El artículo 13.1.f) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, lo referente a los «establecimientos penitenciarios, en especial su organización, funcionamiento y ejecución de la legislación penitenciaria, asumiendo el ejercicio de las facultades que esta atribuya a los órganos centrales de la Administración penitenciaria».

El Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, atribuye a la Viceconsejería de Justicia la planificación del ejercicio de las competencias autonómicas en materia de Instituciones y Establecimientos penitenciarios (artículo 11.1.f)) y a la Dirección de Justicia la ejecución, en su ámbito competencial, de la legislación penal y penitenciaria en coordinación con el resto de actuaciones del Gobierno en dichos ámbitos (artículo 14.f)).

La competencia sobre organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y la ejecución de la legislación estatal en tal materia corresponde a Euskadi conforme los artículos 10.14 y 12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

De conformidad con el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, y el Decreto 169/2021, de 6 de julio, de asunción del traspaso, Euskadi asume a partir del 1 de octubre de 2021 las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios ubicados en Euskadi, lo cual comprende:

1. La organización y gestión de los centros penitenciarios y del resto de servicios de ejecución penal, incluyendo el establecimiento de su estructura orgánica y funcional, y la colaboración institucional y el fomento de la participación social.

2. La ejecución, gestión, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto, libertad condicional y programas específicos de tratamiento e intervención, adoptando las resoluciones administrativas precisas en relación con la observación, clasificación, destino, permisos y tratamiento de los internos, adoptando las resoluciones administrativas correspondientes.

3. La gestión de las prestaciones en el ámbito penitenciario de la educación, la acción social, el trabajo penitenciario, la formación ocupacional, la inserción sociolaboral, la promoción de actividades culturales y deportivas, la coordinación de programas de intervención de organizaciones no gubernamentales y las actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogodependencias.

4. La administración y gestión patrimonial de los inmuebles, infraestructuras y equipamientos penitenciarios, incluidas tanto la promoción de nuevos centros como la ampliación, reforma y rehabilitación de los existentes.

5. El seguimiento, análisis e inspección de los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria.

   Atendiendo a ello es preciso actualizar la regulación contenida en el actual Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, para poder ejercer debidamente la competencia asumida.

   Ello incumbe singularmente a la Viceconsejería de Justicia, que ya tenía atribuida genéricamente el ejercicio de las competencias en la materia, y a las direcciones de ella dependientes.

   En tal sentido se distribuyen entre dichos órganos directivos las funciones esenciales que comporta el traspaso de funciones, de modo que la gestión ordinaria del personal de los centros y establecimientos penitenciarios se asigna a la Dirección de Administración de Justicia; la gestión de las infraestructuras y medios materiales se atribuye a la Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras y la organización y supervisión del régimen interno y tratamental se encomienda a la Dirección de Justicia.

   Asimismo, el Decreto designa qué órganos asumen en el ámbito autonómico las funciones propias del centro directivo al que alude la legislación penitenciaria.

   Se trata de la segunda modificación del Decreto de estructura departamental, ya que la primera se ha producido con el Decreto 5/2022, de 11 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social y se adscribe el personal transferido que prestaba sus servicios en la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. En dicho Decreto se añade un apartado cuarto al artículo 3 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por el que se contempla la adscripción de Aukerak, Agencia Vasca De Reinserción Social, al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a través de la Viceconsejería de Justicia.

   Esta nueva modificación en la estructura urge para dar continuidad a la recepción del traspaso de aquellas funciones que venían atribuidas a los órganos de dirección estatales que actuaban como centro directivo penitenciario; sin perjuicio de que pueda reformularse la estructura ahora propuesta, una vez se haya desarrollado completamente la regulación y estructuración del modelo organizativo penitenciario vasco.

   En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022,