Registros administrativos

1. – El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública previsto en el artículo 46.1 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi.

2. – Esta regulación comprende la determinación de las funciones y organización del Protectorado, el procedimiento de declaración y revocación de utilidad pública de las asociaciones, y las relaciones de las asociaciones de utilidad pública y el Protectorado.

El Protectorado es el órgano administrativo que desempeña funciones de asesoramiento, apoyo técnico y seguimiento de las asociaciones de utilidad pública, y tiene como finalidad facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre estas asociaciones y asegurar el mantenimiento de los requisitos que fundamentaron su reconocimiento de utilidad pública.

1. – El Protectorado tiene carácter administrativo y se configura como un servicio público para las asociaciones de utilidad pública así como para las personas y entidades, públicas o privadas, interesadas en relacionarse con este tipo de asociaciones.

2. – El Protectorado tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no se devengará tasa administrativa alguna por la prestación de sus servicios.

3. – El Protectorado tiene carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El Protectorado está adscrito a la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

1. – El Protectorado ejercerá las funciones que le asigna el artículo 46.2 de la Ley 7/2007, de 22 de junio, así como aquéllas que le asignen otras normas legales o reglamentarias.

2. – Los Departamentos con competencias en el ámbito sectorial en el que desarrollen sus actividades las asociaciones de utilidad pública deberán prestar al Protectorado la colaboración y asistencia que éste les requiera.

1. – El Consejero o la Consejera del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social ejercerá las siguientes funciones:

   1. Propone al Consejo de Gobierno, conjuntamente con los Consejeros o Consejeras de los Departamentos que corresponda en función de la materia, el proyecto de Decreto de reconocimiento de la utilidad pública de una asociación, así como, en su caso, el de su revocación.

   2. Eleva al Consejo de Gobierno propuestas de disposiciones generales en materia de asociaciones de utilidad pública.

   3. Resuelve, mediante Orden, la desestimación de solicitudes de reconocimiento de utilidad pública.

2. – El Encargado o Encargada del Protectorado examina los expedientes de reconocimiento y de revocación de utilidad pública y realiza un informe técnico de valoración que eleva al Director o Directora de Estudios y Régimen Jurídico. Así mismo, establece criterios comunes de interpretación normativa e imparte pautas de actuación al personal del Protectorado.

3. – Las demás funciones que corresponden al Protectorado serán ejercidas por el Director o la Directora de Estudios y Régimen Jurídico.

1. – El procedimiento para obtener la declaración del reconocimiento de utilidad pública se iniciará mediante una solicitud dirigida al Protectorado, debidamente firmada por el Presidente o Presidenta de la asociación, en la que expresará su denominación exacta y los demás datos registrales.

2. – La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

   1. Acta o certificación emitida por el Secretario o Secretaria, con el Visto Bueno del Presidente o Presidenta, del acuerdo del órgano de la asociación que resulte competente para solicitar la declaración del reconocimiento de utilidad pública, con indicación del quórum de asistencia y resultado de la votación. En dicho acuerdo deberá contenerse una justificación de las razones y motivos que avalan, en función de los fines perseguidos y de las actividades realizadas, el reconocimiento de utilidad pública.

   2. Memoria de las actividades realizadas por la asociación referida, al menos, a los tres años anteriores a la presentación de la solicitud, al objeto de acreditar el cumplimiento efectivo y habitual de los fines estatutarios.

   3. Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios económicos cerrados, que comprenderán el balance, la cuenta de resultados y la memoria económica.

   4. Certificaciones de la Hacienda Foral correspondiente y de la Tesorería General de la Seguridad Social, expresivas de hallarse la asociación al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

   5. En su caso, las adhesiones o informes favorables de Instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio que avalen la solicitud.

3. – En la Memoria de actividades se contendrá una descripción detallada de los siguientes extremos:

   1. Número de personas asociadas, tanto físicas como jurídicas, que integran la asociación.

   2. Las actividades desarrolladas y los servicios prestados durante el tiempo a que se refiere la Memoria, que habrán de estar dirigidas de manera principal y habitual a beneficiar a terceras personas ajenas a la asociación, y no a las mismas personas asociadas.

   3. La acreditación de la adecuación de las actividades efectivamente realizadas a los fines de interés general perseguidos.

   4. El número de personas beneficiarias o usuarias de las actividades o servicios que presta la asociación, y los requisitos o circunstancias que deben reunir para ostentar tal condición.

   5. Los medios personales de que disponga la asociación, con expresión de las personas, contratadas mediante relación laboral o de servicios por la propia asociación, y con indicación de si son asociadas o no.

   6. Los medios materiales y recursos con los que cuenta la asociación, con especial descripción de las ayudas y subvenciones públicas recibidas o comprometidas y su aplicación, así como de los medios de organización de que dispone para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios.

   7. Las retribuciones que perciban los miembros del órgano de gobierno por la realización de servicios diferentes a las funciones que les corresponden como miembros de dicho órgano.

4. – Si la solicitud no estuviera cumplimentada en todos sus términos, o no viniera acompañada de la documentación descrita en el presente artículo, el Encargado o Encargada del Protectorado requerirá a la asociación interesada para que, en el plazo de diez días, subsane dicha falta o aporte los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se la tendrá por desistida, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.

1. – Una vez presentada, y en su caso subsanada, la solicitud, el Director de Estudios y Régimen Jurídico acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.

2. – En particular, podrá solicitar informes a los Departamentos del Gobierno que sean competentes por razón de la materia de que se trate, los cuales deberán ser evacuados en el plazo de quince días.

3. – Asimismo, podrá acordarse además un periodo de información pública, mediante la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial del País Vasco, a fin de que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y formular alegaciones, durante un plazo de quince días.

4. – En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será el de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud. Finalizado este plazo sin resolución expresa, se entenderá desestimada la petición.

1. – Finalizada la instrucción del procedimiento, en el caso de que resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y en función de la valoración que los fines y actividades desarrolladas por la asociación merezca a los Departamentos que corresponda, el Consejero o la Consejera del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social propondrá al Consejo de Gobierno, conjuntamente con los Consejeros o Consejeras de los Departamentos que corresponda en función de la materia, el proyecto de Decreto de reconocimiento de la utilidad pública de una asociación.

2. – Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto que declare el reconocimiento de utilidad pública de una asociación, el Protectorado remitirá una copia compulsada del mismo al Registro General de Asociaciones del País Vasco.

3. – Si no se considerara acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos o la valoración que de los fines y actividades desarrolladas por la asociación no resultara favorable a criterio de los Departamentos que corresponda, el Director de Estudios y Régimen Jurídico redactará una propuesta de resolución desestimatoria, que se notificará, antes de someterla al Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, a la asociación interesada concediéndole un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

4. – A la vista de las alegaciones y de la documentación aportada, si se mantuviera el criterio no favorable al reconocimiento, el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social resolverá, mediante Orden, desestimar la solicitud, notificándose la misma a la asociación interesada.

1. – Las Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones podrán ser reconocidas de utilidad pública siempre y cuando se acredite que sus fines y actividades realicen el interés general o el bien común por sí mismas, con independencia de los fines y actividades que realicen las asociaciones que las integran.

2. – En tal caso, se aplicarán a dichas entidades los requisitos y el procedimiento establecidos en el presente Reglamento para las asociaciones que solicitan su reconocimiento de utilidad pública.

1. – El procedimiento para revocar el reconocimiento de utilidad pública concedido a una asociación se iniciará en todo caso de oficio mediante Resolución por parte del Protectorado cuando concurran alguno de los supuestos contemplados en el número 3 del artículo anterior.

2. – La iniciación del procedimiento se notificará a la asociación afectada y se le concederá un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

1. – Una vez recibidas las alegaciones o la nueva documentación aportada, el Director de Estudios y Régimen Jurídico acordará de oficio la realización de cuantos actos de instrucción, práctica de pruebas o solicitud de informes se estimen necesarios o convenientes para una mejor determinación, conocimiento y resolución del expediente.

2. – En particular, podrá solicitar informes a los Departamentos del Gobierno que sean competentes por razón de la materia de que se trate, los cuales deberán ser evacuados en el plazo de quince días.

3. – En todo caso, el plazo máximo para resolver y notificar estos expedientes será el de seis meses a contar desde la fecha de su incoación. Finalizado este plazo sin resolución expresa, se declarará caducado el procedimiento, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

1. – Finalizada la instrucción del procedimiento, si no resultara acreditado el mantenimiento de los requisitos que dieron lugar al reconocimiento de utilidad pública, o se hubiera demostrado el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que recaen sobre este tipo de asociaciones o, en general, se hubieran acreditado graves y continuas irregularidades en el funcionamiento o actividades de la asociación, el Director de Estudios y Régimen Jurídico concederá audiencia a la asociación interesada otorgándole un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones o presentar los documentos que considere pertinentes.

2. – Recibidas las alegaciones o la nueva documentación aportada, si hubiera de mantenerse el mismo criterio, el Director de Estudios y Régimen Jurídico redactará y someterá a los Consejeros o Consejeras competentes el proyecto de Decreto de revocación de la utilidad pública correspondiente.

3. – Una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el mencionado Decreto, el Protectorado remitirá al Registro una copia compulsada del mismo para su oportuna constancia registral.

4. – Si a la vista de las alegaciones formuladas o de la documentación aportada se considerara que no ha lugar a la revocación de la utilidad pública, el Director de Estudios y Régimen Jurídico dictará Resolución de archivo del expediente, que se notificará a la asociación interesada.

A las Federaciones, Confederaciones y Uniones de asociaciones reconocidas de utilidad pública podrá serles revocado dicho reconocimiento en las mismas circunstancias y siguiendo el mismo procedimiento establecido para la revocación de la utilidad pública de las asociaciones.