Ley de Transparencia, Participación ciudadana y Buen Gobierno del Sector público vasco

El objeto de este proyecto de ley es regular los ejes fundamentales del funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (más allá de lo dispuesto, desde una perspectiva más instrumental, en el anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público), en tanto que criterios de carácter transversal, poniendo así las bases de nuestro modelo de Gobernanza, basado en el triángulo conceptual que conforman la planificación y evaluación de políticas públicas, la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, económico e institucional duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la actividad social y económica.

Con ello, se busca instar al debate resolutivo en Euskadi sobre la mejora de la percepción de la ciudadanía respecto a la llamada cosa pública, así como su revalorización, contribuyendo a crear, en definitiva, una nueva cultura administrativa basada en los nuevos paradigmas que requieren los tiempos actuales, relacionados con los diversos aspectos de lo que se ha venido a llamar la buena gobernanza.

Se recoge así la reivindicación expresada por aquellos grupos políticos que mostraron su rechazo por el proyecto de Ley de Administración Pública Vasca en el Parlamento Vasco, antecedente inmediato del presente anteproyecto, en el sentido de dar más importancia y visibilidad a la regulación del Buen Gobierno (transparencia, evaluación, participación) mediante la aprobación de un texto diferenciado y con entidad propia.

Regular todos aquellos aspectos que contribuyan a la configuración de una administración más abierta y accesible a la ciudadanía, más diligente y eficaz, como requisitos esenciales del gobierno democrático, la estabilidad social y el desarrollo económico.

Por otra parte, incorporar la mayor parte de las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios, y en particular la ampliación del ámbito de aplicación  extendiéndose, al menos en sus principios y líneas generales, a la totalidad del sector público vasco, tal y como ahora se define en el anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco.

 1. Las previsiones de esta ley serán aplicables, en primer lugar, a:

a) La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiendo por tal el definido por la Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco.

c) Los entes, sociedades y personas jurídicas participadas, ya sea de manera directa o indirecta, por las anteriores.

2. Además en los términos que ella disponga, a las entidades privadas y particulares en su relación con el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. Así mismo, los principios generales que en estas materias disponga la Ley serán aplicables, en dichos términos y en la forma que dispongan en función de sus propios normas organizativas, a la totalidad de los entes que componen el Sector Público Vasco, entendiendo por tal el compuesto por los sectores públicos de todas las administraciones públicas vascas, incluidas la Administración General, las Administraciones Forales de los Territorios Históricos y las administraciones locales, con su respectiva administración institucional y los demás entes instrumentales dependientes y adscritos a ellas.

4. Integran también el Sector Público Vasco, a los efectos que se prevean en esta Ley, el Parlamento Vasco, las  Juntas Generales, las Corporaciones  Locales y la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, así como los respectivos Gobiernos de cada nivel institucional y los órganos de naturaleza participativa, consultiva, independiente, o de asesoramiento a dichas instituciones. Estas Instituciones y órganos se regirán por su propia normativa y por los principios que se establezcan en esta Ley.

5. Además, a aquellos organismos y entidades vinculados en el desarrollo de sus funciones con las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, les será de aplicación, con carácter supletorio, el bloque de legalidad que se prevea en la presente ley.