto en el caso de escisión total como en la parcial, solo será obligatorio elegir nuevas personas administradoras cuando las beneficiarias sean una o más cooperativas de nueva creación o cuando el número de personas socias que pasan a las cooperativas existentes sea superior al de los que estas tenían antes de la escisión.

3. La elección de las personas administradoras se ajustará a las normas estatutarias y, en su defecto, a la convocatoria de la asamblea de escisión que podrá incluir las siguientes reglas:

   1. Cuando la sociedad beneficiaria sean una o más cooperativas de nueva creación, en la propia asamblea que acuerde la escisión, podrán elegirse con carácter provisional a sus respectivas personas administradoras mediante votación separada de las personas socias que pasen a constituir dichas cooperativas. No obstante, la citada elección será definitiva si la convocatoria hubiese anunciado la posibilidad de darle carácter de asamblea constituyente a esa sesión separada.

   2. Cuando la sociedad beneficiaria sea una o más cooperativas preexistentes, la votación separada entre las personas socias que pasan a dichas cooperativas podrá considerarse emitida en junta preparatoria de la asamblea general de estas sociedades que apruebe la recepción del patrimonio escindido.

4. En el supuesto de extinción de la cooperativa que se escinde, se cancelarán los asientos registrales referentes a la misma una vez producida la inscripción de la nueva cooperativa o cooperativas resultantes de la escisión o de la absorción por cooperativas ya existentes, en las hojas correspondientes a dichas cooperativas absorbentes. Si la extinción de la cooperativa que se escinde se produjera por la creación o la absorción de otras entidades no cooperativas, la cancelación de los asientos registrales de la misma se realizará previa notificación de la inscripción por el registro correspondiente a dichas entidades.

5. Si la escisión es parcial se inscribirá la segregación en la hoja abierta a la cooperativa segregante, y en las correspondientes a las sociedades beneficiarias de la escisión, si se trata de entidades cooperativas, tanto sin son de nueva creación, como absorbentes.

6. Para la inscripción de la segregación de patrimonio o de las personas socias previsto por el artículo 88.5 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se aplicarán los requisitos registrales regulados para transformación de sociedades cooperativas, a excepción de lo establecido en el artículo 58.3 b) del presente reglamento. En estos supuestos, la escritura pública que protocolice el acuerdo correspondiente de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, o sobre la no afectación de los fondos a que se refiere el artículo 89.4 de dicha Ley, en otro caso.

1. Para poder inscribir en el Registro la fusión de cooperativas con sociedades civiles, mercantiles o entidades de cualquier otro tipo, mediante la absorción de estas por aquellas, o constituyendo una nueva cooperativa, deberá acreditarse el cumplimiento de lo exigido por la legislación aplicable a dichas sociedades, aportando las certificaciones registrales correspondientes, en su caso.

2. Si la entidad resultante de la fusión, fuera una sociedad no cooperativa, la escritura contendrá informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre el cumplimiento de lo previsto por el artículo 89.4 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3. Tanto a las sociedades cooperativas que intervienen o resultan de la fusión, como a la cooperativa absorbente, en su caso, se les aplicará la normativa del presente reglamento sobre inscripción de las fusiones ordinarias.

4. Para garantizar la debida coordinación registral, el Registro establecerá las oportunas relaciones informativas, de colaboración y de consulta, con las personas titulares de los registros donde estuvieren inscritas las sociedades civiles, mercantiles o entidades de cualquier otro tipo que participen en las fusiones especiales, todo ello en el marco de los principios establecidos en el artículo 5.2 de la Ley 3/2022 de 12 de mayo, del Sector Público Vasco.

1. La disolución de una cooperativa, por causa distinta al mero transcurso del tiempo de duración de la sociedad se inscribirá en el Registro en virtud de escritura pública que contenga el acuerdo adoptado por la asamblea general en tal sentido o de la resolución judicial que la declare. La inscripción de la disolución es constitutiva.

   La escritura pública incorporará la justificación de la publicación del acuerdo de disolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en un periódico digital o escrito de gran circulación en el Territorio Histórico del domicilio social.

2. En el supuesto de que la cooperativa hubiere sido constituida por un plazo determinado, el transcurso del mismo opera de pleno derecho, debiendo inscribirse por el Registro la disolución de aquella, de oficio o a petición de cualquier persona interesada.

   Si la cooperativa acordara la prórroga del plazo, deberá ser adoptada con las mayorías establecidas por el artículo 38.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y presentada a inscripción mediante escritura pública con anterioridad al cumplimiento del mismo. La prórroga produce efectos desde su inscripción en el Registro.

3. En el supuesto contemplado en el artículo 118.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la cooperativa deberá disolverse siempre y cuando haya transcurrido el plazo de garantía y el legal previsto para responder de los vicios ocultos como entidad promotora, a contar desde la fecha de su adjudicación, salvo que los estatutos o convenios de colaboración suscritos con entidades públicas establezcan un plazo superior, o alternativamente, cuando se acredite al Registro, por manifestación de la persona otorgante en escritura pública, que se ha garantizado el pago por una tercera persona no socia, respecto de dichos vicios ocultos, con expresión de las cantidades aseguradas, así como de la entidad que garantice el pago.

4. Para inscribir la disolución forzosa por descalificación de la cooperativa se estará a lo dispuesto en el artículo 73 del presente reglamento.

1. La inscripción de la reactivación de la cooperativa disuelta se realizará mediante escritura pública, que documente el acuerdo de reactivación y que contenga, al menos, las siguientes menciones:

   1. Acreditación de la eliminación de la causa que motivó la disolución.

   2. Manifestación, realizada bajo su responsabilidad, por las personas administradoras o liquidadoras, en su caso, de que no ha comenzado el reembolso de las aportaciones a las personas socias.

   3. Relación nominal de personas socias.

   4. Acuerdo reactivador, adoptado por la asamblea general con la mayoría prevista en el artículo 38.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y en el que se deberá concretar la actividad proyectada para activar, de modo efectivo, la cooperativa.

   5. Copia del convenio acordado con las personas acreedoras, en caso de declaración de concurso.

2. El Registro recabará, con carácter previo a la inscripción de la reactivación, informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre la adecuación a derecho de la misma.

3. La reactivación de la cooperativa producirá efectos desde la inscripción de la escritura pública que la contenga en el Registro.

La anotación preventiva de la demanda de la disolución judicial de la cooperativa a que se refiere el artículo 92.3 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se practicará de conformidad con lo regulado en el artículo 55 del presente reglamento.

1. La inscripción del nombramiento de las personas liquidadoras, que incluirá la aceptación expresa del nombramiento por las personas designadas o por sus representantes, si se trata de personas jurídicas, se realizará en virtud de:

   1. Escritura pública de disolución que contenga el acuerdo de la asamblea general que designe a los liquidadores o liquidadoras.

   2. Certificación de dicho acuerdo expedida por el liquidador o liquidadora única o por quien hubiese asumido la secretaría del colegio de personas liquidadoras, si fuesen tres o más, con el visto bueno de la persona que ostente la presidencia, y firmadas electrónicamente.

   3. Testimonio de la resolución judicial a que se refiere el artículo 94.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2. Excepcionalmente, el nombramiento se hará entre personas físicas o jurídicas que no sean socias de la cooperativa, previa acreditación de justa causa de excusa para no aceptar el cargo, de todas las personas socias.

3. Si las personas liquidadoras nombradas fueran varias, sin perjuicio de su carácter colegiado, deberá designarse a quienes ostenten la presidencia y la secretaría y, en todo caso, las circunstancias personales que las identifican.

4. Revocado el nombramiento por acuerdo de la asamblea general, en la misma sesión se elegirán otras personas liquidadoras, solicitándose su inscripción en el Registro.

5. El nombramiento de las personas liquidadoras surtirá efectos ante terceras personas no socias desde su inscripción en el Registro.

La designación de la persona o personas encargadas de intervenir en la liquidación de la cooperativa, velando por el cumplimiento de las leyes y los estatutos sociales, se realizará de conformidad con el artículo 97 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y se inscribirá en el Registro en virtud del testimonio de la resolución judicial o copia del acto administrativo correspondiente.

1. Las personas liquidadoras solicitarán la cancelación de los asientos registrales relativos a la cooperativa presentando en el Registro la escritura que incorpore tanto el certificado relativo al acuerdo aprobatorio, por la asamblea general, del balance final y de las operaciones liquidativas, conforme al proyecto de distribución del haber social, como los anuncios publicados en el Boletín Oficial del País Vasco, y en un periódico digital o escrito de gran circulación del Territorio Histórico del domicilio social, en los que consten la aprobación por la asamblea del mencionado balance final y del proyecto de distribución del haber social, incluyendo en el anuncio la información a que se refiere el artículo 99.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   Así mismo, la escritura incluirá informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre el cumplimiento de lo previsto por el artículo 98.2 d) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

2. La escritura contendrá, además, las siguientes manifestaciones realizadas por las personas liquidadoras bajo su responsabilidad:

   1. Que ha transcurrido el plazo de cuarenta días hábiles para la impugnación de los acuerdos de aprobación del balance final y proyecto de distribución del haber social, sin que se hayan formulado por personas socias o acreedoras reclamaciones o que es firme la sentencia que las hubiera resuelto.

   2. Que se han satisfecho íntegramente a las personas acreedoras de la cooperativa sus créditos o consignado la totalidad de los mismos o, en su caso, asegurado el pago de los no vencidos.

   3. Que se han observado las reglas de adjudicación del haber social, en los términos regulados por el artículo 98, o en su caso, por los artículos 150 y 155 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

   4. Que asumen el deber de conservación de los libros y documentos a que se refiere el artículo 100 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, o que carece de ellos.

      En otro caso, con la escritura se depositarán en el Registro los libros de comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes concernientes al tráfico de la sociedad, en soporte original y debidamente relacionados y numerados.

3. El asiento de cancelación será único para todos los asientos referentes a la cooperativa a extinguir y en él se hará constar lo referente la custodia de los libros y documentos a que se refiere la letra d) anterior.

4. El deber de conservación registral de los libros y documentos subsistirá durante seis años a contar desde la fecha del asiento de cancelación de la cooperativa.

1. En caso de que aparecieran bienes o derechos de una cooperativa cancelada se practicará una liquidación complementaria de ese patrimonio conforme a las normas del artículo 98 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, y a los estatutos, y se otorgará la correspondiente escritura pública, que se presentará a inscripción en el Registro, con el contenido a que se refiere el artículo 70.1 y 3 del presente reglamento.

2. Están legitimados para efectuar las operaciones indicadas en el número anterior:

   1. Las últimas personas liquidadoras inscritas en el Registro.

   2. En caso necesario, los miembros del último órgano de administración o de la última comisión de vigilancia, inscritos en el Registro.

   3. En defecto de las personas legitimadas a que se refieren los dos apartados anteriores, la federación de cooperativas de Euskadi correspondiente de la clase de que se trate o, en su defecto, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, en cuanto colaboradoras del Registro y prestadoras de servicios convenientes a las personas socias, conforme al artículo 164 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

1. Deberán inscribirse en el Registro la resolución judicial teniendo por solicitada la declaración de concurso, así como cuantas resoluciones se dicten por el procedimiento correspondiente y sean inscribibles, por analogía con lo dispuesto para las sociedades mercantiles.

2. Se inscribirán, igualmente, las demás resoluciones judiciales de las que se inste su inscripción registral, de acuerdo con la normativa aplicable.

3. Las resoluciones judiciales, en tanto no sean firmes, se inscribirán como anotaciones preventivas.

1. Las resoluciones del consejero o consejera titular del departamento competente en materia de trabajo, acordando la medida que corresponda según el artículo 161.3 a) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, se inscribirán en la hoja registral abierta a la cooperativa. Dichas resoluciones deberán mencionar lo referente al preceptivo informe del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

2. La resolución administrativa, en tanto no sea firme en vía administrativa, se inscribirá como anotación preventiva.

3. La inscripción de la resolución administrativa de descalificación se practicará de oficio una vez que aquella sea firme.

1. Los libros que legalmente o por exigencia estatutaria han de llevar las cooperativas o asociaciones cooperativas deberán ser habilitados o legalizados por el Registro. Tanto la habilitación de libros con anterioridad a su utilización, como la legalización con posterioridad a la realización en ellos de asientos y anotaciones, se efectuará conforme a lo establecido en el presente capítulo.

2. Las entidades cooperativas podrán solicitar al Registro la habilitación de los libros relacionados en el artículo 74.1 a), b) y c) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, después de haber quedado inscrito en el Registro el título correspondiente de constitución.

3. Posteriormente, las entidades cooperativas podrán optar por seguir presentando los libros señalados en el punto anterior para su habilitación, o presentarlos para su legalización.

4. Las entidades cooperativas deberán presentar en el Registro, para su legalización, los libros relacionados en el artículo 74.1 d) y e) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

1. En la solicitud de habilitación, que deberá ser efectuada de forma electrónica a través de los medios telemáticos establecidos por el departamento competente en materia de trabajo, se harán constar los siguientes datos:

   1. Identificación de la persona solicitante.

   2. Denominación de la entidad cooperativa y, en su caso, datos de identificación registral de la misma.

   3. Relación de libros que se presentan, indicando el número de hojas que integran cada libro.

   4. Causa justificativa para la habilitación de un nuevo libro de su misma clase de entre las descritas en el apartado 3 de este artículo.

   5. Dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico, que servirán para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. En el plazo máximo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se presente la correspondiente solicitud de habilitación, las entidades cooperativas deberán remitir al Registro los libros en formato papel acompañados de una copia del recibo acreditativo de la presentación de la solicitud de habilitación.

   Los libros deberán estar formados por hojas móviles, en blanco y numeradas sus hojas correlativamente. No obstante, se deberá reservar la primera hoja sin numerar para insertar la correspondiente diligencia de habilitación.

3. Podrán habilitarse nuevos libros de su misma clase cuando se certifique el cierre del anterior por su íntegra utilización, extravío o destrucción, o se denuncie la sustracción del mismo.

4. Igualmente se podrán cerrar libros antes de su íntegra utilización cuando se acuerde cambiar del sistema de habilitación al de legalización, por medio de diligencia extendida por la persona encargada de su llevanza en la última hoja en la que consten anotaciones.

1. Si la solicitud se ha realizado en la debida forma y los libros reúnen los requisitos exigidos, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo procederá a su habilitación mediante resolución favorable y diligencia extendida en la primera hoja de cada libro.

2. Los libros deberán ser sellados por cualquier procedimiento que garantice la autenticidad de la habilitación, mediante el ranurado o codificado de los mismos o métodos similares.

3. Tanto en la resolución como en la diligencia se harán constar los siguientes datos:

   1. Identificación de la entidad cooperativa.

   2. Clase de libro y número que le corresponda dentro de los de su misma clase.

   3. Número de hojas de que se compone el libro.

   4. Causa justificativa para la habilitación de un nuevo libro de su misma clase de entre las descritas en el artículo 80.3 del presente reglamento.

   5. Sistema utilizado para el sellado.

      Además de los anteriores datos, en la resolución se harán constar los datos registrales de la entidad cooperativa y se hará referencia tanto a la correspondiente anotación en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones como a la puesta a disposición de la entidad cooperativa de los libros habilitados para su retirada.

4. Practicada la habilitación, se hará constar dicha circunstancia en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones, anotando en su caso lo dispuesto en la letra d) del punto anterior.

5. Si la solicitud no se ha realizado en la debida forma o los libros no reúnen los requisitos exigidos, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo emitirá resolución denegatoria motivada, indicando a la entidad cooperativa la puesta a disposición de los libros para su retirada. Dicha circunstancia no se hará constar en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

6. Transcurridos cuatro meses desde la fecha de la notificación de la resolución sin que los libros fueran retirados por la entidad cooperativa, el Registro se lo requerirá con indicación de que, si así no lo hiciera, procederá a su archivo y transcurridos doce meses a su destrucción, que deberá ser notificada a la cooperativa y, en su caso, anotada en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

1. Las entidades cooperativas deberán presentar en el Registro los libros relacionados en el artículo 74.1 d) y e) de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, antes de que transcurran los cuatro primeros meses desde la fecha del cierre del ejercicio económico para que puedan ser legalizados en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del correspondiente ejercicio económico. Los libros deberán ser presentados de forma electrónica a través de los medios telemáticos establecidos por el departamento competente en materia de trabajo.

   Esta obligación se extenderá a los libros relacionados en las letras a), b) y c) del precepto anteriormente señalado en los casos en los que la entidad cooperativa opte por su legalización.

   Las entidades cooperativas podrán remitir al Registro una copia certificada de las correspondientes actas en el plazo de dos meses desde sus respectivas aprobaciones, para su legalización.

2. Los libros o las copias certificadas de las actas podrán ser presentados para su legalización en ficheros encriptados, en cuyo caso la entidad cooperativa deberá conservar la clave que permita su desencriptación.

3. En la solicitud de legalización de libros se harán constar los siguientes datos:

   1. Identificación de la persona solicitante.

   2. Denominación de la entidad cooperativa.

   3. Clase de libro o libros que se presentan y fecha de apertura y fecha de cierre del ejercicio económico al que corresponden.

   4. En su caso, que la solicitud de legalización se fundamenta en los supuestos descritos en el artículo 80.4 del presente reglamento.

   5. Dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico, que servirán para el envío de avisos de puesta a disposición de notificaciones en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4. En la solicitud de legalización de copias certificadas de las actas, además de los datos enumerados en las letras a), b) y e) del anterior punto, deberán consignarse las fechas de las reuniones y las de aprobación de las actas.

5. Cada libro o copia certificada de las actas que acompañe a la solicitud deberá ser adjuntado en ficheros separados y debidamente identificados.

6. En caso de que la entidad cooperativa advierta errores o pretenda complementar un libro o una copia certificada de las actas ya legalizado, deberá presentar una nueva solicitud acompañada de un certificado expedido por la persona que ostente la representación legal de la cooperativa por el que acredite este extremo.

1. Si la solicitud se ha realizado en la debida forma el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo procederá a su legalización mediante resolución favorable.

2. En la resolución de legalización se harán constar los siguientes datos:

   1. Identificación de la entidad cooperativa, incluyendo sus datos registrales.

   2. En el caso de los libros, clase y ejercicio económico al que corresponda. En el caso de las copias certificadas de actas, fechas de la reunión y de su aprobación. La huella digital de cada libro o copia certificada de las actas legalizado.

   3. En su caso, indicación de la circunstancia descrita en el artículo 82.3 d) del presente reglamento.

3. Practicada la legalización, se hará constar dicha circunstancia en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

4. En caso de que la solicitud no se haya realizado en la debida forma, se emitirá resolución denegatoria motivada.

A los efectos de lo establecido en el artículo 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de prueba, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo, a solicitud de parte interesada o por mandato de la autoridad judicial competente, y una vez le sea presentado el correspondiente soporte informático, certificará si coincide con los libros o copias certificadas de actas legalizados por contener la misma huella digital referenciada en el correspondiente asiento practicado en el Libro fichero de habilitaciones y legalizaciones.

1. Las personas administradoras estarán obligadas, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, a presentar las cuentas anuales para su depósito en el Registro, dentro del mes siguiente a su aprobación.

2. Transcurrido un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se hayan presentado a depósito las cuentas anuales debidamente aprobadas, no se inscribirá ningún documento presentado con posterioridad a aquella fecha hasta que, con carácter previo, se presenten las cuentas. Para reabrir la hoja registral y poder inscribir los documentos que se presenten, será necesario depositar los tres últimos ejercicios, computados según lo indicado en este punto.

   Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradoras y administradores, gerentes, directoras y directores generales, directores o directoras gerentes o liquidadoras y liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadoras y liquidadores y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.

3. Si las cuentas anuales no se hubiesen depositado por no haber sido aprobadas por la asamblea general, habiéndose presentado a su aprobación, no procederá el cierre registral cuando se acredite esta circunstancia mediante certificación del órgano de administración, en la que se expresará la causa de la falta de aprobación de las cuentas anuales, o mediante copia autorizada del acta notarial de la asamblea general en la que conste la no aprobación de las cuentas anuales. Para impedir el cierre, la certificación o copia del acta deberá presentarse en el Registro antes de que finalice el plazo previsto en el punto primero de este artículo, debiendo justificarse la permanencia de esta situación cada seis meses por alguno de dichos medios.

Para el cumplimiento de la obligación de depósito de cuentas anuales se deberán presentar, junto a la correspondiente solicitud, los siguientes documentos:

1. Certificación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado por la asamblea general de la entidad cooperativa, garantizada con las correspondientes firmas electrónicas. Dicha certificación deberá cumplir los requisitos exigidos por el artículo 33.4 y 6 del presente reglamento e identificará debidamente las cuentas anuales presentadas, con referencia expresa a los siguientes extremos:

   1. Ejercicio al que corresponden.

   2. Activo total según el balance.

   3. Resultado del ejercicio y la aplicación de excedentes o imputación de pérdidas, aprobada por la asamblea general.

   4. Si existe o no obligación de auditar las cuentas anuales de acuerdo con la Ley 11/2019.

      La certificación expresará igualmente que las cuentas anuales y, en su caso, la documentación exigida por el artículo 75.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, que les acompañe, están firmadas electrónica o manualmente por todos los miembros del órgano de administración, identificando a cada uno de los firmantes, indicando su nombre, dos apellidos y número de identificación fiscal. Si faltare la firma de alguno de ellos, se señalará esta circunstancia en la certificación, con expresa indicación de la causa.

      En caso de que las cuentas anuales presentadas a depósito se encuentren auditadas, la certificación deberá incluir asimismo manifestación expresa de que estas se corresponden con las auditadas.

2. Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión, conforme a lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

3. El informe de auditoría de las cuentas anuales, cuando sea preceptivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y, en su caso, 121.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

1. Si los documentos presentados son los exigidos, están debidamente aprobados y constan las firmas preceptivas, una vez comprobado el cumplimiento de los extremos a que se refiere el artículo 86, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo resolverá favorablemente considerando efectuado el depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro fichero de depósito de cuenta anuales.

   En la resolución se harán constar las huellas digitales de cada uno de los documentos depositados.

2. Para la calificación de documentos posteriores, el titular de la delegación territorial competente en materia de trabajo, no tendrá en cuenta los datos que consten en los documentos contables depositados.

La publicidad de las cuentas anuales depositadas se hará efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente reglamento.

Los documentos depositados y las certificaciones de los acuerdos de aprobación deberán ser conservados durante los seis años siguientes a la formalización del depósito.

1. La denominación de las cooperativas constará de una parte identificadora de cada una de ellas y de otra indicativa de su forma y carácter cooperativos: «Sociedad Cooperativa» o su abreviatura «S. Coop».

   En el caso de las sociedades cooperativas pequeñas, en la parte de denominación indicativa de su forma y carácter cooperativos, se incluirá necesariamente la expresión «Sociedad Cooperativa Pequeña» o su abreviatura «S. Coop. Pequeña».

2. La denominación objetiva podrá hacer referencia al objeto social o ser de fantasía. Si se refiere al objeto social habrá de modificarse cuando este varíe. En ningún caso se referirá a actividades no comprendidas en aquel.

3. No podrán utilizarse términos, ni siglas, referentes al tipo de responsabilidad.

1. No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra cooperativa preexistente. Existe identidad en caso de coincidencia total o absoluta entre denominaciones y en los supuestos regulados en el número 2 de este artículo.

2. Dos denominaciones se consideran idénticas cuando, independientemente de la locución relativa a la forma social:

   1. Utilicen las mismas palabras en distinto orden, género o número.

   2. Utilicen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares.

   3. Exista identidad de expresión fonética o cuando la denominación propuesta induzca a confusión con otra denominación preexistente.

3. No obstante, de producirse identidad en base a los criterios del número 2 anterior, podrá expedirse certificación negativa de denominación coincidente, en los términos regulados en este reglamento, cuando la solicitud se produzca a instancia o con autorización acordada por las personas administradoras de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretenda utilizarse.

1. En la composición de la denominación de una cooperativa no podrán incluirse términos de carácter oficial identificativos o similares a los de instituciones u organismos públicos que induzcan a error sobre el carácter privado de aquella, salvo que dichas instituciones u organismos participaran, bien en la constitución de la sociedad como personas socias promotoras, bien en un momento posterior, y lo autorizaran. Tampoco podrán utilizarse términos o expresiones que sean contrarios a la ley, al orden público o que induzcan a error sobre la clase, grado o naturaleza de la cooperativa a que se refiere la denominación.

2. Así mismo no podrá utilizarse el término grupo fuera del supuesto del conjunto formado por varias sociedades de cooperativas regulado en el artículo 154 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre.

1. La solicitud de certificación de denominación no coincidente, para hasta tres denominaciones, se formulará electrónicamente por las personas interesadas ante el Registro, de acuerdo con las normas sobre procedimiento administrativo común.

2. El Registro calificará la denominación de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del presente reglamento, emitiendo la correspondiente resolución y certificación sobre la reserva de denominación solicitada, en el plazo de diez días hábiles. Si fueran varias las denominaciones solicitadas, se resolverá según el orden de prioridad que aparezca en la solicitud, reservándose la primera respecto de la cual se hubiere emitido certificación negativa.

3. En el supuesto que la resolución calificadora fuera denegatoria por no ajustarse la denominación propuesta a la normativa contenida en los tres artículos anteriores, será posible interponer recurso de acuerdo con el artículo 30 del presente reglamento.

1. La certificación de denominación no coincidente, vigente y expedida a nombre de las personas gestoras, de las personas promotoras o de la propia cooperativa, en su caso, deberá protocolizarse en la escritura matriz de constitución o de modificación estatutaria.

   En el supuesto de que la persona a cuyo nombre esté expedida la certificación no ostente, en el momento constitutivo, la condición que motivó su concesión, deberá acreditar esta circunstancia y la cesión de la denominación a los constituyentes, mediante manifestación ante notario o notaria en la escritura constitutiva.

2. No será necesaria la certificación negativa para la inscripción de la denominación de la nueva entidad en los casos de fusión por absorción o mediante la creación de una cooperativa nueva, y en los de escisión total, cuando la cooperativa absorbente o resultante de la fusión o escisión mencionadas, adopte como denominación la de la entidad absorbida o extinguida.

3. Tampoco será necesaria dicha certificación de denominación no coincidente en los supuestos en los que se añada o elimine el término «pequeña» por adaptación que implique cambio en su forma.

Dictada resolución comprensiva de certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, esta tendrá validez durante el plazo de dieciocho meses, contados desde la fecha de la resolución.

1. Si se produjera renuncia a la denominación o transcurrido el plazo indicado en el punto anterior no se hubiere inscrito la cooperativa o, en su caso, la modificación de estatutos, la denominación registrada caducará.

2. La interposición del recurso a que se refiere el artículo 30 del presente reglamento o de demanda en vía judicial, suspende el plazo, continuándose su cómputo a partir de la fecha en que sea firme la resolución administrativa o, en su caso, judicial.

1. La certificación negativa tendrá una vigencia de seis meses contados desde la fecha de su expedición por el Registro, de forma que perderá su vigencia si no se presenta a inscripción en el Registro dentro de dicho plazo. Transcurrido este, la persona interesada podrá renovar la solicitud de que se le expida certificación de la misma denominación siempre que lo haga dentro del plazo de reserva previsto en el artículo 95 del presente reglamento. La vigencia de la nueva certificación será de seis meses a contar desde su expedición, salvo que el plazo de reserva expire con anterioridad, en cuyo caso no podrá exceder del término de este último.

2. No podrá inscribirse documento alguno que incorpore una certificación caducada.

1. Las sociedades cooperativas y sus asociaciones, a través de sus respectivos representantes legales o voluntarios, sus respectivas personas promotoras, las autoridades y poderes públicos y los funcionarios o funcionarias, incluso de arancel, así como cualesquiera otras personas profesionales que deban realizar funciones, prestaciones o servicios ante aquellas para el acceso al Registro, y los órganos de administración, podrán plantear consultas al Registro en relación, exclusivamente, con materias objeto de inscripción registral y que no supongan conflicto entre partes.

   Dichas consultas se formularán mediante documento firmado electrónicamente y dirigido al Registro que reunirá los requisitos de las solicitudes de iniciación conforme a lo dispuesto en las normas sobre procedimiento administrativo común.

2. Las respuestas que se emitan por el Registro tendrán carácter exclusivamente informativo. En consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos a favor de las personas solicitantes ni de terceras personas no socias, no supondrán vinculación alguna con futuros procedimientos registrales, tendrán carácter definitivo y no podrán ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de poder recurrir en su día contra la calificación registral.

3. El plazo para emitir la respuesta será de quince días contados desde la presentación de la solicitud, salvo que, a petición de las personas consultantes, o por iniciativa del propio Registro, este recabe informe al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, en cuyo caso, aquel plazo se prorrogará por otros quince días.

4. Si, al amparo de lo previsto en el artículo 102.1 de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, la consulta versara sobre la clase de cooperativa a constituir y la normativa legal analógicamente aplicable, el informe del mencionado Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi será preceptivo para el Registro.

5. El plazo para emitir los informes a que se refieren los apartados 3 y 4 del presente artículo será de veinte días, prorrogables por diez más.