1. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, se considerará que concurre una situación de necesidad económica cuando el conjunto de recursos de los que dispone una unidad de convivencia para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas y al proceso de inclusión no supere alguno de los límites siguientes:

   1. Disponer de rendimientos mensuales superiores a la cuantía de la renta máxima garantizada que pudiera corresponder en función de la composición de la unidad de convivencia, exclusión hecha de la aplicación del índice corrector a que se refiere el artículo 34 de este reglamento.

   2. Disponer de bienes inmuebles, muebles y, en general, cualquier otro bien por valor equivalente o mayor a cinco veces la cuantía de la renta máxima garantizada que correspondería a la unidad de convivencia durante un año.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que no concurre una situación de necesidad económica en los siguientes casos:

   1. Cuando alguno de los miembros de la unidad de convivencia acceda a bienes y servicios, así como al mantenimiento de los mismos, determinantes de la existencia de recursos diferentes de los declarados para el acceso a la renta de garantía de ingresos y en los procedimientos de actualización de la cuantía y de declaración de situación de necesidad sobrevenida.

      Asimismo, cuando los recursos declarados estén por debajo del nivel de gastos y de otros signos externos.

   2. Cuando se constate que el patrimonio monetario de la unidad de convivencia ha aumentado en una proporción que implique la existencia de recursos diferentes de los declarados y de los obtenidos mediante la renta de garantía de ingresos.

3. La aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior deberá estar motivada en la imposibilidad razonable de acceder a determinados bienes y servicios o de justificar el incremento de patrimonio, atendiendo a la declaración de las personas integrantes de la unidad sobre su situación económica o a la información obtenida de sistemas de intercambio de información o de transmisiones de datos.

   Siempre que sea posible su exacta cuantificación, el cómputo de los recursos disponibles para acceder a los bienes y servicios o los determinantes del incremento patrimonial, deberá superar los límites establecidos en el apartado 1.

   No obstante, la imposibilidad de cuantificar los recursos a que se refiere el párrafo anterior, no impedirá la aplicación de lo establecido en el apartado 2.

1. Para la determinación de la situación de necesidad económica, se computará el conjunto de recursos, tanto los rendimientos como el patrimonio de las personas integrantes de la unidad de convivencia.

2. Cuando uno de sus miembros resida en domicilio distinto al del resto de integrantes, se aplicarán las reglas siguientes:

   1. En los casos de residencia de la persona titular en domicilio distinto al de su cónyuge o pareja con quien mantenga un vínculo análogo al conyugal por las razones previstas en el artículo 21.2.a) y c) de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en el artículo 9 a), b), c) y e) de este reglamento, se computarán la totalidad de sus recursos.

      Asimismo, en el cálculo de la renta máxima garantizada de la unidad de convivencia se computará el complemento individual que corresponda a dicha persona, así como, en su caso, los complementos vinculados a las características de la unidad de convivencia.

   2. En los casos de residencia de la persona titular en domicilio distinto al de su cónyuge o pareja con quien mantenga un vínculo análogo al conyugal por las razones previstas en el artículo 21.2.b) de la Ley 14/2022 y en el artículo 9.d) de este Reglamento, no se computarán sus recursos, ni se tendrá en cuenta el complemento individual que corresponda, ni, en su caso los complementos vinculados a las características de la unidad de convivencia.

   3. Si la persona titular o su cónyuge o persona con quien mantenga una relación análoga a la conyugal es usuaria de una plaza de carácter permanente de un servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario, se computará el 50 % del conjunto de recursos de ambos, además de los del resto de miembros de la unidad de convivencia, excluyéndose el cómputo del complemento individual que corresponda a la persona usuaria del servicio residencial y los complementos vinculados a las características de la unidad de convivencia, cuando los mismos traigan causa de circunstancias concurrentes en la persona usuaria del citado servicio.

   4. Si una persona beneficiaria de la renta de garantía de ingresos reside en domicilio distinto al de la unidad de convivencia por las razones previstas en el artículo 24.2 de la citada Ley 14/2022 y en el artículo 10 de este reglamento, se aplicarán las reglas de la letra a).

3. Salvo que concurran las circunstancias previstas en el apartado 2.d) se considerará que la persona beneficiaria que resida en domicilio distinto al de la unidad de convivencia por tiempo superior a un mes deja de formar parte de dicha unidad.

   En tal caso, no se computarán sus recursos, ni el complemento individual que le corresponda, ni, en su caso, los complementos vinculados a las características de la unidad de convivencia.

1. Los rendimientos de trabajo por cuenta propia procedentes de actividades económicas o profesionales realizadas a título lucrativo, por persona física de forma habitual, personal y directa, fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, se computarán conforme a lo declarado por las personas titulares y beneficiarias.

   Las declaraciones serán trimestrales y su presentación coincidirá con el inicio del procedimiento de actualización de cuantías.

2. Cuando no se cumpla la obligación a que se refiere el apartado anterior, se presumirán ingresos mensuales en concepto de rendimientos de trabajo por cuenta propia por un importe equivalente al 75 % del salario mínimo interprofesional durante los tres primeros años y, en los sucesivos, el que resulte del promedio de los tres ejercicios precedentes o de dos de ellos si no se hallara consolidada la información del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año inmediato anterior. De no constar tal información, se presumirán ingresos mensuales por un importe equivalente al salario mínimo interprofesional.

   Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo que resulte, en su caso, de los procedimientos de control y sancionador.

3. Anualmente se regularizarán los rendimientos computables por este concepto tomando como referencia la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa fiscal que sea de aplicación.

4. Si las actividades por cuenta propia produjeran pérdidas, las mismas no se tomarán en consideración para establecer el importe de la prestación, ni para determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos.

1. A efectos de este reglamento, tendrán la consideración de rendimientos de trabajo por cuenta ajena los ingresos derivados de una relación laboral y aquellos obtenidos en concepto de incapacidad temporal cuando la persona trabajadora, titular o beneficiaria de la prestación, continúe de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.

2. Los rendimientos de trabajo por cuenta ajena procedentes de sueldos y salarios se determinarán deduciendo de la base de cotización el importe de las cuantías mensuales pagadas en concepto de cotizaciones sociales a cargo de la persona trabajadora, entendiendo por tales las cotizaciones sociales satisfechas a la Seguridad Social, las cantidades mensuales abonadas por derechos pasivos y mutualidades de carácter obligatorio y las cotizaciones mensuales obligatorias a colegios de huérfanos o instituciones similares.

3. Las personas titulares y beneficiarias, en caso de oposición a la obtención de los datos a que se refiere el apartado anterior por los sistemas de interoperabilidad que estuvieran habilitados, aportarán con periodicidad trimestral, coincidiendo con el inicio del procedimiento de actualización de cuantías, la documentación correspondiente a sus nóminas.

4. Asimismo, podrán requerirse las nóminas a las personas pertenecientes a aquellos regímenes especiales de la Seguridad Social en los cuales la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 no refleje fielmente los rendimientos del trabajo obtenidos.

1. Los rendimientos mensuales procedentes de las pensiones a que se refieren el artículo 27 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión y el artículo 16 de este reglamento, de prestaciones públicas o subsidios por desempleo, o de cualquier otra prestación social asimilable, se computarán por el importe anual prorrateado en doce meses.

2. El computo de la pensión o prestación se realizará en la unidad de convivencia en que se integre la persona beneficiaria. No obstante, en las prestaciones familiares por hijo o hija a cargo, la prestación se computará en la unidad de convivencia de la persona causante, cuando esta sea mayor de edad.

3. Se computarán por su importe mensual los ingresos periódicos procedentes de planes, fondos de pensiones, rentas vitalicias y otros ingresos análogos.

1. Los rendimientos patrimoniales incluirán el total de los rendimientos procedentes de la explotación del patrimonio de las personas integrantes de la unidad de convivencia, sea cual sea la forma que aquella adopte y, en todo caso, los rendimientos obtenidos por arrendamientos, subarriendos, traspaso o cesión de bienes rústicos y urbanos, así como todo tipo de ingresos financieros.

2. A los efectos de este reglamento, se considerará obtenido rendimiento del patrimonio inmobiliario por, al menos, el importe resultante de aplicar el 4 % al valor de los derechos de propiedad y de usufructo sobre bienes inmuebles, calculado conforme dispone el artículo 46, una vez excluidos del cómputo los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 45.2, salvo que de los mismos se obtenga un rendimiento, que se computará de acuerdo con el párrafo primero del apartado siguiente. El resultado se prorrateará por doce meses.

3. Solo se considerarán aquellos rendimientos de importe inferior al que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior cuando así derive de los títulos jurídicos respectivos o de los datos obrantes en las haciendas forales o en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si de los mismos resulta un rendimiento superior, se computará este valor.

   En caso de ausencia total de rendimientos se aplicará la regla prevista en el apartado 2.

4. El cálculo de los ingresos mensuales por rendimientos de bienes muebles se realizará teniendo en cuenta los obtenidos en el ejercicio económico anterior al de la solicitud de la prestación, al de la actualización de la cuantía o al de la solicitud de declaración de la situación de necesidad sobrevenida, siempre que los bienes de los que procedan permanezcan en el patrimonio de la unidad convivencia. El resultado se prorrateará por doce meses.

5. A los efectos de este reglamento, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará obtenido rendimiento por el importe resultante de aplicar el interés legal del dinero a los derechos de propiedad y usufructo sobre los títulos y valores que se citan seguidamente, cuyo valor, en su conjunto, sea superior a 3.000 euros a 31 de diciembre del ejercicio económico anterior:

   1. Saldo medio de los depósitos de cuentas corrientes o de ahorro.

   2. Imposiciones a plazo.

   3. Fondos de inversión.

   4. Títulos valores.

   5. Planes de previsión social, de pensiones y fondos de pensiones que no se hayan realizado, siempre que en el ejercicio precedente o en los anteriores hubieran concurrido las contingencias de jubilación, incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo, y gran invalidez, dependencia severa o gran dependencia de la persona partícipe, y situación de desempleo con los requisitos exigidos para la liquidez de los derechos económicos consolidados por la legislación de planes de previsión social, de planes de pensiones y fondos de pensiones.

6. No obstante, cuando los títulos y valores a que se refiere las letras c), d) y e) del apartado anterior se hayan transmitido a título gratuito o a título lucrativo, se aplicará el rendimiento que resulte de lo dispuesto en el apartado 4 y, en su caso, si cumplen lo dispuesto en el artículo 42, se computarán como ingresos atípicos.

7. Asimismo, la valoración de la realización periódica de los planes de previsión social, de pensiones y fondos de pensiones se ajustará a lo dispuesto en el artículo 39.3. Si la percepción es de pago único o mixta, se considerará ingreso atípico, computándose de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.

8. Cuando los elementos patrimoniales produzcan pérdidas, estas no se tendrán en cuenta para establecer el importe de la prestación, ni para determinar el cumplimiento de requisitos para acceder a la misma.

1. Se computarán los rendimientos que obtengan las personas integrantes de la unidad de convivencia por cualquier otro título distinto de los previstos en los artículos anteriores, y, en todo caso, los siguientes:

   1. Aquellos que se perciban con carácter periódico, medie o no una contraprestación.

   2. Las ayudas periódicas de personas, físicas o jurídicas, ajenas a la unidad de convivencia, salvo que se destinen a los fines previstos en el artículo 44.1.a).

2. Si la periodicidad es superior al mes, se prorratearán por los meses que procedan.

1. Tendrán la consideración de ingresos atípicos los ingresos monetarios o los bienes de fácil realización, de carácter no periódico, medie o no una contraprestación, obtenidos por las personas integrantes de la unidad de convivencia durante la vigencia de la prestación y, en todo caso, los siguientes:

   1. Premios.

   2. Indemnizaciones o atrasos de cualquier naturaleza, de los que se detraerán los importes computados en aplicación del artículo 43.1.

   3. Atrasos percibidos en concepto de derechos de alimentos, de pensiones compensatorias, de anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos y de otros conceptos análogos, de los que se detraerán los importes computados en aplicación del artículo 43.3 y 4.

   4. El caudal monetario o bienes de fácil realización recibidos por herencias, legado o donación. Los bienes inmuebles recibidos por dichos títulos no se computarán como ingreso atípico, independientemente de su valoración patrimonial.

   5. Rendimientos obtenidos por la venta de patrimonio.

   6. Ayudas, donaciones y préstamos de carácter no regular, recibidos de personas, físicas o jurídicas, ajenas a la unidad de convivencia.

   7. Cualesquiera otros ingresos no contemplados en los apartados anteriores, de carácter no regular.

2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, tendrán la consideración de bienes de fácil realización, entre otros, los títulos, valores, imposiciones a plazo fijo, depósitos a plazo, fondos de inversión, acciones y participaciones, planes de previsión social y planes de pensiones, aunque no se rescaten.

3. Los ingresos atípicos se computarán en los meses siguientes a aquel en que se pudo disponer de los mismos, de acuerdo con las siguientes reglas:

   1. Importes de hasta 750,00 euros: se prorrateará la cantidad percibida durante los tres meses siguientes.

   2. Importes desde 750,01 euros hasta 3.000,00 euros: se prorrateará la cantidad durante los doce meses siguientes.

   3. Importes desde 3.000,01 euros hasta 6.000,00 euros: se prorrateará la cantidad durante los veinticuatro meses siguientes.

   4. Importes desde 6.000,01 euros hasta 12.000,00 euros: se prorrateará la cantidad durante los cuarenta y ocho meses siguientes.

   5. Importes superiores a 12.000,00 euros: se prorrateará la cantidad durante los sesenta meses siguientes.

4. No se computarán aquellos ingresos que, en el plazo de un año desde la fecha en la que se pudo disponer de los mismos, se destinen a los siguientes fines:

   1. Adquisición o reforma de la vivienda habitual, conservación y rehabilitación del edificio, así como derramas aprobadas por la junta de propietarios.

   2. Pago de la deuda hipotecaria vinculada a la vivienda habitual o dirigido a hacer frente a embargos o cargas afectas a la misma.

   3. Adquisición del primer vehículo, y de aquellos adaptados para personas con movilidad reducida.

   4. Inicio de una actividad laboral de algún miembro de la unidad de convivencia, o la amortización de los créditos o préstamos destinados a la actividad laboral u originados por la misma.

   5. Adquisición de productos de apoyo y dispositivos de accesibilidad para la autonomía personal de las personas con discapacidad.

   6. Aquellos que se determinen en desarrollo de este reglamento.

1. Se computarán por su importe las cantidades que se hubieran obtenido de haber solicitado las pensiones y prestaciones públicas, siempre que su cuantía sea una cantidad fija y determinada, su cuantía máxima esté determinada o haya constancia fehaciente de la cantidad que correspondería o hubiera correspondido reconocer por tal concepto. Las cantidades se prorratearán por el número de meses que proceda.

   A los efectos de este artículo, no tendrán la consideración de pensiones y prestaciones públicas los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos y otros de análoga finalidad, sin perjuicio de su cómputo una vez se reconozcan.

2. En otro caso, si no pudiera determinarse el importe, se estará a lo dispuesto en el artículo 42.1.b) de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

   La suspensión de la renta de garantía de ingresos, que se acordará en los procedimientos de actualización de la cuantía o de control, tendrá una duración de tres meses.

3. Transcurridos seis meses desde la solicitud de la renta de garantía de ingresos, se computarán mensualmente las cantidades que se hubieran obtenido de haberse hecho valer cualquier derecho de contenido económico distintos de los establecidos en los apartados precedentes, por el importe que conste en el titulo jurídico del que traen causa. Si aquel establece otra periodicidad, se prorrateará por los meses que procedan.

4. Cuando, transcurrido el periodo a que se refiere el apartado anterior, no se hubiera instado el reconocimiento del derecho de alimentos o de pensiones compensatorias, se computará mensualmente como ingreso el importe del complemento individual que corresponda a la persona beneficiaria de aquel derecho o pensión.

5. En caso de que un miembro de la unidad de convivencia done, renuncie, desvíe u oculte todo o parte de su patrimonio y, como consecuencia de dicha actuación, concurra la situación de necesidad económica, se computará como ingreso atípico y como rendimiento patrimonial la cuantía donada, desviada, la que se haya renunciado u ocultado, sin que sea de aplicación el apartado 4 del artículo anterior.

6. Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior cuando los actos en él referidos hayan tenido lugar en los tres meses anteriores a la solicitud de la renta de garantía de ingresos.

7. Lo establecido en los apartados 5 y 6 se entenderá sin perjuicio de lo que resulte de los procedimientos de control y sancionador.

1. No se computarán los ingresos siguientes:

   1. Ayudas de carácter finalista, entendiéndose por tales aquellas que, de acuerdo con su normativa reguladora y con la convocatoria que resulte de aplicación, hayan de destinarse al cumplimiento del objetivo en ellas previsto, a la adopción de un determinado comportamiento o a la realización de una concreta actividad. En todo caso, tendrán tal consideración las dirigidas a sufragar total o parcialmente los gastos siguientes:

      1. º Estudios cualquiera que sea su nivel y grado, incluidos los referidos a gastos accesorios como material, transporte, alojamiento y otros, a salvo del componente que se dirija a cubrir gastos de manutención, que se computará en los términos previstos en el apartado 2.

      2. º Tratamientos médicos prescritos, gastos farmacéuticos, transporte y alojamiento por asistencia sanitaria.

      3. º Transporte.

      4. º Adquisición de vivienda, salvo que la misma sea de excepcional valor en los términos previstos en el artículo 45.3, así como las dirigidas a su rehabilitación, a la de edificios, a la mejora de la accesibilidad, conectividad y eficiencia energética.

      5. º Ayudas de emergencia social.

   2. Ayudas dirigidas a sufragar, total o parcialmente, gastos vinculados a la actividad profesional, empresarial y formativa de la persona, así como los programas de fomento del empleo y de apoyo al emprendimiento.

   3. Beneficios fiscales y bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social.

   4. Ayudas económicas, subsidios, prestaciones sociales o asistenciales para personas con discapacidad y dependencia reconocida, dirigidas a promover su autonomía personal, desarrollo, recuperación, rehabilitación, mantenimiento de sus capacidades, atención especializada; ayudas para cuidados; las dirigidas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria, a mejorar la movilidad y comunicación, al transporte, a facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar, así como la ayudas complementarias de transporte y residencia para rehabilitación.

      No se entenderán incluidas en este apartado las prestaciones por hijo o hija a cargo con discapacidad.

   5. Ingresos por capitalización del desempleo.

   6. Prestación económica de vivienda y prestación complementaria de vivienda.

   7. Cualesquiera otros que se determinen en desarrollo de este reglamento.

2. Cuando las ayudas económicas, los subsidios y prestaciones a que se refiere el apartado anterior incluyan el componente de manutención, se computarán íntegramente las cantidades reconocidas por tal concepto.

   Si el acto de reconocimiento de las ayudas, subsidios o prestaciones, las normas reguladoras o la convocatoria respectiva no especificaran la cantidad concreta y determinada atribuida para su satisfacción, se computará la cuantía equivalente al complemento individual que resulte de aplicación.

3. Las cantidades destinadas a satisfacer los deberes inherentes a la patria potestad, el deber de alimentos entre parientes o los derivados del artículo 97 del Código Civil, minorarán el total de rentas e ingresos disponibles de la unidad de convivencia, una vez acreditado su cumplimiento en los términos establecidos en la sentencia o en el respectivo convenio regulador.

4. La persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de renta de garantía de ingresos podrá acordar la exención temporal del cómputo de determinados ingresos y rentas no previstos en este artículo en atención a la concurrencia de singulares circunstancias económicas y sociales que ocasionen un incremento sustancial del gasto destinado a la cobertura de las necesidades básicas.

   A los efectos de este reglamento, se entenderá por necesidades básicas las referidas a la alimentación, vestido, calzado, vivienda y a los suministros de agua, energía eléctrica y los servicios de información y telecomunicación.

1. A los efectos de este reglamento, se considerará patrimonio inmobiliario el conjunto de bienes inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión o usufructo.

2. No se computará el valor de los inmuebles que se relacionan a continuación:

   1. La vivienda habitual, salvo que tenga valor excepcional, así como un garaje y un trastero, si los hubiese, pudiendo estar localizados en el mismo inmueble de la vivienda o en otro cercano a la misma. Cuando se trate de una vivienda de carácter rústico, tampoco se computará la parcela anexa del mismo carácter que no esté desagregada.

      Asimismo, y durante tres años, se incluirá en este apartado la vivienda que se haya abandonado por problemas de accesibilidad que cumplan los requisitos previstos en el artículo 15.1, salvo que se obtengan rendimientos derivados de su arrendamiento, subarriendo, traspaso o cesión, que se computarán conforme a lo dispuesto en el artículo 40.1. En cualquier caso, la mera cesión del uso de la vivienda sin contraprestación económica, no impedirá la valoración del rendimiento patrimonial en los términos previstos en el artículo 40.2.

   2. Los inmuebles o partes de los mismos, siempre que no tengan valor excepcional, que constituyan el lugar en el que, o desde el que, se realizan las actividades por cuenta propia y, en todo caso, lonjas, comercios, oficinas, o explotaciones agropecuarias.

   3. Los inmuebles o partes de inmuebles en los que se realizaron las actividades por cuenta propia durante el año siguiente al de finalización del negocio o de la actividad.

   4. Los inmuebles que incumplan las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el Decreto 80/2022, de 28 de junio, de regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad y normas de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en la norma que lo sustituya, y en las ordenanzas municipales, en tanto el incumplimiento persista.

   5. Los inmuebles de difícil realización, entendiéndose por tales los que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

      1. º Inmuebles sobre los que únicamente se ostente la nuda propiedad y corresponda el derecho de usufructo a una tercera persona ajena a la unidad de convivencia.

         Cuando el usufructo esté sujeto a condición resolutoria, cumplida la condición, se computará el valor del inmueble atendiendo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

      2. º Inmuebles que no puedan venderse por la negativa de una de las personas copropietarias o por cualquier otra circunstancia.

      3. º Inmuebles sobre los que no se tenga la efectiva disponibilidad por estar sujetos a embargo, a un procedimiento de ejecución hipotecaria o concurso de acreedores.

         Se entenderá que no hay efectiva disponibilidad, una vez que la convocatoria y el anuncio de la subasta se publique en el Boletín Oficial del Estado.

3. Se considerará que un inmueble tiene valor excepcional cuando su valor catastral sea superior a 400.000 euros. En tal caso, se computará la cantidad que exceda de dicho importe.

1. Los bienes inmuebles se valorarán atendiendo a su valor catastral, independientemente de que existan cargas hipotecarias.

2. La propiedad de un bien inmueble sobre el que no penda ningún derecho de usufructo o derecho real de uso o habitación, se computará por el importe total de su valor catastral o por la parte proporcional de la cuota de participación, en caso de que sean varias las personas propietarias.

3. La propiedad de un bien inmueble sobre el que se haya constituido o mantenido un derecho de usufructo con posterioridad a la solicitud de la renta de garantía de ingresos, se computará por el importe total de su valor catastral o por la parte proporcional de la cuota de participación, en caso de que sean varias las personas propietarias.

   Lo dispuesto en este apartado no será aplicación cuando el usufructo proceda de una herencia, legado o donación.

4. El derecho de usufructo sobre un bien inmueble del que no se ostenta la propiedad, salvo que sea la vivienda habitual, se computará aplicando un 5 % de su valor catastral por cada período de un año, sin que el cómputo pueda exceder del 70 % de aquel valor. Si el usufructo es vitalicio, computará el 70 % del valor catastral del bien cuando la persona usufructuaria sea menor de veinte años, minorando aquel porcentaje en la proporción de un 1 % por cada año que supere la citada edad, sin que el cómputo final pueda ser inferior al 10 % del valor catastral.

1. Se considerará patrimonio mobiliario el conjunto de bienes muebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión o usufructo.

2. Incluirá, al menos, los títulos, valores, derechos de crédito o dinero en efectivo, los títulos de renta variable o fija, los vehículos a motor y el ajuar familiar en caso de que alcance un valor excepcional. Su valoración se ajustará a lo dispuesto en los artículos siguientes.

1. Los títulos, valores, derechos de crédito, así como el dinero en efectivo existente en depósitos bancarios de titularidad de cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, se computarán por su valor de ejecución.

2. Los títulos de renta variable se valorarán por su cotización en bolsa o, en caso de no estar cotizando en bolsa, por su valor contable.

3. Los títulos de renta fija se valorarán por su valor nominal.

4. Los derechos de usufructo se valorarán conforme a las siguientes reglas:

   1. El valor del usufructo temporal se computará de manera proporcional al valor total del bien sobre el que se haya constituido, en razón del 5 % por cada período de un año, sin exceder del 70 %. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 % del valor del bien cuando la persona usufructuaria cuente menos de veinte años, minorando a medida que aumente la edad en la proporción de un 1 % menos por cada año más, con el límite mínimo del 10 % del valor total.

   2. El valor de los derechos reales de uso y de habitación será el que resulte de aplicar las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios al 75 % del valor del bien.

1. La valoración de los vehículos se realizará atendiendo a lo establecido en la normativa por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

2. No obstante lo anterior, estarán exento de valoración un vehículo por cada unidad de convivencia y los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, siempre, en este último caso, que en el cálculo de la renta máxima garantizada se aplique el complemento vinculado a las características de la unidad de convivencia por razón de discapacidad o calificación de dependencia.

1. El valor del ajuar familiar y del resto de bienes no contemplados en los artículos precedentes quedarán exceptuados de la determinación del patrimonio, salvo que tengan un valor excepcional.

2. Se considerarán de valor excepcional el ajuar y los bienes cuyo valor de mercado supere 150.000 euros.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada mediante la presentación del modelo normalizado, e irá acompañado de la documentación acreditativa de los extremos que se citan a continuación:

   1. Identidad de la persona solicitante y demás integrantes de la unidad de convivencia, así como, en su caso, los vínculos de parentesco, la relación conyugal o análoga existentes entre los mismos.

   2. Requisitos para ser titular de la renta de garantía de ingresos detallados en los artículos 16 a 19 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en los artículos 4 a 7 de este reglamento.

   3. Domicilio de la unidad de convivencia y, en su caso, circunstancias que justifican la residencia de las personas titular y beneficiarias en domicilio distinto.

   4. Características de la unidad de convivencia, en el caso de que sean monoparentales, así como cuando estén integradas por personas víctimas de trata de seres humanos, de violencia de género, de explotación sexual o de violencia doméstica, por pensionistas o por personas con una discapacidad igual o superior al 33 % o con calificación de dependencia.

   5. Situación de necesidad económica.

   6. En su caso, circunstancias determinantes de la constitución de unidades de convivencia excepcionales.

   7. Cuando la persona solicitante actúe por medio de representante, la identidad y representación en que actúa.

   8. Si la solicitud se presenta por persona que presta medidas de apoyo a personas con discapacidad, identidad y acreditación de tal circunstancia.

2. La acreditación de los requisitos y circunstancias citados en el apartado anterior se hará mediante la presentación de la documentación referida en los anexos I y II, en la forma prevista en el artículo 11 de este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de la norma que la sustituya.

3. La solicitud podrá acompañarse de una declaración responsable en los términos y con los efectos previstos en el artículo 64.

4. La solicitud se presentará, preferentemente, en el registro electrónico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en relación con la presentación de documentos que las personas interesadas dirijan a los órganos de las administraciones públicas.

5. La presentación de la solicitud comportará la asunción de los compromisos que establezca el modelo normalizado de solicitud.

El modelo normalizado de solicitud contendrá las referencias siguientes:

1. Documentación que ha de aportarse por la persona solicitante por no hallarse en poder de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por no poder obtenerse mediante los sistemas de intercambio de información con otras administraciones públicas, así como la posibilidad de sustituirla por declaraciones responsables.

2. Datos bancarios para la realización del pago de las prestaciones, siendo preciso que la persona solicitante sea titular de la cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.3.

3. Información del plazo de resolución de la solicitud y de los efectos del silencio administrativo.

4. Información de la obligación de la persona solicitante de comunicar cualquier cambio en los datos de la solicitud desde su presentación y de acompañar la documentación acreditativa de dichos cambios cuando sea requerida para ello.

5. Declaración de la persona solicitante de la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y en la documentación que la acompaña, así como de los efectos de la falsedad, inexactitud u ocultación de datos.

6. Identificación del teléfono fijo, dispositivos móviles, correo electrónico, que permitan a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realización de las comunicaciones a que se refiere el artículo 72.2 de la citada Ley 14/2022 y los artículos 30 y 61.3 de este reglamento.

7. Elección del medio e idioma oficial elegido por la persona solicitante para relacionarse con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la dirección postal para el caso de que elija este canal de notificación.

8. Prestación del consentimiento para recabar documentos o información de otras administraciones públicas, cuando sea exigible, y ejercicio del derecho de oposición por la persona interesada.

9. Firma de la persona solicitante o de su representante.

10. Información que haya de facilitarse a las personas interesadas en cumplimiento de la legislación de protección de datos.

11. Instrucciones para la cumplimentación y documentación a entregar junto con la solicitud.

12. Información acerca de los plazos de conservación de la documentación aportada.

1. De conformidad con el artículo 79 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, las personas solicitantes de la renta de garantía de ingresos podrán presentar con la solicitud una declaración responsable, que se adecuará al modelo normalizado.

2. La declaración responsable se referirá únicamente a aquellos requisitos que no puedan ser comprobados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a través de los sistemas de transmisión de datos, de plataformas de intermediación, servicios de interoperabilidad y de cualesquiera sistemas de intercambio de información entre administraciones públicas o que hayan de acreditarse por documentos que no obren en poder de la citada entidad.

3. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo reconocerá la prestación con efectos desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud que se acompañe de la declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de control e inspección que tiene atribuidas.

4. No obstante, no procederá el reconocimiento de la renta de garantía de ingresos, y habrá de seguirse la tramitación a que se refiere la sección siguiente, cuando la comprobación de la documentación que obre en poder de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o de la que hubiera aportado la persona solicitante o la que pudiera llevarse a cabo mediante los sistemas a que se refiere el apartado 2 pusiera de manifiesto el incumplimiento de alguno de los requisitos de acceso a la prestación.

   En tales casos, se notificará a la persona interesada esta circunstancia, se pondrán en su conocimiento los hechos o datos que impiden el reconocimiento de la prestación y se dará impulso a la tramitación del procedimiento. Contra este acto no cabrá recurso alguno.

5. El control del reconocimiento de la renta de garantía de ingresos fundado en declaraciones responsables se realizará en el marco del Plan anual de asistencia, inspección y control respectivo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de este título.

1. En caso de detectarse deficiencias, errores o contradicciones en la solicitud o en la documentación presentada o cuando se considere que la aportada necesita ser complementada para acreditar los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto o acompañe los documentos solicitados, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

2. El plazo para dictar y notificar la resolución quedará suspendido cuando se requiera a la persona interesada para la subsanación, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento.

1. Las solicitudes se despacharán siguiendo el orden de presentación.

2. No obstante, el órgano competente en materia de garantía de ingresos podrá modificar dicho orden motivadamente, en atención al singular aumento del volumen de solicitudes presentadas o a la concurrencia de cualquier circunstancia que impida la normal tramitación y resolución de los procedimientos.

   En tales casos, el orden de tramitación de las solicitudes que se establezca deberá responder a la mejor protección de las situaciones de especial vulnerabilidad.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21.5 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de la norma que la sustituya, así como de la posibilidad de acordar encomiendas de gestión de acuerdo con la legislación del sector público vasco.

1. En la instrucción del procedimiento se comprobará, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la renta de garantía de ingresos.

2. El órgano competente de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comprobará que la persona solicitante reúne los requisitos exigidos para el reconocimiento de la renta de garantía de ingresos a la fecha de presentación de la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

   A tal efecto, utilizará los sistemas de transmisión de datos, de plataformas de intermediación, servicios de interoperabilidad y de cualesquiera sistemas de intercambio de información entre administraciones públicas que estén habilitados en cada momento, y solicitará de otros organismos cuantos datos e informes sean necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

3. Cuando Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no tenga por ciertos los hechos alegados por las personas interesadas, aun habiéndose aportado los documentos referidos en los anexos I y II, acordará la apertura de un período de prueba por un plazo de diez días, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes para su acreditación, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

1. En particular, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comprobará que la persona interesada y quienes integran la unidad de convivencia han solicitado las pensiones y prestaciones públicas a las que pudieran tener derecho.

   Asimismo, comprobará que aquellas no han desistido de la solicitud y no han renunciado a las pensiones o prestaciones que tuvieran reconocidas.

2. En caso de que las personas a que se refiere el párrafo anterior no hayan solicitado las pensiones y prestaciones públicas a las que pudieran tener derecho, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo lo pondrá en conocimiento de la persona interesada para que se formule solicitud por quien corresponda, en el plazo máximo de diez días.

   Si la persona interesada hubiera desistido de la solicitud o renunciado al derecho reconocido, deberá formular en el mismo plazo nueva solicitud y aportarse la documentación acreditativa, siempre que el derecho o derechos no hubieran prescrito o caducado su ejercicio, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 44.1 si fuera posible determinar la cuantía de la prestación.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera verificado la solicitud, se dictará resolución denegando la prestación.

4. Lo dispuesto en el apartado 2 no resultará de aplicación cuando la pensión o prestación pública sea incompatible con la renta de garantía de ingresos y de cuantía inferior a la que correspondería mensualmente a la unidad de convivencia por este concepto, en cuyo caso la persona titular deberá renunciar previamente al derecho reconocido a dicha pensión o prestación pública.

1. Se garantizará el trámite de audiencia a las personas interesadas por plazo de diez días, si bien podrá prescindirse del mismo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por aquellas.

2. Las personas interesadas podrán, en cualquier momento anterior a la resolución, formular alegaciones y aportar cuanta documentación estimen oportuna.

Pondrán fin al procedimiento de reconocimiento de la renta de garantía de ingresos la resolución, el desistimiento y la declaración de caducidad.

1. De conformidad con el artículo 76.1 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará la resolución que proceda y la notificará en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente.

   Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución, se entenderá estimada la solicitud, sin perjuicio del deber de dictar resolución expresa de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 24.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de la norma que la sustituya.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente se corresponde con la de entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1. Completada la instrucción del procedimiento, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución reconociendo el derecho a la renta de garantía de ingresos o desestimando la solicitud.

2. La resolución que reconozca la prestación determinará la cuantía a percibir mensualmente y la fecha a partir de la cual el reconocimiento tendrá efectos económicos.

   Asimismo, identificará la renta máxima garantizada, las características y composición de la unidad de convivencia, las rentas e ingresos disponibles tenidos en cuenta y la fecha en la que procederá actualizar la cuantía de la prestación.

3. La resolución desestimando la solicitud será, en todo caso, motivada.

1. La persona solicitante podrá desistir de la solicitud de reconocimiento de la renta de garantía de ingresos en cualquier momento anterior a la resolución.

2. Si fueran varias las personas solicitantes, el desistimiento solo afectará a quien lo hubiera formulado, continuándose el procedimiento con las demás con los efectos previstos en los apartados siguientes.

3. Cuando las personas solicitantes estuvieran integradas en una unidad de convivencia de las previstas en los artículos 25.1 y 26 de la Ley 14/2022, de 22 de septiembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingreso y para la Inclusión y en los artículos 13 a 15 de este reglamento, el desistimiento de una de ellas no impedirá el cómputo de sus rentas e ingresos disponibles a efectos de determinar la situación de necesidad económica de la unidad de convivencia en que se integra.

   En caso de dictarse resolución reconociendo el derecho a la renta de garantía de ingresos, la persona desistida estará sujeta a idénticas obligaciones y tendrá los mismos derechos que las demás beneficiarias de la unidad de convivencia.

4. Si la persona desistida estuviera integrada en una unidad de convivencia de las previstas en el artículo 25.2 de la citada ley, no se tendrán en cuenta sus rentas e ingresos disponibles para la determinación de la situación de necesidad económica de quienes integren la unidad de convivencia, de la que se entenderá que aquella no forma parte, ni le afectará la resolución que en su momento se dicte.

5. El desistimiento deberá ser expreso y se formulará mediante presentación del modelo normalizado, que exigirá la firma de las personas desistidas.

6. Lo dispuesto en este precepto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65.1.

Se producirá la caducidad del procedimiento cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de la norma que la sustituya.

1. El procedimiento de actualización de la cuantía tiene por objeto la determinación del importe de la renta de garantía de ingresos correspondiente al trimestre siguiente.

2. La renta de garantía de ingresos se actualizará con periodicidad trimestral.

3. No será objeto de este procedimiento la modificación de las cuantías que deriven de cambios de aplicación general a que se refiere el artículo 32.

El procedimiento de actualización de la cuantía seguirá la tramitación simplificada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en la legislación del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

1. El procedimiento de actualización de la cuantía atenderá a la composición y características de la unidad de convivencia existente a la fecha del inicio del procedimiento.

   Cuando todos los miembros de una unidad de convivencia se integren en otra unidad de convivencia diferenciada, se tendrá en cuenta la conformación de esta última en el momento que corresponda la actualización de la cuantía.

2. Se tendrá en cuenta el conjunto de rentas e ingresos disponibles por sus miembros durante el trimestre siguiente al considerado en la resolución de actualización de cuantía que estuviera vigente.

   Si se promoviera por primera vez el procedimiento de actualización de la cuantía, se considerará el conjunto de rentas e ingresos disponibles durante el mes de solicitud y los dos siguientes.

3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se atenderá a los datos aportados por las personas titulares y beneficiarias de la renta de garantía de ingresos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.1.g) de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, y en el artículo 25 de este reglamento, así como y a los que se obtengan por los medios a que se refiere el artículo 11.4 y 5, salvo oposición expresa de aquellas o que la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso y este no se hubiera prestado.

1. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del órgano que determinen los estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el mes en que corresponda hacer la actualización de la cuantía.

2. El acuerdo de inicio del procedimiento contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:

   1. Liquidación provisional de la cuantía de la renta de garantía de ingresos.

   2. Propuesta de suspensión del derecho subjetivo a la prestación.

   3. Requerimiento de datos y de documentación.

3. No se iniciará el procedimiento de actualización de la cuantía en los siguientes casos:

   1. Cuando se haya acordado la suspensión cautelar de la totalidad del pago de la prestación, en tanto la medida provisional esté vigente.

      Levantada la suspensión cautelar se dictará acuerdo de inicio del procedimiento, si así procediera.

   2. Cuando el procedimiento de control haya finalizado suspendiendo el derecho a la totalidad del pago de la prestación, a salvo de que la suspensión traiga causa de no hallarse en situación de necesidad económica.

   3. Cuando el procedimiento de actualización de la cuantía se haya resuelto suspendiendo el derecho a la renta de garantía de ingresos, en tanto la resolución sea de aplicación.

   4. Cuando se haya iniciado el procedimiento de declaración de situación de necesidad sobrevenida a que se refiere el capítulo siguiente, en tanto no se dicte resolución o la misma se entienda estimada por silencio administrativo.

4. En caso de ser inadmitida o desestimada la solicitud a que se refiere la letra d) del apartado anterior, se dictará acuerdo de inicio del procedimiento en el mes en que corresponda hacer la actualización de la cuantía.

   Si se estimara la solicitud de declaración de situación de necesidad sobrevenida, se estará a lo dispuesto en el artículo 101.3.

1. La liquidación provisional cuantificará la renta de garantía de ingresos para el trimestre de que se trate, atendiendo a la composición de la unidad de convivencia y al conjunto de rentas e ingresos disponibles, en los términos previstos en el artículo 77.

2. La liquidación provisional contendrá los siguientes datos:

   1. Características y composición de la unidad de convivencia considerada, y expresión de la renta máxima garantizada que corresponda.

   2. Rentas e ingresos disponibles computados en los términos del Título III, desglosados por meses.

   3. Cuantía mensual provisional de la renta de garantía de ingresos, siempre que concurra el requisito de necesidad económica.

      La liquidación provisional expresará la cuantía base, los complementos individuales y los vinculados a las características de la unidad de convivencia que resulten de aplicación, los complementos excluidos de la cuantificación por concurrir alguna de las circunstancias previstas en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, así como, en su caso, el índice corrector a que se refiere el artículo 36 de la misma ley y el artículo 34 de este reglamento.

1. El acuerdo de inicio del procedimiento de actualización de la cuantía propondrá la suspensión del derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos en los siguientes casos:

   1. Cuando no concurra la situación de necesidad económica.

   2. Cuando la persona titular o las beneficiarias de la prestación no hayan solicitado las pensiones o prestaciones públicas a que pudieran tener derecho, salvedad hecha de lo dispuesto en el artículo 68.4. Deberá identificarse las pensiones o prestaciones de que se trata.

   3. Cuando la totalidad de las personas integrantes de la unidad de convivencia hayan residido fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por tiempo superior a treinta días e inferior a noventa naturales, continuados o no, dentro del año natural.

2. No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, se dictará la liquidación provisional de acuerdo con el artículo 79 en el caso de que se determine la existencia de la situación de necesidad económica, computando los importes correspondientes a tales pensiones o prestaciones públicas no solicitadas, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

   1. La cuantía de las pensiones y prestaciones públicas es una cantidad fija y determinada.

   2. La cuantía de las pensiones y prestaciones públicas no es fija, pero su cuantía máxima está determinada o existe constancia fehaciente de la cantidad que correspondería o hubiera correspondido reconocer por tal concepto, computándose los citados importes de conformidad con el artículo 43.1.

1. El procedimiento de actualización de la cuantía se iniciará con requerimiento de aportación de datos y documentación por un plazo de cinco días, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

   1. No se tenga constancia de las rentas e ingresos disponibles de los miembros de la unidad de convivencia.

   2. Se desconozca la composición o características de la unidad de convivencia.

   3. Cualquier otra que impida formular la liquidación provisional o, en su caso, la propuesta de suspensión del derecho a la prestación.

2. En el requerimiento se indicará que, de no darse cumplimiento al mismo, se propondrá la suspensión del derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos por imposibilidad de determinar la cuantía de la prestación.

3. Verificado su cumplimiento, el órgano instructor elaborará la liquidación provisional de conformidad con el artículo 79 o propondrá la suspensión del derecho subjetivo a la prestación de acuerdo con el artículo 80, en función de lo que resulte de los datos y de la documentación aportados.

4. El requerimiento suspenderá el plazo para resolver previsto en el artículo 87 por el tiempo que medie entre la notificación del mismo y su efectivo cumplimiento o, en otro caso, por el plazo concedido para llevarlo a efecto.

La instrucción del procedimiento se dirigirá a la determinación y comprobación de la composición y características de la unidad de convivencia, así como de los ingresos y rentas obtenidos durante el periodo considerado, en base a los cuales se pronunciará la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía.

1. La persona titular de la prestación podrá realizar las alegaciones y aportar cuantos datos y documentos tenga por convenientes por plazo de cinco días, contados desde el siguiente al de la notificación del acuerdo de inicio al procedimiento de actualización de la cuantía.

   En caso de que el procedimiento se haya iniciado por requerimiento de datos y documentación, el plazo se contará desde la notificación de la liquidación provisional o de la propuesta de suspensión.

2. Se dará trámite de audiencia por plazo de otros cinco días cuando se proponga una reducción de la cuantía mensual de la renta de garantía de ingresos hasta entonces reconocida o la suspensión del derecho subjetivo a la prestación, siempre que se funde en datos y documentos distintos de los aducidos por la persona titular de la prestación y que no pudieron ser tenidos en cuenta en el acuerdo de inicio del procedimiento, en caso de haberse iniciado por requerimiento de documentación, en la liquidación provisional o propuesta de suspensión que hayan seguido al mismo.

   El acto que acuerde el trámite de audiencia identificará los datos y documentos de que se trate y su incidencia en la actualización de la cuantía.

3. Si antes del vencimiento de los plazos a que se refieren los apartados anteriores, la persona titular de la prestación manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones, aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

4. Se incorporarán al expediente las alegaciones y los documentos que se presenten en cualquier momento anterior a la resolución.

Cuando la tramitación del procedimiento ponga de manifiesto la imposibilidad de determinar la cuantía de la renta de garantía de ingresos por causa imputable a la persona interesada, se suspenderá cautelarmente la prestación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47.2.c) y 82.4 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, sin perjuicio de iniciar, en su caso, el procedimiento de control.

Pondrán fin al procedimiento de actualización de la cuantía la resolución, la renuncia al derecho a la renta de garantía de ingresos por parte de la persona titular y el archivo por la imposibilidad de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas.

1. Recibidas las alegaciones y la documentación aportada por la persona titular de la prestación y, en su caso, verificado el trámite de audiencia, o transcurrido el plazo concedido al efecto, se dictará resolución motivada que acordará la actualización de la cuantía mensual de la renta de garantía de ingresos o la suspensión del derecho a la prestación. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.

2. La resolución que acuerde la actualización de la cuantía de la renta de garantía de ingresos expresará lo siguiente:

   1. Características y composición de la unidad de convivencia considerada.

      En los casos en que todos los miembros de una unidad de convivencia se integren en otra unidad diferenciada en los términos previstos en el artículo 77.1, segundo párrafo, la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía que corresponda a esta última dejará sin efecto los derechos reconocidos a la primera.

   2. Rentas e ingresos disponibles, desglosados por meses, con indicación del último día considerado.

   3. Cuantía mensual de la renta de garantía de ingresos y periodo de vigencia de la actualización.

      Se desglosarán la cuantía base, los complementos individuales, los vinculados a las características de la unidad de convivencia aplicados y, en su caso, el índice corrector. Si procede, se identificarán los complementos cuya cuantificación se excluye del cómputo, con expresión de las razones de la exclusión.

3. La resolución que acuerde la suspensión del derecho a la renta de garantía de ingresos expresará la identificación del hecho causante y la indicación de la duración de la suspensión.

   Igualmente, si la instrucción del procedimiento pusiera de manifiesto la imposibilidad de determinar la cuantía de la renta de garantía de ingresos, se suspenderá el derecho a la prestación, sin perjuicio, en su caso, de iniciar el procedimiento de control.

4. Durante el periodo al que sea aplicable la resolución no podrá solicitarse la reanudación del pago de la renta de garantía de ingresos. De formularse solicitud en tal sentido, la misma será inadmitida, no obstante lo dispuesto en el capítulo siguiente en relación con el procedimiento de declaración de situación de necesidad sobrevenida.

5. La resolución tendrá idéntico contenido al de la liquidación provisional o al de la propuesta de suspensión del derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos cuando no se hayan realizado alegaciones o se haya manifestado la decisión de no efectuarlas.

6. Los efectos económicos de la resolución de actualización de la cuantía se aplicarán al periodo identificado en la misma, sin perjuicio del deber de notificación del acto administrativo respectivo.

1. La resolución de actualización de la cuantía se dictará y notificará en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento.

2. Transcurrido dicho plazo sin haber dictado resolución, se entenderá que la cuantía de la prestación permanece idéntica a la reconocida en el periodo anterior, sin perjuicio de lo que resulte del cumplimiento del deber de resolver, del ejercicio, en su caso, de la potestad de control y de lo dispuesto en el apartado 4.

3. Cuando se incumpla la obligación de resolver en plazo por causa imputable a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no procederá la declaración de reintegro de cantidades indebidamente percibidas, si bien se reconocerán los atrasos a que, en su caso, hubiera lugar.

4. Si la demora fuera imputable a la persona titular de la prestación, se aplicarán las reglas siguientes:

   1. La permanencia de la cuantía de la prestación en los términos previstos en el apartado 2 no devengará atrasos a favor de la persona interesada.

   2. No obstante lo dispuesto en la letra anterior, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá realizar pagos a cuenta por el importe previsto en la liquidación provisional cuando aquel sea inferior a la cuantía de la renta de garantía de ingresos reconocida en el periodo inmediato anterior, sin perjuicio de la regularización de los pagos una vez se dicte la resolución del procedimiento de actualización de cuantía.

      Este apartado no será de aplicación si el procedimiento se ha iniciado con propuesta de suspensión del derecho subjetivo a la prestación a que se refiere el artículo 80.1.

   3. Lo establecido en las letras anteriores se entenderá sin perjuicio del deber de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

1. La renuncia al derecho a la renta de garantía de ingresos por parte de la persona titular no afectará a la continuidad del procedimiento cuando del mismo pudiera derivarse el reconocimiento de derechos a favor de la Administración a consecuencia del reintegro que, en su caso, proceda.

2. Se acordará el archivo de actuaciones por imposibilidad de continuar el procedimiento de actualización de la cuantía por causas sobrevenidas en los siguientes casos:

   1. Cuando, iniciado el procedimiento de actualización de la cuantía, se adopte una medida cautelar de suspensión de la totalidad del pago de la prestación de la renta de garantía de ingresos en el seno de otro procedimiento.

      Levantada la suspensión cautelar, se dictará acuerdo de inicio del procedimiento de actualización de la cuantía, en los términos previstos en el artículo 78.

   2. Cuando, iniciado el procedimiento de actualización de la cuantía, se dicte resolución en el procedimiento de control suspendiendo el derecho a la totalidad del pago de la prestación.

      No obstante, cuando la suspensión se acuerde por un plazo determinado y este finalice durante la tramitación del procedimiento de actualización de la cuantía, no procederá el archivo y deberá continuarse el mismo.

      En su caso, reanudado el derecho a la prestación, se iniciará el procedimiento de actualización de la cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, si así procediera.

   3. Cuando, iniciado el procedimiento de actualización de la cuantía, se acuerde la extinción de la prestación, una vez sea ejecutiva la resolución que la declara.

3. El acto que acuerde el archivo de actuaciones pondrá fin a la vía administrativa.

1. Se entiende por situación de necesidad sobrevenida aquella en la que se cumplen los requisitos siguientes:

   1. La unidad de convivencia dispone de ingresos y rentas por todos los conceptos, incluido el importe reconocido de la renta de garantía de ingresos, inferiores al 40 % de la renta máxima garantizada que le corresponde.

   2. Durante el periodo de aplicación de la resolución de actualización de la cuantía inmediata anterior a la que estuviera vigente en el momento de la solicitud, la unidad de convivencia ha dispuesto de rendimientos por todos los conceptos, incluido el importe reconocido de la renta de garantía de ingresos, inferiores al 150 % de la renta máxima garantizada que le hubiera correspondido.

   3. Durante el periodo de aplicación de la resolución de actualización de la cuantía que esté vigente, las personas integrantes de la unidad de convivencia están obligadas a efectuar pagos por importe de, al menos, el 15 % de la renta máxima garantizada, en virtud de préstamos o créditos hipotecarios, contratos de crédito al consumo, contrato de arrendamiento o arrendamiento financiero y otros contratos de crédito que hubieran suscrito como prestatarias.

   4. Las personas integrantes de la unidad de convivencia no son titulares de derechos de propiedad o de usufructo sobre títulos, acciones y participaciones de entidades, imposiciones y depósitos a plazo, fondos de inversión, cuentas corrientes, dinero en efectivo, así como sobre planes de previsión social y planes de pensiones que cumplan lo dispuesto en el artículo 40.5.e), por valor superior a 3.000 euros.

2. No obstante, no se considerará situación de necesidad sobrevenida cuando el cumplimiento de lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior traiga causa de la suspensión de la totalidad o de parte de la prestación, excepción hecha de lo establecido en el artículo 42.1.a) de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, y del deber de reintegrar cantidades indebidamente percibidas en concepto de renta de garantía de ingresos.

1. El procedimiento tiene por objeto declarar la situación de necesidad sobrevenida y actualizar la cuantía de la renta de garantía de ingresos con anterioridad al vencimiento del plazo a que se refieren los artículos 35.1.b) y 82.1 de Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

2. La tramitación del procedimiento no incidirá en la eficacia de la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía que estuviera vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 101 en relación con la resolución estimando la solicitud.

El procedimiento de actualización de la cuantía seguirá la tramitación simplificada prevista en la legislación del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

1. La composición y características de la unidad de convivencia, así como del domicilio considerados serán los existentes a la fecha en que se formula la solicitud.

2. Se tendrá en cuenta el conjunto de rentas e ingresos disponibles por la unidad de convivencia, incluida la renta de garantía de ingresos reconocida, desde el día siguiente a la última fecha considerada en la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía que estuviera vigente hasta el último día del mes inmediato anterior a aquel en que se formula la solicitud.

   El total resultante se dividirá por el número de meses transcurridos, siendo el cociente la cuantía que habrá de considerarse a los efectos previstos en el artículo 89.1.a).

3. La suspensión parcial del derecho a la renta de garantía de ingresos y las cantidades que se descuenten en virtud de lo dispuesto en los artículos 54 y 146, no minorarán la cuantificación de las rentas e ingresos disponibles a que se refiere el apartado anterior.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona titular de la renta de garantía de ingresos, mediante la presentación del modelo normalizado de solicitud a que se refiere el artículo siguiente.

   Se acompañará, de acuerdo con los anexos I y II, de la documentación acreditativa, de las circunstancias siguientes:

   1. Composición y características de la unidad de convivencia, cuando la misma haya sufrido variaciones respecto a la considerada en la resolución del procedimiento de actualización de cuantía que estuviera vigente.

   2. Situación de necesidad económica.

2. Podrá formularse solicitud desde la fecha de notificación de la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía que estuviera vigente hasta el primer día del último mes de vigencia de aquella.

3. Si vencido el plazo de resolución del procedimiento de actualización de cuantía, la misma no se hubiera notificado, podrá formularse la solicitud a que se refiere este artículo hasta el día de término fijado en el apartado anterior, que se entenderá referido a la resolución que, en su momento, se dicte.

El modelo normalizado de solicitud de declaración de necesidad sobrevenida contendrá los datos siguientes:

1. Identidad de la persona solicitante y, en su caso, integrantes de la unidad de convivencia, así como los vínculos de parentesco o de relación conyugal o análoga existentes entre las mismas.

2. Cuando la persona solicitante actúe por medio de representante, la identidad de quien ostenta la representación.

3. Si la solicitud se presenta por persona que presta medidas de apoyo a personas con discapacidad, identidad y acreditación de tal circunstancia, e la identidad de la persona actuante.

4. Domicilio de la unidad de convivencia, circunstancias que justifican la residencia de las personas titular y beneficiarias en domicilio distinto, en su caso.

5. Situación de necesidad económica.

6. Importe desglosado de las obligaciones de pago en concepto de préstamos o créditos hipotecarios, contratos de crédito al consumo, contrato de arrendamiento o arrendamiento financiero y otros contratos.

7. Información del plazo de resolución de la solicitud y de los efectos del silencio administrativo.

8. Información de la obligación de la persona solicitante de comunicar cualquier cambio en los datos de la solicitud desde su presentación y de acompañar la documentación acreditativa de dichos cambios cuando sea requerida para ello.

9. Declaración de la persona solicitante de la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y en la documentación que la acompaña, así como información de los efectos de la falsedad, inexactitud u ocultación de datos.

10. Elección del medio e idioma oficial elegido por la persona solicitante para relacionarse con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

11. Prestación del consentimiento para recabar documentos o información de otras administraciones públicas, cuando sea exigible, y ejercicio del derecho de oposición por la persona interesada.

12. Firma de la persona solicitante o de su representante.

13. Información que haya de facilitarse a las personas interesadas en cumplimiento de la legislación de protección de datos.

14. Instrucciones para la cumplimentación y documentación a entregar junto con la solicitud.

15. Información acerca de los plazos de conservación de la documentación aportada.

Se inadmitirá la solicitud por resolución debidamente motivada en los siguientes casos:

1. Cuando carezca manifiestamente de fundamento.

2. Cuando se haya resuelto en cuanto al fondo o se hallara en tramitación otra solicitud referida al mismo periodo.

3. Cuando la solicitud tenga un carácter abusivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Código Civil o se realice de forma patente en fraude de ley.

4. Cuando se formule fuera del plazo establecido en el artículo 93.2.

5. Cuando tenga por objeto la actualización del importe de la prestación fijado en la resolución de reconocimiento de la renta de garantía de ingresos.

1. En caso de detectarse deficiencias, errores o contradicciones en la solicitud, en la documentación presentada, o cuando se considere que la aportada necesita ser complementada para acreditar los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de cinco días, subsane el defecto o acompañe los documentos solicitados, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

2. El plazo para dictar y notificar la resolución quedará suspendido cuando se requiera a la persona interesada para la subsanación, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento.

La instrucción del procedimiento se dirigirá a la comprobación del cumplimiento de los requisitos determinantes de la situación de necesidad sobrevenida, así como a la determinación de la cuantía de la renta de garantía de ingresos que, en su caso, corresponda.

1. La persona titular de la prestación podrá realizar las alegaciones y aportar cuantos datos y documentos tenga por convenientes al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días, contados desde la fecha de la notificación.

   En caso de que se haya formulado requerimiento de subsanación, el plazo se contará desde su notificación.

2. Se dará trámite de audiencia por plazo de otros cinco días cuando la resolución vaya a suponer una reducción de la cuantía mensual de la renta de garantía de ingresos reconocida en la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía que estuviera vigente, siempre que se funde en datos y documentos distintos de los aducidos por la persona titular de la prestación.

3. Si, antes del vencimiento de los plazos a que se refiere el apartado anterior, la persona titular de la prestación manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones, aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

4. En todo caso, se incorporarán al expediente las alegaciones y los documentos que se presenten en cualquier momento anterior a la resolución.

Se tendrá en cuenta el conjunto de las rentas e ingresos disponibles en los términos previstos en el artículo 92.2, así como la renta máxima garantizada que corresponda al periodo. La diferencia se dividirá por el número de meses considerados, siendo el cociente la cuantía mensual de la renta de garantía de ingresos durante el trimestre de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 102.

Pondrán fin al procedimiento de declaración de situación de necesidad sobrevenida la resolución, la renuncia y el archivo de actuaciones por imposibilidad de continuar el procedimiento.

1. Recibidas las alegaciones y la documentación aportada por la persona titular de la prestación y, en su caso, verificado el trámite de audiencia, o transcurrido el plazo concedido al efecto, se dictará resolución motivada que expresará lo siguiente:

   1. La estimación de la solicitud, declarando la situación de necesidad sobrevenida o su desestimación.

   2. Los contenidos previstos en el artículo 86.2.a), b) y c).

      La cuantía mensual que corresponda, en su caso, deberá ajustarse a lo establecido en el artículo siguiente.

2. Se desestimará la solicitud en los siguientes casos:

   1. Cuando no concurran los requisitos establecidos en el artículo 89.1.

   2. Cuando el importe de la renta de garantía de ingresos que resulte de la instrucción del procedimiento regulado en este capítulo sea inferior al reconocido en la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía que estuviera vigente.

   3. Cuando la instrucción del procedimiento ponga de manifiesto la imposibilidad de determinar la cuantía de la renta de garantía de ingresos.

3. La resolución estimando la solicitud tendrá vigencia trimestral y dejará sin efecto la del procedimiento de actualización de la cuantía. Sus efectos económicos se aplicarán desde la fecha de la solicitud al periodo de tres meses que identifique la resolución.

4. Durante su vigencia, no podrá solicitarse la declaración de situación de necesidad sobrevenida que, de formularse, será inadmitida.

5. La desestimación no afectará a la eficacia de la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía, que continuará vigente.

6. La resolución del procedimiento de declaración de situación de necesidad sobrevenida pondrá fin a la vía administrativa.

La resolución que declare la situación de necesidad sobrevenida, fijará el importe de la renta de garantía de ingresos atendiendo a las siguientes reglas:

1. Si las rentas e ingresos disponibles en el periodo a que se refiere el artículo 89.1.b) fueran superiores entre un 130 % y el 150 % a la renta máxima garantizada que correspondía a la unidad de convivencia, se aplicará un coeficiente reductor del 5 % a la cuantía de la renta de garantía de ingresos reconocida.

2. Si fueran superiores entre un 115 % y el 129 %, se aplicará un coeficiente reductor del 3 %.

3. Si fueran superiores entre el 101 % y el 114 %, se aplicará un coeficiente reductor del 2 % a la cuantía.

La resolución se dictará y notificará en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la fecha de solicitud, transcurrido el cual sin haber dictado resolución aquella se entenderá estimada.

1. Pondrá fin al procedimiento la renuncia al derecho a la renta de garantía de ingresos por parte de la persona titular y el archivo de actuaciones a que se refiere el apartado siguiente.

2. Se acordará el archivo de actuaciones por imposibilidad de continuar con el procedimiento cuando, una vez iniciado el mismo, concurran alguna de las siguientes circunstancias:

   1. Se haya adoptado una medida cautelar de suspensión de la totalidad del pago de la prestación de la renta de garantía de ingresos en el seno de otro procedimiento.

   2. Se dicte resolución en el procedimiento de control suspendiendo el derecho a la totalidad del pago de la prestación.

   3. Se acuerde la extinción de la prestación, una vez sea ejecutiva la resolución que la declara.

3. Levantada la suspensión a que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior, podrá formularse, en su caso, nueva solicitud.

4. El acto que acuerde el archivo de actuaciones pondrá fin a la vía administrativa.

1. El procedimiento de control tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y de las integrantes de la unidad de convivencia, a efectos de verificar la observancia de lo dispuesto en la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en este reglamento.

2. Este procedimiento se seguirá también para el control de los reconocimientos de la renta de garantía de ingresos fundados en declaraciones responsables, comprendiendo el total de las manifestaciones y documentos objeto de la declaración responsable, a fin de constatar la fiabilidad y exactitud de los datos e información incorporados en aquella y su adecuación a los requisitos de acceso a la prestación.

1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá utilizar sistemas de inteligencia artificial en el control de la renta de garantía de ingresos en los términos, con las exigencias y los límites previstos en el artículo 86 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, así como de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

2. Singularmente, podrá utilizar sistemas de inteligencia artificial para la selección de expedientes y para la toma de decisiones automatizadas.

1. El procedimiento de control se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente con el requerimiento de aportación de documentación, de comparecencia o con la mera declaración de voluntad de promover el procedimiento dirigido a la comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y de las integrantes de la unidad de convivencia, en los siguientes supuestos:

   1. Cuando el reconocimiento de la renta de garantía de ingresos se haya fundado en el contenido de declaraciones responsables y proceda verificar la fiabilidad y exactitud de los datos e información declarados y su adecuación a los requisitos de acceso a la prestación.

   2. Cuando en atención a la obligación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de llevar a cabo un control de todas las prestaciones reconocidas, al menos, con periodicidad bienal, proceda iniciar este procedimiento.

   3. Cuando la prestación reconocida sea objeto de control aleatorio.

2. El acuerdo a que se refiere el apartado anterior podrá dictarse por iniciativa del órgano competente, como consecuencia de orden superior o por denuncia.

1. Durante la tramitación del procedimiento de control podrá acordarse la suspensión cautelar de la totalidad o de parte del pago de la renta de garantía de ingresos de manera motivada, siempre que se cumplan los requisitos o concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 47.1 y 2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la suspensión del pago de la prestación de la renta de garantía de ingresos con anterioridad al inicio del procedimiento de control en caso de urgencia inaplazable, cuando así lo demande la protección del interés público. En el acto de inicio del procedimiento de control deberá confirmarse, modificarse o levantarse dicha medida.

3. En la tramitación de la medida cautelar se seguirá lo dispuesto en el artículo 47.4 de la citada ley.

1. En la instrucción del procedimiento se comprobará, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y de las integrantes de la unidad de convivencia y se verificará la observancia del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en este reglamento.

2. A tal efecto, el órgano instructor podrá requerir de las personas interesadas los datos e información que resulten precisos, utilizar los sistemas de transmisión de datos, de plataformas de intermediación, servicios de interoperabilidad y de cualesquiera sistemas de intercambio de información entre administraciones públicas que estén habilitados en cada momento, y solicitar de otros organismos cuantos datos e informes sean necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.

   Asimismo, podrá solicitar el suministro de información de las personas físicas o jurídicas privadas y de las entidades sin personalidad jurídica, en los términos previstos en el artículo 89 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

3. Las personas interesadas podrán realizar las alegaciones que estimen convenientes en relación con el cumplimiento de los requisitos y obligaciones objeto de control en el plazo de diez días desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.

4. Durante la instrucción del procedimiento, el órgano instructor podrá solicitar los informes y dictámenes que se estimen necesarios para la comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones objeto de control.

5. Asimismo, cuando el procedimiento lo exija, el órgano instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo de quince días, a fin de que puedan practicarse las que considere pertinentes.

1. Se dará audiencia a las personas interesadas por plazo de diez días, poniéndoles de manifiesto las actuaciones practicadas, los hechos o datos conocidos y las consecuencias que de ellos se derivan, al objeto de que puedan presentar las alegaciones o documentos que estimen convenientes.

2. Si de la instrucción del procedimiento resultara la existencia de cantidades indebidamente percibidas, se cuantificarán las mismas con expresión de los periodos a los que se refieren, así como de los hechos causantes y podrá efectuarse propuesta de reintegro de la deuda de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 54.1, 2 y 3, a fin de que las personas interesadas puedan pronunciarse al respecto.

3. Podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas.

4. Asimismo, podrán, en cualquier momento anterior a la resolución, aportar cuanta documentación estimen oportuna para la acreditación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones objeto del procedimiento de control.

1. El procedimiento de control finalizará por resolución motivada que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:

   1. Constatación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones por la persona titular y las beneficiarias de la prestación y, en su caso, la correlación de la declaración responsable con la documentación aportada y la acreditación del cumplimiento de requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación.

   2. Modificación de la cuantía de la prestación, en el supuesto de que durante el procedimiento de control se hayan puesto de manifiesto errores materiales o de hecho o se hayan constatado omisiones e inexactitudes en el reconocimiento de la prestación.

   3. Suspensión o extinción de la prestación, en los casos a que se refieren los artículos 42 a 45 y el artículo 48 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

2. En los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado anterior, la resolución podrá declarar, en su caso, el deber de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, con expresión del contenido siguiente:

   1. Determinación de las causas que han motivado la deuda, especificando el período al que se refiere y su cuantía.

   2. Determinación del deber de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, especificando el procedimiento para hacerlo efectivo, con información de la posibilidad de proceder al abono voluntario del importe íntegro de la deuda de una sola vez, en los términos establecidos en el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, y con expresión de que, de no efectuarse el pago en dicho periodo, se aplicará el descuento, que la resolución deberá cuantificar, en los términos previstos en el artículo 54, una vez que sea firme la resolución en vía administrativa.

1. De conformidad con el artículo 83.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará la resolución que proceda y la notificará en el plazo máximo de seis meses desde el acuerdo de iniciación del órgano competente.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.

1. Cuando la resolución del procedimiento de control acuerde la suspensión total o parcial del derecho a la renta de garantía de ingresos, se suspenderá el pago de la totalidad o de parte de la prestación, según proceda, a partir del primer día del mes siguiente al de aquella resolución, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

2. No obstante, si el procedimiento de actualización de la cuantía hubiera finalizado con una resolución de suspensión del derecho a la prestación en los términos previstos en el artículo 86.3, la eficacia de la resolución del procedimiento de control se diferirá hasta el primer día del mes en que resulte de aplicación la nueva resolución del procedimiento de actualización de la cuantía de la renta de garantía de ingresos.

3. La duración de la suspensión se ajustará a las reglas del artículo 46.2 de la misma ley.

4. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión de la prestación o cumplido el plazo de la suspensión acordada, el derecho a la renta de garantía de ingresos se reanudará a instancia de parte, a cuyo efecto la persona interesada deberá acreditar lo siguiente:

   1. Que se mantienen los requisitos para ser titular de la renta de garantía de ingresos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 a 19 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en los artículos 4 a 7 de este reglamento.

   2. Que concurre la situación de necesidad económica en los términos previstos en el artículo 35 de este reglamento. Se considerarán las rentas e ingresos disponibles por los miembros de la unidad de convivencia correspondientes al mes en que se formula la solicitud y a los dos anteriores.

   3. Si se ha producido algún cambio, el domicilio de la unidad de convivencia y, en su caso, las circunstancias que justifican la residencia de las personas titular y beneficiarias en domicilio distinto.

   4. Si se ha producido algún cambio, las características de la unidad de convivencia en caso de tratarse de unidades de convivencia monoparentales, que estén integradas por personas víctimas de trata de seres humanos, de violencia de género, de explotación sexual o de violencia doméstica, por pensionistas o por personas con una discapacidad igual o superior al 33 % o con calificación de dependencia.

   5. En su caso, y siempre que se haya producido alguna modificación, las circunstancias determinantes de la constitución de unidades de convivencia excepcionales.

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá bastante la comunicación del cumplimiento de la obligación o de la subsanación de la causa que motivó la suspensión, sin perjuicio de la necesidad de acreditar los requisitos y las circunstancias a que el mismo se refiere.

6. En todo lo no previsto en este artículo, la solicitud de reanudación del derecho a la renta de garantía de ingresos se regirá por lo dispuesto en el procedimiento de reconocimiento de la renta de garantía de ingresos regulado en el Capítulo II de este título, excepción hecha de su artículo 64 que no será de aplicación.

7. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, se reanudará de oficio el derecho a la prestación en los casos siguientes:

   1. Cuando la resolución que declare la suspensión total o parcial del derecho a la renta de garantía de ingresos fije una duración determinada.

   2. Cuando la suspensión traiga causa del incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 29.1.d) de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en el artículo 23.1 de este reglamento, una vez verificado su cumplimiento.

   3. Cuando la suspensión traiga causa de la residencia efectiva de la persona titular o de alguna de las beneficiarias fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi por tiempo superior a treinta días e inferior a noventa naturales, continuados o no, dentro de cada año natural, una vez comunicado y verificado el regreso y la residencia en algún municipio de la comunidad autónoma.

8. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la cuantía de la prestación será la que haya determinado la resolución de reconocimiento de la prestación o de actualización de la cuantía mensual de la renta de garantía de ingresos, siempre que estén vigentes. Cuando la resolución del procedimiento de actualización de la cuantía haya acordado la suspensión del derecho a la prestación, no procederá la reanudación del derecho en tanto aquella resulte de aplicación.

   Cuando haya transcurrido el periodo de vigencia de las resoluciones antedichas, se estará a lo dispuesto en el procedimiento de actualización de la cuantía de la renta de garantía de ingresos, regulado en el Capítulo III de este título.

Cuando la resolución del procedimiento de control acuerde la extinción de la prestación, se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

1. La imposición de sanción por las infracciones tipificadas en el Capítulo II del Título IV de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingreso y para la Inclusión, deberá realizarse conforme a lo establecido en los artículos siguientes, ajustándose a lo previsto en la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o en las normas que las sustituyan.

2. No procederá la tramitación simplificada del procedimiento.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente para iniciarlo podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas a los efectos de determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

2. Las actuaciones previas podrán tener carácter reservado y su duración no podrá ser superior a un mes, salvo acuerdo expreso de su prórroga por otro plazo determinado.

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, de petición razonada de otros órganos, de la inspección de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o de denuncia y establecerá la separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.

1. El acuerdo de iniciación tendrá el contenido mínimo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas. Asimismo, podrá incorporarse al acuerdo, siempre que pudieran cuantificarse, las cantidades indebidamente percibidas derivadas de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, así como los periodos a los que se refieren y los hechos de los que traen causa.

2. El acuerdo de iniciación se comunicará al órgano instructor y se notificará a la persona inculpada y demás interesadas, advirtiéndoles que tienen un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados.

3. Al acuerdo de iniciación se acompañarán la solicitud de apertura del procedimiento, la denuncia o la petición razonada, así como los documentos y pruebas que a estas se hayan adjuntado o haya tenido en cuenta el órgano titular de la competencia sancionadora para abrir el procedimiento, en los términos previstos en el artículo 37.2 de la citada Ley 1/2023.

4. En la notificación se advertirá a las personas interesadas de que, si no presentan alegaciones sobre el contenido del acuerdo de inicio del procedimiento en el plazo de quince días, este acuerdo podrá considerase como propuesta de resolución, siempre que contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada.

1. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, podrá acordarse la suspensión de la totalidad o de parte del pago de la renta de garantía de ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y en el artículo 32 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

2. No obstante, podrá acordarse la suspensión del pago de la prestación de la renta de garantía de ingresos con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador en caso de urgencia inaplazable, cuando así lo demande la protección del interés público. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, la inspección de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá adoptar, excepcionalmente, medidas de suspensión del pago de la prestación.

   En tales casos, el acto de inicio de procedimiento deberá confirmar, modificar o levantar las medidas a que se refiere este apartado en los términos previstos en el artículo 37.1.f) de la citada Ley 1/2023 y en el artículo 47.3 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 93.1.c) de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, en relación con las funciones de la inspección de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1. Se abrirá un periodo probatorio en los supuestos previstos en el artículo 38 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, que tendrá una duración de treinta días hábiles, sin perjuicio de los acuerdos de prórroga o reducción de dicho plazo que el órgano instructor del procedimiento pueda adoptar, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la misma ley.

2. La práctica de las pruebas se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de la norma que la sustituya.

1. Concluido, en su caso, el periodo probatorio, el órgano instructor formulará una propuesta que, en el caso de apreciar la existencia de infracción y responsabilidad, deberá contener, de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, lo siguiente:

   1. Los hechos que considere probados y la valoración de la prueba en que se funde tal consideración.

   2. Las personas que considere responsables y los preceptos y valoración de la prueba en los que tal consideración se funde.

   3. La infracción o infracciones de las tipificadas en los artículos 100 a 102 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión en que consideren subsumidos los hechos probados y las razones de tal consideración.

   4. Las sanciones y consecuencias accesorias que estime procedentes, los preceptos de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión en que se determinen, las circunstancias que a tal efecto haya considerado, los preceptos y valoración probatoria en que se funde tal consideración, así como, en su caso, la proposición de suspensión de la ejecución de la sanción.

   5. En su caso, si de la instrucción resulta la existencia de cantidades indebidamente percibidas en concepto de renta de garantía de ingresos, deberán cuantificarse, con expresión de los periodos a los que se refieren y de los hechos de los que traen causa. A tal efecto, se efectuará propuesta de reintegro de la deuda, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 54.

2. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad, la propuesta de instrucción recogerá estas circunstancias en los términos establecidos en el artículo 39.2 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, sin perjuicio de la procedencia, en su caso, de incluir el contenido a que se refiere la letra e) del apartado anterior.

3. El órgano instructor pondrá fin al procedimiento mediante resolución motivada, con archivo de las actuaciones y sin que resulte necesaria la formulación de propuesta de resolución, si durante la instrucción del procedimiento se pone de manifiesto la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

   1. Que los hechos que puedan constituir la infracción sean inexistentes o no resulten acreditados.

   2. Que los hechos probados no constituyan manifiestamente infracción administrativa.

   3. Que no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables, o bien aparezcan exentas de responsabilidad.

   4. Que la infracción haya prescrito.

4. La resolución de terminación del procedimiento y archivo de las actuaciones a que se refiere el apartado anterior se comunicará al órgano competente para la resolución del procedimiento y a las partes intervinientes en él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

1. La propuesta de instrucción se notificará a las personas interesadas, indicándoles que disponen de un plazo de quince días para formular alegaciones. En tal notificación se comunicará a las mismas que durante dicho plazo se les pondrá de manifiesto el expediente, a fin de que puedan consultarlo y obtener copias de los documentos que obren en el mismo.

2. Si antes del vencimiento del plazo las personas interesadas manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas.

4. Concluido el trámite de audiencia, si el órgano instructor no plantea introducir modificaciones respecto del contenido de su propuesta, la elevará a propuesta de resolución, notificándola a las personas interesadas, y la cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el expediente.

5. En caso contrario, cuando la propuesta de resolución contenga modificaciones respecto de lo estrictamente contenido en la propuesta de instrucción, se otorgará a las personas interesadas un nuevo plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes directamente ante el órgano competente para resolver el procedimiento.

El órgano instructor podrá acortar la duración del periodo probatorio y los plazos para la realización de los trámites de alegaciones, así como prorrogar el plazo de duración del periodo probatorio en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas y con lo dispuesto para los procedimientos sancionadores en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento sancionador finalizará por resolución, declaración de caducidad, reconocimiento de responsabilidad y desistimiento de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1. El órgano competente dictará resolución motivada en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, que deberá notificarse en el plazo de diez días.

2. La resolución podrá declarar el deber de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, con expresión del contenido siguiente:

   1. Determinación de las causas que han motivado la deuda, especificando el período al que se refiere y su cuantía.

   2. Determinación del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, especificando el procedimiento para hacerlo efectivo, con información de la posibilidad de proceder al abono voluntario del importe íntegro de la deuda de una sola vez, en los términos establecidos en el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco, y con expresión de que, de no efectuarse el pago de la deuda en dicho periodo, se aplicará el descuento cuantificado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54, una vez que sea firme la resolución en vía administrativa.

1. De conformidad con el artículo 98.2 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, la duración del procedimiento no podrá exceder de doce meses.

2. Transcurrido el citado plazo sin haberse notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos y con las consecuencias previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 49 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, o en las normas que las sustituyan.

3. El plazo a que se refiere el apartado 1 quedará interrumpido, además de en los casos previstos en la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a las personas interesadas.

1. De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas, iniciado el procedimiento sancionador, si la persona infractora reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda en los términos previstos en los artículos 103 y 105 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

2. Asimismo, procederá la terminación del procedimiento sancionador por el pago voluntario de la sanción con anterioridad a la resolución siempre que, de acuerdo con el artículo 103.1 y 5 de la citada Ley 14/2022, proceda la imposición de sanciones de multa y se justifique la improcedencia de imponer conjuntamente con aquellas, según la infracción de que se trate, sanción de apercibimiento o de imposibilidad de acceder a la renta de garantía de ingresos por un periodo determinado.

3. En el supuesto a que se refiere el apartado 1, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará una reducción de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, que será del 30 % en el caso del apartado 2, cuando se lleve a efecto el pago voluntario y de una vez de la totalidad de la sanción propuesta con anterioridad a la resolución. Ambas reducciones serán acumulables entre sí.

   Las reducciones previstas en este apartado se determinarán en la notificación de iniciación del procedimiento, y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

4. No obstante, si de las conductas infractoras pudiera derivarse la existencia de cantidades indebidamente percibidas y la obligación de reintegrar la deuda, su determinación se realizará en el procedimiento regulado en el capítulo siguiente, de cuyo objeto no formarán parte los hechos constitutivos de infracción, que no podrán cuestionarse en su seno.

5. En cualquier caso, si el acuerdo de inicio, la propuesta de instrucción o de resolución debidamente notificados hubieran cuantificado la existencia de cantidades indebidamente percibidas, los periodos a las que se refieren y los hechos de las que traen causa, se interrumpirá la prescripción a efectos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá desistir de los procedimientos sancionadores iniciados en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas.